ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO DEFINE EL OBJETO DE ÉSTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. ACTIVO. EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AQUEL IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO. PLAZO CON QUE CUENTAN LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE ACUERDO CON LA MECÁNICA LEGAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 635, bajo el rubro "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.".
AMPARO EN REVISIÓN 2423/96. IMPULSORA CORPORATIVA DE INMUEBLES, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En el primer agravio la autoridad recurrente aduce, sustancialmente, que la sentencia recurrida viola en su perjuicio el artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que el a quo dejó de tomar en consideración que el primer acto de aplicación de la ley reclamada no se llevó a cabo el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, en que la quejosa presentó la declaración de pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos federales, sino desde cuando se acogió al beneficio de exención previsto en el penúltimo párrafo, del artículo 6o. de la propia ley, lo cual aconteció el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno, en que presentó su declaración del ejercicio de las personas morales de impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, la que se anexó en copia certificada al escrito de agravios.
Además, sostiene que el a quo no tomó en cuenta que la quejosa desde que inició actividades, contaba con activos respecto de los cuales era sujeto del impuesto combatido, motivo por el cual, desde la fecha de su constitución, se acogió al beneficio establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo.
El agravio hecho valer es infundado.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo, existen tres momentos para la promoción del juicio de garantías contra leyes, a saber:
a) Dentro de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, si la ley es autoaplicativa;
b) Dentro de los quince días siguientes a partir del primer acto de aplicación; y,
c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa, si el interesado optó por ello previamente a la promoción del amparo.
Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 207, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 200, intitulada: "LEYES. AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA.", de donde se desprende que, en cada caso, se debe precisar si la ley reclamada es de carácter autoaplicativa (la que con su sola entrada en vigor cause perjuicio al quejoso), o bien, si se trata de una ley heteroaplicativa (en la que se requiere un acto concreto de aplicación para que tal perjuicio se origine), para así poder determinar, en qué momento se puede ejercitar la acción constitucional en su contra.
Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que, la empresa quejosa se constituyó el cinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve y, se acogió al beneficio de la exención prevista en el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo, que establece que no se pagará dicho impuesto durante el periodo preoperativo, por el año de inicio de actividades y por los dos siguientes.
También se advierte de autos que el primer pago del impuesto citado se realizó el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al primer trimestre de mil novecientos noventa y seis, según copia certificada que obra a fojas sesenta, del cuaderno de amparo.
Por otra parte, los artículos 4o., 73, fracción VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un perjuicio.
En tal sentido, este Tribunal Pleno sustentó el criterio de que procedía sobreseer en el juicio de garantías intentado en contra de la Ley del Impuesto al Activo, cuando dicho juicio fuera promovido por sociedades mercantiles que se encontraban exentas del pago del tributo, de conformidad con el artículo 6o., de la referida ley, al encontrarse en un periodo preoperativo, en virtud de que con su sola entrada en vigor, no resentían un perjuicio, y que por tanto, tenían que esperar a que tuviera lugar el primer acto de aplicación que les ocasionara el aludido perjuicio, para poder promover el juicio constitucional en su contra.
Criterio que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, correspondiente al mes de enero, página diecinueve y, cuyo texto es el siguiente:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, LEY DEL IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SOCIEDADES MERCANTILES QUE INICIARON SUS ACTIVIDADES EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. Los artículos 73, fracción VI, y 114, fracción I, disponen que el juicio de garantías es improcedente contra leyes que por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, esto es, que se exige ineludiblemente la existencia del perjuicio como condición necesaria para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, si se reclama la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, por sociedades mercantiles que iniciaron sus actividades en el año de mil novecientos ochenta y ocho, dichas sociedades se encontraban exentas de pagar el impuesto al activo de las empresas, por lo menos en el año de mil novecientos ochenta y nueve, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o., párrafo final, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, el que a la letra dice: ‘No se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, el subsiguiente y el de liquidación. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los ejercicios posteriores a fusión, transformación de sociedades o traspasos de negociaciones.’, como dichas quejosas se encontraban exentas del pago del impuesto reclamado por el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve, por ser el subsiguiente al de inicio, debe concluirse que a las mismas, al momento de presentar su demanda de garantías, no les causaba perjuicio; entonces, en la especie, tenían que esperar a que tuviera lugar el primer acto de aplicación de la ley que les ocasionara perjuicios en la esfera de sus intereses jurídicos, a efecto de poder combatir su inconstitucionalidad, por lo que, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de ellas."
El criterio antes transcrito, también ha sido sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al conocer del amparo en revisión 2516/90, promovido por "Ifermes", S.A. de C.V. y otros, resuelto en sesión de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos, habiendo sido ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por tanto, en el presente asunto cabe concluir que el juicio de amparo se promovió dentro de los quince días siguientes al de la presentación de la declaración de pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos federales, ya que independientemente que el no haber pagado el impuesto relativo en función del beneficio mencionado en el artículo 6o. de la ley impugnada, constituya o no una autoaplicación de la misma, lo cierto es que la quejosa no resultó perjudicada por la ley de que se trata, ni con motivo de su constitución como sociedad, ni al haberse acogido a tal beneficio; de ahí que, debe estimarse que el primer acto de aplicación consistió en el pago relativo, realizado el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, lo que originó el perjuicio requerido para la procedencia del juicio de amparo.
En suma, si la quejosa realizó el pago provisional del impuesto al activo el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, y la demanda se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el nueve de mayo siguiente, es incuestionable que la misma se interpuso dentro del término que para tal efecto señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, es decir, dentro de los quince días siguientes al del primer acto de aplicación.
Similar criterio ha sido sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver los amparos en revisión 1204/96, promovido por "Burger King Mexicana", S.A. de C.V., en sesión del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos, habiendo sido ponente el Ministro Juan N. Silva Meza; 2087/96, promovido por "Distribuidora Italli", S.A. de C.V., resuelto por unanimidad de cinco votos, en sesión de diecinueve de febrero pasado, siendo ponente la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas; y, 1475/96, promovido por "Mexclimex", S.A. de C.V., aprobado en sesión de treinta de abril último, por unanimidad de cinco votos, habiendo sido ponente el Ministro Humberto Román Palacios.
En las relacionadas condiciones, al resultar infundado el agravio tendiente a demostrar la improcedencia del juicio de garantías, y al no advertir este Tribunal Pleno alguna otra causal que obligue a sobreseer en dicho juicio, procede pasar al estudio de los restantes agravios, en los que se combate la concesión del amparo.
QUINTO. En el tercer agravio se sostiene, sustancialmente, que el a quo concedió el amparo por estimar que el artículo 5o. de la ley tildada de inconstitucional era violatorio del principio de equidad, al permitirse a algunos contribuyentes las deducciones de sus deudas y a otros no, perdiendo de vista que la exclusión de partidas deducibles para efectos del impuesto al activo que contempla dicho precepto, tiene plena justificación, puesto que sólo se limita a establecer regímenes distintos para diferentes clases de adeudos.
Este Tribunal Pleno, en relación con el principio de equidad, ha establecido la jurisprudencia número 170, visible en las páginas 171 y 172 del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra dice:
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
De acuerdo con la tesis transcrita, el principio de equidad se traduce en la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, pudiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, si a través de la variación se consigue que los contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad económica, para respetar el principio de proporcionalidad.
Precisado lo anterior, se transcribe a continuación el precepto reclamado, a fin de realizar el examen del problema de constitucionalidad abordado en la sentencia recurrida.
"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión, el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto. No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación. Para los efectos de este artículo, los contribuyentes deducirán el valor promedio de las deudas en el ejercicio de que se trate. Dicho promedio se calculará sumando los promedios mensuales de los pasivos y dividiendo el resultado entre el número de meses que comprende el ejercicio. Los promedios se determinarán sumando los saldos al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Las personas físicas podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, además, un monto equivalente a quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Cuando dicho monto sea superior al valor activo del ejercicio, sólo se podrá efectuar la deducción hasta por una cantidad equivalente a dicho valor."
Como es de verse, dicho precepto autoriza a deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México, exceptuando de dicha deducción las deudas que hubiesen sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.
Previamente al análisis del agravio de referencia, es menester destacar que este Alto Tribunal, en relación al artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, estableció la jurisprudencia 5/1991, publicada en la página 15 de la Gaceta número 41, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, que es del tenor literal siguiente:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que autoriza a deducir el valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con empresas residentes en México, no así las contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, no infringe el principio de equidad que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, porque dicho precepto legal no establece diversas categorías de contribuyentes a efecto de que pudiera surtirse el presupuesto necesario para sujetarlos a un tratamiento impositivo desigual, sino que sólo se limita a establecer regímenes distintos para diferentes clases de adeudos, todos los cuales pueden figurar, perfectamente, en el activo de un mismo causante. El principio de equidad tributaria asegura tratar igual a sujetos iguales, mas no garantiza que todos los elementos patrimoniales de un contribuyente sean valorados de igual manera al integrar la base gravable del impuesto. Además, es razonable que se autorice la deducción de los adeudos en moneda nacional concertados con empresas residentes en México, ya que siendo éstas también causantes del impuesto, con dicha regla se evita gravar dos veces el mismo adeudo, como activo del deudor y como activo del acreedor, razón que no opera tratándose de los otros adeudos porque, de admitirse su deducción, ni el acreedor ni el deudor, pagarían el impuesto por ese concepto."
Posteriormente, el Tribunal Pleno en sesión celebrada el día 6 de abril de 1995, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán, en contra de los emitidos por los señores Ministros Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Román Palacios y Sánchez Cordero, resolvió el amparo en revisión 107/92, promovido por Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, Sociedad Anónima de Capital Variable, abandonó el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial anterior, para concluir que el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV de la Constitución General, ya que da un trato inequitativo a los contribuyentes que contratan deudas con el sistema financiero o con su intermediación, pues no obstante que esta clase de pasivos, al igual que las demás deudas respecto de las cuales se autoriza su deducción, deben ser consideradas para efectos de disminución de la base gravable, ya que tanto unas como las otras afectan esa base del impuesto que es la tenencia de activos destinados a actividades empresariales, se les da un trato inequitativo sin que exista razón alguna que justifique su exclusión. Las consideraciones conducentes de la resolución correspondiente son las que a continuación se transcriben:
"Este Tribunal Pleno decide apartarse del criterio sostenido en la anterior jurisprudencia transcrita, por las siguientes razones: En ella se sostiene que la autorización otorgada por el artículo 5o. a deducir el valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con empresas residentes en México y no así las contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, no infringe el principio de equidad: a) porque el principio de equidad tributaria no garantiza que todos los elementos patrimoniales de un contribuyente sean valorados de igual manera al integrar la base gravable, sino sólo asegura trato igual a los sujetos iguales y, en el caso, el precepto legal no establece diversas categorías de contribuyentes para que pudiera surtirse el presupuesto de sujetarlos a un tratamiento desigual, pues se limita a establecer regímenes distintos para diferentes clases de adeudos que pueden figurar en el activo de un mismo causante; b) porque la autorización de la deducción de los adeudos con empresas residentes en México es razonable, pues con ello se evita gravar dos veces el mismo adeudo, razón que no opera tratándose de los adeudos con empresas del sistema financiero o su intermediación pues, de admitirse su deducción, ni el acreedor ni el deudor pagarían el impuesto por ese concepto. La primera de las razones antes resumidas carece de sustento, pues el principio de equidad tributaria no tiene la interpretación limitada que en ella se da. El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con el artículo 31, fracción IV constitucional y que exige el debido respeto al principio de igualdad, que se traduce en dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, no requiere como presupuesto para su posible transgresión el que las normas legales relativas establezcan diversas categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta con que establezcan regímenes diversos, aunque éstos sean aplicables a todos los contribuyentes sin diferenciación, según la hipótesis legal en que se coloquen y puedan, incluso ser aplicables a un mismo sujeto pasivo del impuesto, para que se dé la posibilidad de inequidad, ya que tal diferenciación en los regímenes puede ser, en sí misma, violatoria de tal principio al ocasionar, según la aplicación que corresponda de los regímenes, un trato desigual a iguales o igual a desiguales. En el caso a estudio, es claro que si, por un lado, se permite la deducción de las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero y, por el otro, no se autoriza la deducción de las deudas que hubiesen sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, se está haciendo una distinción injustificada entre deudas que afectan la ganancia mínima presunta originada en la tenencia de activos destinados a actividades empresariales, objeto del tributo, por causas que no dependen de los contribuyentes, sino de la calidad de sus acreedores, lo que ocasiona un trato desigual a iguales, pues mientras a unos se les permite la deducción de las deudas que afectan su ganancia mínima presunta, a otros no, no obstante que también afectan tal ganancia, siendo, por tanto, inequitativa la disposición de mérito, aunque la misma no establezca diversas categorías de contribuyentes, sino regímenes distintos para los adeudos, pues tal diferenciación es, en sí misma, inequitativa al ocasionar un trato desigual a iguales. El segundo de los razonamientos en que se sustenta la tesis jurisprudencial transcrita carece también de fundamento, pues no puede admitirse que la prohibición para deducir los adeudos contratados con el sistema financiero o con su intermediación se deba a que, de permitirse su deducción, ni el acreedor ni el deudor pagarían el impuesto por ese concepto, ya que dicho adeudo no es el objeto del impuesto, y si bien como activo del acreedor constituiría parte de la base para determinar su ganancia mínima presunta objeto del gravamen, no puede considerarse que por el hecho de haberse exentado del impuesto al acreedor, independientemente de la inequidad de tal exención que se analizará más adelante, deba ser el deudor quien cubra el impuesto por la ganancia que tal activo le generó a su acreedor, pues ello, lejos de justificar la excepción de su deducción, corrobora la desproporcionalidad e inequidad de tal prohibición. Es decir, la exención del pago del impuesto a las empresas del sistema financiero, independientemente de su inconstitucionalidad, no puede llevar a considerar que justifica la excepción de la deducción de las deudas que los contribuyentes hubieren contratado con tales empresas por el hecho de que, de no hacerse así, no se cubriría el impuesto por tal concepto, ya que ello significaría hacer recaer el pago del tributo en los contribuyentes por una ganancia ajena que en ellos implica un pasivo, lo que, como se señaló, corrobora la transgresión del artículo 5o. reclamado al artículo 31, fracción IV constitucional."
El criterio antes transcrito dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 63, debiéndose aclarar que por la votación antes precisada, se consideró no idónea para integrar jurisprudencia. El rubro y texto de la tesis es el siguiente:
"ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al exceptuar de la autorización de deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, a aquellas que hubieren sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, pues estas deudas también afectan la base del tributo, ocasionándose con esto un trato desigual a iguales al permitirse a unos contribuyentes las deducciones de sus deudas y a otros no, por situaciones ajenas a ellos y propias de los acreedores y sin que pueda considerarse que tal distinción de deudas se justifica por el hecho de que, de permitirse su deducción no se pagaría el impuesto por ese concepto, ya que dicho adeudo no es el objeto del impuesto y si bien como activo del acreedor constituiría parte de la base para determinar su ganancia mínima presunta objeto del gravamen no puede considerarse que por el hecho de que el artículo 6o. de la ley exente del pago del impuesto a las empresas que componen el sistema financiero deba ser el deudor quien cubra el impuesto por la ganancia que el activo le genere a su acreedor, pues ello significaría hacer recaer el pago del tributo en los contribuyentes por una ganancia ajena que en ellos implica un pasivo, lo que lejos de justificar la excepción de deducción de tal tipo de deudas, corrobora su inconstitucionalidad."
En el caso, es de reiterarse el criterio referido pues, como se sostiene en el mismo, el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo viola la garantía de equidad tributaria, ya que con la excepción que contempla en relación con la deducción de las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, se hace una distinción injustificada entre deudas que afectan el objeto del tributo, por causas que no dependen de los contribuyentes, sino de la calidad de sus acreedores, lo que ocasiona un trato desigual a iguales, pues mientras a unos se les permite la deducción de las deudas que afectan sus activos, a otros no, no obstante que también afectan dicha base y, además, el hecho de que, de permitirse su deducción, ni el acreedor ni el deudor pagarían el impuesto por ese concepto, no justifica ese trato inequitativo, en virtud de que dicho adeudo no es el objeto del impuesto y aun cuando pudiera constituir parte de la base para determinar la tenencia de activos, no puede considerarse que por el hecho de haberse exentado del impuesto al acreedor, deba ser el deudor quien lo cubra por la utilidad que tal activo le generó a su acreedor, pues ello implicaría hacer recaer el pago del tributo por una ganancia ajena, lo que conforme a su objeto no puede admitirse.
En efecto, las deudas conforman el pasivo de un sujeto, y representan las obligaciones presentes provenientes de operaciones o transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios, pérdidas o gastos en que se ha incurrido, o por la obtención de préstamos para el financiamiento de bienes.
En este tenor, si un contribuyente del impuesto al activo solicita un préstamo a una empresa residente en el país o a un establecimiento permanente ubicado en México de residentes en el extranjero, y aquél se le concede, automáticamente adquiere una deuda, situación que no difiere, en esencia, si el crédito se pacta con una empresa del sistema financiero o con su intermediación, toda vez que en ambos casos esa operación se traduce para el deudor en una obligación pendiente de cumplir, que en sus registros contables quedará anotada en la cuenta de pasivos, sin que constituya un rasgo distintivo para no considerarlo así, la calidad de la persona que figure como acreedor, ya que independientemente de ello, lo cierto es, que dada la naturaleza de la función de intermediación que realizan las empresas que componen el sistema financiero, la deuda contraída con éstas, puede considerarse como si se hubiere celebrado con cualquier otra persona.
Efectivamente, la actividad de intermediación, específicamente las operaciones de crédito, se lleva a cabo con recursos monetarios que no son propios de las empresas que componen el sistema financiero, sino ajenos, toda vez que opera con aquellos que provienen de la captación del público (ahorro y depósito de terceros) y su colocación rentable en el propio público (préstamos); por lo que la participación de esas instituciones en la actividad mencionada consiste en operar, simplemente, como agentes intermediarios de crédito.
En esta tesitura, cuando las personas que depositan su dinero en las empresas que componen el sistema financiero son causantes del tributo en comento, para efectos de determinar la base de éste, se encuentran obligados a incluir los activos financieros que estén representados por depósitos o inversiones realizadas en empresas que forman parte del sistema financiero, en términos de lo previsto en los artículos 2o., 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo y 13, del reglamento de dicha ley.
Por tanto, en relación a los activos financieros el contribuyente entera el tributo correspondiente, toda vez que son considerados para fijar el monto de la base; cuando estos mismos recursos son prestados a un tercero, siendo intermediario el banco, se trata de los mismos recursos económicos, respecto de los cuales el ahorrador o el depositante ya ha enterado el impuesto respectivo. Luego, esta situación es similar, en cuanto a su mecanismo, que aquella en la que se contrata una deuda directamente con la empresa (persona física o moral) residente en el país o con establecimiento permanente ubicado en México de residentes en el extranjero, es decir, del supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo.
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que no existe alguna razón lógico-jurídica que permita hacer la distinción establecida en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, respecto de las deudas que pueden deducirse al valor del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1814-815c90a1/activo-la-ley-del-impuesto-relativo-en-cuanto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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