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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA PROHIBICIÓN DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERALES INCLUYE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y SUS EFECTOS.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 329/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2004. · Registro digital (IUS): 18725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 911.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 329/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2004. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La parte recurrente, esencialmente, formuló los siguientes agravios:

1. Que el auto recurrido es violatorio de los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que indebidamente se consideró que se solicitaba la suspensión del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos impugnado, cuando se solicitó respecto de los efectos y consecuencias de esa norma general, determinados en sus artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, por lo que se omitió tomar en cuenta las circunstancias y características particulares de los actos que se impugnan en la demanda de controversia constitucional.

Que de no concederse la suspensión solicitada cuando la sentencia definitiva declare la invalidez constitucional del reglamento impugnado, se producirán graves daños en el patrimonio de las personas físicas y morales que estuvieran en aptitud de adquirir permisos derivados de un reglamento que a la postre resulte ser inconstitucional, máxime que la sentencia que se dicte no tendrá efectos retroactivos.

2. Que el auto recurrido contraviene lo dispuesto en el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, porque se consideró que los actos respecto de los cuales se solicitó la suspensión, revisten el carácter de consumados cuando no pueden ser catalogados como tales, al no haberse ejecutado materialmente por los demandados.

3. Que en el auto recurrido no se analizaron diversos argumentos aducidos en el capítulo de suspensión de la demanda, encaminados a demostrar:

a) Que con la negativa de la suspensión se provocarían impactos negativos resultado de la aplicación del reglamento impugnado, como son la afectación que podrían sufrir las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, los derechos fundamentales de los gobernados, la economía nacional y la sociedad, así como la afectación que podrían sufrir no sólo el patrimonio de los permisionarios a quienes se les otorguen los permisos para juegos con apuestas y sorteos, sino también el de los particulares que participen en tales juegos, con afectación incluso del erario federal, en virtud de una posible declaración de invalidez de las normas que los autorizan al dictarse la sentencia definitiva, la cual no tendrá efectos retroactivos que puedan reparar tal afectación.

b) Que de conformidad con la teoría del buen derecho y del peligro en la demora, en el caso, era procedente la concesión de la suspensión solicitada.

4. Que no se decretaron pruebas para mejor proveer, ni se requirió a las partes para que proporcionaran los informes o aclaraciones que estimaran necesarias, con lo que se violentaron los artículos 14, 18 y 35 de la ley reglamentaria de la materia, ya que de ninguno de los elementos aportados se desprende que la ahora recurrente haya solicitado la suspensión respecto del reglamento impugnado, y toda vez que la sentencia tendrá efectos generales, es grave la afectación que pudiera originarse al no conceder la medida cautelar.

5. Que si los argumentos de la solicitud de suspensión eran deficientes o no eran claros, debieron requerirse las aclaraciones necesarias o suplir la deficiencia de la demanda, en términos del artículo 40 de la ley reglamentaria de materia, obligación con la que no se cumplió en el caso.

6. Que la suspensión solicitada no contraviene lo dispuesto en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, esto es, que no se afecta la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni gravemente a la sociedad.

Que lo anterior encuentra apoyo en las tesis bajo los rubros: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II EL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL).", "SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO." y "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO."

Precisado lo anterior y a efecto de resolver los agravios hechos valer, se debe señalar lo siguiente:

Los artículos 14, 15 y 18 de la ley reglamentaria de la materia disponen:

"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."

"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."

De lo transcrito se advierte, entre otras cuestiones:

a) Que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35 de la propia ley, en aquello que resulte aplicable.

b) Que la suspensión es improcedente cuando la controversia constitucional se hubiere planteado respecto de normas generales.

c) Que la suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiere obtener el solicitante.

d) Que para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

En el auto recurrido se señaló que en la demanda la parte actora solicitó: "... la invalidez constitucional del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal ... publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre del año en curso ... 2. También se demanda la declaratoria de invalidez constitucional de todos los actos que emita el Poder Ejecutivo, que sean efecto y consecuencia del reglamento que se impugna, en lo particular los actos a los que se refieren sus artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que consisten en lo siguiente: a) La sustitución de autorizaciones vigentes por nuevos permisos, que otorgará la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. b) Las modificaciones a los estatutos, instrumentos u órganos de dirección que tengan que realizar los permisionarios y la obligación de notificar estas adecuaciones a la Secretaría de Gobernación. c) Las obligaciones de hacer que la Secretaría de Gobernación impone a los permisionarios de hipódromos, galgódromos, frontones, salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, a partir de la entrada en vigor de la norma impugnada. d) La obligación de que la información y los formatos que contempla el reglamento para los permisionarios, deben estar disponibles vía internet, así como el hecho de que las solicitudes de permiso se presenten por escrito, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. e) La formación, integración y creación del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, así como las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de Gobernación, una vez que sea instalado dicho órgano ..."

En el citado auto también se señaló que la parte actora solicitaba la medida cautelar, indicando: "‘De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se suspendan los efectos y consecuencias derivados del reglamento que se impugna. Dicha solicitud tiene por objeto que el reglamento impugnado no produzca sus efectos y consecuencias ...’. Tercero. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan al Ministro que suscribe a tomar en cuenta los elementos probatorios exhibidos y las circunstancias y características de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la medida cautelar; y, Cuarto. En acatamiento de las aludidas disposiciones legales y del estudio integral de la demanda y sus anexos, se aprecia que la medida cautelar se solicita esencialmente: ‘... respecto de los efectos y consecuencias que se originarían con el inicio de la vigencia de la norma impugnada, los cuales de acuerdo a su naturaleza, sí son susceptibles de suspenderse ...’."

Por último, en el auto en cuestión se determinó: "... En otro aspecto, dígase a la parte actora que no resultan procedentes sus manifestaciones para que se conceda la medida cautelar, referentes a los efectos y consecuencias de la norma ... En primer lugar, como acertadamente lo señala el promovente, la suspensión no puede concederse tratándose de la impugnación de normas de carácter general, como sucede en la especie, de ahí que tampoco procedería concederla respecto de sus efectos y consecuencias, ya que se violaría la prohibición contemplada en la ley reglamentaria de la materia ... En segundo lugar, tomando en consideración que el oficio de demanda se presentó el tres de noviembre actual en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a la fecha, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos impugnado en la controversia constitucional conforme a su artículo primero transitorio, ya surtió sus efectos legales, al textualmente indicar que: ‘Primero. Este reglamento entrará en vigor a los veinte días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’; por tanto, se está en presencia de actos consumados respecto de los cuales resulta improcedente conceder la medida cautelar, atento a lo dispuesto por la tesis 2a. LXVII/2000, publicada en la página quinientos setenta y tres del Tomo XII, julio de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.’; y en tercer lugar, en lo correspondiente a que se invaden sus facultades para legislar en la materia del reglamento impugnado, tal aspecto constituye la litis en la presente controversia constitucional, por lo que al resolverse el fondo del asunto se analizará lo referente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada ..."

De lo anotado se advierte que en el proveído recurrido se destacó textualmente que el actor, además del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, demandó la invalidez de todos los actos que emita el Poder Ejecutivo, que sean efecto y consecuencia de ese reglamento, en lo particular, los actos a que se refieren sus artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y también se destacó que solicitó la suspensión respecto de los efectos y consecuencias mencionados y no de la norma impugnada, detallándose en el auto recurrido los efectos y consecuencias que se hacían derivar de los transitorios referidos.

Asimismo, en el auto recurrido se determinó que tratándose de normas de carácter general, como en la especie, no procedía otorgar la suspensión, de ahí que tampoco era procedente concederla respecto de sus efectos y consecuencias (todos los actos que emita el Poder Ejecutivo, que sean efecto o consecuencia del reglamento que se impugna, en particular los actos a que se refieren los artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo), ya que se violaría la prohibición contemplada en la ley reglamentaria de la materia (artículo 14).

En virtud de lo anterior, contrariamente a lo que aduce la recurrente, para la negativa de la suspensión decretada en el auto recurrido, en ningún momento se dejaron de observar las circunstancias y características de la controversia constitucional, ni se pasaron por alto los argumentos expuestos en la demanda para acreditar la procedencia de la suspensión, ni que ésta se solicitaba respecto de los efectos y consecuencias de la norma impugnada; por tanto, no existe la violación al artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia que se alega.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia, el requerir pruebas para mejor proveer no es una obligación del Ministro instructor, sino una facultad potestativa para los casos en que estime que se requiere; por tanto, si en la especie no requirió a las partes para que proporcionaran informes o aclaraciones, ni decretó pruebas para dictar el auto recurrido y resolver en el sentido en que lo hizo, es porque estimó que no se requerían, sin que estuviera obligado a hacerlo necesariamente, pues esta facultad no tiene por qué ejercitarla cuando, a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo.

En las condiciones anotadas, el auto recurrido no resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial publicada con el número noventa, en la página setenta y cinco del Tomo I, Pleno, Novena Época del Apéndice del año dos mil, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN. El artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, establece que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor, en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable, y este último precepto señala que, en todo tiempo, dicho Ministro ‘podrá’ decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo, y también ‘podrá’ requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, en una controversia constitucional, tenga la obligación, previamente a determinar sobre la medida suspensional, de recabar pruebas de las partes, sino una facultad para hacerlo, que no tiene que ejercitar cuando, a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo al respecto."

En otro aspecto, para determinar si la negativa de la suspensión decretada en el auto recurrido es apegada a derecho, resulta necesario citar los artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del reglamento impugnado, de los que el ahora recurrente hace derivar los efectos y consecuencias cuya suspensión solicitó, los cuales señalan:

"Tercero. Los permisos vigentes otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento se respetarán en los términos y condiciones en que hayan sido expedidos.

"Los permisionarios a que se refiere este artículo podrán solicitar a la dirección la sustitución de sus autorizaciones por nuevos permisos que se expedirán conforme a las disposiciones del presente reglamento, los cuales respetarán el plazo y términos del permiso otorgado originalmente."

"Cuarto. Los permisionarios personas morales que con motivo de la entrada en vigor del presente reglamento deban llevar a cabo modificaciones a sus estatutos, instrumentos u órganos de dirección, deberán realizar dichas modificaciones y notificar lo conducente a la secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este reglamento."

"Quinto. Las obligaciones de hacer a cargo de los permisionarios de hipódromos, galgódromos, frontones, salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, que se deriven de la entrada en vigor del presente reglamento y deban ser cumplidas por primera vez, serán exigibles a los tres meses de la fecha de entrada en vigor de este reglamento."

"Sexto. La información y formatos que establece este reglamento, deberá estar disponible para acceso y consulta de los interesados vía internet, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del mismo. Entre tanto, las solicitudes de permiso se podrán presentar en escrito libre de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."

"Séptimo. El Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos a que se refiere este reglamento, deberá quedar integrado e iniciará sus funciones dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento.

"La secretaría, previa opinión del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, deberá emitir, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la instalación de éste, las disposiciones administrativas que correspondan para el cumplimiento eficaz y oportuno de lo dispuesto en el presente reglamento."

En las disposiciones transcritas (transitorios tercero, cuarto y quinto), se prevén obligaciones de hacer para los permisionarios que quieran sustituir sus permisos vigentes por otros nuevos o que deban realizar modificaciones a sus estatutos, instrumentos u órganos de dirección, y para aquellos permisionarios de galgódromos, frontones, salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, que en virtud de la entrada en vigor del reglamento impugnado les resulten obligaciones de hacer y que deban ser cumplidas por primera vez.

Por su parte, en los artículos transitorios sexto y séptimo se contienen obligaciones de hacer para las autoridades, que se traducen en poner a disposición de los interesados, vía internet, para acceso y consulta, la información y formatos que establece dicha norma; la integración e inicio de funciones del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos y la emisión de las disposiciones administrativas correspondientes para el cumplimiento eficaz y oportuno de lo dispuesto en el reglamento impugnado, obligaciones que debían llevarse a cabo dentro de plazos determinados (tres meses, cuarenta y cinco, y noventa días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la norma impugnada, y veinte días hábiles siguientes a la instalación del referido consejo consultivo).

Resulta necesario precisar que los artículos transitorios de una disposición legal establecen los lineamientos para el funcionamiento de la norma, provisionales o de tránsito (circunstancias de modo, tiempo y lugar), esto es, permiten su eficacia al estar dirigidos a una cuestión específica que coadyuvará a la validez u obligatoriedad de la norma, la cual, por su naturaleza, es un mandato de orden general y abstracto que establece derechos y obligaciones, poderes, facultades, sujeciones y cargas, lo que lleva a concluir que dichos transitorios forman parte integral de la norma general, la cual siempre contendrá obligaciones de hacer o dejar de hacer.

Asimismo, la publicación de la norma trae como consecuencia que ésta adquiera sus atributos propios, como son la generalidad, obligatoriedad y, salvo disposición en contrario, el inicio de su vigencia, esto es, su validez o existencia específica, de modo que la norma adquiere validez o fuerza obligatoria, inicia su vigencia y despliega todos sus efectos a través de su publicación.

De esta manera, las obligaciones de hacer a cargo de los permisionarios y de la autoridad que se contienen en los artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la norma impugnada, son disposiciones específicas que coadyuvarán a la eficacia, validez, fuerza obligatoria o existencia específica de la norma, por lo que son parte de ella y, por tanto, de concederse la suspensión en contra de los efectos y consecuencias que se derivan de tales transitorios, se paralizaría la validez o fuerza obligatoria, eficacia o existencia específica de la norma impugnada, esto es, el despliegue de sus efectos o atributos (generalidad, obligatoriedad e inicio de su vigencia), por lo que se suspenderían estos efectos o atributos y, por ende, la obligatoriedad y vigencia de la norma, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia.

Cabe aclarar que la prohibición del artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia, en el sentido de no otorgar la suspensión respecto de normas generales, tiene como finalidad que no se paralice el despliegue de los efectos de la norma que se traducen en su validez o fuerza obligatoria, eficacia o existencia específica, por eso, cuando en la controversia constitucional se impugna una norma a través de su primer acto de aplicación, de proceder la medida cautelar solicitada, se suspenden los efectos y consecuencias del acto concreto de aplicación de la norma impugnada, pero de ninguna forma el contenido de la disposición legal aplicada.

Efectivamente, cuando se impugna una norma general a través de su primer acto de aplicación, la concesión de la suspensión no paraliza la aplicación de la norma, que en observancia de su generalidad, obligatoriedad y validez lleva a cabo la autoridad a través de la emisión de un acto concreto, sino que únicamente se suspenden los efectos y consecuencias de ese acto, en el que la autoridad invoca o aplica la norma impugnada, por lo que de ninguna manera podría paralizarse el mandato de la norma sin paralizar el despliegue de sus efectos o atributos (generalidad, obligatoriedad y validez), por tanto, en el caso no es posible otorgar la suspensión solicitada respecto de los efectos y consecuencias del reglamento impugnado, ya que se paralizaría el contenido de la norma y no el acto que pudiera desplegar la autoridad apoyado en la disposición legal correspondiente, lo cual indudablemente trascendería a los efectos o atributos de la norma consistentes en su obligatoriedad y validez y, por ello, se actualiza la prohibición prevista en el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia, para otorgar la suspensión cuando en la controversia constitucional se hubiere planteado la invalidez de una norma general.

El mismo criterio fue sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por mayoría de votos, en sesión de nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, los recursos de reclamación 53/98-PL, en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 6/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Aljojuca, Estado de Puebla y otros y 55/98-PL, en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla y otros.

En razón de lo anterior, la negativa de la suspensión decretada en el auto recurrido no deja sin materia la controversia constitucional, pues el hecho de que se lleve a cabo lo ordenado en los transitorios del reglamento impugnado no implica la inexistencia de la norma, sino por el contrario, constituye su validez o fuerza obligatoria, eficacia o existencia específica, por lo que se preserva la materia de la controversia que consiste en determinar la validez o invalidez del reglamento impugnado.

En virtud de la conclusión alcanzada, resulta apegada a derecho la negativa de la suspensión decretada en el auto recurrido, respecto de los efectos y consecuencias de la norma impugnada, apoyada en que el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia prohíbe otorgar la suspensión respecto de normas y que, por ende, tampoco debe otorgarse respecto de sus efectos y consecuencias, lo que trae como consecuencia que deba confirmarse el auto recurrido sin necesidad de analizar los restantes agravios de este recurso encaminados a demostrar que no se da ninguna de las otras hipótesis previstas en la referida ley para negar la suspensión, pues basta que se dé alguna de ellas para que proceda la negativa de la suspensión solicitada, por lo que su estudio a ningún fin práctico conduciría.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de cinco de noviembre de dos mil cuatro, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 97/2004.

TERCERO.-Se niega a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la suspensión solicitada respecto de los efectos y consecuencias que se derivan de los artículos transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano (ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18725-83911188/suspension-en-controversias-constitucionales-la-prohibicion-de-otorgarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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