MULTA POR ENTORPECIMIENTO O DILACIÓN PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS PARA SU ACTUALIZACIÓN.
Hechos: En el trámite de diversos impedimentos y recusaciones promovidos dentro de un medio de impugnación en materia de amparo, la parte promovente formuló múltiples recusaciones y recursos de reclamación en contra de acuerdos de trámite relacionados con su sustanciación. Una vez desestimadas las recusaciones, el Tribunal Pleno analizó si procedía imponer la multa prevista en el artículo 250 de la Ley de Amparo, ante la posible utilización de dichos medios procesales con fines dilatorios.
Criterio jurídico: Para la imposición de la multa prevista en el artículo 250 de la Ley de Amparo por entorpecimiento o dilación procesal, el órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias en que se promovió la recusación, la naturaleza y el sustento de los argumentos formulados, la reiteración o simultaneidad de las promociones y el impacto que su tramitación produjo en el procedimiento.
Justificación: El precepto citado, al establecer que se impondrá multa cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se dirigió a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, tiene una finalidad estrictamente correctiva: sancionar el uso abusivo del proceso cuando se advierte una intención manifiesta de entorpecer o dilatar la resolución del caso.
En congruencia con la doctrina sostenida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede imponer la multa cuando la conducta de la parte revela un patrón de abuso del derecho procesal que interfiere con la eficacia de la impartición de justicia.
En este sentido, la procedencia de la sanción no depende exclusivamente de que la recusación resulte fundada o infundada, sino del contexto en que se planteó, de la naturaleza de los argumentos esgrimidos y del impacto procesal que su tramitación produjo.
Cuando las recusaciones carecen de sustento objetivo, se formulan de manera simultánea o reiterada y generan una dilación indebida del procedimiento, el análisis trasciende lo meramente jurídico para evidenciar un patrón de conducta procesal abusiva que justifica la imposición de la multa.
Las sanciones procesales –por su naturaleza restrictiva– deben aplicarse con criterios de estricta interpretación. Ello deriva del principio pro actione (a favor de la acción), que impone a los órganos jurisdiccionales el deber de favorecer el acceso a la justicia y evitar efectos inhibidores que desalienten el uso legítimo de los mecanismos procesales.
Así, la multa prevista en el artículo 250 de la Ley de Amparo constituye la ultima ratio (última razón o último recurso) del sistema procesal, esto es, una medida excepcional que sólo debe imponerse cuando concurran elementos claros de mala fe o abuso procesal y cuando la conducta de la parte promovente denote una intención evidente de obstaculizar la función jurisdiccional.
PLENO.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032910-e6780d1a/multa-por-entorpecimiento-o-dilacion-procesal-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes
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