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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 428/91. · Registro digital (IUS): 1132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA TRINIDAD ALVARADO FRAGA Y COAGRAVIADO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 288.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 428/91:

Morelia, Michoacán. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, correspondiente al día seis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS; para resolver los autos del toca de revisión 428/91, relativo al juicio de amparo indirecto número I-874/91 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno ante la Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, María Trinidad y Félix de apellidos Alvarado Fraga por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se trascriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE.-El C. Juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial. ACTO RECLAMADO.-El auto dictado por la responsable de fecha 20 veinte de septiembre de 1991 mil novecientos noventa y uno ...".

SEGUNDO.- Los quejosos señalaron como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relatando como antecedentes de su demanda los siguientes: "PRIMERO.-En virtud de las irregularidades dadas dentro del juicio ordinario civil número 372/91, que sobre nulidad de título de propiedad por simulación del acto que le dio origen, promovimos frente a Jacobo Valencia Sandoval, ante el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial; consistentes éstas en haberle admitido personalidad sin tenerla al señor Jacobo Valencia Sandoval y sus apoderados Manuela Alma Rosa Valencia Rodríguez y Héctor Javier Hernández Valencia, siendo que el demandado en dicho juicio es Jacobo Valencia Sandoval. Promovimos incidente de falta de personalidad por causas supervenientes. Se admitió el incidente corriéndose traslado por tres días al incidentado para que produjera su contestación en los términos del artículo 899 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Transcurrió el término concedido al incidentado para que diera su contestación, sin que así lo hiciera; extrañamente, el día 23 del mes pasado se dictó un auto en el que se tenía por ofreciendo pruebas al incidentado, sin que éste haya contestado el incidente de mérito, esto sin que haya producido contestación al incidente respectivo, en flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 900 del código adjetivo civil que indica: "Cuando las partes quieran rendir prueba lo expresarán así precisamente en los escritos en que se promueva el incidente o se evacue el traslado a que se refiere el artículo que concede el término para contestarlo". La transgresión mencionada por lo que respecta al auto que se impugna, se hace consistir en la ilegal admisión de las pruebas que contiene, ya que precisamente para eso existe el artículo 900 que se indica, para su observancia obligatoria a los litigantes, y si dice que "si éstos desean ofrecer pruebas lo tienen que manifestar en el incidente o contestación del mismo, y si el incidentado no lo contestó, es obvio que no manifestó ese deseo de ofrecer pruebas, no cumpliendo con ese ordenamiento, por lo que si no lo hizo así, perdió su derecho de hacerlo y por consiguiente no puede ofrecer ni desahogar pruebas en el término probatorio abierto dentro del incidente, ya que el momento procesal para hacerlo es precisamente en su caso, en la contestación de incidente, que es la etapa procesal donde se ofrecen las pruebas y se desahogan éstas en el término probatorio, pero si no se agota el primer paso que es en la contestación incidental donde se ofrecen las pruebas, no se puede ejecutar el segundo paso, que es el de desahogo de pruebas, puesto que éstas no se ofrecieron en tiempo. De ahí lo ilegal del acto reclamado consistente en el auto que se impugna de fecha 20 del mes de septiembre del año en curso, en el que se admitieron ilegalmente las pruebas a que atrás en este escrito hicimos mención, por lo que procede su revocación, ordenada por este juzgado federal al juez responsable, para que tenga por no interpuestas en tiempo las pruebas de su ilegal auto, y que regularice el procedimiento al respecto en cuanto al incidente de mérito se trata, para que en lo futuro dicte una sentencia justa y equitativa. Aclaro que en su momento, interpusimos recurso de revocación ante la responsable del auto impugnado, pero que por desgracia no tuvo eco, ya que por equivocación mecanográfica le pusimos otro número que no correspondía al juicio principal como lo acreditamos con la copia simple sellada y firmada de recibido que ahora anexamos a esta petición, por lo que nos vimos en la imperiosa necesidad de recurrir a este amparo indirecto para que se haga justicia y no se admitan las pruebas que ilegalmente se admitieron por la responsable.".

TERCERO.- Por auto de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y uno, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió la demanda de que se trata y ordenó formar el expediente respectivo al que le correspondió el número I-874/91; y se emplazó al tercero perjudicado; seguido el juicio por todos sus trámites con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y uno se dictó sentencia conforme al siguiente punto resolutivo: "UNICO.-La justicia de la unión ampara y protege a María Trinidad y Félix Alvarado Fraga, contra actos de la autoridad mencionada en el primer resultando de esta resolución y para los efectos indicados".

Dicha resolución se fundamentó en las siguientes consideraciones: "...TERCERO.-Son fundados esencialmente los conceptos de violación expresados por los quejosos. En efecto, los hoy quejosos promovieron dentro del juicio ordinario civil 372/91, incidente de falta de personalidad frente a Jacobo Valencia Sandoval y sus apoderados Manuela Alma Rosa Valencia Rodríguez y Héctor Javier Hernández Valencia, mismo que fue admitido por el juez que conoció del asunto el trece de mayo de mil novecientos noventa y uno, ordenando se corriera traslado a los demandados. Por auto de fecha diez de septiembre del año en curso, se mandó abrir a prueba el incidente referido; mediante acuerdo de fecha veinte del mismo mes y año, el juez responsable tuvo a Héctor Javier Hernández Valencia, apoderado de Jacobo Valencia Sandoval por ofreciendo en tiempo diversas probanzas. Ahora bien, tienen razón los quejosos porque efectivamente no existe constancia alguna de que al correrle traslado a Jacobo Valencia Sandoval y sus apoderados, respecto del incidente de falta de personalidad promovido en su contra, éstos hayan ofrecido o manifestado su deseo de aportar prueba alguna en dicho incidente y sin embargo, dentro del término probatorio ofrecieron diversas probanzas, que indebidamente el juez responsable las tuvo por admitidas ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 900 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el momento oportuno para ello era precisamente al evacuar el traslado, y no hasta el período probatorio como en el caso lo hicieron los demandados, porque aun cuando ofreció las pruebas dentro de dicho término, debió anunciarlas al momento de evacuar el traslado respecto de dicho incidente, como lo establece el precepto legal invocado, y al no haberlo hecho así, indudablemente que perdió ese derecho, sin que sea obstáculo el argumento que hace valer el tercero perjudicado en el sentido de que de acuerdo con el artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el Juez debe recibir todas las pruebas que se le presenten, excepto las que fueren contra derecho o contra la moral, porque aun cuando ello es verdad también lo es, que deben ofrecerse en el término que para el efecto establece la ley. Por las razones antes expuestas procede conceder el amparo solicitado para que la autoridad responsable deje sin efectos el auto de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en el que tuvo a Héctor Javier Hernández Valencia, por ofreciendo en tiempo las pruebas que en el mismo se indican.".

CUARTO.- Inconforme con la anterior resolución el tercero perjudicado José Jacobo Valencia Sandoval por su propio derecho, interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito el dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Púbico Federal de la adscripción, quien formuló pedimento en el sentido de que: "Confirme en sus términos la sentencia recurrida ..."; finalmente se turnó el expediente al Magistrado relator en los términos y para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley de Amparo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito es competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 85, fracción IX de la Ley de Amparo y 44, fracción III, del capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de recurso de revisión interpuesto en contra de sentencia pronunciada en audiencia constitucional por Juez de Distrito en el Estado de Michoacán.

SEGUNDO.- El recurrente expresó como agravios los siguientes: "Primero.-La resolución dictada en el amparo número I-874/991, por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado con fecha 28 veintiocho de octubre del año en curso, viola el contenido del artículo 14 constitucional, ya que el mismo dice: `A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...' y en mi particular concepto y de conformidad con los artículos 366 (sic), que dice: `Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos ...'; así como el artículo 369 también del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que dice: `El que afirma está obligado a probar; en consecuencia, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus defensas y excepciones'; así como el artículo 370 (sic) que dice: `El que niega sólo está obligado a probar ...'; así como el artículo 371 (sic) que dice: `Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos en la ley son renunciables', así como el artículo 372 (sic) que dice: `Sólo los hechos están sujetos a prueba ...'; así como el artículo 415 también del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que dice: `Nunca concluye el término para el juez, quien aún después de la citación para sentencia podrá recibir todas las pruebas que juzgue necesarias para la investigación de la verdad, en los términos del artículo 366 (sic)'; y, yo atento al contenido de los citados preceptos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, ofrecí en el incidente o mejor dicho primeramente solicité que dicho incidente se recibiera a prueba, y al auto que recayó que se recibía a prueba, nada dijeron los quejosos ni interpusieron en su contra ningún recurso y posteriormente solicité por conducto de mis mandatarios, o mejor dicho ofrecí diversas pruebas, las que se me admitieron y de ese auto es que se ampararon, pero nótese que previamente en contra de ese auto otra vez no interpusieron ningún recurso en su contra y directamente se fueron al amparo, violando así el principio de la definitividad, y el Juez increíblemente y a pesar de que era causa de sobreseimiento del referido juicio de amparo por no agotar previamente los recursos ordinarios en contra de ese referido auto, dio entrada al amparo y no obstante de que tal circunstancia se hizo valer con pruebas que aporté a la audiencia constitucional el día de dicha audiencia, el Juez Segundo de Distrito les concede el amparo, lo cual es pues violatorio del artículo 14 constitucional, ya que no se están cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, y ante lo cual me deja en estado de indefensión, porque en su `considerando tercero' dice: `Son fundados esencialmente los conceptos de violación expresados por los quejosos. En efecto, los hoy quejosos promovieron dentro del juicio ordinario civil 372/91, incidente de falta de personalidad frente a Jacobo Valencia Sandoval y sus apoderados Manuela Alma Rosa Valencia Rodríguez y Héctor Javier Hernández Valencia, mismo que fue admitido por el Juez que conoció del asunto el trece de mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno, ordenando se corriera traslado a los demandados ...' pero resulta de que el referido incidente únicamente es de conformidad con el escrito de los hoy quejosos de falta de personalidad frente a los mandatarios Manuela Alma Rosa Valencia Rodríguez y Héctor Javier Hernández Valencia y no del suscrito como dice el juez de Distrito en la parte de la resolución transcrita, por lo que se hace notar que el Juez de Distrito está ampliando el incidente también al suscrito y no únicamente como está tramitado en contra de mis mandatarios, lo cual sí me deja también en estado de indefensión. Segundo.-Dice el considerando tercero de la resolución dictada por el Juez de Distrito citado entre otras cosas que: `Por auto de fecha 10 diez de septiembre del año en curso, se mandó abrir el incidente a prueba; mediante acuerdo de fecha veinte del mes y año, el Juez responsable tuvo a Héctor Javier Hernández Valencia por ofreciendo en tiempo diversas probanzas. Ahora bien tienen razón los quejosos porque efectivamente no existe constancia alguna de que al correrle traslado a Jacobo Valencia Sandoval y sus apoderados, respecto del incidente de falta de personalidad promovido en su contra, éstos hayan ofrecido o manifestado su deseo de aportar prueba alguna en dicho incidente y sin embargo dentro del término probatorio ofrecieron diversas probanzas, que indebidamente el juez responsable las tuvo por admitidas ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 900 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el momento para ello era precisamente al evacuar el traslado, y no hasta el periodo probatorio como en el caso lo hicieron los demandados, porque aun cuando ofreció las pruebas dentro de dicho término debió anunciarlas al momento de evacuar el traslado respecto de dicho incidente, como lo establece el precepto legal invocado, y al no hacerlo así indudablemente que perdió el derecho ...'. Lo anterior me causa agravio, ya que es de observarse que los quejosos no recurrieron el auto del cual se ampararon con recursos ordinarios y en la propia demanda dicen los quejosos que `intentaron el recurso de revocación frente a dicho auto y que presentaron el escrito equivocado', es decir que los propios quejosos están admitiendo que no agotaron los recursos ordinarios y el juez de Distrito les concede el amparo violando así el contenido de los artículos 73, fracciones XIII y XV, ya que dicho juicio debió de ser improcedente y haberse sobreseido de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo y sin embargo pues vemos que el Juez les concede el amparo y ello me causa agravio, porque no se están acatando los principios fundamentales del juicio de amparo, ya que para ir a dicho juicio se necesita el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos de la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo deberá ser improcedente. Si el amparo es el arma jurídica suprema que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado, todos aquellos medios comunes u ordinarios de invalidación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por el amparo, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación; lo que no sucede en este caso ya que los hoy quejosos tenían recursos ordinarios para hacerlos valer en contra del auto que se solicitó que el incidente se recibiera a prueba y también en contra del auto en el cual ofrecí pruebas, y, sin embargo los quejosos se fueron o acudieron al amparo directamente sin observar pues el principio de la definitividad y aun cuando los quejosos dicen que 'presentaron el recurso equivocado', ello no es agotar los recursos ordinarios, ya que lo que interesa es que en el juicio de que se trate se agoten los recursos ordinarios para acudir al amparo, y no tramitar un recurso en otro juicio, y sin embargo pues el juicio, se dice el Juez de Distrito les concede el amparo. Aunado a lo anterior también me causa agravio el hecho de que el Juez de Distrito referido manifiesta en la resolución dictada que el incidente tramitado por los quejosos fue también tramitado en mi contra, lo cual es falso como se acredita debidamente con el propio incidente planteado por los quejosos, ya que del mismo escrito del incidente éste está planteado únicamente en contra de mis mandatarios y no del suscrito como equivocadamente lo está argumentando el Juez de Distrito, lo que es evidente que también me causa agravios.".

TERCERO.- No se hace necesario el estudio de los agravios formulados por el tercero perjudicado, aquí recurrente, en atención a que este tribunal colegiado advierte una diversa causal de improcedencia, la que por ser de orden público su estudio es preferente y de oficio, la aleguen o no las partes, según el artículo 73 in fine, de la Ley de Amparo, y la tesis de jurisprudencia número 949 consultable en la página mil quinientos treinta y ocho, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del RUBRO: "IMPROCEDENCIA.".

El acto que se reclama por medio del juicio de garantías, lo constituye el proveído de fecha diecisiete de septiembre del año retropróximo, dictado por el Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad, en el incidente de falta de personalidad promovido dentro del juicio ordinario civil número 372/91 sobre nulidad de escrituras y otros, que siguen las quejosas en contra del tercero perjudicado, hoy recurrente, en el que, se tiene a éste por ofreciendo en tiempo pruebas.

Ahora bien, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona a las peticionarias de garantías un gravamen de imposible reparación, por cuanto que la afectación a sus intereses jurídicos está supeditada a la valoración que de las pruebas, debida o indebidamente admitidas, al tercero perjudicado, aquí recurrente, se hiciera en la sentencia interlocutoria, por ser ese el momento en que se negaría o concedería valor a las mismas, para estimar procedente o no la acción incidental planteada, la que incluso estarían en posibilidad de combatir a través del recurso de apelación previsto por el artículo 911 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Sobre el particular tiene aplicación el criterio que este propio tribunal colegiado sustentó en la resolución de improcedencia laboral número 275/89, la improcedencia civil número 112/89, el amparo en revisión número 260/89; y, la improcedencia civil número 132/90, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE, A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La indebida admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no debe reclamarse por medio del amparo biinstancial, ya que la afectación al interés jurídico estaría supeditada a la valoración que de esas pruebas se hiciera en el laudo o sentencia emitido por el juzgador, pues sería hasta ese momento, en que se negaría o concedería valor a las mismas".

Así las cosas, es incuestionable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio, con apoyo en el diverso numeral 74, fracción III, de la citada ley.

En consecuencia, se impone revocar el fallo recurrido, que concedió a la quejosa la protección constitucional y sobreseer en el juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia a revisión.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías, promovido por María Trinidad y Félix Alvarado Fraga, contra el acto y la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro. Con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, licenciados Juan Díaz Ponce de León, Raúl Murillo Delgado y Salvador Enrique Castillo Morales, habiendo sido ponente el primero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1132-d2488835/pruebas-el-auto-que-admite-a-la-contraparte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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