REGISTRO PUBLICO, LAS CERTIFICACIONES DEL, NO PRUEBAN EL DOMINIO.

La Suprema Corte ha establecido la tesis de que, en términos generales, la inscripción de un acto en el registro público es sólo declarativa y no constitutiva de derechos, y que, para el efecto de la acción reivindicatoria, no puede probarse el dominio con la mera certificación del registro público, sino que debe acreditarse por medio del correspondiente título.