PRUEBAS EN EL AMPARO.

Si el quejoso se funda para reclamar la protección constitucional, en las omisiones cometidas por las autoridades responsables, no toca al reclamante la prueba de esas omisiones, puesto que se trata de actos negativos, sino que es a las autoridades responsables a quienes corresponde desvirtuar las aseveraciones del quejoso, demostrando que sus actos se ajustaron a la ley.