VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. AL PRECISAR EL PERIODO QUE DEBE SER REVISADO, LA ORDEN RESPECTIVA DEBE ESTABLECER CON CLARIDAD LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y DE TERMINACIÓN DEL REFERIDO PERIODO, RESULTANDO VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEJAR LA DETERMINACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA AL ARBITRIO DEL VISITADOR. VISITA DOMICILIARIA. SI EN LA ORDEN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, AL PRECISARSE LOS PERIODOS QUE DEBEN REVISARSE, RESPECTO DE ALGUNO O ALGUNOS SE SEÑALAN CON TODA CLARIDAD LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN, Y EN CUANTO A OTRO U OTROS SE HACE EN FORMA CONFUSA, ESTA IRREGULARIDAD SÓLO PUEDE AFECTAR A TALES PERIODOS QUE NO FUERON PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS. JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SOSTUVO EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, LE DIO UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE CORREGIRLO, ESTABLECIENDO, CON EL MISMO VALOR, LA TESIS CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al resolver el trece de abril del año dos mil uno el amparo directo administrativo 711/99, en la parte conducente de dicha resolución determinó:
"En cambio, una parte del primero de los motivos de queja es fundada. Asiste razón al peticionario de garantías al señalar que la resolución reclamada es ilegal porque en ella se consideró que la orden de visita sí precisaba el periodo que debería revisarse para constatar el cumplimiento del quejoso a las obligaciones tributarias, cuando que no fue así, pues si bien menciona la fecha de inicio del periodo a revisar, no lo hace respecto de la terminación del mismo, lo que deja al arbitrio de los visitadores, quienes no están legalmente facultados para ese efecto, cuestión que, concluye, debió atender la responsable para decretar la nulidad lisa y llana del crédito y no sólo para efectos. Ciertamente, como lo señala el quejoso en la orden de visita número RIF300030/97, que constituye el acto principal del cual deriva la resolución que se tilda de nula, respecto al periodo materia de la verificación tributaria, se establece lo siguiente: ‘La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995, por el que se hubiera o debió haber sido presentada la declaración del ejercicio, así como el periodo transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio y la fecha de entrega de esta orden a la persona con quien se vaya a entender la visita.’. Conforme a los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, que citó la propia responsable para determinar la legalidad de la orden de visita, se establece que dicho mandamiento, como acto administrativo pronunciado en ejercicio de las facultades de verificación fiscal, debe constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, ostentar las firmas del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido, así como el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita, y el nombre o nombres de las personas que han de efectuar la visita. Ahora bien, como dichos actos administrativos deben expresar el objeto o propósito que persigan, es evidente que, a fin de cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución General de la República, relativa a que todo mandamiento de autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento, es claro que las autoridades administrativas están obligadas a precisar, entre otras cosas, las contribuciones de cuyo cumplimiento pretendan cerciorarse, así como el periodo que será materia de la revisión, pues el objeto no sólo debe conceptuarse como el propósito o intención de la orden, sino también como elemento o materia, supuesto en el cual no debe ser general o impreciso, sino claramente determinado, porque ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que serán objeto de fiscalización y también que los visitadores se ajusten estrictamente a la revisión de los renglones precisados en la orden de visita y, con ello, de la documentación que los visitadores estarán legalmente facultados para exigir al contribuyente a efecto de constatar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales deben restringirse al periodo precisado en la orden de visita. Luego, si por periodo se entiende el espacio de determinado tiempo que comprende toda duración de una cosa, es inconcuso que en la orden de visita que se decreta para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por tratarse de un acto de molestia, requiere precisar con exactitud el periodo que con dicha visita habrá de revisarse, indicando con exactitud tanto la fecha de inicio como la de terminación, pues sólo de esta manera se puede tutelar no solamente la garantía de legalidad, sino también la de seguridad jurídica que deriva del propio precepto constitucional, única forma en la que el afectado podrá conocer los lineamientos a los que deberán sujetarse los visitadores. En esa virtud, el mandamiento administrativo que ordena una visita domiciliaria, debe precisar el periodo que será objeto de la revisión desde su inicio hasta su conclusión, sin hacer depender esto de un acto distinto a la orden misma, pues en este supuesto, es decir, si el periodo se fija a consecuencia de un acto diverso, entonces resulta que el mandamiento no es preciso, sino indeterminado y que su precisión depende de un acto posterior que escapa a la autoridad competente y que no forma parte de la orden respectiva. Así ocurre en la especie, pues en la orden de visita se establece con precisión el inicio de la revisión, pero no se hace lo mismo con la terminación del periodo a revisar, al establecer que comprenderá hasta la fecha de entrega de la orden a la persona con quien se vaya a entender la visita. En esos términos, el supuesto periodo de revisión se torna genérico, al no indicar con exactitud su conclusión, y deja al arbitrio de los visitadores determinar ese dato, al hacerlo depender de la entrega de la orden, hecho que puede dar pauta a abusos de autoridad, pues bien puede entregarse esa orden de visita el mismo día en que se pronuncie, que una semana o un mes después, periodo que, en los términos en que está redactada la orden, sería objeto de revisión. Luego, como la practica de la visita debe realizarse ajustándose a la orden y no a la inversa, la orden de visita no se puede determinar con la actuación misma de la auditoría, cosa que sucede en la especie, pues la entrega de la orden de visita, que es el hecho que determina el periodo a revisar, constituye propiamente el inicio de la visita domiciliaria, tal como lo dispone el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal referido, que prevé las reglas a las que debe sujetarse dicha actuación administrativa, conforme a las cuales, al presentarse los visitadores al lugar donde deba practicarse, se entregará la orden al visitado y se dará inicio a la diligencia, y en caso de no encontrarlo, se le dejará citatorio con la persona que se halle en el lugar para que se sirva esperar a los visitadores en hora determinada del día siguiente, a efecto de recibir la orden, y en caso de no hacerlo, se dará inicio a la visita con la persona que se encuentre en el lugar. La necesidad de que la orden de visita sea precisa en el periodo a revisar, se desprende de las jurisprudencias 183 y 509 de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 126 y 367 del Tomo III del Apéndice citado, las cuales, en su orden, son del tenor siguiente: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural «... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos» y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular.’. ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.’. Es igualmente aplicable la diversa jurisprudencia número 2a./J. 57/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publica en las páginas 343, 344 y 345 del Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRECISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN. El análisis relacionado de los artículos 29, 29-A, 43 y 49 del Código Fiscal de la Federación, permite advertir que aun cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, tiene sus particularidades y debe sujetarse a reglas específicas en su realización, en realidad no constituye más que una modalidad en el ejercicio de las facultades de comprobación que, como potestad del Estado, se otorga a las autoridades fiscales en el ordenamiento mencionado; en estas condiciones, la orden relativa para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que prevé el numeral 38 del citado código, así como a los que el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Ley Suprema, de cuyo contenido se desprende que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado, elevada a garantía individual y sólo se autoriza mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos, que la orden de visita domiciliaria, a similitud de los cateos, como acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se exprese el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia respectiva y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia, como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la Segunda Sala de este Alto Tribunal. Así, al exigir el artículo 16 de la Constitución Federal, que el objeto, como elemento fundamental de la orden de visita, se encuentre expresamente determinado, implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite, de precisar su alcance temporal, ya sea que se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el periodo en el cual se practicará esa verificación y, además, constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora, dado que acorde con lo que prevé el mismo código tributario federal, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados y, por tanto, se violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar el periodo sobre el cual debe recaer la verificación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de expedición de comprobantes fiscales se establecen a cargo de los contribuyentes, con el consecuente estado de inseguridad jurídica del visitado. Debe agregarse que esta determinación no limita la actuación de la autoridad, pues no le impide señalar, con apego a la ley, como periodo a verificar en una orden de visita, fechas actuales o anteriores.’. Acorde con lo anterior, en reparación de la violación de las garantías individuales del quejoso, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable dicte otro fallo en el que deje insubsistente el reclamado y siguiendo los lineamientos fijados en esta ejecutoria, determine que la orden de visita no es precisa en cuanto al periodo que es objeto de la verificación tributaria y, en consecuencia, se pronuncie sobre la nulidad del crédito impugnado que el vicio destacado produzca, en términos de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación."
El anterior criterio dio lugar a la tesis XXI.1o.44 A, visible a fojas 989, Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN RESPECTIVA NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE PRECISAR EL OBJETO, SI EN RELACIÓN AL PERIODO QUE SERÁ MATERIA DE LA REVISIÓN SÓLO EXPRESA LA FECHA DE INICIO Y COMO CONCLUSIÓN MENCIONA LA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA VISITA. De acuerdo con los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, la orden de visita para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, debe precisar el objeto o propósito de la misma, y se estima que para ello es indispensable señalar, entre otras cosas, las contribuciones cuyo cumplimiento se pretenda verificar, la documentación contable a examinar y el periodo fiscal que será materia de la auditoría, atendiendo a que el objeto de ese mandato no sólo se refiere a la intención o propósito que persigue, sino también al elemento o materia de la revisión. En esa virtud, como por periodo se entiende un espacio de tiempo determinado que comprende la duración de un acontecimiento, el que se indique en la orden de visita debe ser tal, que señale con exactitud el inicio y la conclusión de la revisión, sin hacerlo depender de un acto distinto. Ese requisito no se cumple si en la orden se indica como periodo una fecha determinada de inicio, pero respecto a la conclusión sólo se aduce que será la fecha de entrega de dicho mandamiento a la persona con quien se entienda la visita, sin especificar día, mes y año, debido a que en ese supuesto no se precisa la conclusión del periodo, el cual se hace depender de un acto distinto a la propia orden, como lo es su notificación al contribuyente por parte del visitador, acto que constituye propiamente el inicio de la visita, según lo dispone el artículo 44 del citado Código Fiscal, y no forma parte integrante de la orden, la que, en esas condiciones, resulta imprecisa en cuanto a su objeto y, por ende, violatoria de garantías."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con sede en Puebla, Puebla, al fallar el trece de septiembre del año dos mil uno el amparo directo 208/2001, sostuvo el criterio que determinó la presente denuncia de contradicción de tesis. En la parte relativa se consideró lo siguiente:
"Es igualmente infundado lo expuesto en el sexto concepto de violación en el que se aduce la inconstitucionalidad de la orden de visita por no precisar el periodo a revisar. En la orden de que se habla se expresó que: ‘La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996, por el que se hubiera o debió haber sido presentada la declaración del ejercicio, así como el periodo del 1o. de enero de 1997 a la fecha de entrega de esta orden a la persona con quien se vaya a entender la visita.’. Como bien lo dijo la Sala Fiscal, el periodo a revisar sí está perfectamente definido por la autoridad que lo expidió, sin que obste para ello el que no se haya precisado hasta qué día debería de abarcar la visita, ya que el en que se entregó la orden es precisamente la fecha hasta la cual se debería de efectuar la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, esto es, el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, que resulta ser una fecha posterior en dos días a la de la orden de visita, por lo que el contribuyente no queda ignorante del periodo de la visita ni ningún estado de indefensión se le propicia por no expresar desde el momento de elaboración y suscripción de la orden de visita el día, con número, hasta el cual abarcaría la revisión fiscal. Por lo demás, no queda en manos del visitador determinar el periodo de la visita, porque así lo decidió quien emitió la orden. Ahora bien, dado que el presente criterio resulta contrario al sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción de los mismos ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida si efectivamente se da tal contradicción y, en su caso, cuál es la tesis que debe prevalecer. La sustentada por el diverso tribunal a éste aparece publicada dentro de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de dos mil, página novecientos ochenta y nueve, y dice: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN RESPECTIVA NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE PRECISAR EL OBJETO, SI EN RELACIÓN AL PERIODO QUE SERÁ MATERIA DE LA REVISIÓN SÓLO EXPRESA LA FECHA DE INICIO Y COMO CONCLUSIÓN MENCIONA LA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA VISITA.’." (No es necesario realizar la transcripción de esta tesis, ya que aparece transcrita a fojas dieciocho y diecinueve de esta resolución).
QUINTO. A continuación, debe establecerse si existe la contradicción de tesis denunciada.
Del análisis integral de las resoluciones que han quedado transcritas se advierte que en el presente asunto existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que los tribunales respectivos examinaron supuestos de la misma naturaleza y contenido, ya que los criterios discrepantes se emitieron con motivo de juicios de amparo directo promovidos en contra de sentencias definitivas dictadas por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en cuyos juicios se demandó la nulidad de créditos fiscales, y partieron del mismo tema jurídico que es el consistente en que la orden de visita domiciliaria emitida por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, carece de motivación al señalar que el periodo que abarcará la materia de la revisión inicia en fecha cierta y determinada, y en lugar de señalar la de conclusión en la misma forma, sólo expresa que ésta será la fecha en que se entregue la orden al contribuyente.
En las órdenes de visita objeto de la litis ante los Tribunales Colegiados, se plasmó la leyenda que textualmente dice:
1) En el amparo directo administrativo 711/99 del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito: "La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995, por el que se hubiera o debió haber sido presentada la declaración del ejercicio, así como el periodo transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio y la fecha de entrega de esta orden a la persona con quien se vaya a entender la visita.".
2) En el amparo directo 208/2001 del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito: "La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996, por el que se hubiera o debió haber sido presentada la declaración del ejercicio, así como el periodo del 1o. de enero de 1997 a la fecha de entrega de esta orden a la persona con quien se vaya a entender la visita.".
Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sostuvo que una orden con esas características viola el artículo 16 de la Constitución Federal, al no estar debidamente motivado el objeto de la visita respecto al periodo sujeto a revisión; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo que en ese supuesto sí se encontraba perfectamente precisado el objeto de la visita en cuanto al periodo especificado.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al emitir el criterio que ahora es uno de los opuestos, no fundó con claridad y suficiencia los razonamientos en los que sustentó su conclusión; sin embargo, de su lectura se desprende que implícitamente examinó los elementos de la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como los establecidos por el diverso 38 del Código Fiscal de la Federación, en torno al objeto de una orden de visita domiciliaria en materia fiscal; por ello, los casos concretos se encuentran en similar situación jurídica respecto al tema controvertido.
En apoyo de lo anterior, se cita el contenido de las tesis sustentadas por las anteriores Tercera y Cuarta Salas de este Alto Tribunal, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 7 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 58, octubre de 1992, página 22 que, respectivamente, dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Por otra parte, del análisis cuidadoso de las sentencias entre las que se produjo la contradicción, aparece que uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, a saber, el que consideró que la orden de visita era inconstitucional, otorgó el amparo "para el efecto de que la autoridad responsable dicte otro fallo en el que deje insubsistente el reclamado y siguiendo los lineamientos fijados en esta ejecutoria, determine que la orden de visita no es precisa en cuanto al periodo que es objeto de la verificación tributaria y, en consecuencia, se pronuncie sobre la nulidad del crédito impugnado que el vicio destacado produzca, en términos de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación".
El anterior pronunciamiento revela que el Tribunal de Circuito consideró que la irregularidad que se cometió al señalarse el fin del periodo a revisar remitiéndose a la fecha de la entrega de la orden al visitado, producía el efecto de que "la orden de visita no es precisa en cuanto al periodo que es objeto de la verificación tributaria".
Ahora bien, tal pronunciamiento, a primera vista inobjetable, resulta cuestionable al examinar la orden de visita que en la parte que interesa aparece transcrita en las páginas 22 y 23 de esta resolución y en la que se observa que en la misma se señaló como objeto de la revisión "el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995 ... así como el periodo transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio y la fecha de entrega de esta orden a la persona con quien se vaya a entender la visita".
Lo anterior significa que no obstante que la irregularidad sólo se refirió a uno de los periodos que deberían revisarse, concluyó que afectaba a la orden en su integridad y que esa afectación debería comprender a la misma resolución determinante de un crédito, con base en el acta de visita levantada como consecuencia de esa orden.
El otro Tribunal Colegiado de Circuito de manera directa no abordó la cuestión, pues si consideró que la orden de visita no tenía ninguna irregularidad, lógicamente tampoco pudo atribuirla a los actos consecuentes. Sin embargo, no obstante que con rigor formalista podría estimarse que sobre el punto tratado no existió contradicción, resulta necesario establecer que no examinar esa cuestión podría afectar la seguridad jurídica en cuanto al alcance del criterio que se considere correcto. Al respecto debe establecerse que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, advierte que uno de los Tribunales de Circuito le dio un alcance incorrecto, debe hacer la corrección pertinente con el mismo valor jurisprudencial, ya sea en la propia tesis o en una distinta si la claridad lo recomienda, pues de lo contrario no sólo se afectaría la seguridad jurídica que se busca salvaguardar al resolver este tipo de asuntos, sino también la justicia, al no definirse un problema que podría dar lugar a la aplicación incorrecta de la tesis jurisprudencial y de las normas jurídicas interpretadas en ella.
En consecuencia, también debe resolverse jurisprudencialmente si cuando en una orden de visita, respecto de uno de los periodos que deben revisarse existe una clara precisión del día en que se inició y de aquel en el que concluyó, y respecto de otro u otros no se da la exactitud, por dejarse en manos del visitador ese plazo ¿cuál es el efecto que esta irregularidad produce? ¿invalida el acta en su integridad y sus consecuencias? o ¿sólo invalida el acta respecto de los periodos sobre los cuales existió imprecisión?
Esta determinación debe hacerse señalando la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia, de conformidad con lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo.
SEXTO. Determinado que sí existe contradicción de tesis sobre las cuestiones jurídicas especificadas, debe determinarse cuáles son las tesis que deben prevalecer como jurisprudencias.
El estudio de la presente contradicción de criterios se reduce a delimitar, en su primer aspecto, si para cumplir con la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional, las órdenes de visita domiciliaria que expidan las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes al precisar el periodo materia de revisión, que es uno de los requisitos que se deben cumplir según jurisprudencia de esta Suprema Corte, debe indicar la fecha de inicio y la de terminación, lo que implica señalar específicamente el día, mes y año de cada uno, o si bien indicándose en esta forma el de la fecha de inicio basta que en cuanto a la de conclusión se remita a la fecha en la que sea entregada la orden de visita al visitado.
Pues bien, como se desprende de lo expuesto, el estudio del tema propuesto debe iniciarse a la luz de lo previsto por el artículo 16 constitucional, fundamento de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y continuarlo conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, ordenamiento secundario que las regula.
El artículo 16 constitucional reconoce la inviolabilidad del domicilio como garantía del particular; cualquier acto de molestia en ese sentido debe cumplir con los requisitos que en la Ley Suprema y en las leyes ordinarias se disponen para ello. En lo conducente expresa:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y mot
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16953-e5f43194/visita-domiciliaria-para-verificar-el-cumplimiento-de-obligaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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