CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO SE CONFIGURA CUANDO LO QUE SE AFIRMA EN UNA DE LAS SENTENCIAS NO SE NIEGA EN LA OTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es conveniente, a continuación, determinar si existe la contradicción denunciada.
Con ese fin, es necesario realizar las siguientes precisiones:
El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión contenido en el toca 358/2000, deducido del amparo indirecto 316/2000-II, seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Colima, promovido por César González González, tiene los siguientes antecedentes:
Por escrito de nueve de junio del año dos mil, César González González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por considerar violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1o., 5o., 27, 114, 122 y 124 de la Constitución General, respecto de los actos reclamados al director de Transporte del Gobierno del Estado de Colima, delegado de Transporte en el Municipio de Manzanillo, Colima, procurador general del Estado y director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado, consistentes en la desposesión fuera de procedimiento de la camioneta Pick-up, tipo Cheyenne, modelo 1997, marca Chevrolet, serie 1GCEC34K7VZ194457, motor VZ194457.
Previo trámite del juicio de amparo indirecto en mención, por sentencia de seis de septiembre del año dos mil, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Colima concedió el amparo solicitado, y en relación con el interés jurídico del quejoso, materia de la presente contradicción de tesis, estimó que dicho interés se acreditó porque de la valoración conjunta (en términos de lo dispuesto por los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo) de los documentos consistentes en factura del vehículo descrito con antelación, así como de la tarjeta de circulación correspondiente expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por no haber sido objetado el primero ni demostrada la falsedad del segundo, se probó fehacientemente el derecho de propiedad del quejoso en relación con el automotor objeto de la litis, que es precisamente el objeto del desposeimiento. Cita las tesis de jurisprudencia III.1o.C. J/12, visible en la página 97, Tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FACTURAS NO OBJETADAS. VALOR PROBATORIO DE LAS." y III.3o.C. J/18, visible en la página 63, tomo 68, agosto de 1993 de la Gaceta del citado Semanario, de rubro: "POSESIÓN DE VEHÍCULOS, LA TARJETA DE CIRCULACIÓN ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLA.".
Inconforme con el sentido de la sentencia anterior, el delegado de Transporte en el Municipio de Manzanillo, Colima, interpuso en su contra recurso de revisión del que, por determinación de competencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que por ejecutoria de diez de abril del año dos mil uno confirmó la sentencia recurrida.
Las consideraciones de dicha ejecutoria, en la parte que interesa, son las siguientes:
"TERCERO. No serán materia de esta resolución la consideración segunda y el resolutivo primero que hace el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo, ya que tales determinaciones no fueron recurridas por la parte quejosa, única a quien podrían perjudicar. Sobre el punto tiene aplicación la tesis número 480, visible a fojas trescientos dieciocho del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto dice: ‘REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.’ (la transcribe). CUARTO. Son infundados los agravios. Primeramente, por razón de técnica se procederá a abordar el estudio del segundo de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, por involucrar cuestiones de orden público, que obligan a abordar su análisis de manera prioritaria. En efecto, la autoridad recurrente en su segundo agravio, contrario a lo considerado por el a quo, esencialmente sostiene que, en el caso, el impetrante de garantías no acreditó su interés jurídico, situación que, según aduce, de haber considerado la documentación anexa a su informe justificado, el Juez de Distrito habría advertido, pues, dice, de tales documentos se advierte la alteración de los números que sirven para la identificación de la unidad vehicular materia del amparo, por lo que en todo caso, señala, el quejoso tenía interés jurídico sobre un bien distinto al que fue por ello detenido. El Juez de Distrito, cuya sentencia se revisa, en el quinto considerando de la misma, acerca del interés jurídico de la parte quejosa sostuvo que éste se acreditaba con las copias certificadas de la factura número 3440, expedida el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete por Autos Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del promovente del amparo César González González, por la compra del vehículo que en ella se describe y con la tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, del vehículo automotor marca Chevrolet C-20, Cheyenne 350, motor número VZ194457, serie 1GCEC34K7VZ194457, modelo 1997, placas de circulación VW92156, pues según la valoración que dio a tales documentos y con apoyo en los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por no haber sido objetado el primero, ni demostrada la falsedad del segundo, prueban plenamente el derecho de propiedad del quejoso del automotor en ellos descrito, que es precisamente el que fue objeto del desposeimiento por el delegado de Transporte del Gobierno del Estado de Colima. Así, son incorrectas las aseveraciones de la recurrente en cuanto aluden a la falta de interés jurídico del quejoso César González González; en efecto, como puede advertirse en el caso, la factura y tarjeta de circulación a las cuales se ha aludido corresponden, como lo sostuvo el Juez a quo, a una camioneta tipo Cheyenne, marca Chevrolet, modelo 1997, número de serie 1GCEC34K7VZ194457, número de motor VZ194457, automotor que coincide con aquel que el director de Transporte del Gobierno del Estado de Colima puso a disposición del director de Averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia de la misma entidad federativa, como puede advertirse de la copia certificada del oficio número 557/2000, adjuntada al informe justificado rendido por el director de mérito que obra a foja cuarenta y cuatro del juicio de garantías; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que, en el propio oficio, se aduzca que ‘la plaquita del tablero’ es falsa y que se encuentra remarcado el número de serie, pues, en primer lugar, no existe precepto jurídico alguno que faculte a la mencionada autoridad responsable a determinar si los números de identificación de un vehículo son falsos o están alterados y, por otro lado, en los autos no existe constancia de fallo alguno, dictado por autoridad competente, que resuelva en tal sentido, por virtud del cual se establezca, consecuentemente, que los derechos que otorgan la factura y tarjeta de circulación no correspondan a la camioneta cuya propiedad ostenta el quejoso. De igual forma, no constituye obstáculo a la consideración del a quo el peritaje llevado a cabo dentro de la averiguación previa 267/2000, en el cual se sostiene que los números de identificación del vehículo del cual se habla, que coinciden con los de la factura y tarjeta de circulación en los cuales sustenta su interés jurídico el quejoso, son falsos, pues tal situación no se traduce en una resolución que prive al quejoso de los derechos que ostenta en relación con la camioneta cuya desposesión reclama, ya que dicho peritaje y la ponderación realizada por el Ministerio Público en relación con el mismo, sólo constituyen pesquisas o indagaciones que el Ministerio realiza para la persecución de hechos que estima delictuosos, las cuales sólo una vez que han sido sometidos a la consideración jurisdiccional y confirmado su sentido por ésta, podrán estimarse como jurídicamente ciertos. Por otro lado, igualmente resulta infundado el primer concepto de agravio, mediante el cual se dice que es procedente la reposición del procedimiento en el juicio de garantías cuya resolución se revisa, en virtud de no haberse llamado a juicio al tercero perjudicado, pues de las constancias que obran en autos del mencionado procedimiento de control constitucional, no se advierte que de alguna de ellas se desprenda la existencia de persona alguna a quien corresponda la calidad de tercero perjudicado. Sin que asista la razón a la recurrente en cuanto señala haber acompañado a su informe documento público consistente en el reporte de robo emitido por OCRA (foja 49 del juicio de amparo indirecto), que al no ser objetado en el juicio por las partes en cuanto a su autenticidad y contenido, aduce, tiene valor probatorio pleno para acreditar los hechos que en él se consignan, pues aun llegando a coincidir con la agraviada, en el sentido de que en él se contiene una declaración que afirma la existencia de un reporte de robo en relación con la camioneta que interesa al presente asunto, del análisis de tal constancia no se advierte que el documento cuya existencia se encuentra certificada se haya suscrito por autoridad, al no contener la denominación o el sello de entidad de gobierno alguna, ni mucho menos se desprende de su texto que haya sido expedido por un funcionario revestido con fe pública cuya formación le esté encomendada por la ley, o por funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que no puede estimarse se trate de un documento público, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como se pretende, sino que, por el contrario, se trata de un documento privado acorde con lo dispuesto por el precepto 133 del código de procedimientos aludido, cuya existencia está certificada; en consecuencia, aun considerando que en él se contiene la declaración de lo que la recurrente identifica como OCRA, afirmando la existencia de un reporte de robo, lo cierto es que tal declaración por provenir de un tercero, de conformidad con el artículo 203 del ordenamiento procesal mencionado, sólo hace fe de la existencia de la declaración, mas no de la veracidad de los hechos afirmados consistentes en la existencia de un reporte de robo relacionado con el vehículo materia de la litis cuyo fallo se revisa. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis VI.2o.18 K, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos nueve, Tomo III, febrero de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE TERCERO, VALOR PROBATORIO DEL.’ (la transcribe). Así las cosas, al resultar infundados los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida."
Con motivo de este asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito elaboró la tesis aislada pendiente de publicación TC031083.9 AD1, que señala lo siguiente:
"FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. DESPOSESIÓN. NO SE ACREDITA MEDIANTE EL PERITAJE LLEVADO A CABO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN EN EL CUAL SE SOSTIENE QUE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO SON FALSOS. El peritaje llevado a cabo dentro de la averiguación previa, en el cual se sostiene que son falsos los números de identificación del vehículo cuya desposesión se reclama en el juicio de amparo, que coinciden con los de la factura y tarjeta de circulación en los cuales sustenta su interés jurídico el quejoso, no puede válidamente servir de base para estimar la falta de tal interés, pues tal situación no se traduce en una resolución que prive al quejoso de los derechos que ostenta en relación con el automotor cuya desposesión se reclama, ya que, dicho peritaje y la ponderación realizada por el Ministerio Público en relación al mismo, sólo constituyen pesquisas o indagaciones que éste realiza para la persecución de hechos que estima delictuosos, las cuales, sólo una vez que han sido sometidos a la consideración jurisdiccional, y confirmado su sentido por ésta, podrán estimarse como jurídicamente ciertos."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 139/97 administrativa, deducido del amparo indirecto 1664/96, promovido por Juan Flores Villalobos, seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, tiene los siguientes antecedentes:
a) Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Juan Flores Villalobos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos reclamados al suboficial de la Policía Federal de Caminos, agente investigador del Ministerio Público del fuero común adscrito al Municipio de Valladolid, Yucatán, procurador general de Justicia del Estado y secretario de Protección y Vialidad del Estado, consistentes en el decomiso y aseguramiento del vehículo marca Chrysler, tipo Spirit, modelo 1991, serie X1549097.
b) Previo el trámite del juicio de amparo indirecto 1664/96 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, por sentencia de seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio porque estimó que por ser precisamente la cuestión relativa a la propiedad del automóvil la que se estaba dilucidando ante la autoridad administrativa y debido a que del examen comparativo entre la factura del vehículo de que se trata, exhibida por el quejoso para acreditar el interés jurídico y la exhibida por la autoridad responsable en relación con el propio automotor, aquélla presenta discrepancias; el juzgador federal decidió que es la autoridad investigadora que ha tomado conocimiento de los hechos denunciados, la que en cumplimiento de sus atribuciones es quien debe decidir a quién pertenece legalmente la unidad automotriz en cuestión; por tanto, el quejoso no acreditó con documentos idóneos su legítima posesión sobre el bien. Cita la tesis visible a fojas 378, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL.’; la tesis visible a foja 465, Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época, compilada en el mismo Semanario, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACIÓN DEL.’ y tesis de jurisprudencia 10, visible a fojas 46, Volumen LXXVI, Parte VII del Apéndice al citado Semanario 1917-1985, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.’.
c) Inconforme con el sentido de la sentencia anterior, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, el que por ejecutoria del nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete confirmó la sentencia recurrida.
Las consideraciones de dicha ejecutoria, en la parte que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. En la materia de la revisión se advierte que en este asunto el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que el promovente del amparo carece de interés jurídico para intentar la acción constitucional, por no haber demostrado fehacientemente ser el propietario del automóvil marca Chrysler modelo mil novecientos noventa y dos, cuya desposesión reclamó el quejoso. Por su parte, el inconforme aduce, en síntesis, que aun suponiendo sin conceder que el vehículo de que se trata pudiere ser objeto de un acto ilegal, lo cierto es que demostró tener la posesión y propiedad del automóvil en cuestión con la factura mediante la cual lo adquirió y la tarjeta de circulación correspondiente y que por ello demostró tener interés; que el Juez de Distrito dejó de advertir que poseía el vehículo, pues al ser asegurado, iba en el interior del mismo como pasajero y que tal posesión le concede el interés de acceder. Lo que antecede es infundado, en atención a las consideraciones siguientes: Del informe rendido por las autoridades responsables se advierten las siguientes pruebas: a) Un parte informativo suscrito por el suboficial de la Policía Federal de Caminos, Miguel A. Salinas Tijerina, en el cual relató los hechos relativos al aseguramiento del automóvil de que se trata en los siguientes términos: ‘De acuerdo a los artículos 36, fracciones X y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 3 (sic), fracción II, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, 19, 20 y demás aplicables del Reglamento de la Policía Federal de Caminos en vigor, nos permitimos informar a usted que el día de hoy al estar efectuando nuestro servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al único turno de las 9:00 a las 18:00 horas, a bordo C.R.P. 5003 siendo las doce treinta horas nos percatamos que a la altura del Km. 153+000 de la carretera (180 D) autopista Kantunil-Cancún, tramo Kantunil-entronque carr. (295), transitaba un vehículo el cual efectuaba una mala maniobra (en sentido opuesto) en área de servicios (isleta de la autopista), por lo cual procedemos a darle alcance reportándolo al Centro de Comunicaciones Centro Táctico II Valladolid de esta Policía Federal de Caminos, indicándole a su conductor detuviera su marcha con señales ópticas y acústicas (torretas), procediendo a solicitarle su licencia y tarjeta de circulación resultando ser un vehículo tipo sedán Spirit, marca Chrysler, modelo 1991, color blanco, serie X15490909, motor hecho en México, con placas de circulación YWJ-5303 de Yucatán, extemporáneas de 1995, propiedad del C. Juan Flores Villalobos con domicilio en calle 35 No. 238 X 44 y 46 en Progreso, Yucatán, según tarjeta de circulación No. A18519, conducido por el C. Julio Francisco Fleites Pech, mexicano de 29 años de edad con domicilio en calle 35 No. 258 X 50 y 52 en Progreso, Yucatán, con licencia para conducir No. C-1193, tipo chofer del Estado de Yucatán, vigente. Procediendo a comparar la serie de la tarjeta de circulación con la del vehículo (tablero) no coincidiendo, siendo éste 3C3B146B4NT549097, realizando una investigación más minuciosa encontrando que el número de serie en el tablero está hecho de aluminio y el que portaba en el poste del radiador hecho del mismo material (bote de cerveza modelo), profundizándonos más en la investigación nos encontramos en la portezuela delantera izquierda otra serie No. NT206782, revisando el número secreto en la parte posterior derecha del chasis encontrándolo remarcado e ilegible el número, motivo por el cual procedimos a solicitar la presencia del responsable del turno, procediendo por medio del Centro de Comunicaciones Policía Federal de Caminos verificara al Centro de Comunicaciones de México, resultando ser éste robado con número de serie NT206787, el cual fue denunciado al Ministerio Público de Naucalpan, Estado de México, con número de acta NJR/I/2046/992-5, con fecha 21 de mayo de 1992. Por lo antes expuesto se formula el folio de infracción número 362832 al C. Julio Francisco Fleites Pech, conductor del vehículo antes descrito por: Salir mal en vía de acceso controlado con violación al Art. 95 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales vigente, reteniéndole en garantía de dicho folio el vehículo antes descrito con base en el artículo 76 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, quedando depositado en el local de encierro de Grúas Ávila Hnos., sito en el Km. (ilegible) Carretera Valladolid-Tizimín, en esta ciudad a disposición de la autoridad competente y del Departamento de Transporte Terrestre en Mérida, Yuc. Procede denunciar los hechos el C. Agente del Ministerio Público del fuero común, en Valladolid, Yuc., presentándose con el oficio de denuncia el C. Julio Francisco Fleites Pech conductor del vehículo y sus acompañantes el C. Juan Bautista Flores Villalobos, Jorge Alberto Cab Polanco y Joel Arjona Ibarra. Se anexa inventario del vehículo folio de infracción número 362832, recibo de personas presentadas, recibo de pertenencias.’; b) la inspección ocular del vehículo aludido, practicada por el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito en Valladolid, Yucatán, que dio como resultado lo siguiente: ‘Un automóvil de la marca Chrysler, tipo Spirit, de color blanco, modelo 1991, 4 puertas, automático, con aire acondicionado, cristales eléctricos, guía hidráulica y con placas de circulación YWJ-5303 del Estado de Yucatán, mismo vehículo que presenta daños en el guardalodos trasero del lado izquierdo, el cual se encuentra abollado y despintado. Acto seguido, esta autoridad, al realizar una revisión exhaustiva al mencionado vehículo se dio fe de que la portezuela izquierda delantera presenta en su interior una placa en la cual se aprecia el número de serie NT-206782, mismo número que es de fábrica, asimismo se hace constar que la placa que tiene en el tablero se constató que es el mismo número de serie arriba señalado, pero al revisar se dio fe de que la placa está hecha de aluminio de lata de cerveza Modelo Especial; así como también se encontró otra placa de aluminio a un lado del seguro del capirote con el mismo número de serie, la cual está hecha del material en que viene la pasta dental Colgate y debajo de esta placa hay otro pedazo de aluminio de lata de cerveza de la marca Modelo Especial; asimismo se hace constar que las placas mencionadas están bien recortadas y aparentan ser originales. Acto seguido, esta autoridad procede a checar el número confidencial ubicado en la llanta trasera del lado derecho, verificándose que tiene el número NT-206782, y en la parte en la cual se encuentra impreso está borroso y doblado y está sumido.’; c) La declaración del hoy quejoso en su carácter de indiciado, quien expuso en síntesis que el siete de enero de mil novecientos noventa y tres adquirió el automóvil referido a la negociación denominada Autos Andrés, S.A. de C.V., por la cantidad de cuarenta mil pesos moneda nacional y que el vendedor le hizo el trámite de la documentación correspondiente, quien le entregó la factura del automóvil expedida por la propia negociación, la cual exhibe, la tarjeta de circulación y una copia de la factura original; y que el doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, cuando transitaba a bordo del citado automotor, que era guiado por Julio Francisco Flores Pech, fue interceptado por un agente de la Policía Federal de Caminos, por una infracción de tránsito y que al revisar minuciosamente les manifestó que el automóvil fue reportado como robado en Naucalpan, Estado de México, en el mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, pero que él ignoraba la procedencia del mismo. Conviene adicionalmente relatar que del informe justificado rendido por la responsable se advierte la existencia de diversas copias relacionadas con la averiguación previa que se sigue ante el agente del Ministerio Público del fuero común del Estado de México, relativa al robo del automóvil Chrysler, modelo 1992, tipo Spirit, con número de serie NT-206782, cuya factura aparece a nombre de la empresa AT&T, Sociedad Anónima de Capital Variable, expedida el once de marzo de mil novecientos noventa y dos, también se aprecia copia del reporte del vehículo robado a la Secretaría de Transporte, Dirección General de la Policía Federal de Caminos y Puertos de Comunicaciones México, asentándose el número de serie previamente aludido, anexándose también copia de un órgano mensual informativo de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, relativa a un listado de vehículos reportados robados de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis (fojas de la noventa y cinco a la ciento cinco del juicio de garantías). Todo este cuadro probatorio revela que el agente de la Policía Federal de Caminos, en su carácter de órgano auxiliar de las autoridades investigadoras de los delitos, aseguró al hoy quejoso un vehículo cuyos datos coinciden con un automóvil reportado como robado y que al respecto se abrió una averiguación previa relacionada con tal evento. Además, se advierte que el vehículo de que se trata, en sí mismo contiene huellas que presumiblemente revelan alteraciones a sus registros de identificación, pues aparece que alguno de tales datos de identificación fueron manufacturados después de su original fabricación y comercialización legal, ya que de la revisión que se hizo del mismo, se evidencia, que la placa que tiene en el tablero relativo al número de serie fue hecha de aluminio de lata de cerveza Modelo Especial, así como también se encontró otra placa de aluminio a un lado del seguro del capirote (sic) con el número de serie, y que en este caso se hizo con un material en que se envasa la pasta dental Colgate, apreciándose también que el número confidencial ubicado en la llanta trasera del lado derecho está borroso y doblado, de modo que puede decirse que el automóvil contiene alteraciones en sus registros de identificación, que en sí mismo revela conductas dirigidas a alterarlos; y si en la factura expedida por Automotriz Andrés, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la cual el quejoso procedió a demostrar la propiedad del vehículo, se encuentra el número de serie del vehículo que aparece en los vestigios de alteraciones aludidos, es claro que con tal documentación no se está en aptitud de demostrar la propiedad respecto al bien de que se trata, como estimó el resolutor federal; máxime que adicionalmente existen datos suficientes para presumir que dicho automotor es aquel reportado robado a su legítimo propietario, por coincidir el número de serie del Registro Federal de Automóviles del carro asegurado, que no se logró borrar con aquel que fue presuntamente robado en el Estado de México y reportado a las autoridades investigadoras como tal. Ahora bien, es verdad que el quejoso detentaba materialmente el citado automotor y que no aparecen en su totalidad las constancias procesales de la averiguación previa que se originó por el presunto delito de robo del citado vehículo; empero, la disposición material del vehículo por parte del quejoso, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, no le otorga interés jurídico para promover el presente juicio de garantías como se pasará a explicar. La tenencia física de un objeto mueble cuando existen datos que revelan que puede tener como origen la existencia de un hecho ilícito, en este caso el de robo, no puede producir consecuencia jurídica a favor del detentador, porque en esas circunstancias la detentación de la cosa desde el instante en que se cometa el delito, permanece en un estado de ilicitud, en todos los posteriores tenedores de dicho bien, sin que tal situación pueda convalidarse con actos aparentemente lícitos, y si en el presente caso aparecen datos que revelen que el automóvil asegurado fue presuntamente robado en el Estado de México y que además en él se advierten alteraciones sustanciales a sus datos de identificación que evidencian inequívocamente la posibilidad real de la existencia de una conducta criminosa, es evidente que su detentador está inmerso en ese estado de ilicitud en que permanece la cosa, máxime que ello se prevé expresamente por la ley al ser ahora punibles diversas cuestiones relacionadas con el robo de automóviles, que se surten durante el lapso posterior al momento en que el automóvil es despojado a su tenedor por apoderamiento, en atención a la reforma del artículo 377 del Código Penal del Distrito Federal, de aplicación federal publicado el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual prevé lo siguiente: ‘Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días de multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:’ (transcribe), sin que se pierda de vista que el robo de vehículos se ubica entre los delitos a que se refiere la nueva Ley de Delincuencia Organizada. En consecuencia, si existen datos en la estructura del vehículo que revelen que éste ha sufrido alteraciones en sus especificaciones relacionadas con su propia identificación y registro; y además los órganos de la averiguación y persecución de los delitos o sus auxiliares advierten que el vehículo, por sus características es presuntamente el mismo reportado como robado en diversa averiguación previa, es evidente que el tenedor material del automóvil carece de interés jurídico para ocurrir al juicio de garantías, pues ante tales circunstancias, simplemente es un detentador de la cosa (la cual se encuentra en un estado de ilicitud desde que fue presuntamente robado a su propietario o poseedor legítimo); sin perjuicio de que tanto durante la secuela de la averiguación previa, como en su caso durante la sustentación del procedimiento ante el órgano jurisdiccional, el interesado esté en aptitud de demostrar que la tenencia material del automóvil no encuadra en ese estado de ilicitud, ni antijuridicidad, por alguna causa que razonablemente lo justifique. En conclusión, el simple hecho de que el particular quejoso detente un vehículo notoriamente alterado en sus signos de identificación y presente una factur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16959-371ea58f/contradiccion-de-tesis-no-se-configura-cuando-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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