ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO DEFINE EL OBJETO DE ÉSTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RESPECTIVO, QUE ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, ATAÑE A UNA PREVISIÓN VARIABLE DEL TRIBUTO QUE SÓLO AFECTA A QUIENES TIENEN CONTRATADAS ESA CLASE DE DEUDAS. ACTIVO, IMPUESTO AL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL TRIBUTO, REQUIERE QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE TENER DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y QUE EXHIBA LA DECLARACIÓN ANUAL QUE DEMUESTRE EL ACTO DE APLICACIÓN. ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO SE DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL Y NO CON DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES. ACTIVO. LA TASA FIJA DEL 1.8% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER. ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONADOS CON ALGUNA DE ELLAS, DERIVA DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA. ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR PRECISAR, PARA EL CÁLCULO DEL MISMO, DE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, YA QUE SU CONOCIMIENTO SE ENCUENTRA AL ALCANCE DE LOS CONTRIBUYENTES. ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR DISPONER, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS, LA POSIBILIDAD DE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el rubro "ACTIVO. LA TASA FIJA DEL 1.8% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.".
AMPARO EN REVISIÓN 2205/97. INDUSTRIA MEXICANA DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ARMANDO CORTÉS GALVÁN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En principio, resulta pertinente realizar las siguientes precisiones:
De la respectiva demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama la Ley del Impuesto al Activo publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, así como sus reformas contenidas en los decretos publicados en el mismo diario correspondiente a los días veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; y el decreto emitido por el presidente de la República por el que otorga estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el mencionado diario del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis; habiendo indicado como acto de aplicación de las mencionadas disposiciones la presentación de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, realizada ante Banamex, Sociedad Anónima, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuya copia fotostática certificada obra a fojas 117 a 118 del expediente de amparo, existiendo también a fojas 146 a 149 de esos autos, copia fotostática certificada de la declaración anual de ese tributo por el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, presentada hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete (después de que presentó su demanda de garantías, lo que sucedió el diez de marzo anterior).
Asimismo, de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa realiza afirmaciones genéricas en cuanto a que reclama todas las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo hasta su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, de la lectura integral de esa demanda se desprende que sólo precisa tal impugnación en relación con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., párrafo segundo, y 9o., de esa ley, de cuya alegada inconstitucionalidad a su vez hace depender la del mencionado reglamento, esgrimiendo argumentos propios en cuanto al referido decreto presidencial, siendo la nota común de las argumentaciones jurídicas expuestas en los conceptos de violación, que atacan el establecimiento mismo del impuesto al activo, pues a través de ellos se aduce que en la determinación de algunos de los elementos esenciales de ese tributo se infringen los principios constitucionales que deben regir a las contribuciones y que el Congreso de la Unión carece de facultades para establecer tal impuesto.
Ahora bien, de la sentencia recurrida destaca que el Juez de Distrito, en el primer punto resolutivo, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del considerando segundo, respecto de los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, tesorero de la Federación y administrador general de Recaudación de la citada secretaría, que se hicieron consistir en la recepción de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete; que también, en el primer punto resolutivo declaró el sobreseimiento, según lo que expuso en el considerando cuarto, respecto de los actos vinculados con el mencionado decreto presidencial; y en el segundo resolutivo, en términos del considerando quinto, declaró la inconstitucionalidad del sistema del impuesto al activo mediante la aplicación de las tesis identificadas con los números XLV/95 y XLVI/95, cuyos respectivos rubros son: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." y "ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)."
También es necesario señalar que el presente recurso de revisión fue interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, y que en él se hacen valer agravios, por una parte, encaminados a poner de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo y, por otra, en contra de las consideraciones que condujeron al juzgador federal a otorgar la protección de la Justicia de la Unión.
Las anteriores precisiones revelan que no es materia de la presente instancia constitucional el sobreseimiento que el Juez de Distrito decretó en el primer punto resolutivo de su fallo, en términos de los considerandos segundo y cuarto, respecto de los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, tesorero de la Federación y administrador general de Recaudación de la citada secretaría, que se hicieron consistir en la recepción de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, y tocante al decreto emitido por el presidente de la República por el que otorga estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Tal postura dimana de la circunstancia de que ese punto resolutivo y las consideraciones que lo sustentan no agravian a la autoridad responsable recurrente, mientras que la quejosa, a la que en todo caso pudiera parar perjuicio, no interpuso el recurso de revisión, por lo que no es dable realizar un análisis sobre el particular, en tanto la instancia de revisión se abre sólo a petición de parte agraviada y no de manera oficiosa.
Es ilustrativa de lo expuesto, la jurisprudencia número 20/91 de la Tercera Sala de la anterior integración de este Tribunal Supremo, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Abril, página 26, cuya sinopsis es del siguiente tenor:
"REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo."
QUINTO. Una vez que ha quedado determinada la materia del presente recurso de revisión, debe abordarse el examen del primero de sus agravios, en el que se cuestiona la procedencia del juicio de garantías respecto del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.
La autoridad recurrente aduce que el Juez de Distrito violó lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque no realizó un estudio de la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, sustentada en que la quejosa no acreditó que el artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo afecte su interés jurídico, porque no demostró encontrarse en la hipótesis que establece, es decir, que tenga deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.
Sobre el particular, es pertinente precisar que del informe justificado rendido en representación del presidente de la República, que obra a fojas 49 a 92 del expediente de amparo, se desprende que se invocó la referida causa de improcedencia, mientras que de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito no se pronunció al respecto, pero tal omisión debe ser reparada por este Tribunal Pleno, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece una de las reglas que deben seguirse en el estudio del recurso de revisión, ilustrando en cuanto a que han de examinarse los agravios aducidos y, cuando se estimen fundados, deben considerarse los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, lineamiento que interpretado sistemáticamente con lo dispuesto por la fracción III del citado precepto legal y con el artículo 73, último párrafo, de la legislación de la materia, autoriza a que de considerarse fundada la omisión alegada por el recurrente, respecto del examen de una causa de improcedencia invocada en el informe justificado rendido por alguna de las autoridades responsables o en cualquier actuación, por alguna de las otras partes, en reparación de tal violación, se estudie la cuestión, dado que el examen de la procedencia de la acción constitucional debe examinarse aun de oficio en cualquiera de las instancias del juicio.
Es fundado el argumento de improcedencia que la autoridad responsable hace valer:
A fin de ilustrar tal aserto, es necesario tener en consideración que la quejosa alega que la precisada disposición es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al prohibir la deducción de deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual, porque los distingue en función de la calidad de su acreedor.
Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.
Ahora bien, el citado artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto. No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."
De esta disposición legal se desprende que autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y les prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.
De esta guisa resulta que a efecto de acreditar plenamente el interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías el artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.
Para avalar tal postura es necesario reconocer que existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.
En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.
En este caso se encuentra el artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquellos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.
En ese orden de ideas, no basta que la quejosa demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría darse el caso de que el quejoso tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar esa clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.
En esta tesitura, lo expuesto lleva a concluir que tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la quejosa no demostró tener deudas contratadas con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.
Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3a. CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Septiembre, Octava Época, Tercera Sala, cuyo rubro es "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCIÓN DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACIÓN.", en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, se infiere que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.
Las consideraciones que anteceden revelan que el agravio esgrimido por la autoridad recurrente es fundado en cuanto a que respecto del artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
SEXTO. Como se precisó en el considerando cuarto de esta ejecutoria, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito otorgó el amparo al tenor de la aplicación de las tesis XLV/95 y XLVI/95, de este Tribunal Pleno que se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo; respecto del primero de estos preceptos legales, en el considerando que antecede, ya se determinó, con base en los agravios esgrimidos por la autoridad responsable, que el juicio de garantías resulta improcedente y tocante del segundo de éstos, se advierte, de oficio, que el juicio también es improcedente, por la razón que más adelante se precisará.
Es importante destacar que cuando en la revisión se advierte la existencia de una causa de improcedencia, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Para poner de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, es pertinente partir de la base de que éste reviste la naturaleza de una norma heteroaplicativa.
Al respecto, los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).
En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.
En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.
Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.
Este Tribunal Pleno ha precisado las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, en la actualmente jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, correspondiente al mes de abril de 1996, cuya sinopsis es la siguiente:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativa o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."
Ahora bien, el texto del precepto legal en comento es el siguiente:
"Artículo 9o. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los términos de los títulos II o II-A, o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia. Adicionalmente, los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los términos de los títulos II o II-A o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia, el impuesto al activo causado, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo contra los pagos provisionales del impuesto al activo. El impuesto que resulte después del acreditamiento a que se refieren los párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta ley. Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre ambos impuestos. El impuesto sobre la renta por acreditar a que se refiere esta ley será el efectivamente pagado. Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizará por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda al pago del impuesto sobre la renta o el impuesto al activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate. Los contribuyentes de esta ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes casos: Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior a dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en términos de esta ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la diferencia que no se considere como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio en los términos de esta fracción. Cuando su acreditamiento dé lugar a la devolución del impuesto establecido en esta ley, en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción se considerará como impuesto al activo para efecto de lo dispuesto en el cuarto párrafo de este artículo. Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores. Los contribuyentes podrán también acreditar contra los pagos provisionales que tengan que efectuar en el impuesto al activo, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la totalidad del impuesto sobre la renta efectivamente pagado, el remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales. Las personas morales que tengan en su activo acciones emitidas por sociedades residentes en el extranjero podrán acreditar contra el impuesto al activo, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas sociedades, hasta por el monto que resulte conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6o. de la ley del impuesto mencionado. Los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en este artículo son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión, determinado este después de haber efectuado la disminución de las deudas deducibles en los términos del artículo 5o. de esta ley."
De la exposición acerca de la naturaleza jurídica de la norma reclamada, se corrobora que es heteroaplicativa, ya que por su sola vigencia no causa perjuicio a los gobernados sino que, en términos del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, requiere de un acto de aplicación para que se genere ese perjuicio y justifique, al mismo tiempo, la procedencia del juicio de amparo en su contra, lo que acontece, según el contenido y natural aplicación de esta disposición, únicamente, cuando el contribuyente presenta la declaración anual correspondiente, ya que es en este acto cuando podrá acreditar o no contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que le correspondió en el mismo ejercicio.
En estas condiciones, si para determinar el monto de la base del activo conforme al precepto reclamado, es necesaria la existencia de la declaración anual, para la procedencia del juicio de amparo promovido en contra de esta norma, resulta indispensable que en aquélla aparezca que se realizó el acreditamiento previsto en el artículo 9o., o que aquél no se llevó a cabo, porque no se actualizan los requisitos que para tal efecto señala el precepto reclamado.
Consecuentemente, el acto de aplicación del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, no se actualiza en la declaración provisional de pago del tributo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, que la quejosa acompañó a su demanda de garantías, y si bien durante la sustanciación del juicio exhibió la declaración anual del ejercicio de mil novecientos noventa y seis, que obra a fojas 146 a 149 del expediente, aparece que ésta la presentó hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, esto es, más de veinte días después de que promovió el juicio, por lo que no puede revelar la procedencia del amparo, la que debe estar actualizada al momento de la presentación de la respectiva demanda, pues es en este momento en el que deben estar reunidos los requisitos que la ley señala p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1815-e3f714f4/activo-la-ley-del-impuesto-relativo-en-cuanto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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