DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PUEDE EFECTUARLA EL PERSONAL OPERATIVO DESIGNADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la legalidad de la referida diligencia practicada por un oficial administrativo designado por la autoridad judicial con fundamento en el mencionado artículo. Mientras que dos sostuvieron que el código procesal civil local no era aplicable supletoriamente en el juicio ejecutivo mercantil y que debía efectuarla un funcionario con fe pública; el otro consideró que dicho artículo sí era aplicable supletoriamente y facultaba al juzgador para investir de fe pública al oficial administrativo.

Criterio jurídico: En el juicio ejecutivo mercantil que se conoce por jueces locales del Estado de Veracruz, la designación de personal operativo con fundamento en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz no es apta para efectuar legalmente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

Justificación: El juicio ejecutivo mercantil inicia haciendo efectivo de inmediato el derecho consignado en el título, mediante la diligencia tripartita indivisible de requerimiento judicial de pago y, ante su negativa, con el embargo y consiguiente emplazamiento, lo cual involucra la afectación de bienes de la parte deudora, diligencia que el Código de Comercio establece debe ser realizada por el actuario o ejecutor, lo que se explica a la luz de la naturaleza de la propia diligencia y la trascendencia que tiene ésta en la esfera jurídica de la parte demandada. Ahora bien, en atención a que la materia mercantil es de jurisdicción concurrente, la interpretación y aplicación de esta exigencia en lo local debe atender a la estructura organizacional judicial de cada entidad federativa, que puede tener distintos tipos y tamaños de juzgados, nombres de los cargos o plantilla de personal. Así, en esta diligencia en particular, lo relevante es que, quien la realiza, más allá del nombre del cargo, sea un funcionario facultado en términos de la ley local para ejecutar y no sólo para notificar o comunicar resoluciones. Así, amén de las cuestiones de supletoriedad que para lo procesal autoriza el artículo 1054 del Código de Comercio, si bien vale acudir al artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que permite al juez designar personal para la primera notificación en juicios civiles, lo cierto es que este precepto resulta insuficiente para realizar la diligencia tripartita, en tanto se refiere a facultades de comunicación mas no de ejecución y el juez no puede conferir al personal del órgano más facultades de las que la propia ley otorga, por tanto, la designación que con fundamento en este precepto haga el juez local de los oficiales administrativos del órgano no es apta para revestir de legalidad la diligencia que fuere practicada por dichos funcionarios.

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