DESPIDO. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DE ÉL DERIVAN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA SEPARACIÓN, NO OBSTANTE LA FALTA DEL AVISO RESCISORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con la finalidad de poder determinar si existe contradicción de tesis, resulta indispensable transcribir las ejecutorias que se denuncian en cuanto al punto contradictorio se refiere, destacando además, los antecedentes que sirvieron de apoyo para su emisión.
a) El amparo directo número 36/2003 promovido por Jorge Erick Zúñiga Gutiérrez, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en sesión de fecha veinte de marzo de dos mil tres, tiene los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. Jorge Erick Zúñiga demandó de la Empresa Ferretera de Ixtlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, el pago de la indemnización constitucional, entre otras prestaciones, por un supuesto despido injustificado. Expuso que fue separado de la fuente de trabajo el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
2. La autoridad resolvió procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, en el sentido de que el término de prescripción iniciaba a partir del día siguiente de su separación, es decir, del día veintiocho de agosto del citado año.
3. El trabajador promovió juicio de amparo en contra del laudo emitido y expuso como conceptos de violación, en cuanto al presente asunto interesa, que la autoridad responsable violó sus garantías individuales al haber absuelto a la parte demandada del pago de la indemnización constitucional, argumentando que de ninguna forma operó la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que no existió una fecha determinada en la que se le haya notificado por escrito la rescisión de su contrato de trabajo. En consecuencia, no existía fecha cierta para iniciar el periodo para la prescripción.
4. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito a quien correspondió el conocimiento del asunto, resolvió en el amparo directo 36/2003, lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación transcritos son infundados e inatendibles, y como en el caso no existe deficiencia alguna que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es que se niegue el amparo constitucional solicitado. En principio, la parte quejosa, como motivos de inconformidad, señala lo siguiente: a) Que la responsable viola en su perjuicio los artículos 14 constitucional, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al no observar que la acción principal, esto es, la indemnización constitucional reclamada, quedó debidamente acreditada con las pruebas aportadas y desahogadas en la secuela procesal, específicamente con la confesional a cargo de la representante legal de la empresa demandada, porque afirma, contrariamente a la apreciación de la responsable, no operó la prescripción, al no existir fecha determinada en que se le haya notificado por escrito la rescisión del contrato de trabajo, ya que en autos no existe prueba alguna que así lo demuestre, para lo cual se apoya en la tesis aislada ... El primer concepto de violación, sintetizado en el inciso a), es infundado, toda vez que contrariamente a lo afirmado por el trabajador quejoso, para que opere la prescripción de la acción, en el caso específico (despido injustificado), la ley no exige que previamente el patrón debe dar aviso por escrito al trabajador, notificándole las causas o motivos por las cuales fue despedido, sino, únicamente requiere que la acción correspondiente no se ejercite dentro de los dos meses siguientes al en que fue separado de su relación laboral, tal como lo dispone el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, que dice ‘Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.’. De la transcripción anterior, se advierte que la ley solamente exige que el ejercicio de la acción se presente dentro de los dos meses siguientes a la fecha del despido del trabajador, para la cual precisa claramente en qué momento empieza a correr ese plazo, es decir, que inicia al día siguiente a la fecha de la separación material de la fuente de trabajo. Por tanto, el aviso a que se refiere el artículo 47, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, no siempre es concomitante, como lo sostiene el quejoso, aunque esa fue la pretensión del legislador, al establecer, en el precepto legal en cita, que la falta del aviso, bastará para considerar injustificada la separación, aunque la rescisión de la relación laboral y la prescripción de las acciones, son instituciones jurídicas que se rigen por diversas disposiciones legales, en el caso concreto (despido injustificado), no tienen vinculación, por tener finalidades y efectos diversos. En efecto, la figura de la prescripción en materia laboral, al igual que en otras materias, tiene su fundamento en la presunción de abandono o renuncia de un derecho que la ley le concede a una persona, constituyendo entonces el modo de extinguir obligaciones mediante el transcurso de un plazo determinado por la ley, sin que se ejecute la acción que a uno compete contra otro para que se presuma dicha renuncia, relevando al obligado de su cumplimiento. Cabe afirmar, que la prescripción es una institución jurídica de orden público creada en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos, por el solo transcurso del tiempo. El concepto de prescripción proporcionado por la doctrina tiene dos vertientes, esto es, por un lado la adquisitiva y, por otro, la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo, aunque en materia laboral únicamente se contempla el segundo supuesto, es decir, la prescripción negativa o pérdida de un derecho por no ejercerse oportunamente. Por tanto, si se ha dejado transcurrir el plazo legal para que la acción se extinga o para que se extinga el derecho que le sirve de fundamento, desde luego, opera la excepción perentoria de prescripción, la cual debe ser opuesta en tiempo y forma por quien mantenga un interés contrario al titular de la acción, ya que el órgano jurisdiccional del conocimiento no la puede invocar oficiosamente. Para mayor ilustración, es pertinente precisar que en los orígenes de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, en su título séptimo, ya se contenía un capítulo relativo a la prescripción, abarcando tal capítulo del artículo 328 al 333, de los cuales se transcriben sólo los que interesan para la presente resolución, los que eran del tenor siguiente ‘Título séptimo. De las prescripciones.’ ‘Artículo 328. Las acciones que nazcan de esta ley o del contrato de trabajo, sea colectivo o individual, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.’. ‘Artículo 329. Prescriben en un mes: I. Las acciones para pedir la nulidad del contrato celebrado por error, dolo o intimidación; II. Las acciones de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o enfermedades; III. Las acciones que concede a los trabajadores la fracción XXII del artículo 123 de la Constitución Federal; IV. Las acciones de los patrones para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas, y V. Las acciones de los patrones para hacer deducciones en los salarios de los trabajadores por errores que éstos cometan. En el caso de la fracción I, cuando se trate de intimidación, el término para la prescripción correrá desde el momento en que la intimidación cese. En el caso de la fracción II, correrá el término para la prescripción desde que el trabajador quede en posibilidad de desempeñar las actividades propias de su puesto. En el caso de la fracción III, el término para la prescripción correrá desde el momento de la separación. En el caso de la fracción IV, comenzará a correr desde que se dé causa para la separación o sean conocidas las faltas. Por lo que respecta a deducciones, el término para la prescripción correrá desde el momento en que se hayan probado suficientemente los errores cometidos por el trabajador, de acuerdo con las estipulaciones contractuales.’. ‘Artículo 330. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidad, provenientes de accidentes o enfermedades profesionales; II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos en accidentes de trabajo, para reclamar la indemnización correspondiente, y III. Las acciones para ejecutar las resoluciones de las Juntas. La prescripción en los casos de las fracciones anteriores, correrá, respectivamente: Desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad contraída; desde la fecha de la muerte del trabajador, o desde que la Junta haya dictado resolución definitiva. ...’. Por su parte, en la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del año de mil novecientos setenta, en su título X se contempla la figura de la ‘prescripción’, de cuyos preceptos interesa para la resolución de la presente resolución (sic) lo dispuesto por los artículos 516, 517, 518 y 519 de la Ley Federal del Trabajo que de manera textual disponen lo siguiente: ‘Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes.’. ‘Artículo 517. Prescriben en un mes: I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación.’. ‘Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.’. ‘Artículo 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo.’. Del texto de los anteriores preceptos legales de la Ley Federal del Trabajo se desprende lo siguiente: 1. En el artículo 516, se contiene el término genérico de prescripción de las acciones laborales, estableciéndose el término de un año, haciendo la salvedad tal precepto de las acciones que se consignan en los artículos posteriores, es decir, del artículo 517 al artículo 519. 2. En el artículo 517 hace referencia a la prescripción de un mes, la cual opera básicamente en dos casos: a) Respecto de las acciones de los patrones para efectuar descuentos en sus salarios, y b) Por lo que hace a las acciones de los trabajadores para separarse de su trabajo. 3. El artículo 518 se refiere a la prescripción de dos meses, que como se manifestó con antelación, constituye una ampliación a ese plazo, establecido en la ley de mil novecientos setenta y se refiere de manera específica a la separación del trabajador de la fuente de trabajo. 4. El artículo 519 contiene los casos en los que la prescripción opera en el término de dos años y son los siguientes: a) Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo. b) Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo. c) Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. 5. Como se puede apreciar, tanto en la ley anterior como en la vigente se contiene la figura de la prescripción, con la salvedad de que en la ley vigente se aumentó el plazo de un mes a dos meses, que no se contemplaba en la ley de mil novecientos treinta y uno, relativa a las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Ahora bien, para mejor entendimiento del sentido de esta resolución, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2001-SS, suscitada entre el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y la tesis del Cuarto Tribunal de la misma materia del Primer Circuito, sobre la institución de la prescripción, se pronunció de la manera siguiente ‘... En términos generales la doctrina ha definido a la prescripción de acciones, como el modo de adquirir el dominio de cosa ajena, a través de la posesión de ella durante cierto tiempo y con los requisitos marcados por la ley, o de liberarse de una obligación que se hubiere contraído y cuyo cumplimiento no se exija durante el término que señale asimismo la ley. El diccionario de la Real Academia especifica que la prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa por haberla poseído con las condiciones y durante el tiempo prefijado por las leyes. También dice que significa concluir o extinguir una carga, obligación o deuda por el transcurso de cierto tiempo. El fundamento de la prescripción de acciones se encuentra en la presunción de abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la obligación recíproca; y nada más justo que aquél a quien corresponda un derecho pueda renunciarlo, así como que esta renuncia sea expresa, constituyendo entonces el modo de extinguir obligaciones mediante el transcurso de un plazo determinado por la ley, sin que se ejecute la acción que a uno compete contra otro para que se presuma dicha renuncia y relevando al deudor del cumplimiento de la obligación contraída, en virtud de prescripción. La prescripción fue instituida desde la época de los romanos como un medio de adquirir derechos o bien de extinguir obligaciones. Tal figura tiene como finalidad dar certeza a todo acto jurídico, puesto que no es posible permitir al acreedor el ejercicio de una acción o derecho en cualquier tiempo, sino que precisamente para dar certeza jurídica a un acto se hizo necesario establecer límites de tiempo para el ejercicio de tal derecho, estableciéndose como sanción, ante la falta de ejercicio del mismo dentro de un tiempo determinado, la extinción de ese derecho. Atendiendo a lo antes precisado podemos definir a la prescripción como un medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación, por el simple transcurso del tiempo. Desde luego, en el primer supuesto se trata de la prescripción adquisitiva, y en el segundo de la prescripción negativa o extintiva, la cual comprende tanto la instancia como la pretensión, considerándose como la sanción al abandono de un derecho. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de este Máximo Tribunal, cuyos datos de localización y texto se transcriben a continuación: Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: VI, Quinta Parte. Página: 17. «CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. Caducidad y prescripción son nociones diversas, pues mientras la primera consiste en la pérdida del derecho por no haber realizado el acreedor determinados actos que la ley o el contrato en que se haya originado establezca, la segunda es también la pérdida del derecho, pero por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor al no ejercitar tal derecho.». En la materia laboral, como se ha visto, la Ley Federal del Trabajo, al igual que la mayoría de los cuerpos de leyes, contiene dentro de sí un apartado relativo a la figura de la «prescripción», a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a los actos por ella regulados y en el caso específico es el artículo 516 y siguientes los que se refieren a la prescripción negativa, o sea la de las acciones de trabajo. ...’. Precisado lo anterior, se colige claramente que la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, se trata de abandono o renuncia implícita de un derecho por el simple transcurso del tiempo; por tanto, el término para que opere la misma debe empezar a contar al día siguiente de la separación del trabajador y no del aviso que dé el patrón de la causa o causas de la rescisión laboral sin su responsabilidad, ya que no debe perderse de vista que si bien es cierto que en la materia de trabajo la interpretación de la ley debe realizarse en los términos mas favorables al trabajador, acorde con el principio latino in dubio pro operario, regulado por los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que la interpretación de la norma no puede tener más alcances que los contenidos dentro del texto de la ley, además de que no puede realizarse el análisis de un precepto de manera aislada, sino que su interpretación deberá hacerse de manera sistemática y contextualizada, conforme al criterio contenido en la tesis de la Segunda Sala, localizada en la página 495, Tomo CXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES. La función interpretativa del juzgador no se limita a la aplicación servil e inconsulta de la letra del dispositivo legal. La interpretación ha de ir a desentrañar la intención normativa del precepto, del cual la letra no es siempre la expresión cabal del propósito del legislador. De ahí que sea obligatorio para el juzgador que interprete en forma sistemática la totalidad del ordenamiento y que no fraccione éste en forma que, por la aplicación servil de un precepto, se violara el sistema normativo estatuido en el ordenamiento legal.’. Además, en el caso, también debe tomarse en cuenta el principio jurídico que establece: donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacer distinción, ya que, se reitera, la prescripción de la acción derivada del despido del trabajador, encuentra su fundamento en la génesis de la ley laboral, en donde se determinó ‘... en el caso de la fracción III, el término para la prescripción correrá desde el momento de la separación’. Posteriormente, previa modificación en mil novecientos setenta, se precisó que la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación, es decir, desde sus orígenes, la intención del legislador ha sido estática, al seguir firme su decisión en que la prescripción corre a partir de la separación del trabajador; por ello, el juzgador de modo alguno puede incluir un supuesto no considerado por la ley. Luego, si el fundamento de la prescripción de las acciones en materia laboral, se encuentra en la presunción de abandono o renuncia del derecho, con el propósito de salvaguardar el principio de certeza jurídica de que se hizo mérito e impedir que en cualquier tiempo se entablen reclamaciones o se contradigan, es evidente que aun cuando los derechos del trabajador sean irrenunciables, de acuerdo a lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso g), de la Constitución General de la República; 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que el ejercicio inoportuno de aquéllos trae como consecuencia su prescripción conforme a los artículos 516 a 522 de la ley en comento; razón por la cual, el legislador federal en la última reforma que realizó al capítulo de la prescripción de las acciones, modificó algunas normas que se consideraron justas para evitar la pérdida de las acciones por la brevedad de los plazos señalados en la ley de origen y siguiendo la línea proteccionista al trabajador, aumentó, en el caso concreto, a dos meses el término de la prescripción en los casos de separación del trabajador. De donde se concluye que, la institución de la prescripción de las acciones en materia laboral, es aplicable tanto para el trabajador como para el patrón, lo que implica que en este aspecto, el legislador federal tomó en cuenta el principio de igualdad entre las partes, sin distingo alguno y sin condición alguna, más que el solo transcurso del tiempo. Por ello, no siempre debe coexistir la prescripción que establece el artículo 518 y la rescisión laboral que contempla el numeral 47, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque el artículo 47 en comento, establece y enumera las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, para lo cual, está obligado a demostrar en el juicio esas causas; además, previamente, debe justificar que dio al trabajador aviso por escrito de la fecha y causa o causas que dieron motivo a esa rescisión, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de la Junta, dentro del término de cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, pues de lo contrario, esa omisión bastará para considerar que el despido fue injustificado, con todas las consecuencias de ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 2/93, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Gaceta Número 62, febrero de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RELACIÓN LABORAL, AVISO POR ESCRITO DE LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece y enumera las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón; enseguida determina, de manera clara y precisa, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, proporcionando el domicilio que tenga registrado del trabajador y solicitándole su notificación al propio trabajador; concluye estableciendo que la falta del aviso escrito al trabajador o a la Junta, por sí sola, bastará para considerar que el despido fue injustificado. Dicha formalidad otorga al trabajador la certeza de la causa o causas de rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus derechos, certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal, por ser momentáneo, pasajero y difícil de retener en la memoria; de ahí que la falta de aviso escrito de la causa o causas de rescisión de la relación laboral al trabajador o a la Junta, bastará para que el despido se considere injustificado, por disposición de la propia Ley Federal del Trabajo.’. Es decir, la omisión del patrón de dar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, trae como sanción para el patrón que el despido se convierta en injustificado y como consecuencia, que se le condene al pago de la indemnización constitucional correspondiente, salarios caídos y demás prestaciones reclamadas y que no se hayan cubierto durante la relación laboral, toda vez que la finalidad del referido aviso, es el que el trabajador despedido conozca oportunamente las causas del despido, para que esté en posibilidad de recurrir a los tribunales laborales, cuando considere que es injustificado y no se vea sorprendido e indefenso en el momento del juicio; por ello, el aviso está encaminado a proteger al trabajador para que éste no quede inaudito de las causas o motivos de su despido. Como se aprecia, de la interpretación teleológica del multirreferido último párrafo del artículo 47, no se advierte que siempre sea concomitante con el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, pues mientras que el primero señala la consecuencia legal para el patrón de la falta de notificación por escrito al trabajador, el segundo establece como sanción para el trabajador, la pérdida de un derecho, por el solo transcurso del tiempo, por no ejercerse oportunamente. Por tanto, siguiendo el propósito del legislador de salvaguardar el principio de certeza jurídica, debe convenirse que para los efectos de la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 518 del código obrero, el término de dos meses, debe computarse a partir del día siguiente al de la fecha de separación del trabajador de la fuente de trabajo, y no de la fecha en que se le haya notificado por escrito la causa o causas de la rescisión laboral, ya que este requisito es atribuible, en principio al patrón, como así lo dispone el último párrafo del artículo 47 del ordenamiento en cita, para evitar que el despido se convierta en injustificado; en cambio, la omisión de hacer valer un derecho, en este caso, es atribuible al trabajador, porque sólo a él le toca decidir si demanda o no las acciones correspondientes, pero en ningún momento la ley lo constriñe a que esa decisión dependa de un hacer o no hacer del patrón por ser él el titular de ese derecho y como tal le compete hacerlo valer en el plazo que le marca la ley, pues de lo contrario, se dejaría al arbitrio del trabajador ejercitar sus acciones en el tiempo que él estimara más conveniente a sus intereses, situación que desde luego no debe suceder, porque sería un actuar caótico y caprichoso que rompería el estado de derecho que debe imperar en toda sociedad, porque se insiste, el hecho de no haberse cumplido con el aviso respectivo a que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ello trae como consecuencia únicamente que el despido justificado que alegara el patrón, se convirtiera en injustificado, como aconteció en la especie, en que el trabajador, al parecer, fue separado de su trabajo sin causa justificada, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve y hasta que fue liberado de una acusación penal que la empresa demandada presentó en su contra (dos años, cuatro meses, veinte días), ejercitó su acción laboral (dieciocho de enero de dos mil dos), razón por la cual, no es permisible esa forma de actuar, ya que la voluntad del trabajador no debe estar por encima de la ley, so pretexto que no se le avisó por escrito de la causa de su rescisión; máxime que esa omisión no fue motivo de inconformidad por parte de éste, sino hasta que el laudo le resultó desfavorable a sus intereses, de ahí que, en este caso, no deba vincularse esa omisión con la renuncia tácita y unilateral de ejecutar una acción dentro del término que marca la ley. Consecuentemente, si en los autos del expediente laboral, quedó plenamente acreditado que el trabajador accionante, en su demanda reconoció expresamente que fue separado de su fuente de trabajo el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, lo cual se corroboró con la confesión que en igual sentido hizo la empresa demandada, es evidente que el término que tenía el trabajador para demandar a su patrón, comenzó a contar a partir del día siguiente de su separación, esto es, el veintiocho de agosto del referido año; por tanto, si hasta el dieciocho de enero de dos mil dos se presentó ante la Junta competente ejercitando las acciones derivadas de esa separación, es patente que el plazo a que se refiere el numeral citado, transcurrió en exceso y originó indefectiblemente la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 518 de la ley en comento. En las relatadas condiciones, debe decirse que el quejoso no tiene razón, al señalar que en el caso concreto no corrió el término para la prescripción porque no se le dio aviso por escrito de las causas que originaron su despido y, por ende, que no había una fecha cierta para empezar el cómputo de la misma; sin embargo, contrariamente a lo manifestado, es de indicársele que para los efectos de la prescripción, la data que debe tomarse en cuenta es la que el trabajador haya aceptado o reconocido en su demanda como fecha en que fue separado o despedido, porque es la que vincula con el hecho generador que motivó el ejercicio de la acción, de ahí que se insista, el momento en que debe comenzar a correr el término de la prescripción de la acción derivada de despido, empieza a contar al día siguiente en que el trabajador haya sido separado de su fuente de trabajo. Apoya lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que comparte este tribunal, visible en la página 384, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan: ‘PRESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA DE LA, NO OBSTANTE LA FALTA DE AVISO RESCISORIO. La falta de entrega al trab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17927-64bef7e9/despido-la-prescripcion-de-las-acciones-que-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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