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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA, DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1443/92. · Registro digital (IUS): 17041
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MEDIZER, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, , Pág. 294.

Por acuerdo de este Tribunal a continuación se transcriben las consideraciones fundamentales de la sentencia:

CUARTO. Los conceptos de agravio que fueron reproducidos son fundados y suficientes para revocar el fallo recurrido y ordenar la reposición del procedimiento instaurado en primera instancia. Tal como lo dispone el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83 encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en laguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y... "Lo anterior, porque los suscritos magistrados advierten que hubo una omisión por parte del juez de Distrito que influyó en la sentencia ahora recurrida, al no haber ordenado el emplazamiento de la precisada autoridad que emitió el acto reclamado y cuya inconstitucionalidad se combatió a través del juicio de amparo. Es cierto que el particular fue impreciso al designar a la autoridad emisora de la resolución que impugnó; sin embargo, y de acuerdo con las consideraciones que a continuación se apuntan, el a quo debió haber actuado de manera distinta a aquella en que condujo el juicio. El artículo 116 de la Ley de Amparo determina con precisión cuáles son los datos que debe contener todo escrito por el que se demande la protección de la justicia federal. Su redacción es la siguiente: "Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: I. El nombre y domicilio del tercero y de quien promueve en su nombre. II. Nombre y domicilio del tercero perjudicado. III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomienda su promulgación, cuando se trate de amparo contra leyes. IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta Ley; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados que haya sido invadida por la autoridad federal y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida". Tales requisitos que estableció el legislador obedecen a una razón lógica; pues no podríamos pensar en una demanda de amparo que no haya sido iniciada por un quejoso en particular, o en la que no existan autoridades responsables; o bien, alguna en la que no se reclamen actos. El señalamiento del tercero perjudicado permite al órgano de control contar con los elementos para que éste sea llamado a juicio y pueda defender sus derechos durante el mismo. Los conceptos de violación son medulares en la demanda, pues es, a través de ellos, cómo el particular demostrará que el acto que impugna es contradictorio a derecho y lesiona su esfera jurídica. Así pues, todos los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo son elementales para la iniciación y desarrollo del juicio. En la práctica lo ordinario es que el quejoso al formular su demanda de garantías, observe el orden que el precepto establece al indicar los elementos que conforman su escrito, y en capítulos separados, cumpla con cada una de las fracciones que contiene el artículo que nos ocupa. Sin embargo, no siempre acontece, así, pues siendo el juicio de garantías el máximo medio de defensa a que tienen acceso todos los gobernados, es claro que a él acudan un sinnúmero de personas de todas condiciones y no todas ellas con la preparación suficiente o con la asesoría requerida para producirse durante el procedimiento; esto y el desconocimiento de la técnica de amparo, generan que en ocasiones el particular sea obscuro o irregular al formular su escrito, bien porque omita datos o los indique sin ningún orden ni lógica, entremezclando uno con otros. La ley que rige el juicio previendo las omisiones en que pudiera incurrir el quejoso, y a fin de que esto no constituya un motivo que le impida el acceso a la justicia, dispone en su artículo 146 que: "Artículo 146. Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo". Es decir, si al analizar la demanda, el juez encontrara alguna irregularidad u omisión, se le hará saber al particular, para que una vez subsanada, su escrito quede perfectamente integrado y pueda ser admitido a trámite. Aun con este beneficio que contempla la ley, ocurrió que en muchas ocasiones que los quejosos, al formular su demanda en un capítulo distinto del que debió corresponder, por ejemplo, en el de hechos, o en el de los conceptos de violación, hicieron mención de un acto que no se señaló como reclamado o de una autoridad diversa de las indicadas como responsables, los jueces de Distrito, generalmente no tomaban en cuenta tales actos o autoridades (porque no se expresaron en el capítulo correspondiente) y esto ocasionaba un gran perjuicio al particular, al no haberse interpretado la demanda de garantías con la intención que él le dio, pero que de manera obscura manifestó. Nuestro máximo tribunal, en casos como éstos, resolvió que la demanda de amparo es un todo y debe ser analizada en su integridad, no por capítulos separados, dijo, además, que el juez de amparo debe atender a lo que el particular quiso decir y no a lo que confuso y obscuramente dijo; por ello, si en un capítulo diverso apareciere que el quejoso nombra a otra autoridad o alude a un acto diverso del ya reclamado, tal autoridad debe ser llamada a juicio y tal acto examinado. Lo mismo ocurre si formula conceptos de violación en un capítulo distinto, o si se refiere a los hechos de manera dispersa, tales manifestaciones deberán ser tomadas en cuenta. Así se ha dicho en reiteradas ocasiones, tanto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las tesis que a continuación se anotan: siendo dentro de ellas las más ilustrativas y destacadas las que sustentó el señor ministro Gabino Fraga; su texto dice así: "DEMANDA DE AMPARO, INTERPRETACION DE LA. En los amparos administrativos, el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio del que no corresponde al juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar la demanda, en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos de la misma demanda, Este criterio no pugna con el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo que dice: "la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda. La comprensión correcta de una demanda en cuanto a su forma, no implica ni alteración de los hechos, ni una modificación de los conceptos de violación; el juzgador pues, debe atender referentemente a lo que quiso decir y no al o que aparentemente se dijo. Ya que solamente en esta forma, se puede compaginar una recta administración de justicia al no aceptar la redacción obscura, deficiente o equívoca como la expresión exacta del pensamiento del autor de la demanda, sobre todo si su verdadero sentido se desprende fácilmente, relacionando los elementos de la misma demanda. Así pues, si en su demanda algún quejoso, no pretendió reclamar determinados actos que aparecen en la misma demanda y el juez federal se da cuenta por la interpretación que haga de la misma, de que en realidad los actos que se pretenden combatir son otros, el juzgador obra correctamente al hacer dicha interpretación". Compilación de precedentes del Pleno 195. Página 163. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Es criterio reiteradamente sustentado por este alto tribunal, el consistente en que el escrito de demanda puede y debe ser interpretado en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo". "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER TOMADA EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD. Es necesario tomar en cuenta el contenido de toda la demanda de amparo en su integridad, y no únicamente los conceptos de violación, sin que pueda considerarse por ello que se está supliendo la deficiencia de la queja". Ambas publicadas en la primera parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1980, página 649. "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACION. SU ORDENACION. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deber buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito forma y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Séptima Epoca. Tomo VIII, Pág. 1760. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE EN SU TOTALIDAD. Si se expresa en el cuerpo de la demanda de garantías que el acto que se reclama emanó de otra autoridad, tal circunstancia es suficiente para que le devenga el carácter de autoridad responsable y sea llamada a juicio, toda vez que la demanda de amparo. Por ser un todo, debe examinarse en su integridad para determinar qué autoridades tiene el carácter de responsables y lo que realmente constituyen los actos reclamados, no debiéndose, en consecuencia ceñirse exclusivamente a los capítulos "autoridades responsables" y "actos reclamados", ya que no solamente deben reputarse o tenerse como tales los que se comprenden en las secciones respectivas del libelo de amparo que lleven tal rubro, sino también las que se determinen en el cuerpo de la demanda, sin que influya el que lo sea en el capítulo de antecedentes, conceptos de violación o cualquier otro del escrito del caso". Séptima Epoca, Tomo VIII, Pág. 1780. "DEMANDA DE AMPARO TECNICAMENTE DEFECTUOSA: ADMISION DE LA. El juez de Distrito no debe tener por no interpuesta la demanda de amparo, por no ajustarse ésta a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo a pesar del requerimiento hecho al efecto, si del escrito inicial y de su aclaración (que son complementarios) el juzgador tiene elementos para encontrar todos los datos exigidos por dicho precepto, aunque no se encuentren expresados en capítulos separados, y siguiendo el orden tradicional. Basta que de la demanda se puedan desprender esos elementos aunque estén sucintamente expuestos, o expuestos de manera técnicamente defectuosa, para que el juez de amparo examine a la luz de las pretensiones deducidas, sea cual fuere su solidez y su profundidad, si se han violado las garantías individuales del quejoso, que son un valor tan alto que merecen ser tuteladas en esa forma. Y todo esto, sin que pueda decirse que se suple la deficiencia de la queja, a menos que el juzgador construya violaciones que no estén apuntadas en la demanda ni en la aclaración. Pues no puede decirse que el juez de amparo sea una mera máquina mecánica sin conocimientos jurídicos propios, que tenga que limitarse a decir "si" o "no" a los argumentos literales expuestos". Séptima Epoca, Tomo VII, Pág. 1841. Estos criterios apuntados son válidos y se ajustan plenamente, ya que el juzgador de amparo es perito en derecho, con la capacidad y conocimiento suficientes para advertir el verdadero sentido que el particular quejoso ha querido dar a su escrito de demanda. Corresponde al juez la obligación de analizar cuidadosamente y detenidamente el escrito de garantías para hacer él quien esclarezca la redacción obscura que pudiera contener y libere el juicio constitucional de rigorismos técnicos que obstaculicen su acceso al gobernado. Es este sentido que los tribunales federales han dado a la justa y correcta actuación del juzgador ante las irregularidades y omisiones en que pudiera incurrir el particular al formular su escrito de demanda de garantías. Los suscritos magistrados que integran este tribunal que ahora resuelve comparten, desde luego, tal criterio; pero consideran, además, que debe superarse en beneficio del particular y que la obligación que originalmente corresponde al juez de Distrito de revisar detenidamente la demanda de amparo, no debe limitarse sólo a este escrito, sino a las pruebas y documentos que a él se acompañen; y que si de ello se obtiene un dato que el quejoso omitió o que de manera imprecisa proporcionó, ello es suficiente para que el instructor del juicio corrija la irregularidad, o en su defecto ordene la aclaración de la demanda. Expliquemos: Aun cuando no existe un término en la Ley de Amparo dentro del cual el particular deba presentar las pruebas de carácter documental que sea su intención aportar a juicio (hasta la audiencia) es común que junto con su escrito inicial de demanda las acompañe. Así, el juez recibe no sólo la demanda de garantías, sino diversos documentos que como pruebas son aportados. Los documentos anexos generalmente contienen varios de los datos que la demanda requiere y cuando el quejoso los proporciona de manera obscura e imprecisa, las pruebas pueden ser el elemento que permita al instructor del juicio esclarecer el documento. Pensemos por ejemplo, en una demanda cuyo acto reclamado sea una resolución de determinada autoridad, si el escrito se acompañó dicha resolución (lo que es muy frecuente) este documento contiene, generalmente, la fecha de su emisión, la notificación, la denominación precisa de la autoridad responsable y, en muchas ocasiones, su texto nos permite determinar la existencia de un tercero perjudicado, para el caso en que lo haya. Luego, si el particular nombra de manera imprecisa alguno de estos datos pero del acto reclamado se obtienen y éste fue anexado a la demanda, nada impide al juzgador completar o esclarecer el escrito con el informe que proporciona la prueba anexa. Esto en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, es únicamente el desarrollo del ejercicio de las facultades del juez de amparo en fiel cumplimiento al espíritu de justicia que informó la creación de este juicio; pues el juzgador no está complementando el escrito de garantías con elementos que el particular no quiso se incluyeran o fueran tomados en cuenta, lo que verdaderamente está haciendo es interpretar la voluntad del quejoso, y si de su escrito advierte que este quiso referirse a una determinada autoridad responsable o a un preciso acto reclamado, pero por un error u omisión lo nombró de manera imprecisa o incorrecta, tiene el deber de hacer la corrección pertinente o bien de requerir al particular para que sea él quien manifieste su verdadera voluntad. La conducta que el juez asuma en un caso como éste tampoco significa dejar en estado de indefensión a las demás partes que deban intervenir en la contienda, pues el juicio está por iniciarse aún, y por ello, las partes se encuentran en plena posibilidad de hacer el despliegue de sus defensas. Tampoco que sustituya al quejoso en la acción que intenta, ya que el instructor no está integrándola ni conformándola con elementos que no fue la voluntad del particular que aparecieran, lo único que el juez está haciendo, se insiste, es interpretar el verdadero sentido que el particular quiso dar a su escrito y corregir la imprecisión en que pudiera haber incurrido. No es que el juzgador conforme al escrito de garantías o elabore la demanda, pues esto no le corresponde, se trata únicamente que subsane el error advertido en beneficio de la justicia. La finalidad de un juicio es que a través de él se defina el derecho y es lamentable que por un error u omisión de quien acuda a la justicia, esto no se logre; máxime cuando estuvo en sus manos del juzgador corregir ese error o subsanar esa omisión, con elementos aportados por el mismo particular, quien probablemente esté en lo cierto en su pretensión de solicitar justicia. En el caso que dio origen al recurso en estudio lo antes anotado encuentra verdadera justificación, por dos razones fundamentales: Primera: Porque el quejoso fue impreciso al señalar en su demanda a la autoridad responsable, pues sólo dijo Secretaría General de la Contraloría de la Federación, cuando debió haber nombrado a la dependencia precisa, de esa Secretaría, que emitió el acto reclamado (lo que era suficiente para el juez ordenara la aclaración del escrito). Segunda: Porque del texto de su demanda se advierte con toda claridad su intención de combatir una determinada y específica resolución que, además, fue anexada al escrito. Estas dos situaciones son por sí solas suficientes para que el juzgador, al advertir la imprecisión en que incurrió el particular, la subsanara con el dato que tiene y que se advierte del acto reclamado anexo y firmado por la precisa autoridad que la emitió. El juez, como director del proceso, debe procurar el mayor beneficio a las partes (dentro del marco legal) y, sobre todo, permitirles el acceso al juicio que inician; es evidente al cotejar la demanda con el acto reclamado, que el quejoso incurrió en una imprecisión al designar a la autoridad responsable; imprecisión que el juzgador advierte desde que los documentos se le presentan y que está en sus manos (y dentro de su función) corregir, pues evidente es también la voluntad del quejoso de impugnar un determinado acto (tal se advierte de los hechos, de sus conceptos de violación y del capítulo de actos reclamados) que por un error de su parte atribuyó a una autoridad diversa (ya que ante su imprecisión se llamó a juicio al titular de la Secretaría). Este tribunal considera que no es correcto que en el caso particular se haya sobreseído el juicio porque la autoridad emisora del acto no fue llamada a él, pues se hace énfasis en que el particular fue impreciso y no omiso al designar a la autoridad y en que el juez tuvo junto con la demanda, la prueba documental que le permitió haber interpretado correctamente la intencióin del particular y corregido su error. Consideramos que lo justo es que se reponga el procedimiento para que se emplace a juicio a la autoridad responsable del acto reclamado y, de no existir impedimento legal alguno, se analice la constitucionalidad del mismo. Los razonamientos anteriores encuentran apoyo, además, en la consideración de los jueces de Distrito, en muchas ocasiones determinan desechar una demanda de amparo con apoyo en las pruebas anexas a ella (es decir, en esos casos sí analizan junto con el escrito los documentos que lo acompañan). Qué razones impide actuar de la misma manera al integrar debidamente una demanda que es procedente y que por error o ignorancia el particular no integró debidamente. Por otra parte, lo aquí expuesto no es nuevo en la actuación de los tribunales del fuero federal, pues en brillante ejecutoria que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación Quinta Epoca, Tomo XLVI, página 1564 (García Ruiz Juan. Amparo número 4762/34). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ponencia del señor ministro don José María Truchuelo resolvió ya que debía estudiarse la constitucional de un acto de autoridad no designado en la demanda, pero que aparece de la constancias del expediente, debido a la importancia que reviste para este estudio tal resolución, en seguida se transcribe la consideración fundamental, su texto dice: Considerando segundo. -Como se acaba de expresar en el considerando anterior, se señalan como actos reclamados; el cobro de seiscientos sesenta pesos por impuesto omitido y el embargo que se practicó en bienes del quejoso para hacer efectivo ese cobro, el cual, como se ha dicho, fue materia de un recurso de revisión interpuesto entre el jurado de infracciones fiscales, el que lo declaró procedente. El quejoso sólo designa como autoridades responsables a los jefes de la Ofician Federal de Hacienda en Orizaba y de la oficina subalterna Federal de Hacienda en Córdoba, que tratan de cumplimentar la resolución del jurado, pero como según lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de amparo puede entrablarse contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o trate de ejecutar el acto que se reclama, contra la autoridad de que haya emanado, o contra ambas, la circunstancia de que el quejoso no haya designado entre las autoridades responsables al jurado de infracciones fiscales, no es motivo para no entrar a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de esa autoridad que motivan la demanda, con tanto menos razón, cuanto que la resolución que le sirve de fundamento aparece entre las constancias del expediente...". Como podrá advertirse, nuestro más alto tribunal fue más allá de lo que esta ejecutoria propone, pues incluso estudió la constitucionalidad de un acto de autoridad no llamada a juicio. Por último, debemos puntualizar que no pasó inadvertido para este estudio que a fojas 640 de la primera parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación aparece publicada la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO NO SE SEÑALA A TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE DEBER DE ORDENAR QUE SE CORRIJA. La obligación para los jueces de Distrito, derivada del artículo 146 de la Ley de Amparo, está limitada a comprobar si formalmente se satisfacen las condiciones reglamentadas en el artículo 116 de la misma ley y no a intervenir para que la demanda de garantías quede perfectamente elaborada. Tampoco debe ordenar a título de aclaración de demanda que se mencione a alguna o algunas otras autoridades indicadas en el escrito inicial. El ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares el juez no puede coadyuvar en una facultad que no le corresponde substituyendo al particular en el ejercicio de la acción. Aun cuando lo expuesto en esta sentencia pareciera contradecir el texto del precedente (que no constituye jurisprudencia), lo cierto es que ello no es así, pues de la lectura de la ejecutoria que motivó la tesis antes transcrita se puede advertir con toda claridad que los supuestos de una y de otra son totalmente distintos y, por ello, la aparente constradicción no existe. Efectivamente, en el amparo en revisión número 9526/65 aconteció lo siguiente: En la demanda de garantías se formuló un argumento (que difícilmente podría catalogarse como concepto de violación) encaminado a combatir de inconstitucional un precepto de la Ley de Trabajo. En el mismo escrito únicamente se señaló como acto reclamado la resolución de una Junta de Conciliación y Arbitraje, esto es, no se impugnó la Ley Federal de Trabajo ni que quejoso anotó como autoridades responsables a las encargadas de su expedición. Al resolver el asunto, el juez de Distrito consideró que tal argumento de inconstitucionalidad no debía tomarse en cuenta, debido a que la ley combatida no fue señalada como acto reclamado. En el recurso interpuesto ante la Suprema Corte, el quejoso, Silvino Noriega Reyes, alegó que el juez a quo debió haberlo requerido para que aclarara su demanda. Los ministros que resolvieron consideraron que su argumento no era procedente, porque la ley que tilda de inconstitucional en la revisión no fue señalado como acto reclamado, luego, el juez no tenía porque llamar a juicio a las autoridades que la expedieron. Como podrá apreciarse, en este caso no existía la intención manifiesta del particular de combatir la ley como acto reclamado, pues la lectura de la demanda no puede desprenderse que haya sido un error o una omisión de su parte la que haya ocasionado que no la señalara como acto reclamado por ello, si no señaló ni en el acto ni a la autoridad, y su escrito no evidencia que haya existido error de su parte, es claro es que en este caso el juez de Distrito no tenía porque requerirlos para que aclarara, puesto que no hay duda ni falta de datos en su demanda. Esto es, el hecho de que dentro del sus conceptos de violación haya aparecido un breve argumento sobre la inconstitucionalidad del artículo que se le aplico no pone de manifiesto, el algún modo, que por un error del quejoso no haya señalado como acto reclamado a la ley referida, más bien, evidencia que éste fue uno de los tantos argumentos encaminados a combatir el preciso acto de aplicación que constituye, en realidad, el objeto de su demanda. Así, los supuestos de esta ejecutoria son totalmente distintos a los del caso en estudio, pues aquí sí hubo imprecisión por parte del particular, que en todo momento hizo manifiesta su intención de combatir un preciso acto de autoridad; lo que nos permite concluir que lo propuesto en esta resolución no va en contra del precedente elaborado por la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Por todo lo anterior, lo que se impone es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, en los términos que ya fueron indicados.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, 85 y 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

Primero.- Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

Segundo.-se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo número 384/91, del índice del Juzgado Quinto de distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, promovido por Medizer, S.A. de C.V., para los efectos precisados en el considerando cuarto de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores magistrados: Presidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor, Genaro David Góngora Pimentel y del secretario de este tribunal licenciado Luis Lince Díaz magistrado por ministerio de ley en ausencia del señor magistrado Fernando Lanz Cárdenas, conforme lo dispone el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17041-61d05f33/demanda-de-amparo-el-estudio-integral-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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