QUINCE POR CIENTO AD VALOREM, DECRETO QUE LO CREÓ.-

No es violatorio de los artículos 14, 16 y 31 constitucionales, porque rige los juicios o procedimientos del orden penal o civil y prohíbe juzgar a persona alguna por medio de tribunales o leyes privativas; es decir, crea en esos juicios o procedimientos igualdad civil ante la ley, y tampoco el artículo 31 citado, que contiene los requisitos fundamentales de todo impuesto, ser destinado a un gasto público, ser proporcional o ser equitativo, porque el impuesto de referencia está destinado a sufragar un gasto público, como lo es el subsidio para la importación de los artículos necesarios para la vida del pueblo, gasto que necesariamente tiene el carácter de público y de interés general para la colectividad, por el que debe velar el organismo estatal; por lo que llena el primero de los mencionados requisitos; tampoco infringe los requisitos de proporcionalidad y equidad al acordar reducciones, pues coloca a los exportadores en un mismo plano de beneficio, ya que, en las mismas condiciones y circunstancias, puede ordenar tal reducción y, por otra parte, grava a aquéllos con igual cuota, considerando a todos en una proporción también igual, en relación con la utilidad que adquieren, proveniente de la diferencia del tipo de cambio entre la moneda mexicana circulante y la de Norteamérica, sin que pueda decirse que existe doble tributación por pagarse derechos de exportación y derechos sobre producción, y sobre utilidades en cédula I, porque, notoriamente, el tributo de que se trata, tiene distinta fuente de los de aquellos gravámenes; pero por lo demás, el artículo 2o. del decreto aludido considera los casos para deducciones, entre otros, el pago de impuesto e interiores, y la ley admite la deducción en cédula I, del pago de impuesto, lo que evita la duplicidad.