EJECUTORIAS DE AMPARO, FUERZA OBLIGATORIA DE LAS.

De acuerdo con nuestro régimen constitucional, la Ley Suprema en toda la Unión es la Constitución Federal, y el intérprete máximo de la misma es la Suprema Corte de Justicia, cuyos fallos, dotados de la fuerza de cosa juzgada en materia judicial, no pueden ser desconocidos, ni menos destruidos por ninguna autoridad, del rango que sea -la que, inclusive, al hacerlo, incurre en la sanción prevista por la fracción IX del artículo 107 constitucional-, ya que de otra manera se subvertiría el orden jurídico del país, se harían nugatorias las prescripciones de la Ley Fundamental y el principio de supremacía de la misma, sobre el cual se encuentra asentado nuestro régimen jurídico constitucional, y se daría margen a la arbitrariedad y a la anarquía. Por tanto, la solicitud de restitución de ejidos pidiendo que se inicie el expediente de insubsistencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que privó de tierras que formaban parte de un ejido, no es sino un acto de desobediencia de la ejecutoria de amparo respectiva, ya que en dicha solicitud se pide la nulidad de un fallo de la Suprema Corte.