FUNCIONARIOS PUBLICOS.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, y a los relativos de la ley reglamentaria, el amparo procede por violación de garantías individuales y no por la violación de todo derecho, ni menos de aquellos que se hacen provenir del ejercicio y función de una investidura oficial, como es el notariado; por tanto, cuando los actos de las autoridades afecten al quejoso, en sus actos como funcionario el amparo es improcedente.