CONFLICTOS DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA DEL PETROLEO.

Las leyes del trabajo,emanadas del artículo 123 constitucional, en términos generales, pero no absolutos, puede decirse que son de interés público, y que en su aplicación se encuentran interesadas la sociedad y el Estado; pero esto no priva al juzgador, en manera alguna, del derecho de examinar, en cada caso especial, si la sociedad y el Estado realmente se perjudican, o no, con la suspensión del acto reclamado, cuando se alega, para los efectos de ella que el acto reclamado perjudica al quejoso, por haber sido pronunciado por una autoridad incompetente, por razón de la materia, y que, por ese concepto, es nulo; esta apreciación, sin prejuzgar en cuanto al fondo del amparo, esta corroborada por el artículo 6o. de la Ley del Petróleo, de 26 de diciembre de 1927, y por el artículo 3o. del decreto de 17 de septiembre de 1927, que establecen que los conflictos entre el capital y el trabajo, que afecten a la industria del petróleo, son de la competencia de las autoridades federales del trabajo; entonces la suspensión es procedente, ya que la sociedad y el Estado, lejos de sufrir perjuicio alguno con dicha suspensión, indirectamente se benefician, dando oportunidad al interesado para promover la cuestión de la competencia, ratione materiae, con el objeto de que los Estados no invadan la jurisdicción de la Federación y que esta pueda reclamar la jurisdicción que le corresponde.