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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA SU DESAHOGO, DEBE REALIZARSE CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL DÍA EN QUE TENDRÁ LUGAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17275
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 510.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: AÍDA GARCÍA FRANCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias los órganos colegiados involucrados en la posible contradicción de tesis denunciada.

Las consideraciones que en la materia de la contradicción fueron expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el trece de marzo de dos mil dos, el juicio de amparo directo 1006/2001, en lo conducente, son del siguiente tenor:

"OCTAVO. Son fundados los argumentos planteados en el segundo concepto de violación, supliéndolos en su deficiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Como antecedentes se tiene que el laudo impugnado se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de 15 de agosto de 2001, dictada por este Tribunal Colegiado al resolver el DT. 399/2001, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el siguiente efecto: ‘... que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, apercibiendo al perito técnico tercero en discordia para que en el desahogo de la prueba pericial técnica por adición, atienda el cuestionario propuesto por el quejoso, respecto al cotejo del recibo de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, con los exhibidos por la empresa y para que conteste la pregunta número dos formulada por el actor al ofrecer la prueba; hecho lo cual, emita el laudo correspondiente con plenitud de jurisdicción.’. Es fundado el segundo concepto de violación en el que el quejoso discute el indebido desahogo de la prueba pericial técnica del tercero en discordia, por haberse llevado a cabo sin la presencia de la parte actora. Es fundado, porque actualiza una infracción a las leyes del procedimiento, de acuerdo con las hipótesis legales establecidas en el artículo 159, fracciones III y VI, de la Ley de Amparo, que dispone, conforme a la fracción III, que se infringen dichas normas: a) cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido; y, b) cuando no se reciban conforme a la ley, y en la fracción VI, que se infringen dichas normas cuando no se le concedan al quejoso los términos a que tuviera derecho con arreglo a la ley, supuestos, estos últimos, que ocurrieron en el juicio laboral, pues de las constancias que integran los autos se desprende que, entre otras pruebas, el actor ofreció la prueba pericial técnica por adición. Este Tribunal Colegiado en anterior ejecutoria concedió el amparo para que se desahogara la prueba pericial técnica por adición del técnico tercero en discordia, y para que en ella se apercibiera al perito de contestar el cuestionario propuesto por el actor, respecto al cotejo del recibo de 16 de abril de 1999, con los exhibidos por la empresa, contestando la pregunta número dos formulada por el actor. En cumplimiento a lo anterior, la Junta, por auto del 28 de septiembre de 2001, señaló las 11:00 horas del 5 de octubre de 2001 para el desahogo de la citada probanza y al efecto acordó: ‘... se señalan las once horas del día 5 de octubre del año en curso, a fin de que tenga verificativo la prueba pericial técnica por adición tercero en discordia, apercibiéndosele al perito técnico tercero en discordia, de que atienda el cuestionario propuesto por la parte actora respecto al cotejo del recibo de fecha 16 de abril de 1999, con los exhibidos por la empresa, así como para que conteste la pregunta número dos formulada por el actor al ofrecer dicha probanza; ordenándose citar al perito tercero en discordia. Notifíquese personalmente.’. Obra en autos la diligencia actuarial de 3 de octubre de 2001, mediante la cual se asienta la notificación realizada al actor, del citado auto de 28 de septiembre de 2001, que dice: ‘En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las catorce horas del día tres de octubre del año dos mil uno, el suscrito actuario me constituí en los pasillos de este tribunal del trabajo, a fin de dar cumplimiento al acuerdo de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, acordado y firmado por los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos que integran el expediente laboral número 6658/i/4/2000, promovido por Raúl Gómez Rodríguez en contra de Imagen Superior, S.A. de C.V. y otros; una vez constituido en el domicilio arriba mencionado encontré presente al Lic. Miguel Ángel Márquez, apoderado jurídico de la parte actora, a quien le corrí traslado del acuerdo de mérito, estampando su firma al margen del mismo para legal constancia, levantando el acta correspondiente a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.’. De lo anterior se advierte que si bien a la parte actora se le notificó del auto que contiene la cita para el desahogo de la prueba pericial, no se realizó con la anticipación de tres días, conforme lo dispone el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala ese término para la práctica de algún acto procesal, al establecer: ‘Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles.’. Término que debe empezar a contar a partir de que esa notificación surta efectos, supuesto que así lo impone el artículo 733 de la citada legislación laboral que dispone: ‘Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.’. En el caso, como ya se precisó, el auto de 28 de septiembre de 2001, que señala las 11:00 horas del 5 de octubre de 2001, para el desahogo de la prueba pericial técnica por adición (sic) tercero en discordia, fue notificado a la parte actora el 3 de octubre de 2001, por lo que a la fecha del desahogo de la diligencia, 5 de octubre de 2001, transcurrieron únicamente 2 días, por lo cual es evidente que no se otorgó al actor el término que le concede la ley laboral para intervenir en el desahogo de esa prueba, razón por la cual se infringió el precepto 735 de la Ley Federal del Trabajo, lo que trajo como consecuencia la incomparecencia de la parte actora al desahogo de la citada prueba pericial (sic) tercero en discordia, privándolo del derecho de exponer lo que a su derecho convenga en relación con el desahogo de la misma. Violación procesal que trascendió al resultado del laudo, pues la Junta, al emitir el laudo respectivo, le otorgó valor probatorio a la citada pericial (sic) tercero en discordia, sin advertir que no se desahogó ajustándose a las leyes que rigen el procedimiento, lo que produjo un impedimento legal al actor de permitirle formular objeciones, como así lo discute, supuesto que al no estar presente, se le impidió hacer valer sus derechos respecto al desahogo de la misma. Al ser fundado lo alegado en relación con la violación procesal destacada, este Tribunal Colegiado de Circuito se halla impedido para examinar los alegatos referidos a la indebida valoración de los recibos de pago de salario, al aducir que el sello de goma y la leyenda estampada en ellos no permite acreditar la jornada; ni tampoco los demás argumentos de fondo planteados, o aquellos que también se hubiesen cometido en el laudo, advertidos en suplencia de la queja, pues tal análisis podrá hacerse en el examen del nuevo laudo, de reiterar la Junta esos aspectos. Siendo aplicable al caso la tesis VI.2o. J/170, visible en la página 99 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, enero de 1992, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.’ (se transcribe). Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que se deje insubsistente el laudo impugnado y se reponga el procedimiento, para que se desahogue la prueba pericial técnica por adición (sic) tercero en discordia con la citación previa del actor con tres días de anticipación a su desahogo."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 51/2001, 70/2001, 71/2001, 242/2001 y 244/2001, sustentó su criterio en los siguientes términos.

Las consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia dictada el siete de marzo del año dos mil uno, en el juicio de amparo directo 51/2001, en lo conducente, son las siguientes:

"SEXTO. Los conceptos de violación que se hacen valer son infundados. De los antecedentes del acto reclamado se advierte que José Guadalupe Moreno Gálvez, mediante escrito de diez de enero de mil novecientos noventa y siete, promovió demanda ante la Junta responsable contra el Instituto Mexicano del Seguro Social reclamando, entre otros conceptos, el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez por enfermedad no profesional y el otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad parcial permanente con motivo de enfermedades de carácter profesional. Que admitida la demanda y registrada bajo el número 46/97, se citó a las partes a la audiencia de derecho, la cual tuvo verificativo el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que el instituto demandado ratificó su escrito de contestación donde negó la procedencia de lo reclamado por el actor, y dentro de la etapa correspondiente, José Guadalupe Moreno Gálvez ofreció, además de la prueba de inspección que ahí refería, las pruebas que por escrito había mencionado, consistentes en confesional expresa y espontánea, presunciones legales y humanas, instrumental pública de actuaciones y pericial médica; en tanto que el demandado ofreció las pruebas que también por escrito había señalado (fojas 6 y 24). Resulta pertinente precisar que el actor del procedimiento laboral, al ofrecer prueba pericial médica solicitó a la Junta responsable se sirviera designar un perito médico como de su intención, por lo que la Junta accedió a tal petición y ordenó girar oficio al director del Hospital Metropolitano para que proporcionara un perito para tal evento (fojas 7 y 27), institución médica que al dar contestación al cuarto oficio que se le envió, designó al doctor Marco A. Treviño Tamez, quien el ocho de septiembre del pasado año compareció ante la responsable a aceptar y protestar su cargo, por lo que la Junta en el mismo acto dictó un proveído requiriendo a la parte actora para que se presentara en ese recinto oficial a las nueve horas del dieciocho de dicho mes y año ante el actuario de la Junta, a fin de que, en su compañía, se trasladara al Hospital Metropolitano, ante el perito médico designado, con el apercibimiento que de no cumplir se le declararía desierta dicha pericial (fojas 53 y 54). Dicho requerimiento le fue notificado al actor el trece del mes y año en cita, por conducto de su apoderada (foja 55), pero el día dieciocho siguiente, la actuaria adscrita a la Junta hizo constar su inasistencia (foja 56), de tal modo que la Junta hizo efectivo el apercibimiento y declaró desierta la prueba pericial del actor (foja 57). Ahora bien, se dice que los conceptos de violación son infundados por lo siguiente: El artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente establece: (se transcribe). De la disposición legal transcrita se advierte que la Junta no sólo está facultada, sino que tiene la obligación de velar por el desahogo de las pruebas admitidas, dictando las medidas necesarias para ello, las que deben ser acatadas por toda persona a quien se dirijan, de ahí que en el caso particular la Junta obró con apego a derecho al apercibir al actor, en el auto de ocho de septiembre de dos mil, de que de no presentarse el dieciocho del propio mes y año ante esa autoridad para que en compañía del actuario se trasladara al Hospital Metropolitano ante el perito designado, se declararía desierta su prueba pericial pues, como antes se dijo, del numeral en comento deriva no sólo la facultad sino el deber de la Junta de velar por el correcto desahogo de las pruebas y, por ende, la facultad de dictar las medidas necesarias, como en el caso fue el apercibimiento cuestionado, para lograr el desahogo de los medios de convicción admitidos. En otro aspecto, es inexacto que el perito que le fue asignado al ahora quejoso, no haya aceptado y protestado su cargo, pues de lo ya reseñado se constata lo anterior, en tanto que el doctor Marco A. Treviño Tamez aceptó y protestó el cargo de perito del actor antes de que a éste se le requiriera y apercibiera para que se presentara ante él. Por último, debe decirse que, a propósito de lo que también se alega en los conceptos de violación, en la especie no se vulneró el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo que dispone: ‘Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, este será el de tres días hábiles.’. En efecto, no se transgredió el anterior precepto legal, porque si bien en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición alguna que señale el término dentro del cual el trabajador deba comparecer ante su perito después de que éste acepte y proteste su cargo, en la especie se observa que la Junta otorgó al actor un término ajustado a derecho, en tanto que el ocho de septiembre del año dos mil, la autoridad del trabajo señaló el dieciocho del propio mes y año para que el citado actor compareciera ante esa autoridad y se trasladara en compañía del actuario con el perito designado. Ahora bien, aun cuando entre la fecha en que se le notificó a José Guadalupe Moreno Gálvez, por conducto de su apoderada, aquel proveído, y la señalada para tal diligencia, no mediaron tres días hábiles, ello no se traduce en violación al artículo en comento, el cual se refiere, como puede observarse, sólo al término mínimo que se debe fijar para algún acto procesal o el ejercicio de un derecho. A lo anterior se agrega la circunstancia de que a dicho actor se le notificó el auto de ocho de septiembre el trece siguiente, para que compareciera el dieciocho del mismo mes y año; cabe estimar que ello se encuentra apegado a derecho al haberse practicado la notificación mucho antes de las veinticuatro horas requeridas por la ley, atento lo que dispone el diverso artículo 748 de la invocada Ley Federal del Trabajo, que prevé: (se transcribe). Similar criterio fue sustentado por este tribunal al resolver, en esta misma fecha, el amparo directo número 71/2001. En resumen, como el actor desacató lo ordenado por la Junta, al no acudir en la hora y fecha programadas, lo que se acredita fehacientemente con la constancia actuarial que obra en los autos de origen (foja 56), bajo ese supuesto, la deserción de la prueba pericial no se traduce en una violación al procedimiento y, por ende, el laudo impugnado no viola las garantías individuales del impetrante. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 171, que dice: ‘PERICIAL MÉDICA. PROCEDE LA DESERCIÓN POR FALTA DE COMPARECENCIA DEL TRABAJADOR ANTE EL PERITO MÉDICO, SI DICHA CIRCUNSTANCIA CONSTA FEHACIENTEMENTE.’ (se transcribe). En estas condiciones, dado lo infundado de los conceptos de violación vertidos, lo conducente es negar al quejoso el amparo que solicita."

En la sentencia dictada en la misma fecha (siete de marzo de dos mil uno), en el juicio de amparo directo 71/2001, en lo conducente, se resolvió:

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación. El quejoso sostiene que la Junta responsable violó sus garantías individuales al apercibirlo de que en caso de no comparecer ante el perito oficial, se declararía desierta la prueba pericial ofrecida por el propio actor, constriñéndolo a presentarse ante un facultativo que no protestó su cargo, considerando que se patentiza la violación procesal prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo. De autos se advierte que el peticionario de garantías demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de la pensión de invalidez definitiva, asignaciones y ayudas asistenciales, a partir del catorce de enero de mil novecientos noventa y siete, atención médica, pago de aguinaldo, otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente, a consecuencia de la enfermedad profesional denominada neumoconiosis, para lo cual ofreció la prueba pericial médica; y según audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, la Junta del conocimiento ordenó girar oficio al director del Hospital Metropolitano para que proporcionara perito médico oficial, siendo nombrado el médico Marco A. Treviño Tamez. Ahora, según auto de ocho de septiembre de dos mil, el perito médico oficial Marco A. Treviño Tamez manifestó: ‘... comparezco a fin de aceptar el cargo conferido como perito médico de la intención del actor Rogelio Hernández Chavarría, protestando mi fiel y leal desempeño, solicitando que comparezca el actor ante el suscrito, a efecto de valorarlo y le sean practicados los estudios médicos necesarios para encontrarme en condiciones de emitir el dictamen solicitado.’ (foja 52); proveyendo la Junta, a continuación, que tenía a dicho perito por aceptando el cargo conferido y protestando su fiel y leal desempeño, requiriéndose al actor para que se presentara ante la propia Junta a las nueve horas del día dieciocho siguiente, para que en compañía del actuario se trasladara al hospital mencionado y fuese presentado ante el indicado perito, apercibiéndosele que, de no hacerlo, se declararía la deserción de la prueba de referencia. Contrario a lo que alega el quejoso, resulta evidente que el perito oficial aceptó y protestó el cargo conferido, cumpliéndose con lo establecido por el artículo 825, fracción II, de la ley laboral, por lo que si la Junta responsable ordenó al actor que compareciera ante el médico Marco A. Treviño Tamez en el Hospital Metropolitano para el desahogo de la probanza, con el apercibimiento de deserción en caso de incomparecencia, actuó en forma legal, ya que el perito había aceptado y rendido su protesta y, por ende, el actor tenía la obligación de acudir ante el profesionista para que se llevara a cabo, pues le correspondía la carga de allegar los elementos necesarios para su desahogo, en términos del artículo 780 del ordenamiento citado, pero como no lo hizo, no obstante habérsele notificado por medio de su abogado, según consta de las actuaciones consistentes en la propia notificación y razón actuarial (fojas 53 y 54), es inconcuso que la Junta procedió con arreglo a derecho al determinar la deserción de la prueba de cuenta, en auto de dieciocho de septiembre del año pasado. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 39/2000 de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 171, que señala: ‘PERICIAL MÉDICA. PROCEDE LA DESERCIÓN POR FALTA DE COMPARECENCIA DEL TRABAJADOR ANTE EL PERITO MÉDICO, SI DICHA CIRCUNSTANCIA CONSTA FEHACIENTEMENTE.’ (se transcribe). También resulta infundado lo que argumenta el quejoso, respecto a que se incumplió con el artículo 735 de la ley de la materia, pues se notificó del auto de mérito el trece de septiembre de dos mil, siendo que la Junta señaló las nueve horas del dieciocho del mismo mes y año para que el actor compareciera ante el perito, sin que se le respetaran los tres días a que alude el precepto citado, pues debió notificársele anticipadamente con esetérmino. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 735 estatuye: ‘Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, este será el de tres días hábiles.’. De donde se estima que se refiere a la oportunidad de las partes para efectuar determinados actos en el procedimiento o para el ejercicio de un derecho en el mismo, en los que la ley no señale término; así, por ejemplo, para promover un incidente de nulidad no da un plazo, o bien, para recusar peritos, entonces debe entenderse que el término será de tres días. Situación que no se aplica en el caso, pues de ninguna manera ha de interpretarse como lo pretende el quejoso, es decir, que con anticipación de tres días hábiles debió notificársele, ya que la Junta señaló el dieciocho del mismo mes y año para que el actor compareciera cuando la notificación fue el día trece anterior; habida cuenta que la propia ley laboral, según el artículo 748, autoriza a que las notificaciones se realicen con una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia. Asimismo, en relación con lo que aduce que se le notificó a su apoderado jurídico y éste a su vez se ve en la necesidad de redactar un telegrama para comunicarse con el quejoso, aspecto que la Junta no consideró, sin embargo, de autos se aprecia que el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones fue en la calle Juárez ciento cinco, letra A poniente, en la colonia Lomas de Tampiquito de San Pedro Garza García, Nuevo León, esto es, dentro del área metropolitana de esta ciudad, y no en otra circunscripción, máxime que al margen de que en autos no consta que el quejoso tenga su domicilio fuera de tal zona sino, por el contrario, que es dentro de la misma por así expresarlo en su demanda laboral, al señalar que es ‘... mexicano, mayor de edad, desempleado, asegurado con número de filiación 364-41-1666, adscrito a la Clínica No. 5, con domicilio en Juárez No. 105 A Pte. San Pedro, Col. Lomas de Tampiquito ...’ y lejos de desvirtuarse, lo corrobora la documental consistente en el aviso de inscripción del trabajador, en donde aparece ese domicilio, variando sólo el número de ubicación de la casa, o que su abogado tardara varios días en comunicarle tal cita, cuando ello no es imputable a la Junta y no se trata, de consiguiente, de un acto de autoridad, sino de particular; lo cierto es que si el peticionario de garantías estimaba que con la cita de presentación ante la Junta que se le hizo, se violaba algún derecho público subjetivo en su perjuicio, debió impugnarla a través del juicio de amparo indirecto y no esperarse para tratar de hacerla valer como una violación procesal en el amparo directo, porque ahora se tiene como tácitamente consentida por ese motivo, según la diversa tesis de jurisprudencia 71/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 381 y siguiente, que establece: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. SU CONDICIONAMIENTO A QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En las relacionadas consideraciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso."

En la resolución dictada el nueve de mayo de dos mil uno, en el juicio de amparo directo 70/2001, se determinó:

"QUINTO. Es infundado el concepto de violación en que se argumenta, en síntesis, que: A) La Junta responsable infringió las normas que rigen el procedimiento en materia de trabajo, pues apercibió al quejoso de que declararía desierta la pericial médica a cargo del perito tercero, en caso de que aquél no compareciera ante un médico del Hospital Metropolitano de esta ciudad, y posteriormente hizo efectiva esa sanción, lo cual es incorrecto, pues tal apercibimiento no se contempla en ninguna parte del derecho, además de que dicho facultativo no había protestado el cargo, ni fue nombrado por la intención del actor. B) También fue incorrecto que la Junta hiciera efectivo el apercibimiento, pues de acuerdo con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, todo acto procesal que no tenga fijado un término, deberá efectuarse en tres días hábiles, y en el caso no se respetó ese plazo, pues el auto en que se señaló fecha para que compareciera el actor y se hizo tal apercibimiento, se notificó a su apoderado en una fecha que no le permitió gozar del término aludido, toda vez que éste tuvo que enviar al peticionario de amparo un telegrama para comunicarle el contenido de ese acuerdo, con lo que se redujo el plazo por responsabilidad de la Junta, que al parecer tiene el deliberado propósito de que se declare desierta la pericial médica de referencia. En efecto, contra lo argumentado en el motivo de inconformidad sintetizado en el inciso A), las constancias de autos permiten constatar que la Junta procedió con buen criterio, apoyada en el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la jurisprudencia número 358, visible en la página 295 del Tomo V, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘PERICIAL MÉDICA. DEBE OFRECERSE CON TODOS SUS ELEMENTOS A FIN DE EVITAR SU DESERCIÓN.’, al dictar el auto de veintidós de septiembre de dos mil, en que previno al quejoso que debía presentarse ante la Junta a las nueve horas del día seis de octubre siguiente, para trasladarse, en compañía del actuario de la propia Junta, al Hospital Metropolitano y comparecer ante el doctor Juan Manuel Victoria Romero, que fuera designado como perito tercero en discordia, y le apercibió que, de no presentarse, se declararía desierta dicha prueba. Lo anterior es así, porque se advierte que, a diferencia de lo aducido, precisamente en la fecha indicada (veintidós de septiembre de dos mil), la Junta tuvo por discernido el cargo de perito tercero al médico Juan Manuel Victoria Romero, y éste protestó su fiel desempeño (foja sesenta y ocho) y, por tanto, resulta falaz que en tal fecha no se encontrara designado dicho experto ni hubiera protestado su encargo, debiendo agregarse que, precisamente, por acuerdo dictado en tal oportunidad, se comunicó al actor el lugar, fecha y hora en que debería presentarse (las instalaciones de la propia autoridad responsable), a fin de trasladarse junto con el actuario al Hospital Metropolitano ‘Dr. Bernardo Sepúlveda’, y apersonarse con el experto designado; de manera que habrá de convenirse en que resulta inexistente la violación procesal que invoca el quejoso. Para corroborar la anterior consideración, importa transcribir en este espacio la constancia de fecha seis de octubre de dos mil, suscrita por el actuario a la Junta responsable, en que asienta: ‘En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2000 hago constar que, no obstante encontrarse notificada la parte actora y los apercibimientos efectuados, no comparece(n) al recinto oficial de esta Junta, el (los) Juan Manuel Almanza Morales a efecto de ser presentado(s) ante el perito médico tercero en discordia que le(s) ha sido designado, por lo que no es posible dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de referencia, dando cuenta de lo anterior, levantando el acta correspondiente a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar y se acuerde lo conducente. Doy fe.’. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 39/2000, visible en la página 171 del Tomo XI, mayo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PERICIAL MÉDICA. PROCEDE LA DESERCIÓN POR FALTA DE COMPARECENCIA DEL TRABAJADOR ANTE EL PERITO MÉDICO, SI DICHA CIRCUNSTANCIA CONSTA FEHACIENTEMENTE.’ (se transcribe). Por otra parte, lo argumentado en el motivo de inconformidad compendiado en el inciso B) resulta igualmente infundado. En efecto, se afirma lo anterior porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 735, estatuye: (se transcribe). De donde se estima que se refiere a la oportunidad de las partes para efectuar determinados actos en el procedimiento o para el ejercicio de un derecho en el mismo, en los que la ley no señale término; así, por ejemplo, para promover un incidente de nulidad no da un plazo, o bien, para recusar peritos, entonces debe entenderse que el término será de tres días. Situación que no se aplica en el caso, pues de ninguna manera ha de interpretarse como lo pretende el quejoso, es decir, que con anticipación de tres días hábiles debió notificársele, ya que la Junta señaló el seis de octubre de dos mil para que el actor compareciera, cuando la notificación fue el día dos anterior, habida cuenta que el artículo 748 de la propia ley laboral autoriza que las notificaciones se realicen con una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia. Importa agregar que las consideraciones que anteceden originaron la integración de la tesis número TC042049.LA2, de este Tribunal Colegiado, bajo el rubro: ‘PERICIAL MÉDICA, DESERCIÓN. NO ES NECESARIO QUE LA NOTIFICACIÓN SE HAGA CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, aún pendiente de publicar, que textualmente dice: (se transcribe). Por otra parte, también resultan infundadas las restantes afirmaciones en el sentido de que el apoderado del actor tuvo que enviarle un telegrama y que por ello se redujo el citado plazo, y de que la Junta tuvo el deliberado propósito de declarar desierta la prueba pericial, pues lo cierto es que de ninguno de tales extremos existe prueba en los autos del juicio laboral número 1326/96, y al margen de ello, consta que el ahora quejoso señaló domicilio en esta ciudad y, por ende, resulta inexplicable que el promovente recurriera a ese medio de comunicación para enterarlo del contenido del auto en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17275-4c70477f/prueba-pericial-en-el-procedimiento-laboral-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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