PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CANTIDADES EN QUE SE REDUZCAN A UNA ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE UN EJERCICIO, NO PUEDEN DESTINARSE A INCREMENTAR SUS PARTICIPACIONES DEL SIGUIENTE AÑO, PUES SU DESTINO ES EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2003. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de agosto de dos mil tres, Liborio Román Cruz Mejía y Roberto Martínez Brito, quienes se ostentaron como presidente y síndico, respectivamente, del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Demandados. A. Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien tiene su domicilio conocido en la Residencia Oficial de Los Pinos, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, de la ciudad de México, Distrito Federal. B. Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien tiene su domicilio en Palacio Nacional, Patio Mariano, 3er. piso, oficina 3045, colonia Centro, Delegación Chapultepec (sic), de la Ciudad de México, D.F. C. Jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en avenida Hidalgo número 77, mod. IV, (sic) segundo piso, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. D. Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Palacio Nacional, Patio Mariano, tercer piso, oficina 3045, colonia Centro, Delegación Chapultepec (sic), México, D. F. ... IV. Acto cuya invalidez se demanda. A) La controversia o procedimiento equiparable entre el Municipio y la Federación por la negativa de devolución de participaciones federales que le corresponden al Municipio de Jiutepec, en el Estado de Morelos, siendo la ilegalidad cometida por parte del Poder Ejecutivo Federal, debido a que se están afectado (sic) facultades constitucionales de este Municipio por determinación (indebidamente fundada y motivada) contenida en el oficio 114-UCEF-DIL-0021, de fecha 11 de julio del 2003, el cual por su importancia enseguida se transcribe:
"Me refiero a su oficio por medio del cual manifiesta que: ‘Por constancia de compensación de participaciones emitida por oficio 10433 de fecha 25 de noviembre de 2002, por la Tesorería de la Federación, se retiene de las participaciones federales del Ayuntamiento de Jiutepec, la cantidad de $6'533,170.49 (seis millones quinientos treinta y tres mil ciento setenta pesos 49/100 M.N.) y por oficio 10465 de fecha 26 de diciembre de 2002, de la Tesorería de la Federación, se retiene de las participaciones federales del Ayuntamiento de Jiutepec, la cantidad de $6'160,457.00 (seis millones ciento sesenta mil cuatrocientos cincuenta y seis (sic) pesos 00/100 M.N.).
"‘Las cantidades descritas se descontaron de las partidas federales que por ley pertenecen al Municipio de Jiutepec, Morelos, con el argumento de pagar un supuesto adeudo con la empresa Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V., por concepto de una sentencia definitiva que obliga al Ayuntamiento de Jiutepec a regresar los cobros por concepto de alumbrado público ...’
"Por lo que solicta (sic): ‘Primero. Que esta dependencia atienda lo ordenado por el artículo 11, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal ...
"‘Segunda. Toda vez que al ser afectadas nuestras participaciones federales en 2002, y cuya consecuencia, se ha venido dando incumplimiento de obras en este ejercicio de 2003, por lo que, si la petición planteada en el punto marcado como primero, no fuera procedente, se solicita el pago anticipado de las partidas, toda vez que dentro de sus facultades se encuentra aportar el mismo.’
"Al respecto, comento a usted lo siguiente:
"‘Como lo es de su conocimiento (sic), el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, interpuso medios de defensa en relación con el asunto en comento, por tanto, informo a usted que en tanto no se resuelvan los mismos, esta unidad no se encuentra en posibilidad de atender su solicitud.
"‘Respecto a su petición contenida en el punto segundo, informo a usted que al margen de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal no es factible la ministración de ningún de ningún (sic) tipo de anticipo extraordinario, sino únicamente los que prevé la propia ley, por lo que no es viable atender su solicitud.
"‘Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración. El jefe de la unidad. Lic. David Colmenares Páramo.’
"Lo anterior, implica violaciones diversas a los artículos constitucionales que en apartado correspondiente se precisarán, así como a la Ley de Coordinación Fiscal; debido a que la autoridad federal, a través del Poder Ejecutivo y en especial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad de coordinación hacendaria con entidades federativas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, niegan este derecho.
"B. Todas las consecuencias legales y materiales que deriven de los anteriores actos."
SEGUNDO. El Municipio actor narró los antecedentes que enseguida se mencionan:
"Primero. En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 73, fracción XXIII, y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión decretó la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación, los Municipios y Estados, los cuales de acuerdo al artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, dichas entidades participarán de los impuestos federales y en los otros ingresos que se señalen mediante la distribución de los fondos que dicha ley secundaria establece, que en el caso concreto se conocen -entre otros- como participaciones federales, las cuales serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo a las bases y montos y que anualmente se determinen. Segundo. Lo anterior se analiza con base en que somos una (sic) Municipio que pertenecemos a una entidad que se encuentra adherido Sistema (sic) de Coordinación Fiscal como lo es el Estado de Morelos y la Federación, lo cual motivó el siguiente procedimiento que se llevó a cabo: 1. A través del oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033, a través del cual el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Dirección General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos. Dirección de Participaciones y Convenios. Subdirección de Administración de Participaciones informa a la Lic. Claudia Ma. Bazua Witte, lo siguiente: ‘El representante legal de Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., interpuso recurso de inconformidad No. 564/97 por (sic) en contra del Estado de Morelos y de los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, Mor., por haber cobrado indebidamente derechos de mantenimiento de alumbrado público durante los años de 1986 a 1997, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 11-A, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. Al citado recurso de inconformidad recayó la resolución No. 325-SAT-289 de 2 de junio de 1999, emitida por la entonces Administración General Jurídica de Ingresos, consistente en la improcedencia de la devolución de cantidades reclamadas. Esta resolución fue impugnada ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, dictó sentencia el 30 de junio de 2000 en la que se declaró «la nulidad de la resolución impugnada» para efectos de que la autoridad emita una nueva resolución en la que «siguiendo los lineamientos del presente fallo y en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción IV del artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, ordene a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades indebidamente cobradas». Por oficio 325-SAT-A-48720 de 30 de noviembre de 2001, la Administración General Jurídica cumplimentó la sentencia mencionada en el cual resolvió que: «procede la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., durante el periodo de 1986 a 1997, bajo del (sic) concepto de derechos de mantenimiento de alumbrado público, por parte del Estado de Morelos y de los Ayuntamientos de los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec.». Dicha cumplimentación de sentencia fue informada a esta Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas con el oficio 325-SAT-II-RA4-(66)-65124 de 15 de diciembre de 2001. A fin de determinar el área competente para calcular la actualización e intereses de las cantidades a devolver, fueron llevadas a cabo diversas reuniones con la Administración General Jurídica de Recaudación y de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, así como con funcionarios de la Tesorería de la Federación, en donde se llegó a la conclusión de que debía ser la propia área que emite la resolución del recurso de inconformidad, es decir, la Administración General Jurídica, quien debe calcular conforme al Código Fiscal de la Federación la citada actualización y, en su caso, intereses de cantidades a devolver. En alcance al oficio 325-SAT-A-56947 de 30 de octubre de 2002, girado por el administrador general jurídico y dirigido a esa tesorería a su digno cargo, el administrador central de lo Contencioso de la propia Administración General Jurídica emitió el oficio 325-SAT-A-56949 de 7 de noviembre de 2002, en el cual informó que el monto del derecho de alumbrado público actualizado y con intereses que deberá devolverse a la contribuyente asciende a la cantidad de $26'746,243.52 y se explican las razones de la variación con respecto a la cantidad citada en el primer oficio. En este contexto, es procedente atender la solicitud de la Administración General Jurídica contenida en los oficios 325-SAT-A-56947 y 325-SAT-A-58949 a que se hace referencia en el párrafo anterior, por lo que solicito a usted disponer lo necesario a fin de que se le devuelva a la empresa Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., la cantidad de $26'746,243.52 (veintiséis millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.), que corresponde a la cantidad indebidamente cobrada bajo el concepto de derecho de mantenimiento de alumbrado público, debidamente actualizada y con intereses, con cargo a participaciones del Estado de Morelos, que a su vez repercutirá en las correspondientes a los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, de la propia entidad. Se adjunta fotocopia de los oficios citados de la Administración General Jurídica, así como del documento de cumplimentación de sentencia dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación ...’. 2. Lo anterior motivó que solicitara copias simples a dichas autoridades del procedimiento tanto administrativo y del procedimiento jurisdiccional, como de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación (del cual sólo se tiene algunas constancias, y de dichos documentos se desprenden otros con los que no se cuentan), en donde de la simple lectura se podrá probar nuestro dicho en el total estado de indefensión en el cual dejan al Municipio de Emiliano Jiutepec, (sic) Morelos; documentos en los que sucedieron los siguientes hechos: a) Cementos Pórtland Moctezuma, S.A de C.V., a través de su representante legal, interpuso recurso de inconformidad de fecha 27 de abril de 1997 ante la Administración General Jurídica de Ingresos en contra del incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de coordinación en materia de derechos, por parte de las autoridades del Estado de Morelos y de los Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, así como la devolución de la cantidad supuestamente indebidamente cobrada por la cantidad de $2'856,190.70, por la participación de autoridades coordinadas. b) Con motivo de la presentación del recurso de inconformidad, la Administración General Jurídica de Ingresos resolvió en el oficio 325-SAT-213 de 13 de agosto de 1997, desechar por improcedente el recurso de inconformidad interpuesto el 10 de julio de 1997 (documento del cual no se tiene en copia pero se desprende de las constancias). c) La Décima Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad 18308/97 (11-II) dictó sentencia el 20 de mayo de 1998, ordenando a la autoridad administrativa admitir a trámite el presente recurso de inconformidad (resolución que no se tiene en copia pero se desprende de las constancias, ni tampoco la demanda de nulidad presentada por Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V.). d) En cumplimiento de la anterior resolución, la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria emitió la resolución del recurso de inconformidad número 325-SAT-289 de fecha 2 de junio de 1999 en la cual resolvió: «PRIMERO. No procede la devolución de las cantidades que reclama Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., por los ejercicios de 1986 a 1989 inclusive, con cargo a las participaciones del Gobierno del Estado de Morelos y los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, Morelos, por los motivos precisados en el cuerpo del presente oficio. SEGUNDO. Se declara improcedente la devolución de los importes que reclama Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., por los ejercicios de 1990 a 1997 inclusive, con cargo a las participaciones del Gobierno del Estado de Morelos de Emiliano Zapata y Jiutepec, Morelos, por los motivos precisados en el cuerpo de la presente resolución.». e) En consecuencia de la anterior resolución número 289 de fecha 2 de junio de 1999, Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., acudió a juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación), al cual se le dio el número de expediente 10842/99-11-08-1. Dándole entrada de admisión el día 18 de agosto de 1999, y resolviendo en sentencia de fecha 30 de junio de 2000, lo siguiente: ‘... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve: I. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia. II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto del presente fallo ...’. Siendo importante señalar que tampoco la hoy quejosa fue señalada como parte ni en la demanda presentada, ni por oficio por parte de dicho tribunal, no obstante de tener dicha calidad, según se desprende de todo el procedimiento. f) Inconforme con la anterior resolución el administrador de lo Contencioso, en suplencia del administrador general de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión. g) Con fecha 13 de marzo de 2001, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por unanimidad de votos confirmar la sentencia de 30 de junio del 2000. h) En oficio 48720 de fecha 30 de noviembre de 2001, la Administración General Jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Fiscal Federal la resolución en la cual manifiesta: ‘Primero. Procede la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V., durante el periodo 1986 a 1997, bajo el concepto de derecho de mantenimiento de alumbrado público, por parte del Estado de Morelos y de los Ayuntamientos de los Municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec ...’. Tercero. Como se ve la autoridad jurisdiccional resuelve que se regresen ciertas y determinadas cantidades, por concepto del pago de lo indebido por alumbrado público, no obstante según se desprende del oficio 033 y 040 emitidos por el director y jefe (sic) y el director de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Dirección General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos, que es la Administración General Jurídica la que tiene que decidir la cantidad y montos a regresar, sin que se encuentre facultad para ello y sin existir autorización previa del superior jerárquico, que en todo caso sería la Administración General de Recaudación. Cuarto. Asimismo, trajo como consecuencia que se nos descontaran partidas federales de los meses de noviembre y diciembre de 2002, los cuales fueron por las cantidades de $6’333,170.49 y $6’160,457.00, pagadas a la Empresa Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V. Quinto. Es importante señalar que con motivo del anterior procedimiento en el cual no fuimos llamados a juicio se promovió juicio de amparo el cual radica con el número 36/2003 en el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, asimismo, interpusimos controversia constitucional en contra de los oficios 033 y 040, la cual se radicó dentro del expediente número 19/2003 (el cual fue sobreseído), ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el expediente 1630/30-17-03-1. Sexto. Lo anterior, además, motivó que con fecha 19 de junio del 2003, interpusieramos ante la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el escrito correspondiente solicitando las cantidades señaladas en el punto cuarto de este capítulo, por la inconcusa y precaria situación del Municipio, pues por las cantidades reducidas hemos tenido que despedir a varios empleados, así como hemos parado obras públicas que tanta falta le hacen a nuestra población, además lo solicitamos de forma general y conforme a derecho, debido a que ha transcurrido el término legal para su devolución, aclarando que la situación del presente procedimiento es distinto a lo propuesto en la controversia llevada a cabo en el expediente 19/2003, pues lo solicitado en el presente escrito se basa en la negativa a devolver las cantidades ya pagadas y que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal éstas deben ser regresadas o incrementadas en el año siguiente, situación que no ha sucedido en la especie. Séptimo. Lo anterior es de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal establece (sic): ‘Artículo 11.’ (se transcribe). En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenará incrementar las participaciones de la entidad (en este caso el Municipio de Jiutepec en el Estado de Morelos) de acuerdo a las cantidades que se reduzcan de las participaciones pagadas en el siguiente año, es decir, dichas cantidades deben ser cubiertas en el ejercicio siguiente. Octavo. Ahora bien, a la fecha dichas cantidades no han sido incrementadas ni pagadas o devueltas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Municipio, pues nos encontramos en el año posterior, es decir, dichas cantidades fueron reducidas de nuestras participaciones federativas en el año de 2002, siendo en consecuencia que a la fecha de 2003 no han sido cubiertas. Noveno. Ahora bien, dicha autoridad nos contesta nuestra solicitud a través del oficio número 0021 de fecha 11 de julio de 2003, denegándola, sin que dicho documento cuente con los elementos necesarios exigidos por la Constitución, en cuanto a la debida fundamentación y motivación, sin que se nos exprese de forma tácita, precisa y concreta cuáles son los razonamientos lógico jurídicos que debe contener, y los cuales hacemos valer en el capítulo correspondiente a los actos de invalidez por parte de la autoridad en el presente procedimiento. Décimo. En ese sentido, la Federación por conducto de las autoridades demandadas transgrede nuestras garantías consagradas en la Constitución y viola a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual en su artículo no se desprende que tenga fundamento y motivo legal lo contestado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues del análisis sistemático que se realice no contiene dicha ley que para devolver cantidades tenga como excepción que existan medios de defensa para no realizarlo, y bajo la premisa ‘donde la ley no lo prohíbe lo permite’, en consecuencia, el actuar de la autoridad es ilegal, pues debieron haber devuelto en dicho ejercicio las cantidades ya descontadas. Décimo primero. Por tanto, es que acudimos en la presente vía a reclamar un derecho que por ley se encuentra permitido y regulado, es consecuencia que a partir del oficio 0021 de fecha 11 de julio de 2003 nos encontramos en término legal para interponer el presente procedimiento, debido a la negativa de las autoridades a devolver dicha cantidad pagada." (fojas 4 a 10).
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"VII. Concepto de invalidez.
"Primero. Debe declararse la invalidez del oficio 0021 de fecha 11 de julio del 2003, por manifiesta violación a la Ley de Coordinación Fiscal y ordenar que dichas cantidades sean incrementadas y devueltas al Municipio, por los siguientes motivos de hecho y de derecho:
"Lo anterior es así, pues de lo establecido en el capítulo de hechos se desprende de manera clara y precisa que la Empresa Cementos Pórtland Moctezuma, S.A. de C.V., tramitó en términos del artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, recurso de inconformidad por concepto del pago de derechos de alumbrado público (pues el Municipio de Jiutepec, al ser parte del Estado de Morelos, se encuentra adherido al sistema de coordinación fiscal), en el cual la Octava Sala Regional Metropolitana ordenó en sentencia de nulidad de fecha 30 de junio del 2000, en devolver la cantidad adeudada, la cual ascendía al monto histórico de $2'856,190.70, el cual trajo como consecuencia que la autoridad a través de sus oficios 033 y 040 ordenara la devolución supuestamente actualizada con cargo a nuestras partidas federales por la cantidad de $26'749,243.52, de las cuales han sido descontadas en los meses de noviembre y diciembre de 2002, la primera por cantidad de $6'533,170.49 por el primer mes, y el segundo mes por la cantidad de $6'160,457.00.
"Ahora bien, es cierto que con motivo del procedimiento llevado a cabo el Municipio por nuestro conducto propuso medios de defensa en contra de tres situaciones distintas, de las cuales se obtuvieron las suspensiones correspondientes a los pagos subsecuentes para cubrir el resto de la supuesta cantidad adeudada, las cuales son las siguientes:
"Ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, radicado en el expediente 36/2003, se encaminó como acto impugnado la garantía de audiencia, es decir, no fuimos llamados al juicio de nulidad número 10842/99-11-08-1 y, en consecuencia, al ser terceros jamás fuimos vencidos ni vencidos en juicio (sic).
"Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el expediente administrativo 1630/03-17-03-1, tramitado ante la Tercera Sala Regional Metropolitana, en contra básicamente de la falta de resolución determinante del adeudo en cantidad de $26'749,243.52.
"Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional número 19/2003 en cuanto a la falta de facultades de la autoridad para descontar y desviar partidas federales a cargo del Municipio de Jiutepec, Morelos, sin existir autorización expresa del superior jerárquico.
"En el caso de la solicitud presentada el 19 de junio del 2003 tuvo por motivo fundamental la Ley de Coordinación Fiscal, en esencia, el artículo 11 de la citada ley, la cual se vuelve a transcribir en la parte que interesa para su análisis y estudio.
"‘Artículo 11.’ (se transcribe).
"Como se ve de lo anteriormente expuesto, se nos descuentan partidas federales por cantidades de $6'533.170,49 (sic) por el mes de noviembre de 2002 y por el mes de diciembre de 2002 por la cantidad de $6'160,457.00, sin embargo y de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal éstas deben ser incrementadas a la entidad en el Fondo General de Participaciones en el siguiente año, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 2o. de esta ley.
"Es decir, si dichas participaciones federales fueron descontadas del ejercicio (2002) anterior por motivos supuestamente de violación al artículo 73, fracción XXIX, constitucional, en el cual se encuentra en el punto 5, inciso a), el cual se refiere a energía eléctrica, éstas deben ser incrementadas en el año siguiente, a la entidad a la cual se le disminuyó, es decir, en el año de 2003.
"No obstante, dichas cantidades en los meses de enero a junio no fueron incrementadas y compensadas, por lo que nos vimos obligados a solicitarlas en el multicitado escrito de fecha de recibido de 19 de junio del 2003, según se desprende de dicho documento el cual reproduzco en el presente escrito como si a la letra se insertara.
"Ahora bien, en respuesta a dicha solicitud la autoridad demandada nos contesta de manera por demás ilógica e ilegal, en el oficio 114-UCEF-DIL-0021 de 11 de julio del 2003, lo siguiente:
"‘Al respecto comento a usted lo siguiente:
"‘Como es de su conocimiento, el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, interpuso medios de defensa en relación con el asunto en comento, por tanto, informo a usted que en tanto no se resuelvan los mismos, esta unidad no se encuentra en la posibilidad de atender su solicitud.
"‘Respecto a su petición contenida en el punto segundo, informo a usted que al margen de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, no es factible la ministración de ningún de ningún (sic) tipo de anticipo extraordinario, sino únicamente los que prevé la propia ley, por lo que no es viable atender su solicitud.’
"En el caso, la autoridad intenta negarnos el incremento a nuestras partidas federales, en el año 2003, con base en una excepción que jurídicamente no se encuentra contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal ni en su reglamento, como lo es que para atender nuestra solicitud se tengan que resolver los medios de defensa propuestos.
"Es decir, lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal en su contenido no se desprende en ninguno de sus preceptos que la contempla; la excepción a incrementar dichas partidas federales, cuando existan medios de defensa, pues lo que dispone dicha ley únicamente es que éstas se hayan descontado en el año posterior (sic) y éstas deban ser incrementadas y compensadas en el ejercicio posterior, es decir, si dichas partidas fueron descontadas en el 2002, éstas deben ser incrementadas en el ejercicio de 2003, por lo que la autoridad viola el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal y a la misma ley.
"Por tanto, la autoridad no da una respuesta clara y precisa y debidamente fundada y motivada para negar nuestra solicitud de devolver dichas cantidades incrementadas o compensándolas en el ejercicio de 2003, pues el legislador en ningún momento previó en la ley dicha excepción legal y, por tanto, aplica la premisa legal la cual dice que ‘en donde la ley no lo prohíbe lo permite’, por tanto, dichos medios de defensa no pueden ser excusa para la autoridad para no incrementar y compensar dichas partidas de carácter federal, en consecuencia, su resolución contenida en el oficio 0021 de fecha 11 de julio de 2003, en respuesta a nuestra solicitud, se encuentra indebidamente fundada y motivada.
"Pues al negarnos dicha petición nos dejan en total estado de indefensión legal en cuanto a los dineros que el Municipio debe percibir por participaciones federales y el beneficio legal que se tiene por estar adherido al Sistema de Coordinación Fiscal con la Federación.
"Además, dicha solicitud cuenta con todos los elementos que la ley señala para que la autoridad no tenga pretexto alguno para denegarla.
"Máxime que en la controversia constitucional, relativa al expediente 19/2003, el secretario de Hacienda y Crédito Público en el oficio 26542 en donde contesta dicha controversia argumenta en la parte que interesa (hoja 43 a la 52) lo siguiente:
"‘Segundo.
"‘No obstante que el Municipio no particularizara el acuerdo en que según ella se fundamenta injustificadamente en los artículos 73, fracción XXI, 5, inciso a), constitucionales, 42, 43 y 34, apartado 1, incisos a), b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a refutar la segunda parte del primer concepto de invalidez, manifestándose al respecto que resulta del todo inoperante e infundada la afirmación que hace en el sentido de que el Poder Ejecutivo amplía su competencia sin justificación alguna, a través del tenor del artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, pues considera «incorrecto» que el Congreso de la Unión la (sic) haya otorgado la facultad de «desviar partidas» y que dicha facultad le compete al Estado, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
"‘Para afirmar lo anterior, es imprescindible hacer notar que en ninguna parte de su texto el artículo 1o. A (sic) de la Ley de Coordinación Fiscal cita la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para «realizar desvíos o descuentos sobre participaciones federales debidamente ordenadas por el Congreso (sic)» y, por tal motivo, no puede ser contrario al numeral 89 constitucional. Para tal efecto, nos permitimos transcribir el tenor del dispositivo legal que nos ocupa.
"‘Artículo 11-A.’ (se transcribe).
"‘En términos generales, podemos ver que el numeral citado se refiere al recurso de inconformidad que debe resolver la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando exista a juicio de los particulares violación a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de las de coordinación en materia de derechos o de adquisición de inmuebles, igualmente, se establece en dicho dispositivo el plazo y procedimiento que deberá seguirse para su resolución y el carácter impugnable de ésta ante el Tribuna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18351-47ae1b7a/participaciones-federales-las-cantidades-en-que-se-reduzcan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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