SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR ESTÁ FACULTADO, PERO NO OBLIGADO, A RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A DETERMINAR SOBRE TAL MEDIDA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 112/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2004. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En los agravios planteados la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:
1. Que el auto impugnado viola lo dispuesto en el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia, debido a que se ordenó la suspensión de los actos impugnados con los elementos que fueron proporcionados por la parte actora, elementos que no tienen valor jurídico alguno, y que en todo caso el Ministro instructor debió verificar la legalidad de esos elementos o bien allegarse de elementos propios que le permitieran conceder la suspensión.
Asimismo, se aduce que al no poder ser tomadas como base de la acción los documentales que aporta la parte actora, no era posible dar trámite a una demanda porque se actualizaban las causas de improcedencia previstas en las fracciones VII y VIII del artículo 19, y el motivo de sobreseimiento del artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
2. Que el auto por el que se concedió la suspensión viola lo dispuesto por el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que los actos impugnados son futuros y de realización incierta, que no son susceptibles de suspenderse, ya que su realización se encuentra sujeta a que culmine el procedimiento legislativo en el cual podría determinarse la no ratificación; además, dicho acto se puede reparar en el futuro a través de la sentencia que llegare a dictarse.
3. Que se viola lo dispuesto por el artículo 15 de la citada ley reglamentaria, debido a que al haberse concedido la suspensión solicitada se violó la institución fundamental del orden jurídico mexicano contenida en el artículo 49 de la Constitución Federal, que consagra al principio de la división de poderes, ya que el artículo 27, fracción XIX, de la propia Constitución faculta al Senado de la República para que participe en el procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Agrario; concluido el periodo para el que fueron designados los Magistrados, existe la posibilidad de que sean ratificados, surgiendo en esta parte un debate sobre si se requiere propuesta nuevamente del Ejecutivo Federal para la ratificación o no, debate que surgió de la imperfección que tiene la norma; sin embargo, a la fecha de notificación del auto, no existía impedimento legal para que el Senado de la República ejerciera esta atribución, por lo que se obstaculizó el normal desarrollo de los procedimientos parlamentarios.
4. Que el acuerdo recurrido viola lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, debido a que al concederse la suspensión del acto, implícitamente se está prejuzgando sobre el fondo de la litis, ya que si el conflicto deriva de una norma imperfecta, es válido que el Senado de la República ejerza su atribución como lo venía realizando, porque ni siquiera existe acto definitivo que sea motivo de litigio; sin embargo, se están adelantando juicios sobre un acto que podría realizarse o no y más aún se está prejuzgando sobre su validez, lo que tiene como consecuencia la paralización del procedimiento legislativo, facultad inherente al Senado de la República.
Previamente a cualquier otra cuestión, debe precisarse que la materia de este recurso se circunscribe a determinar si el auto recurrido, por el que se concedió la suspensión solicitada, se adecua a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia; por tanto, los argumentos en los que se pretende combatir el auto admisorio de la demanda o se aduce que la controversia constitucional en lo principal debió ser desechada, son inatendibles ya que no se refieren al auto impugnado en este asunto, sino a un proveído diverso; que además es materia del recurso de reclamación 111/2004, derivado de la propia controversia constitucional 48/2004.
Es importante destacar que en el auto recurrido, medularmente, se determinó lo siguiente:
"... Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan al Ministro instructor a tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la petición de suspensión de los actos reclamados ... sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, así como de las facultades de la autoridad demandada, procede conceder la suspensión en contra de los actos impugnados, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto, ya que de negarse la suspensión se daría lugar a que se lleve a cabo y surtan sus efectos los actos que se impugnan, lo que eventualmente podría dejar sin materia la presente controversia constitucional ..."
De lo anterior se desprende que:
a) Tomando en consideración las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional y sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, así como de las facultades de la autoridad demandada, se concedió la suspensión solicitada para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de la concesión y hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto.
b) Se concedía la suspensión ya que de negarse se daría lugar a que se llevaran a cabo y surtieran sus efectos los actos impugnados, lo que eventualmente podría dejar sin materia la controversia constitucional.
Ahora bien, la suspensión, tratándose de controversias constitucionales, se encuentra regulada en la sección II del título II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, específicamente en los artículos del 14 al 18, los cuales disponen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva."
"Artículo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el Ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
"Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 51, el Ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante la cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De dichos preceptos se desprenden las características esenciales de este incidente de suspensión, como son:
1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
4) El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente y,
5) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio.
El recurrente aduce que en el caso no era posible concederse la suspensión de conformidad con lo establecido por el artículo 15 transcrito, debido a que se está ante una institución del orden jurídico mexicano que se refiere al principio de la división de poderes, contenida en el artículo 49 de la Constitución Federal, y con la concesión de la medida cautelar se afecta a dicha institución al obstaculizarse el normal desarrollo de los procedimientos parlamentarios; al respecto debe precisarse lo siguiente:
Para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos impugnados, debe tomarse en cuenta que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para poder conceder la medida cautelar es necesario el análisis de la demanda de controversia constitucional y los anexos que se acompañan, ya que como lo establece el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, para el otorgamiento de la suspensión el Ministro instructor deberá tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto, es decir se requiere un conocimiento primario de los actos impugnados y de la litis planteada, dirigido a lograr una decisión sobre la media cautelar solicitada.
Por lo anterior, se debe tomar en cuenta que el actor en su demanda de controversia constitucional impugna lo siguiente:
"a) El dictamen del 25 de marzo del año en curso, emitido por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria, en el cual se analiza y propone la ratificación del C. Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, a pesar de que la ratificación de dicha persona no fue propuesta por el presidente de la República, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución. El dictamen antes referido fue publicado en la página 135 de la Gaceta Parlamentaria de la LIX Legislatura del Senado de la República Número 40, correspondiente al pasado 25 de marzo del año en curso ... b) La inminente aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del dictamen a que se refiere el numeral anterior; y, por consiguiente; c) La inminente ratificación del citado licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, sin que hubiera sido propuesto para ello por el presidente de la República; y d) La inminente toma de protesta del C. Ricardo García Villalobos Gálvez para un segundo nombramiento con carácter de inamovible en el encargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario."
Asimismo el actor aduce, medularmente, que con los actos precisados se afecta la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Federal violando el artículo 49 de la Constitución Federal, así como el artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la propia Constitución, que establece que es facultad del presidente de la República proponer a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los Magistrados que integrarán los Tribunales Agrarios, para que esta última los designe.
Los artículos mencionados indican:
"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
"...
"XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente."
"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."
De todo lo anterior, se desprende que en el caso se plantea la invasión de esferas competenciales que se materializa con la emisión del dictamen de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el que se analiza y propone la ratificación de Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, sin tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, ya que, a dicho de la parte actora, no precedió al dictamen la propuesta del Ejecutivo Federal.
Por tanto, la materia de fondo de la controversia constitucional en la cual se dictó el auto de suspensión del que deriva el presente asunto, es precisamente determinar si con los actos impugnados existe o no una violación al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, como lo reconoce expresamente el recurrente en su agravio, debido a la supuesta invasión de esferas competenciales que se plantea, de manera que no es posible considerar que al concederse la suspensión de los actos impugnados se esté afectando a dichas instituciones, ya que en sí ésta es la materia de la litis planteada; lo anterior, debido a que en caso de no concederse la medida cautelar, dada la naturaleza de los actos impugnados, también podría aducirse dicha violación, más aún si se toma en consideración que el objetivo primordial de la suspensión del acto reclamado es asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia definitiva que en su momento llegue a dictarse y ponga fin al conflicto, de llegar a declarar favorablemente el derecho en favor del promovente, pueda ser ejecutada una vez determinado a quién le asiste el derecho. Por lo que es infundado el agravio analizado.
Aduce también el recurrente que el auto impugnado viola lo dispuesto por el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, porque los actos cuya invalidez se demanda son futuros e inciertos, los cuales no son susceptibles de suspenderse, ya que su realización se encuentra sujeta a que se inicie el procedimiento legislativo en el cual podría determinarse la no ratificación de Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como Magistrado numerario.
Al respecto, debe precisarse que, como se dijo, en el caso se plantea la invasión de esferas competenciales que se materializa con la emisión del dictamen de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que, a dicho de la parte actora, no precedió al dictamen la propuesta del Ejecutivo Federal; de manera que según lo planteado la propia emisión del dictamen impugnado materializa la afectación a la esfera de atribuciones del actor.
En consecuencia, de lo planteado en la demanda se debe considerar, para efectos de este asunto, que el continuar con el procedimiento iniciado, el cual se plantea viciado de inconstitucionalidad de origen, significaría el continuar con la actualización de las violaciones aducidas, de manera tal que la sola continuación de dicho procedimiento, con independencia de lo que determine la autoridad demandada, infiere a la parte actora las afectaciones de las que se viene doliendo, por lo que correctamente el Ministro instructor concedió la medida cautelar, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban al momento de su concesión, en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación decide el fondo del asunto. Por tanto, los actos impugnados no pueden ser considerados como de realización incierta tomando en consideración la naturaleza de las violaciones aludidas, por lo que este agravio deviene infundado, ya que de no concederse la suspensión se permitiría la realización de los actos cuya inconstitucionalidad se plantea.
Por último, atendiendo a la naturaleza y a los fines de la suspensión, también son infundados los argumentos en los que se aduce que se violaron los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, debido a que se concedió la suspensión con las documentales que fueron proporcionadas por la parte actora, las que no tienen valor jurídico, y que al concederla se está prejuzgando sobre el fondo de la litis y se está prejuzgando sobre su validez, ya que el fin que persigue la suspensión, como medida cautelar de naturaleza precautoria, es evitar que cause o continúe causando perjuicios el acto impugnado y sus efectos y consecuencias, así como que eventualmente se pueda dejar sin materia el fondo del asunto.
En efecto, si al momento de concederse la suspensión fuese necesario tener por acreditados todos los extremos de la acción o bien tenerse plenamente probada la existencia del acto impugnado, la medida cautelar no tendría objeto alguno, ya que incluso se desnaturalizaría su objeto principal que es el de ser una medida precautoria, es decir preventiva de los daños que puedan seguir ocasionándose al promovente en el transcurso de la instrucción, hasta en tanto se determine el conflicto en el fondo.
A mayor abundamiento, si bien al momento de conceder la suspensión, el Ministro instructor únicamente contaba con los elementos aportados por la parte actora y que consistían en el ejemplar de la Gaceta Parlamentaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Senado de la República, Número 40, de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, que en la página ciento treinta y cinco, en lo que al caso interesa dice:
"... Dictámenes a discusión. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica al C. Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez, como Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.-Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria.-Por lo anterior, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias manifestadas en el cuerpo del presente dictamen, además, con fundamento también en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación de los siguientes: Puntos resolutivos: PRIMERO.-Se ratifica al C. Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.-SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el ciudadano ratificado con antelación descrito, rendirá la propuesta de ley respectiva ante la Cámara de Senadores ..."
Además, en los autos del presente expediente obra la copia simple de dicho dictamen, que envía la propia Cámara demandada, en que si bien fue enviada en copia simple, al ser remitida por la propia autoridad a la que se le atribuye su autoría, aporta a este Alto Tribunal un indicio más para efectos de la confirmación del auto impugnado.
El dictamen aludido, en la parte que interesa dice:
"... Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria.-Por lo anterior, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias manifestadas en el cuerpo del presente dictamen, además, con fundamento también en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación de los siguientes: puntos resolutivos: PRIMERO.-Se ratifica al C. Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como Magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.-SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el ciudadano ratificado con antelación descrito, rendirá la propuesta de ley respectiva ante la Cámara de Senadores ..."
Asimismo, contrario a lo que se aduce, el Ministro no tenía obligación de recabar mayores pruebas si consideraba que con las documentales aportadas por el actor, podía proveer sobre la suspensión solicitada; lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/97, visible en la página quinientos nueve, del Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN.-El artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, establece que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor, en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable, y este último precepto señala que, en todo tiempo, dicho Ministro podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo, y también podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, en una controversia constitucional, tenga la obligación, previamente a determinar sobre la medida suspensional, de recabar pruebas de las partes, sino una facultad para hacerlo, que no tiene que ejercitar cuando, a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo al respecto."
En consecuencia, ante la ineficacia de los agravios hechos valer en el presente recurso, debe confirmarse el auto materia de impugnación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente, pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de treinta de marzo de dos mil cuatro, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 48/2004.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, conforme a la votación que enseguida se precisa:
Hicieron uso de la palabra el señor Ministro Juan N. Silva Meza y la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para manifestar que, por congruencia con el sentido de sus votos emitidos en el recurso de reclamación resuelto inmediatamente antes, estimaban que el presente debía declararse sin materia, por lo que votarían en contra.
Puesto a votación el proyecto, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero; la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas y el señor Ministro Juan N. Silva Meza votaron en contra, porque se declarara sin materia el recurso y reservaron su derecho de formular voto de minoría.
El señor Ministro presidente Juan Díaz Romero declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Por licencia no asistió el señor Ministro Humberto Román Palacios, y el señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón no asistió por licencia concedida. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18405-1e9b3551/suspension-en-controversias-constitucionales-el-ministro-instructor-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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