INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. LAS RESOLUCIONES QUE SU DIRECTOR GENERAL EMITE, RELATIVAS AL CESE O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO, NO REVISTEN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS E INATACABLES.

De la interpretación del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en Comisiones, en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, revisten el carácter de definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En consecuencia, atendiendo a que el Instituto Federal de Defensoría Pública constituye un organismo del Poder Judicial de la Federación, con autonomía técnica y operativa para la consecución de sus fines, que se encuentra vinculado al Consejo de la Judicatura Federal, exclusivamente, en el aspecto administrativo y presupuestal, se concluye que las determinaciones que el director del mencionado instituto emite, relativas al cese o cambio de adscripción de los servidores públicos que lo integran, implican el ejercicio de las atribuciones de carácter administrativo que el legislador le confirió, en relación con la prestación del servicio de defensoría pública. Por tanto, no puede considerarse que les revista el carácter de definitivas e inatacables, pues además de que no son emitidas en ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas al Consejo de la Judicatura Federal, tampoco son pronunciadas por éste funcionando en Pleno o en Comisiones. Lo anterior no implica que dichas resoluciones sean susceptibles de ser reclamadas a través del juicio de amparo indirecto, pues cualquier discrepancia relacionada con los derechos laborales del personal del instituto debe plantearse ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación.