RELACIÓN DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE ENCUENTRE SUSPENDIDA POR LA INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA POR UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE NO CONSTITUYA UN RIESGO DE TRABAJO, NO IMPIDE QUE EL TRABAJADOR O EL PATRÓN PUEDAN RESCINDIRLA POR UNA CAUSA DISTINTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito deriva del amparo directo 61/2003, promovido por Francisco Verdín Jiménez, cuyos antecedentes son los siguientes:
1. Ante la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, Francisco Verdín Jiménez demandó de la Hacienda de Paredones y/o Lino Muñoz Márquez el pago de la indemnización constitucional, con motivo de la rescisión de la relación de trabajo que ejercitó por causas imputables al patrón.
• Como hechos de la demanda narró el actor que en el año de mil novecientos setenta y cinco inició a prestar sus servicios para los demandados. Que la parte patronal lo inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Que se vió afectado en su salud, fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente del corazón, el dos de diciembre del citado año. Que por no contar con las suficientes cotizaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social no le pagaba las incapacidades, y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre el patrón llevaba en forma normal al domicilio de su padre su salario, pero le adeudaba lo correspondiente del veintiocho de febrero de dos mil a la fecha en que demanda, y en reiteradas ocasiones requirió al demandado el pago de éstos sin obtener la suma solicitada. Asimismo, señala que el demandado en forma dolosa lo dio de alta en dicha institución con un salario menor al que en realidad percibía y lo inscribió como trabajador eventual, lo cual no es cierto, falsificando además su firma. Que con tales hechos el patrón incurrió en los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, dando lugar a que el trabajador rescindiera la relación de trabajo.
2. La parte demandada al contestar señaló que no tiene obligación y responsabilidad de pagar salarios cuando un trabajador se encuentra incapacitado por enfermedad que no constituye riesgo de trabajo, y negó los hechos que invoca como causa de rescisión de contrato. Que el demandante estaba tramitando la incapacidad retroactiva y una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por no haber recibido, por parte de éste, cantidad alguna por dicho concepto.
3. La Junta responsable al emitir el laudo consideró que el actor no acreditó los presupuestos base de su acción ante la subsistencia de la relación laboral, ya que un requisito para que prospere es que se haya separado del trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, como se estipula en el diverso 52 del mismo ordenamiento legal, a pesar del reconocimiento de la parte patronal de no haberle cubierto los salarios solicitados, lo que se justificó porque el actor se encontraba incapacitado, máxime que existe una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser él el que debía cubrir los importes correspondiente de acuerdo a la calificación de la incapacidad y, consecuentemente, no se dio la causal rescisoria imputable al patrón, ya que además subsistió la relación laboral.
4. Inconforme con el anterior laudo el trabajador lo impugnó en amparo directo, correspondiendo conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el número 61/2002, y en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil tres dictó resolución cuyas consideraciones, en lo conducente, se transcriben:
"CUARTO. Los planteamientos de inconformidad del quejoso son fundados. De la lectura integral de la demanda de amparo interpuesta por el impetrante de garantías se advierte que sus motivos de inconformidad los finca en que la Junta responsable indebidamente tuvo por improcedente la acción de rescisión de la relación laboral por causa imputable al patrón, en virtud de que el trabajador no se separó del trabajo en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo, ello sobre la base de una errónea interpretación del citado precepto, ya que desde el día veintiocho de febrero de dos mil hasta la fecha en que demandó, la causal invocada se actualizaba, sin que para ello resultara impedimento que se encontrara incapacitado, porque ello no implicaba la subsistencia de la relación de trabajo, dado que se trata de un derecho diferente; que además no tomó en cuenta que el trabajador no tenía derecho a percibir el pago de las incapacidades porque el patrón lo afilió después de que se enfermó. La determinación de la Junta responsable por cuanto a declarar improcedente la acción de rescisión por causa imputable al patrón, así como las prestaciones accesorias que de ésta derivan, según se advierte en el laudo reclamado, se sostienen, en efecto, sobre la premisa básica de que el trabajador no acreditó su acción, ya que la relación de trabajo subsistió dado que al ser un requisito para su procedencia que se separara dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dio la causal de rescisión, ello no ocurrió, y que para que tal circunstancia se tuviera por acreditada, no resultaba bastante que no se hubieran cubiertos los salarios, pues ello resultaba justificado en la medida de que el trabajador se encontraba incapacitado. Lo expuesto por la responsable es jurídicamente incorrecto, dado que si bien el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo interpretado jurisprudencialmente (sic) establece la obligación para la procedencia de la acción de rescisión de la relación de trabajo por causa imputable al patrón, que el trabajador se separe dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que ocurrió la causal, ello deriva de la necesidad de que la voluntad de éste sea la de ya no continuar con la relación de trabajo, de tal forma que de mantener el débito contractual que le corresponde, es decir, en términos del artículo 20 de la propia ley, seguir prestando el trabajo personal subordinado, exteriorizaría que su voluntad es continuar con la relación de trabajo y solamente separarse si el laudo le resultara favorable, lo que finalmente se traduciría en un perdón implícito a resultas de que la Junta que conociera le otorgara o no la razón, circunstancia que exteriorizaría una voluntad contraria a la pretendida en la demanda laboral. En tales condiciones, si se parte de la premisa básica de que en términos del artículo 52 citado, es la voluntad del trabajador la que debe constar en forma fehaciente, en el caso concreto, para establecer la voluntad del quejoso, no es posible acudir a la continuación o no de los elementos de la relación de trabajo, dado que en términos del artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, la prestación del trabajo personal subordinado así como la obligación de pagar el salario por parte del patrón, se encuentran suspendidos, de tal forma que únicamente del planteamiento integral de la demanda y de la decisión que se asuma por el trabajador, de ya no regresar a la fuente de trabajo, aun cuando la causal de suspensión fuera levantada, pueden conducir a valorar si fue correcto que planteara la acción rescisoria. En el caso concreto, de la demanda se advierte con precisión que el trabajador precisó que se afectaron sus derechos laborales porque la parte demandada no asumió la responsabilidad laboral de pagar los salarios desde el veintiocho de febrero de dos mil, lo que lo llevó a decidir a ya no continuar la relación de trabajo, ni aun cuando se levantara la suspensión por la incapacidad que tenía, sin que de la propia demanda se advierta que pretenda seguirse beneficiando de la continuación de la relación de trabajo en espera de que el resultado del fallo laboral le resulte favorable o no. Entonces, si de la demanda se advierte la voluntad expresa del trabajador por no continuar laborando para la patronal demandada, no contrariada por alguna circunstancia de hecho que permita establecer una conclusión diversa a esa voluntad, no es dable a la Junta responsable sustituirse a lo que realmente quiere el trabajador y tener por improcedente la acción, bajo el argumento de que por estar incapacitado no puede separarse de la fuente de trabajo. En otras palabras, entender que el trabajador no pueda separarse de la fuente de trabajo de la demandada porque de hecho no podría dejar de prestar el servicio para el cual fue contratado, ya que desde el momento en que se suspendió la obligación correlativa porque se encontraba incapacitado ya no lo estaba prestando, equivale a sujetarlo a continuar una relación que considera viciada, sin que para ello se respete su voluntad de terminarla a través de la rescisión, e inclusive de que en el supuesto de que una vez que se levantara la causa de suspensión, pudiera perder el derecho para hacerla valer y obligarlo a reintegrarse al trabajo. En efecto, en este último aspecto, baste decir que en términos del artículo 520 de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción no puede comenzar ni correr contra incapaces mentales y contra trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, de tal forma que al ser limitativo dicho precepto a dos hipótesis bien determinadas, si al quejoso se le obligara, como se dijo, aun en contra de su voluntad, expresada y externada desde el momento en que demandó, en la única forma que jurídicamente podía hacerlo, se le violentaría su derecho, porque en términos del artículo 52 citado, la separación de la fuente de trabajo debe ocurrir dentro de los treinta días en que de hecho se dé la causal de rescisión, mientras que en términos del diverso numeral 517, fracción II, de la propia ley, su derecho a demandar por vía laboral prescribiría en un mes, de tal forma que si por razón de su incapacidad no le fuera dable separarse de la fuente de trabajo antes de los treinta días que marca el citado artículo 52, estaría implícitamente otorgando el perdón a la patronal por decisión de la autoridad, aunque su voluntad sea diferente. Luego, ante la circunstancia específica de que no puede obligarse al trabajador a sujetarse a una relación laboral en contra de su voluntad cuando no existe situación de hecho que permita considerar lo contrario, es incuestionable que la Junta responsable emitió un laudo violatorio de garantías al absolver a la demandada bajo la citada premisa y, con ello, inclusive, continuar sujetando al trabajador a la relación cuando es manifiesto que ya no lo quiere. De ahí que los motivos de inconformidad resulten fundados. Para ello no es óbice que el trabajador se encontrara incapacitado y que estuviera pendiente una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por el cobro de prestaciones relacionadas con dicha incapacidad, ya que ello solamente exterioriza la decisión del quejoso de reclamar ante dicho instituto sus derechos de seguridad social a los que se hizo acreedor, precisamente por la relación de trabajo que decidió ya no continuar, sin que ello implique que su voluntad de ya no seguir laborando no deba respetarse. Resulta aplicable al respecto, por compartirse el criterio, la tesis sostenida por el entonces único y hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 481, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR NO IMPIDE QUE PUEDA DEMANDARLA. El hecho de que el trabajador se encuentre incapacitado no es obstáculo para que se rescinda su contrato de trabajo dado que la incapacidad únicamente tiene el efecto de liberar, durante su vigencia, por un lado, al trabajador de la obligación de prestar el servicio contratado y, por otro, al patrón de pagar el salario respectivo, pero no le impide ejercitar los derechos derivados de la ley, entre ellos, el de rescindir en cualquier tiempo la relación laboral.’. Debe hacerse notar, respecto de la cuestión relativa a si el trabajador que se encuentra incapacitado puede demandar la rescisión de la relación de trabajo, que el Tribunal Colegiado del Séptimo (sic) Circuito sostuvo la tesis visible en la página 558, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, IMPROCEDENCIA DE LA, POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL TRABAJADOR. De acuerdo con la fracción II del numeral 42 de la Ley Federal del Trabajo, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, es causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, y si en la fecha en que el quejoso, pretendió dar por rescindida la relación laboral, ésta se encontraba suspendida, ya que el mismo se hallaba incapacitado temporalmente, es claro que no pudo operar dicha rescisión por carecer de objeto o materia la misma.’. Como se puede observar, en la citada tesis se dice que la acción de rescisión de la relación de trabajo es improcedente cuando el trabajador se encuentra incapacitado en forma temporal, dado que al quedar suspendida la obligación de prestar el servicio y de pagar el salario, carece de objeto o materia la rescisión, lo cual no coincide con el criterio de este Tribunal Colegiado, toda vez que en éste se parte de la base de que no obstante que la suspensión de la relación de trabajo en términos del artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo exime a las partes de cumplir con dos elementos fundamentales de éste, es decir, la prestación del servicio y el pago del salario, el elemento que se debe tomar en cuenta que dispone el diverso numeral 52 de la propia ley, es el volitivo, es decir, si es efectivamente el deseo del trabajador separarse de la fuente de trabajo o continuar con la relación laboral, no obstante la causa de rescisión, de tal forma que si dicho precepto establece la obligación de que el operario se separe de la empresa dentro de los treinta días siguientes a que se haya generado la causal de rescisión imputable al patrón y antes de presentar la demanda laboral, es precisamente porque la continuación de la prestación del trabajo personal subordinado hace inferir la decisión de no separarse de la empresa y, con ello, el otorgamiento tácito del perdón que hace improcedente la acción ejercitada; pero ello no puede acontecer en tales términos, cuando de hecho el trabajador ya se encuentra separado, aun cuando sea por suspensión temporal, de la patronal demandada, de tal forma que el elemento volitivo indispensable se refleja desde el momento mismo que acude ante la autoridad laboral, dado que entonces no se advierte ningún nexo que implique la existencia de una decisión contraria a la de dar por rescindida la relación de trabajo. Esto es así, porque de sostener el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Séptimo (sic) Circuito en la tesis mencionada, implicaría obligar al trabajador a continuar en contra de su voluntad sujeto a una relación de trabajo que, por las razones que adujo en su demanda laboral, ya no le es satisfactoria, en contravención con la libertad de trabajo prevista por el artículo 5o. constitucional y, además, de hecho se le estaría impidiendo o dificultando el ejercicio legítimo y oportuno de las acciones laborales que legalmente puede hacer valer, dado que conforme a lo dispuesto por el artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo, no resulta motivo para interrumpir la prescripción de éstas, la incapacidad temporal ocasionada por enfermedades o accidentes no profesionales, de tal forma que el trabajador que, en tales condiciones, se sintiera agraviado por considerar que la patronal actuó en su perjuicio en términos del artículo 51 de la propia ley, se encontraría sujeto, para el caso del ejercicio de la acción correspondiente, a que el estado de incapacidad concluyera con anterioridad a que se cumpliera el término de dos meses que establece el diverso 518, y ello lo sujetaría a una circunstancia accidental independiente de la legítima decisión de no continuar con la relación de trabajo por parte del demandante para la procedencia de su acción. De lo señalado se advierte que, en el caso, este Segundo Tribunal Colegiado sostiene criterio contrario al sustentado por el Tribunal Colegiado del Séptimo (sic) Circuito y, por su parte, coincide en lo esencial con el criterio sostenido por el entonces único y hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito que quedó transcrita, por lo que lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis que se evidencia, para que ese Alto Tribunal decida cuál criterio debe prevalecer. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 77, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo «tesis» que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.’. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: a) Considere que el trabajador sí se encontraba jurídicamente en aptitud de demandar la rescisión de la relación de trabajo por causa imputable al patrón, ya que desde el instante en que decidió demandar expresó su voluntad de no continuar con la relación de trabajo que lo unió con la patronal demandada, y en tal medida deberá entrar al estudio de la acción intentada, y con plenitud de jurisdicción resuelva sobre su procedencia o improcedencia, así como la de las prestaciones vinculadas con ésta. b) Estudie y analice las prestaciones reclamadas por el trabajador que no se encuentren vinculadas con la acción de rescisión por causa imputable al patrón intentada, a saber, el pago de vacaciones, prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, días de descanso obligatorio, horas extras, cuotas al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Infonavit, que se encuentran señaladas en los incisos d), e), f), h), i), j) y k) del escrito de demanda y, con plenitud de jurisdicción resuelva, fundada y motivadamente, si éstas son procedentes o no."
CUARTO. El criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, deriva del amparo directo 353/88, promovido por José Luis Rivera Velarde, del cual se destacan los siguientes antecedentes:
1. Ante la Junta Especial Número de Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, José Luis Rivera Velarde demandó de Transportación Turística de Puerto Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Rubén Miller, el pago de la indemnización constitucional, en función de que la parte patronal lo despidió en forma injustificada. Como hechos de su demanda narró, entre otros, que ingresó a prestar sus servicios para la empresa el veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y dos. Que el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, el gerente le manifestó que por instrucciones del señor Rubén Miller debía firmar su renuncia, y si no lo hacía estaba despedido, ya que como había perdido una pierna, ya no era útil a la empresa, y que en ningún momento se le dio el aviso que contempla la fracción XV del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
2. Emplazada que fue la parte demandada, negó los hechos y señaló que el actor perdió una pierna en un accidente no de trabajo, y en tal virtud fue atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvo incapacitado hasta los últimos días del mes de julio; que cuando el actor se sintió en condiciones para trabajar fue llamado por el señor Isaac González para que desempeñara sus labores, se negó a laborar, por lo que éste no fue despedido. La empresa amplió la contestación a la demanda y señaló que como el Instituto Mexicano del Seguro Social incapacitó al actor, existe suspensión de la relación laboral y es imposible que exista un despido, así como que tenga obligación de pagar salarios hasta que la suspensión se dé por terminada, pudiendo el actor reintegrarse a sus labores, y agregó que éste jamás entregó a la empresa las incapacidades otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Seguido el juicio por sus trámites legales, la Junta dictó laudo en el que consideró que el actor no acreditó la acción de despido injustificado, toda vez que para otorgar valor a sus pruebas requerían que no estuvieran en contradicción con ninguna otra fehaciente, y de autos se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social incapacitó al actor, siendo la primera con fecha veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y cinco y la última venció el ocho de noviembre del citado año, con las cuales la demandada acredita que el actor fue atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social e incapacitado hasta el treinta de julio del citado año y, además, no entregó las incapacidades a la empresa; que, asimismo, se acredita la causal de suspensión temporal de la obligación de prestar y de pagar un salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón desde el inicio de la incapacidad hasta el término de la misma, como lo prevé el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, y el actor tuvo la obligación de presentarse a laborar al día siguiente de la fecha en que terminó la causal de la suspensión, como lo establece el artículo 45 de la ley invocada.
4. Inconforme el actor con el laudo anterior, lo impugnó mediante juicio de amparo directo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito con el número 353/88, y en sesión celebrada el veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho dictó sentencia, cuyas consideraciones, en cuanto a la materia de contradicción, son las siguientes.
"TERCERO. Son fundados los conceptos de violación. Ciertamente, como lo alega el quejoso, la responsable procedió indebidamente al haber considerado que en razón de que en la fecha en que aduce fue despedido, comenzaba su incapacidad por veintiocho días que le fue expedida por el Seguro Social, por causas ajenas al trabajo, y que por ello no podía existir el despido alegado, porque estaba suspendida la relación de trabajo en términos del artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ya que contra ese argumento vertido por la Junta, cabe decir que el hecho de que el trabajador estuviera incapacitado en la fecha en que ubica el despido y que por ello estuviera suspendida la relación laboral, no significa que el patrón o cualquiera de las partes estuviera impedida para rescindir el contrato individual de trabajo por alguna causa, ya que el artículo 46 de la ley de la materia señala que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo el contrato de trabajo, y debe estimarse así, porque la incapacidad otorgada por el Seguro Social al trabajador, sólo tiene el efecto de liberar al trabajador durante su vigencia, de prestar el servicio contratado, y al patrón de pagar el salario respectivo, pero ello no los priva para ejercitar los derechos derivados de la ley; en esas circunstancias, la responsable, al apartarse de esa apreciación, infringió las garantías individuales del peticionario. Ahora bien, en el caso sucede que con independencia de las consideraciones que hizo la Junta responsable en cuanto hace a la distribución de la carga procesal de la prueba, el accionante demostró la existencia del despido de que dijo fue objeto el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, conforme a las probanzas que ofreció con ese propósito en el juicio, como lo son las confesionales, una a cargo del representante legal de la empresa demandada, quien al no haber acudido a absolver posiciones se le declaró confeso, reconociendo en la ocho que por la función que desempeña, que sabe o tiene conocimiento que el miércoles treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, el gerente de nombre Isaac González Álvarez, le manifestó al actor que por instrucciones de Rubén Miller firmara su renuncia y en caso de negarse estaba despedido (fojas 36 y 37 vuelta); otra confesional ofrecida a cargo de Isaac González Álvarez, quien tampoco acudió a absolver posiciones, por lo que se le tuvo por confeso, y reconociendo en la siete que es cierto que por instrucciones del señor Miller el miércoles treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, aproximadamente a las diez horas le manifestó al actor que firmara su renuncia, y si no que estaba despedido (fojas 35 y 37 vuelta); y si bien la ofrecida a cargo de Rubén Miller tampoco se desahogó, en razón de que como lo alegó la demandada, desde el mes de abril de mil novecientos ochenta y cinco dejó el cargo de administrador único de la sociedad, según consta en la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de la sociedad celebrada el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y cinco, ello no demerita el valor de las dos confesionales desahogadas, es decir, la del representante legal de la empresa y la de Isaac González Álvarez, a quien directamente se imputa el despido, porque ellos sí estuvieron en posibilidades de acudir a absolver posiciones, aunque a Rubén Miller se le señaló como quien dio instrucciones para despedirlo, por el cargo que ocupaba precisamente, respecto de lo cual cabe estimar que el actor no estaba obligado a conocer los cambios de los órganos de representación de la sociedad, de manera que esa circunstancia en nada afecta al valor que asiste a las probanzas relacionadas, teniéndose con el resultado de ellas por reconocido que efectivamente el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, fue despedido el reclamante en forma injustificada, porque las confesionales fictas crean una presunción que adquiere relevancia para demostrar el extremo pretendido por su oferente, toda vez que de autos no se observa que exista alguna prueba fehaciente que se oponga a ella, aun cuando la demandada ofreció la confesional a cargo del reclamante, pues se le tuvo por perdido el derecho a su desahogo, y en cuanto a la testimonial, se declaró desierta la misma al no haber presentado a sus testigos en la audiencia de desahogo (foja 80); de forma que ninguna prueba obra en autos que se oponga a la presunción derivada de las confesiones fictas obtenidas de la demandada, por lo que debe tenerse por demostrado el despido alegado por el actor, al no existir prueba fehaciente que la destruya y, consecuentemente, al pago de la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario y prima de antigüedad; y en cuanto hace a los salarios caídos, sólo procede su pago a partir de la fecha en que el Seguro Social dio de alta definitivamente al trabajador, porque debe tenerse en cuenta que en la fecha del despido comenzaba una incapacidad que le concedió, y sus salarios le fueron cubiertos por la institución de seguridad social ... así también cabe aclarar que no tiene derecho al pago de veinte días por año trabajado, porque no reclamó la acción de reinstalación, ni ejercitó la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón, sino que demandó la indemnización constitucional, por ello no procede el pago de esa prestación. Es aplicable en la especie la jurisprudencia 41, visible en la página cuarenta y dos de la Quinta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos, de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931.’. Consecuentemente, fundados como son los conceptos de violación que se analizan, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado en la parte en que absolvió del pago de la indemnización
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17924-99824974/relacion-de-trabajo-el-hecho-de-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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