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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCION DE TESIS. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA LA DENUNCIA SI, CONFORME AL NUEVO SISTEMA, YA EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE EL CRITERIO DEBATIDO Y LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE ESTIMAN QUE NO DEBE MODIFICARSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/91. · Registro digital (IUS): 1820
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, , Pág. 163.

Se transcribe la ejecutoria de la contradicción 14/91, publicada en la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Agosto, página 163.

CONTRADICCION DE TESIS 14/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción entre tesis que en juicios de amparo directo en materia civil sustentaron el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, según se advierte en el resultando primero de esta resolución.

SEGUNDO.- Antes de entrar en materia cabe destacar que en los presentes autos aparece la razón asentada por el actuario adscrito a la Tercera Sala de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por medio de la cual hace constar que se entregaron al agente del Ministerio Público Federal las copias del acuerdo que admitió esta contradicción de tesis y de la denuncia que la originó, así como de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados, tal como se ordenó por proveído de nueve del mismo mes y año.

El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

En la especie, los treinta días para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la presente contradicción de tesis, comenzaron a correr el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno y terminaron el cuatro de noviembre siguiente, descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, dos y tres de noviembre por haber sido sábados y domingos inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo.

Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal, su parecer en relación a la presente contradicción de tesis, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en este asunto en virtud de que la facultad que le concede el artículo acabado de transcribir es potestativa y no obligatoria; luego, procede se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

Es aplicable la tesis LXXXVII/90, aprobada por esta Tercera Sala en sesión privada de dos de julio de mil novecientos noventa, por unanimidad de cuatro votos, que señala:

"CONTRADICCION DE TESIS. LA ABSTENCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE QUE NO ESTIMO PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trata, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponde sin la opinión de mérito."

TERCERO.-La parte considerativa de la sentencia pronunciada el doce de julio de mil novecientos noventa y uno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 3518/91, señala:

"QUINTO.-Por razón de orden y método procede el análisis del tercer concepto de violación, que se refiere a que la Sala responsable violó los artículos 14 constitucional, y 638, 277, 685 y 689 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de que en forma oficiosa estudió la procedencia de la acción intentada por la actora hoy quejosa, la que procede sólo a petición de parte interesada y por ello rompió con la igualdad de las partes en el procedimiento."

"Dicho concepto de violación es fundado."

"Así es, de la lectura integral del escrito de agravios de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y uno (fojas 10 a 12 del toca de apelación), no se advierte que contenga argumento alguno encaminado a combatir la cuestión relativa a la improcedencia de la acción intentada en el juicio de origen."

"En efecto, el primer agravio sustancialmente se refirió a que la sentencia recurrida no era congruente; el segundo a que no se había apegado a la legalidad; el tercero a que las pruebas periciales, instrumentales, la inspección, la documental pública y la testimonial debieron ser admitidas; y en el cuarto a que si se hubiera admitido la prueba confesional así como las demás pruebas, lo hubieran favorecido notoriamente; por lo que se evidencia que no se hizo valer inconformidad alguna relativa a la improcedencia de la acción."

"Ahora bien, en jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 18, visible en la página 25, de la Segunda Parte, Sala y Tesis, "A a la CH" del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con la voz: "ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.", ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción; sin que ello implique o se deba interpretar que el tribunal de alzada también deba estudiarla oficiosamente, ya que sólo puede realizar ese examen siempre y cuando en el escrito de agravios sometidos a su consideración, se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para establecer qué requisitos de la acción dejaron de cumplirse, esto es, en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción a la luz de los agravios respectivos."

"Por ello, si en el escrito de agravios, como se precisó, ninguno de los argumentos que contiene se refirió sobre el estudio de la improcedencia de la acción, no había elemento alguno para que el juzgador de segunda instancia se avocara y resolviera sobre dicha cuestión que, se repite, no se hizo valer como agravio, por lo que la Sala responsable única y exclusivamente debió pronunciarse sobre las cuestiones precisas que se plantearon en los agravios hechos valer."

Apoyan el criterio anterior, la tesis de jurisprudencia número 189, visible en la página 335, de la Segunda parte, Salas y Tesis, "A a la CH", del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "APELACION, MATERIA DE LA.-En principio, el tribunal de alzada debe concretarse a examinar exclusivamente, a través de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo resulta incongruente, salvo los casos en que la ley expresamente permite recibir en segunda instancia, con audiencia de las partes, pruebas o excepciones supervenientes, o el estudio oficioso de la instancia." Así como la publicada en el Informe de Labores correspondiente al año de 1984, Tercera Sala, tesis número 13, visible en la página 20, que a la letra dice: "ACCION. ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION. PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA PODER ESTABLECER CUALES REQUISITOS DE LA ACCION DEJARON DE CUMPLIRSE.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida, ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción. Es pertinente agregar, a modo de complemento, que el tribunal de apelación puede emprender el propio examen siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración, se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para poder establecer cuál o cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse."

"En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación analizado, deberá concederse a Lourdes Edith Rodríguez Germán, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Filomena Germán de Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de los actos reclamados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se hicieron consistir en la sentencia definitiva de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno dictada en el toca número 758/91, relativo al juicio de controversia de arrendamiento, terminación de contrato, número 1690/87, seguido por Filomena Germán de Rodríguez en contra de Félix Reyna, para los efectos de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia definitiva impugnada de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno y con plenitud de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva únicamente sobre las precisadas cuestiones planteadas y hechas valer por vía de agravio en la apelación tramitada bajo el toca número 758/91. Dado lo fundado del concepto de violación que se analizó y que es suficiente para otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada, se hace innecesario el estudio de los restantes, de acuerdo a la tesis número 440, visible en la página 775 de la Segunda Parte, Salas y Tesis, "A a la CH", del último Apéndice citado, que textualmente se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

CUARTO.-Las consideraciones en que se basó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al fallar el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa el juicio de amparo directo número 3360/90, en lo que es materia de la contradicción que se denuncia, son las siguientes:

"QUINTO.-En el caso, procede suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues este Tribunal Colegiado advierte que en la especie se ha cometido una violación manifiesta a la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa. En efecto, en el juicio natural se ejercitó la acción de terminación de contrato de arrendamiento respecto de una localidad destinada a casa habitación. En tales condiciones, habiendo operado la tácita reconducción, por haberse vencido el plazo forzoso convenido, los elementos de la acción que debía probar la actora consistían, por un lado, era acreditar la relación contractual, la que se justificó, como lo dijo el Juez a quo y lo confirmó la Sala responsable, mediante el contrato base de la acción, que fue celebrado el primero de octubre de mil novecientos ochenta y siete, por un plazo forzoso para ambas partes de doce meses, con una renta mensual de veinticinco mil pesos y destinado, como se dijo, a casa habitación; pactándose que en caso de que el contrato se hiciera por tiempo voluntario, cualquiera de los contratantes, mediante notificación personal a la otra parte, le haría saber su voluntad de dar por terminado el contrato, concediéndole sesenta días. En tales condiciones, el actor previamente a su demanda, procedió a dar, a su inquilino, el aviso indubitable de que era su voluntad dar por terminado el contrato, mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, de fecha seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 5 y 6). Ahora bien, si la demanda ordinaria se presentó el siete de febrero de mil novecientos ochenta y siete, según así se advierte del sello fechador de la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (foja 1 vuelta); en tales condiciones, tanto el Juez de primera instancia, como la Sala responsable, consideraron indebidamente acreditado el requisito previo del aviso indubitable; pero en la especie, no se cumplió con dicho requisito, en el sentido de conceder a la inquilina el plazo de dos meses prescrito en el artículo 2478 del Código Civil, por lo que la Sala responsable al dejar de analizarlo, debiendo hacerlo incluso de manera oficiosa, es evidente que dejó en estado de indefensión a la quejosa; máxime que este Tribunal Colegiado advierte que el plazo de dos meses previsto por el artículo 2478 para dar el aviso indubitable de que es voluntad del arrendador dar por terminado el contrato de arrendamiento relativo a fincas urbanas destinadas a la habitación, es irrenunciable por ser aquél una disposición de orden público e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 16/90, contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el oficio 2440 de veinticinco de junio de mil novecientos noventa, dirigido a este tribunal, tesis que a la letra dice: 'ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACION. ES IRRENUNCIABLE EL TERMINO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 2478 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (REFORMAS DE 1985).-El artículo 2478 del Código Civil para el Distrito Federal, aun cuando no se encuentra comprendido dentro del capítulo cuarto, título sexto, de la segunda parte, del libro cuarto del Código Civil que la ley considera de orden público e interés social, está íntimamente relacionado con las disposiciones que prevé el mencionado capítulo que se refiere al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, por establecer dicho precepto el plazo de terminación de los contratos de arrendamiento que no se hubieren celebrado por tiempo determinado; motivo por el cual no puede ser susceptible de renuncia voluntaria por las partes, el plazo que fija el artículo en cuestión, ya que dicha disposición debe considerarse de orden público e interés social cuando el destino del bien arrendado sea el de habitación.'."

"En tales condiciones resulta evidente que en la especie la Sala responsable, al no advertir que en el caso no se había respetado el término legal de dos meses de referencia, puesto que como ya se asentó, el aviso se dio el seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve y la demanda se presentó el siete de febrero del mismo año, resulta inconcuso que no se acreditó ese presupuesto de la acción; por lo que el tribunal de alzada, con plenitud de jurisdicción, debió en forma oficiosa resolver que la acción intentada no había quedado acreditada y por lo mismo, absolver a la demandada, aquí quejosa de las prestaciones reclamadas; pero al no hacerlo así, resulta claro que violó en perjuicio de dicha demandada su garantía de legalidad y en consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada. Lo que se hace extensivo a los actos de ejecución."

QUINTO.-Este Organo Colegiado considera que la presente contradicción de tesis debe declararse sin materia.

Efectivamente, si bien existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en tanto que el primero mencionado sostiene que el tribunal de apelación no puede examinar en forma oficiosa la improcedencia de la acción intentada en el juicio natural, sino que es necesario que ello se plantee en los agravios, el Quinto Tribunal Colegiado considera que el tribunal de alzada, aun de manera oficiosa y con plenitud de jurisdicción, debe analizar la improcedencia de tal acción, lo cierto es que con posterioridad a la denuncia de la presente contradicción de tesis, esta Tercera Sala sentó jurisprudencia que resuelve el punto a debate.

La jurisprudencia 9/92, cuyo texto fue aprobado por este organo colegiado en sesión privada de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos por unanimidad de cuatro votos, textualmente establece:

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos."

Deriva de la anterior transcripción que el punto de contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, ha quedado resuelto por esta Tercera Sala en el sentido de que el tribunal de apelación sólo puede examinar la improcedencia de la acción intentada en el juicio natural cuando en el escrito de agravios se haga valer la correspondiente inconformidad.

Ahora bien, como la tesis jurisprudencial transcrita se estableció con posterioridad a la vigencia del artículo sexto transitorio de las reformas a la Ley de Amparo que entraran en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y este órgano colegiado considera que no existen razones para modificar el criterio ahí determinado, resulta procedente declarar sin materia la presente contradicción de tesis.

Refuerza lo anterior la tesis LXXVI/90 de esta Tercera Sala, que señala:

"-La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito tiene como fin alcanzar la seguridad jurídica mediante la determinación de ese Alto Tribunal del criterio que, como jurisprudencia, debe prevalecer con carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Ahora bien, si conforme al artículo sexto transitorio de las reformas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte con anterioridad, en las materias cuyo conocimiento les corresponde, es lógico inferir, por una parte, que respecto de las jurisprudencias que se encuentren en esa situación es posible que se produzcan contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito que deberán denunciarse y resolverse; y, por otro, que en cuanto a las jurisprudencias que se hayan establecido con posterioridad, si se llega a producir una contradicción ello implicará que uno de los tribunales indebidamente desobedeció la jurisprudencia establecida, lo que podrá dar lugar a hacerlo del conocimiento del Pleno a fin de que estudie la posibilidad de imponer medidas disciplinarias. Sin embargo, por lo que toca al criterio jurisprudencial la Suprema Corte tendrá facultades para reexaminarlo e incluso modificarlo, pero si estima que lo debe reiterar, la denuncia de contradicción no debe dar lugar al establecimiento de una jurisprudencia, pues la misma ya existía, sino declarar sin materia la referida denuncia."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.-Se declara sin materia la presente contradicción de tesis.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García, en contra del voto emitido por el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Asimismo, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García, se resolvió que no existe la causal de impedimento propuesta por el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y el Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1820-6b3d92c9/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-sin-materia-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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