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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JEFE DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DERIVADA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA CUAL NO ESTÁ CONDICIONADA A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE ESE ORGANISMO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17408
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 399.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En el juicio de amparo 45/2002 que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, se reclamó el laudo dictado por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán en el expediente laboral cuyos antecedentes son los siguientes: El actor demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la reinstalación, entre otras prestaciones. Como hechos de la demanda señaló que fue trabajador de confianza y sujeto a las normas del contrato colectivo de trabajo. Que fue despedido injustificadamente mediante oficio de rescisión que suscribió el jefe del Departamento Jurídico del instituto demandado de la delegación de Morelia, Michoacán, persona la cual, dijo el actor, no está legitimada para despedirlo, ni facultada para suplir la ausencia del delegado regional que, por tanto, el aviso es nulo y la separación injustificada.

El instituto demandado al contestar se excepcionó en el sentido de que rescindió al actor su contrato individual por causas imputables a él, en términos del oficio de rescisión dirigido al trabajador por el delegado regional, firmado por el jefe delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación de Morelia, Michoacán y recibido por el actor el primero de septiembre del dos mil, resultando falso que carezca de legalidad y existencia jurídica dicho oficio, pues el Reglamento de Organización Interna del instituto, vigente y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, faculta al jefe de Servicios Jurídicos y secretario del consejo consultivo a suplir ausencias temporales tanto del delegado regional como del mismo presidente de dicho consejo, como lo contemplan los artículos 125, 126, fracción XIII y 165 del mencionado reglamento. Que la persona que suscribió el aviso, además de ser jefe delegacional y secretario general del consejo consultivo, también ejerce la función de representación, dirección y administración del instituto, por habérsele delegado esas funciones por parte del delegado regional en términos del poder notarial que exhibió.

La Junta Federal planteó la litis para determinar si la persona que suscribió el aviso de rescisión del actor en nombre del delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra facultado para tal fin, y resolvió que del poder exhibido por el demandado advertía que si bien como representante del patrón otorgó facultades, éstas se dieron en forma enunciativa, desglosadas y especificadas, y en ninguna de ellas se contemplaba la facultad de rescindir a ninguno de los empleados. Por otra parte, consideró que de los artículos 125 y 126 del Reglamento de Organización Interna del instituto que se relaciona con las funciones del Consejo Consultivo Delegacional, efectivamente autoriza al jefe de Servicios Jurídicos, quien por tal motivo es secretario del consejo consultivo, a suplir las ausencias del delegado en cuanto presidente del Consejo Consultivo Delegacional, pero que era evidente que el aviso de rescisión en el que el instituto pretendió basar su excepción estaba suscrito no por el presidente del Consejo Consultivo Delegacional (cuyas atribuciones, por cierto, no demostró la demandada), sino por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, circunstancia muy diferente a lo señalado por el instituto demandado, además de que no especificaba qué clase de ausencias puede suplir y si éstas lo facultaban para firmar documentación en nombre del delegado, porque una cosa es suplirlo en sus ausencias ante el propio consejo consultivo y otra diferente es estar facultado para firmar en nombre del delegado y rescindir el contrato de trabajo de un empleado. Por otro lado, dijo la Junta que los artículos 163 y 164 del Reglamento de Organización Interna del instituto, sí hablan de que el delegado puede ser sustituido por un jefe de servicios delegacional, como lo sería el suscriptor del documento en cuestión, pero que dicha suplencia presupone una designación específica que no probó, pues no existen documentos elaborados por el delegado estatal o director regional que así lo estipulen, sin que el poder analizado constituya dicha designación.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito que conoció del amparo directo 45/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el tres de abril de dos mil dos resolvió lo siguiente:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los anteriores conceptos de violación que enseguida se estudian. La Junta responsable no incurrió en contradicción al fijar la litis para determinar: si la demandada cumplió con la carga de probar que el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes se encuentra facultado para firmar el aviso rescisorio del actor Cesar Cárdenas Arana, en nombre del delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con lo establecido en las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, y al decidir que dicho profesionista no tiene facultades legales para cubrir las ausencias del delegado, atento que no concurren simultáneamente una afirmación y una negación que se excluyan recíprocamente, sino un nexo causal en el punto cuestionado por las partes, la actora en la demanda y la demandada al contestarla, que tiene como tema central decidir si el aludido aviso es o no nulo de pleno derecho, por haberlo suscrito el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes, lo que hace inexistente la infracción a los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. ... Decisión que se sustenta en las siguientes consideraciones: ‘A efecto de verificar lo señalado por el instituto demandado, se procede a revisar el contenido del poder notarial a que se hace mención, mismo que se encuentra glosado a fojas de la 8 a la 19 y del que se desprende que dicho poder se otorga no solamente al Lic. Juan Manuel Fuentes Reyes, sino a varios abogados más para, entre otras cosas, representar al IMSS en juicios laborales, articular y absolver posiciones, facultades que si bien se le otorgan en cuanto representante del patrón, más cierto lo es que éstas se les otorgaron en forma enunciativa, desglosadas y especificadas en el poder en estudio, sin que en ninguna de ellas se contenga la facultad de rescindir a ninguno de los empleados del instituto. Ahora bien, el instituto dice que de acuerdo al Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de mayo de 1996, en sus artículos 125, 126, fracción XIII y 165, facultan al jefe de Servicios Jurídicos y secretario del consejo consultivo a suplir ausencias temporales tanto del delegado regional como del mismo presidente de dicho Consejo Consultivo Delegacional, y que teniendo el Lic. Juan Manuel Fuentes Reyes dichos nombramientos, se encuentra facultado para rescindir el contrato del actor, como así lo hizo. Sin embargo, de la lectura de los artículos 125 y 126 del reglamento citado que se relacionan con las funciones del Consejo Consultivo Delegacional, entre las que efectivamente autoriza al jefe de Servicios Jurídicos, quien por tal motivo es secretario del consejo consultivo a suplir las ausencias del delegado, en cuanto presidente del Consejo Consultivo Delegacional, pero es evidente que el aviso de rescisión en el que el instituto pretende basar su excepción está suscrito no por el presidente del Consejo Consultivo Delegacional (cuyas atribuciones, por cierto, no demuestra la demandada), sino por el delegado del IMSS en Michoacán, circunstancia muy diferente a lo señalado por el instituto demandado, además de que no especifica qué clase de ausencias puede suplir y si éstas lo facultaban para firmar documentación en nombre del delegado, porque una cosa es suplirlo en sus ausencias ante el propio consejo consultivo y otra diferente es estar facultado para que en su nombre -como en este caso, firmar en nombre del delegado, rescinda el contrato de trabajo de un empleado-. Por otro lado, los artículos 163 y 165 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí hablan de que el delegado puede ser sustituido por un jefe de servicios delegacional -como lo sería el suscriptor del documento en cuestión-, pero dicha suplencia presupone una designación específica, que en este caso no se probó, pues no existen en autos documentos elaborados por el delegado estatal o director regional que así lo estipulen, sin que el poder antes analizado constituya dicha designación, pues en ninguna parte del mismo se habla de la capacidad del apoderado para suplir ausencias. De lo anterior se concluye que el Lic. Juan Manuel Fuentes Reyes no tenía facultades suficientes para sustituir temporalmente al delegado en sus ausencias y rescindir válidamente a un trabajador y, por ello, afectado de legalidad el aviso entregado al actor, pues no se encuentra apegado a las normas de representación con facultades específicas de rescisión, resultando insuficiente que haya suscrito el aviso rescisorio con una rúbrica ilegible como jefe delegacional y secretario del Consejo Consultivo Delegacional, pero aún más, en ausencia del delegado regional, sin acreditar, para ello, su nombramiento con la designación respectiva, mediante escrito que así lo avalara, lo que conlleva a considerar que el documento (f-35), consistente en el aviso de rescisión de fecha 1o. de septiembre de 2000, no reúne los requisitos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo ni de las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, consecuentemente y de conformidad con la propia cláusula 55 del contrato colectivo de trabajo exhibida en juicio por el actor (f-31) que establece que las rescisiones que no se ajusten al propio contrato serán nulas, en consecuencia, el aviso rescisorio de fecha 1o. de septiembre del año 2000 se encuentra afectado de formalidad y, con ello, la rescisión se configura en un despido injustificado ...’. Parte del laudo reclamado que, como lo aduce el promovente del amparo, carece de la fundamentación que respalde la legalidad de la conclusión a la que llegó la responsable, al determinar que el aviso rescisorio está afectado de formalidad por no reunir los requisitos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, en razón de que si la Junta responsable considera que el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes, es jefe de servicios delegacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, demandado en el juicio laboral de donde proviene el acto reclamado, debió sustentar que con ese carácter el susodicho jefe se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: ‘Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.’. Esto porque los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección y administración en la fuente laboral, se caracterizan por: a) Tener iniciativa propia, esto es, tienen a su cargo la marcha general de esa fuente, con facultad para celebrar los actos de administración y, por regla general, los de dominio, necesarios o convenientes para el desarrollo del centro laboral; b) Son los representantes del patrón ante los trabajadores, con la obligación de defender los intereses de aquél; y, c) En tal concepto, obligan al patrón en sus relaciones con los trabajadores, por tanto, esa clase de personas son verdaderos mandatarios del patrón y sus funciones principales consisten en representarlo frente a los trabajadores. Por consiguiente, a la autoridad responsable corresponde determinar que el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes, como jefe de servicios delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene una representación derivada de la ley que surge por el solo hecho de que con ese carácter ejerza funciones de dirección o administración en el referido organismo descentralizado, para de esa manera obligar al patrón en sus relaciones con los trabajadores; lo que conduce a sustentar que para que esa representación se ejerza, basta con ser director, administrador, gerente o persona que ejerza funciones de dirección o administración en la fuente laboral; por tanto, contra lo considerado por la Junta responsable, esa representación y su ejercicio no está condicionada a la ausencia del patrón, en los términos del artículo 165 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social que establece: ‘El delegado será suplido durante sus ausencias por el titular de la Jefatura Delegacional de Servicios que él designe y, en el caso de no haber esta designación, por el jefe de servicios de la propia delegación que el director regional determine’; tampoco a demostrar esa ausencia ni que el delegado regional lo autorizó expresamente para representarlo, pues de ser, se sujetaría ese mandato legal contenido en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo a una condición no prevista en ésta, y a observar un reglamento que rige la organización interna de la patronal, soslayando lo establecido en el propio precepto, que rige las relaciones obrero-patronales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto más si se tiene en cuenta que con independencia de que lo haya hecho también como presidente del Consejo Consultivo Delegacional, en ausencia del delegado y en términos de los artículos 126, fracción XIII y 150, fracción I, del Reglamento de Organización Interna del Seguro Social, el licenciado Juan Manuel de la Fuente suscribió el aviso de rescisión del vínculo de trabajo del actor, como jefe delegacional de Servicios Jurídicos; y que del texto de los artículos 46 y 47 de la ley invocada, no se obtiene que los representantes del patrón no puedan rescindir la relación laboral con los trabajadores de éste ni que para hacerlo requieran cláusula especial. Por compartirla este Tribunal Colegiado, se estima aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 641, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, AVISO DE. SU EFICACIA PROBATORIA. Es legal que se le otorgue eficacia probatoria si quien lo confecciona y suscribe es el gerente general de la empresa, atento su carácter de representante del patrón, en términos de lo que establece el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo.’. Por ello, basta con que el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes haya suscrito como jefe delegacional de Servicios Jurídicos, el aviso de rescisión del contrato individual de trabajo al actor Cesar Cárdenas Arana, para darle validez legal al mismo y para con ese carácter obligar al Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que conduce a sustentar que no es legal la parte del laudo reclamado, en que la Junta responsable concluye que el aludido profesionista no tenía facultades suficientes para sustituir temporalmente al delegado en sus ausencias y rescindir válidamente al actor el vínculo laboral; que está afectado de legalidad el aviso entregado a dicha parte, por no encontrarse apegado a las normas de representación con facultades específicas de rescisión; que resulta insuficiente que haya suscrito el aviso rescisorio con una rúbrica ilegible, como jefe delegacional y secretario del Consejo Consultivo Delegacional, en ausencia del delegado regional, sin acreditarlo con la designación respectiva, mediante escrito que así lo avalara; por tanto, ese aviso no reúne los requisitos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es nulo, de conformidad con la propia cláusula 55 del contrato colectivo de trabajo, motivo por el cual la rescisión se configura en un despido injustificado. A lo que cabe agregar que como la representación del aludido profesionista tiene su origen en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, no resulta necesario que en el poder que refiere la autoridad responsable, para que represente al Instituto Mexicano del Seguro Social en los juicios laborales, se le hayan otorgado facultades en forma enunciativa, entre las que no se comprende la de rescindir la relación laboral a ninguno de los empleados del instituto, atento que esta facultad puede llevarse a cabo por las personas que tienen el referido cargo, ya que el artículo invocado no establece que deban constar en escritura pública las facultades de los representantes del patrón en relación con los trabajadores. Por compartir el criterio, al caso se aplica la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 183 del Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: ‘DESPIDO. REPRESENTANTE DEL PATRÓN. NO ES NECESARIO QUE CONSTE SU DESIGNACIÓN Y FUNCIONES EN ESCRITURA PÚBLICA, PARA AQUEL FIN. No se justifica la negativa de un despido con base en el argumento consistente en que la persona a quien se le atribuye este hecho carece de esa facultad por no constar en los testimonios de las escrituras públicas de constitución, otorgamiento de poderes y nombramiento de funcionarios que se exhiban, que dicha persona esté autorizada para desempeñar funciones de administración y dirección a nombre del patrón, atento a que estas funciones pueden llevarse a cabo de hecho por personas que no las tienen señaladas expresamente en los instrumentos relativos y porque además el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo no establece que deban hacerse constar en escritura pública los nombramientos y facultades de los representantes del patrón en relación a los trabajadores.’. Consecuente con lo considerado, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver, por unanimidad de votos en sesión celebrada el treinta y uno de enero del año dos mil, el amparo directo laboral número 859/99, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, presidente y actuario de la misma, de la que obra copia fotostática a fojas 37 a 60 del juicio de donde deriva el acto reclamado, en él, básicamente sustenta: ‘... la conclusión que obtuvo dicha autoridad es acertada, en orden a que si conforme a lo dispuesto por el artículo 165 del último Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobado el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el once de noviembre siguiente, el delegado será suplido durante sus ausencias por el titular de la Jefatura Delegacional de Servicios que él designe y, en la especie, no se demostró que alguno de esos funcionarios hubieran designado al licenciado Fuentes Reyes para que supliera en sus funciones al delegado, es indudable que dicho profesionista carecía de facultades legales para representarlo y despedir al ahora tercero perjudicado del empleo que venía desempeñando en esa institución, atento que esa facultad es exclusiva del delegado regional, según lo establece el artículo 150, fracciones I y VI de ese mismo reglamento ...’. Así, al haberse demostrado que el acto reclamado infrinje las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone conceder el amparo y la protección constitucional que solicita el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, previa audiencia de discusión y votación, dicte uno nuevo en el que prescinda de las consideraciones aquí declaradas ilegales, y partiendo de la base de que es legal el aviso de rescisión del vínculo laboral al actor Cesar Cárdenas Arana, suscrito por el licenciado Juan Manuel Fuentes Reyes, que suscribió como jefe delegacional de Servicios Jurídicos, con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme con la ley corresponda a la litis. Y en razón de que se advierte que posiblemente existe contradicción de criterios entre los sustentados por este cuerpo colegiado en el presente asunto y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el aludido juicio de amparo directo laboral 859/99, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase la denuncia correspondiente al presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concedida la protección constitucional por el indicado capítulo de queja, es inútil el estudio del concepto de violación relacionado con la condena al instituto quejoso, al pago de noventa días de salario tabular vigente en la fecha del despido, en observancia a los lineamientos de la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 107 se publica en la página 85 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente es como sigue: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.’. Otorgamiento de la protección constitucional que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al presidente y al actuario de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por no reclamársele, especialmente, vicios propios de ejecución. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 88 se publica en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente es como sigue: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.’. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el acto y por la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos indicados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Denúnciese ante el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por este Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad."

QUINTO. De los antecedentes que derivaron del juicio de amparo directo 1723/90 que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la quejosa (parte trabajadora) demandó de las empresas S.G. Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima, la reinstalación. Invocó como hechos de la demanda laboral, que el representante del patrón, licenciado Pizaña Palma, quien ejerce actos de dirección y administración, le entregó un memorándum en el que le comunicaban su despido, pero no las causas del mismo, por lo cual se consideró que fue despedida en forma injustificada.

Una de las empresas negó la relación laboral, y la otra se excepcionó en el sentido de que no hubo tal despido, sino que la trabajadora renunció por escrito y en forma voluntaria al trabajo que desempeñaba, la cual fue aceptada.

La Junta responsable resolvió, entre otros puntos, que el memorándum mediante el cual adujo que se le comunicó su despido, no le beneficiaba para acreditar su acción, porque dicho documento no fue signado por persona con facultades en los términos del artículo 11 de la ley de la materia, según se desprendía de los testimonios notariales.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que conoció el amparo directo 1723/90 promovido por Fabiola Jiménez Amaro, resolvió en sesión celebrada el cuatro de abril de mil novecientos noventa lo siguiente.

"TERCERO. Son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación que hace valer la quejosa. Es infundado el primer concepto de violación que hace valer la quejosa en el que manifiesta, en esencia, que la Junta indebidamente consideró que con las pruebas documentales que obran en autos a fojas veintitrés a la treinta y uno, y el reconocimiento libre y espontáneo que hizo la demandada S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, quedó acreditado que la relación laboral existió con dicha empresa y no con la codemandada S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima; que esto es así, porque la responsable no valoró adecuadamente algunas documentales que obran en el expediente, las cuales acreditan la relación laboral que la unió con las dos demandadas, así como la confesional para hechos propios y la prueba de inspección que ofreció la demandada S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima, y que le fue declarada desierta, con las cuales también se acredita el vínculo laboral con dicha empresa; en efecto de la demanda laboral aparece que la actora, hoy quejosa, demandó de S.G. Construcciones, Sociedad Anónima y S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima, el pago de diversas prestaciones señalando, entre otros hechos, que fue contratada por la parte demandada el veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y cinco, para prestar sus servicios como secretaria mecanógrafa con el horario de trabajo y salario que señaló, y que fue despedida injustamente el catorce de abril de mil novecientos ochenta y ocho por conducto del ingeniero Alfonso Pizaña Palma, representante del patrón. Al respecto, la demandada S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima, al contestar la demanda, por conducto de su representante, negó la relación laboral con la actora, y la demandada S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, reconoció el vínculo laboral con la actora, negó los hechos y opuso las defensas y excepciones que a sus intereses convinieron. En este orden de ideas, es innegable que la Junta debió, como lo hizo, determinar en primer término si existía relación laboral entre la actora y la demandada S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima y, al respecto, se estima que la consideración de la Junta al determinar la inexistencia de la relación de trabajo con la citada demandada se encuentra ajustada a derecho, pues contrariamente a lo que manifiesta la quejosa, de las constancias que obran en autos y concretamente de las pruebas documentales que señala la responsable que aparecen a fojas veintitrés, veinticuatro, veintinueve, treinta y treinta y uno, consistentes, respectivamente, en copia al carbón del aviso de inscripción de la trabajadora quejosa, que dio el patrón S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, al Instituto Mexicano del Seguro Social, el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y seis, según sello original que obra en el mismo; carta renuncia de fecha catorce de abril de mil novecientos ochenta y ocho, dirigida al representante legal de la empresa S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, en la que aparece el nombre de la trabajadora; copia al carbón del recibo de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y seis firmado por la trabajadora a la empresa S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, por la cantidad de dos mil sesenta y cinco pesos, por concepto de un día de salario de la catorcena, del veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y seis; copia al carbón del memorándum de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y siete en el que aparece el membrete de la empresa S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, por medio del cual el ingeniero Alfonso Pizaña Palma, superintendente de obra Pedregal-Iman IX le comunica al contador público Roberto López B., que las vacaciones de la trabajadora hoy quejosa, correspondientes al periodo de mil novecientos ochenta y seis-mil novecientos ochenta y siete, seguirían pendientes y, por último, la copia fotostática de la carta de fecha dos de septiembre de mil novecientos ochenta y seis con el membrete de la empresa S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, por medio de la cual el director de la misma le comunica a la empresa Supervisión B.C.C., Sociedad Anónima de Capital Variable, que el ingeniero Pizaña será su representante ante dicha empresa para todos los asuntos relacionados con la obra Pedregal-Iman etapa IX; se advierte claramente y sin lugar a dudas, que la relación laboral de la actora se dio con la demandada S.G. Construcciones, Sociedad Anónima, sin que sea óbice para llegar a esa conclusión las documentales que ofreció la actora, hoy quejosa, que obran en autos a fojas de la catorce a la veintidós, consistentes en sobres con el membrete de la empresa S.G. Edificaciones, Sociedad Anónima, y el nombre de la propia quejosa así como diversas cantidades, ya que dichos documentos son insuficiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17408-9f8afc16/instituto-mexicano-del-seguro-social-el-jefe-delegacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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