CONFLICTOS DE TRABAJO.-

El artículo 123 de la Constitución, antes de la reforma de que fue objeto en el año de 1929, establecía que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, deberían expedir leyes sobre el trabajo; por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, establecidas por las leyes reglamentarias del citado artículo 123 constitucional, eran competentes para conocer de los conflictos de trabajo, surgidos dentro de la jurisdicción de la ley respectiva, y el acuerdo presidencial de 15 de marzo de 1927, que ordenaba que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo se avocara al conocimiento de los conflictos de las empresas de hilados y tejidos de la República, legislaba, sin facultades, en materia de trabajo, e invadía la soberanía de los Estados que habían expedido sus leyes reglamentarias, y violaba la fracción XX del artículo 123 constitucional, que de modo terminante expresa que los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de las Juntas de Conciliación, integradas en la forma que la misma previene; por tanto, dicho acuerdo era ineficaz para arrebatar a las Juntas locales la competencia para conocer de los conflictos entre el capital y el trabajo. Otro tanto puede decirse del decreto que estableció la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya jurisdicción no puede existir, aun por convenio expreso de los interesados en el conflicto, si se trata de diversos fueros, no cabiendo, por lo mismo, prórroga de jurisdicción.