TRABAJO, INCAPACIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS GOBERNADORES, COMO ARBITROS EN MATERIA DE.

Aun suponiendo que las partes, al someterse al arbitraje de un gobernador, lo hagan en atención a su investidura, como las facultades de las autoridades no son otras que las que la ley les confiere y que en ningún caso pueden serles prorrogadas por los particulares, y no existe precepto alguno en la Constitución General de la República, que autorice a un gobernador, para desempeñar funciones de árbitro de derecho público en materia obrera, y en cambio, la fracción XX del artículo 123 constitucional, determina que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, es indudable que las únicas capacitadas para resolver tales cuestiones son tales Juntas, por lo que cuando trabajadores y patronos convienen en designar como árbitro, para decidir un conflicto surgido entre ellos, al gobernador de un Estado, sacan de la órbita de las autoridades competentes, la resolución de un asunto, para ponerla en manos de una persona que, en el caso, no obra como autoridad, circunstancia por la cual, contra sus actos, es improcedente el juicio de amparo.