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Modo: Corpus Pro

MULTAS EN EL AMPARO. ES INNECESARIO ANALIZAR LA MALA FE DEL INFRACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA LEY RELATIVA, POR HABERSE IMPUESTO ÉSTAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 26/2002. · Registro digital (IUS): 18715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 989.

QUEJA 26/2002. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son inoperantes e infundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente.

Previo al examen de los argumentos expresados, resulta menester precisar los antecedentes siguientes:

1. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil uno ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Asesoría y Dirección Agroindustrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo de la Justicia Federal en contra de actos del director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, que hizo consistir en: "A. La inconstitucional elaboración y acuerdo de aprobación de fecha 11 de abril de 2001, del plano definitivo, relativo al poblado denominado ‘Gilberto Camacho’, del Municipio de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla, así como el plano mismo, toda vez que sin fundamento ni motivación alguna, dentro de este plano, indebidamente se incluye al predio propiedad de mi representada; predio que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 0200066, expedido por el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Gustavo Díaz Ordaz, tal como se acredita fehacientemente con la copia certificada del mismo, que corre agregada al presente escrito; pretendiendo con dichos actos privar inconstitucionalmente a mi representada de la propiedad y posesión de dicho predio. B. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que de los actos anteriores se derivan o puedan derivarse y, en especial, la desposesión del predio ‘Finca La Galvia’, propiedad de mi representada, así como las órdenes giradas o que en el futuro se giren con objeto de inscribir en el Registro Público de la Propiedad algún tipo de afectación agraria relacionada con el plano definitivo mencionado, afectando el predio mencionado." (fojas 26 y 27).

2. Una vez admitida la demanda, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno correspondió conocer del juicio de garantías, por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dos, en lo conducente proveyó lo siguiente: "Puebla, Puebla, a dieciséis de abril del dos mil dos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que la autoridad señalada como responsable, director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria con residencia en México, D.F., aún no ha rendido el informe justificado que le corresponde, no obstante encontrarse legalmente notificada, en consecuencia, requiérase a la citada autoridad para que en el término de tres días siguientes al en que reciba el oficio notificatorio, remita a este Juzgado de Distrito copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que justifiquen el acto que de su autoridad se reclama, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente." (foja 63).

3. Por auto de fecha treinta de abril siguiente, en lo conducente se acordó: "Puebla, Puebla, a treinta de abril del dos mil dos. Agréguese a sus autos el telegrama del C. Director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria con residencia en México, D.F., visto su contenido dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que a la fecha en que se actúa, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante oficio número 9224 de fecha dieciséis de abril del año en curso; en tales condiciones y no obstante encontrarse legalmente notificada, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha dieciséis de abril del presente año y se le impone una multa de un mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena girar atento oficio al Administrador Local de Recaudación de Puebla, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con residencia en esta ciudad, para que por su conducto le haga efectiva la multa en cuestión al C. Director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria con residencia en México, D.F..." (foja 65). Esta determinación constituye la resolución recurrida en la presente queja.

Lo inoperante de los agravios radica en que en parte del primero de los argumentos se sostiene que el auto recurrido contraviene lo establecido en el artículo 16 constitucional, el cual señala que toda determinación sea judicial o administrativa deberá estar debidamente fundada y motivada.

Es inoperante dicho agravio, porque los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo de su competencia, como acontece en la especie, ejercen la función de control constitucional y aun cuando en contra de algunas de sus decisiones tomadas durante la tramitación del juicio procede el recurso de queja, éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional y, por ello, técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez Federal viola garantías. Lo anterior tiene apoyo en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de P./J. 2/97, visible en las páginas 5 y 6, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extra lógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, en el primero de los argumentos también se expresa que resulta incorrecta la interpretación que se hizo del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se pretende fundar la multa impuesta por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que dicho ordenamiento legal no ha sufrido reformas por virtud de las cuales se hayan incrementado las sanciones que prevé, por lo que su aplicación debe hacerse conforme a la unidad monetaria con que fueron fijadas las multas al momento de su expedición, esto es en viejos pesos, pues la infracción de mil pesos impuesta rebasa con mucho el máximo previsto por la fracción I del citado artículo 59, ya que traducidos a la realidad monetaria actual la sanción máxima a imponer corresponde a un peso, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Monetaria que en su artículo 9o. establece que las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y tres, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye, esto es, viejos pesos.

El anterior argumento resulta inoperante, pues respecto al problema jurídico que ahí se plantea, existe criterio obligatorio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2001, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo en Materia Civil de Primer Circuito y Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, dando origen a la jurisprudencia, pendiente de publicar, que a continuación se transcribe:

"MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Lo dispuesto en el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, y que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y tres, sólo debe entenderse aplicable para los casos en que con anterioridad a su entrada en vigor se hubieran contraído obligaciones monetarias, ya sea por convenio o por disposiciones legales o reglamentarias, puesto que no sería admisible que dichas obligaciones se pagaran con base en la nueva unidad monetaria. Acorde con lo antes expuesto, la multa a que alude el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe fijarse de acuerdo al valor que tenga la moneda al momento de imponerse la sanción, debido a que el valor adquisitivo de aquélla va modificándose y porque esa medida de apremio no está referida a ordenamiento monetario alguno vigente en una época determinada, sino que la multa debe imponerse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurra en desacato al mandamiento judicial y, por ende, la señalada como máxima en ese precepto equivale a un mil nuevos pesos."

Consecuentemente, al existir jurisprudencia por contradicción respecto al tema de fondo en controversia, resulta innecesario analizar el agravio que al respecto se hace valer, en términos de la jurisprudencia 34, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es el siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

En el segundo de los agravios se expresa que en el auto recurrido el Juez de Distrito no motivó por qué consideró que se estaba actuando de mala fe al no cumplir su requerimiento, para que de esta manera se encontrara en aptitud legal de imponer la multa en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, pues en el presente caso debe considerarse que no existió mala fe por parte de la autoridad en virtud de que mediante telegrama con número de folio 14657, de fecha tres de mayo de dos mil dos, se hizo del conocimiento la imposibilidad que se tenía para cumplir con el requerimiento en el término de tres días concedido para tal efecto, en virtud de estarse recabando la documentación requerida, por lo que solicitó la ampliación del término otorgado, en tales condiciones no es factible hablar de mala fe, razonamiento que se apoya en la jurisprudencia que se cita, la cual lleva por rubro: "MULTAS. MALA FE EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA LEY DE AMPARO PARA LA IMPOSICIÓN DE. REQUISITOS PARA PRESUMIRLA RESPECTO AL ARTÍCULO 224 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.", y que se demuestra con la copia certificada del referido telegrama con número de folio 14657, que se ofrece como prueba.

Es infundado el anterior argumento.

Para justificar la anterior consideración deben distinguirse dos clases de multas que se pueden aplicar en el juicio de amparo: a). Unas, son aquellas que se imponen como consecuencia por la violación a alguna disposición de la Ley de Amparo, como las previstas en los artículos 16, segundo párrafo; 32, último párrafo; 41; 51, último párrafo; 61, último párrafo; 71; 74, fracción IV; 81; 90, último párrafo; 100; 102; 119; 134; 149, penúltimo párrafo; 152, penúltimo párrafo; 153, último párrafo; 164, párrafo segundo; 169, último párrafo y 224, párrafo segundo; y, b). Otras, las que se imponen por desacato a un mandato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, donde se contempla la multa hasta de mil pesos como medida de apremio tendente a garantizar el cumplimiento o efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o tribunales.

Hecha la anterior distinción, procede determinar el ámbito legal de aplicación del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, que establece:

"Art. 3o. bis. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe. Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse el recurso."

La disposición reproducida de manera textual, determina su ámbito legal de aplicación al precisar que se refiere a las multas previstas en esta ley, esto es, sirve para garantizar la legalidad de las multas mencionadas en el inciso a), sin embargo, conviene precisar que no en todos los casos en que deba aplicarse alguna de las multas previstas en las distintas disposiciones de la Ley de Amparo el Juez o tribunal está obligado a analizar conforme al citado artículo 3o. bis si existió mala fe, pues existen conductas sancionables que hacen presumir ese elemento y en esos casos no es aplicable el mencionado precepto legal, verbigracia, cuando la autoridad responsable en el amparo agrario sin dar explicación alguna omite rendir el informe justificado al cual debe acompañar las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos de los interesados, actualizando los presupuestos legales para la aplicación de la multa prevista en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, a diferencia de lo anterior, existen otros supuestos en los que sí cobra aplicación el artículo 3o. bis indicado, resultando necesario motivar la mala fe, como ocurre cuando existen causas o motivos que hayan impedido cumplir con la obligación impuesta.

Los anteriores razonamientos encuentran apoyo en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 19/94, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y anterior Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y entonces Único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, donde en lo conducente se consideró lo siguiente:

"Ahora bien, la facultad de los Jueces de Distrito para imponer multas a las partes, durante la sustanciación del juicio de garantías, puede actualizarse por dos tipos de conductas. Uno de naturaleza positiva que se actualiza por la promoción del juicio de amparo o la interposición de los recursos e incidentes que establece la ley de la materia. Otro de carácter pasivo, que se traduce en omisiones que, a su vez, constituyen incumplimiento de obligaciones procesales. En cuanto a la segunda hipótesis, que es la relacionada con el tema de contradicción, la Ley de Amparo prevé, de modo principal, las siguientes conductas omisivas, sancionables con multa: I) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables, están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esta obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. (Artículo 74, fracción IV). II) La falta o deficiencia de los informes con justificación en el recurso de queja, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario. (Artículo 100). III) Cuando el peticionario del amparo omita presentar la ratificación de la demanda presentada por medio del telégrafo, quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá multa de tres a treinta días de salario. (Artículo 119). IV) Si la autoridad responsable no rinde el informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias que apoyen dicho informe, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. (Artículo 149). V) La omisión de la autoridad responsable de informar al tribunal al que haya remitido la demanda, la fecha de notificación de la resolución reclamada, se sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. (Artículo 164). VI) Si la autoridad responsable no remite al Tribunal Colegiado la copia certificada de constancias, cuando existe inconveniente legal para el envío de los autos originales, o no rinde su informe con justificación, se le impondrá multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. (Artículo 169). VII) Si la autoridad responsable no remite las copias certificadas de las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso o del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario, la que se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de la obligación. (Artículo 224). Pues bien, tratándose del incumplimiento de determinadas obligaciones procesales impuestas por la ley, específicamente la que es a cargo de las autoridades responsables en el amparo agrario, concerniente a la rendición del informe justificado, al cual deben acompañar las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos de los interesados, la omisión de rendirlo, sin explicación alguna, da lugar por sí misma a la imposición de la multa establecida en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, sin que haya necesidad de motivar la mala fe de quien incurre en ella, pues el silencio de las autoridades hace presumir ese elemento, o evidente negligencia, equiparable a la mala fe, por cuanto dejan de cumplir lo que la ley ordena, sin explicación ni justificación alguna; por tanto, en estos casos no es aplicable el artículo 3o. bis de la propia Ley.-Sin embargo, no toda omisión de rendir el informe con justificación o de remitir las constancias necesarias, es sancionable sin razonar la mala fe, pues bien puede suceder que existan causas o motivos que hayan impedido el cumplimiento de la obligación, como podrían ser, por ejemplo: que no existan las constancias, que no las tenga en su poder la autoridad, que estén extraviadas, que ya las hubiera exhibido, etcétera; hipótesis en las cuales la autoridad debe invocar y probar ante el Juez de Distrito esa circunstancia, y quedará al arbitrio de éste calificar las razones que se den para justificar el incumplimiento y determinar si existe o no mala fe y si es del caso imponer la sanción; es decir, en estos casos sí cobra aplicación el artículo 3o. bis ya indicado."

Las anteriores consideraciones concluyeron con la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 15/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE AMPARO. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY.-Tratándose del incumplimiento de determinadas obligaciones procesales impuestas por la ley, específicamente la que es a cargo de las autoridades responsables en el amparo agrario, concerniente a la rendición del informe justificado, al cual deben acompañar las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos de los interesados, la omisión de rendirlo, sin explicación alguna, da lugar por sí misma a la imposición de la multa establecida en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, sin que haya necesidad de motivar la mala fe de quien incurre en ella, pues, por regla general, el silencio de las autoridades hace presumir ese elemento, o su evidente negligencia, equiparable a la mala fe, por cuanto dejan de cumplir lo que la ley ordena, sin explicación ni justificación alguna; por tanto, en estos casos no es aplicable el artículo 3o. bis de la propia ley. Sin embargo, no toda omisión de rendir el informe con justificación, o de remitir las constancias necesarias, es sancionable sin razonar la mala fe, pues bien puede suceder que existan causas o motivos que hayan impedido el cumplimiento de la obligación, hipótesis en las cuales la autoridad debe invocar y probar ante el Juez de Distrito esa circunstancia, y quedará al arbitrio de éste calificar, conforme al artículo 3o. bis, las razones que se den para justificar el incumplimiento y determinar si existe o no mala fe y si es del caso imponer la sanción."

En cambio, las multas mencionadas en el inciso b), se aplican por incumplimiento a un mandato del juzgador de amparo, constituyen una medida de apremio para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones, y resultan de la aplicación supletoria del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece:

"Art. 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

" I. Multa hasta de mil pesos."

La anterior disposición encuentra su fundamento constitucional en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 17. ... Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."

En efecto, el legislador ordinario a fin de hacer efectiva la garantía contenida en el precepto reproducido, estableció distintos medios de apremio, los cuales obedecen a la necesidad de que los Jueces o tribunales puedan hacer cumplir sus determinaciones y tienen por objeto obligar al contumaz en el cumplimiento de sus mandatos, entre éstos, la multa hasta por mil pesos, que a diferencia de las que se regulan por el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, no se impone a razón de días de salario ni tampoco para su aplicación es menester analizar, en su caso, la mala fe o no en la conducta del infractor, sino que la legalidad de estas multas deriva de que se observen otras formalidades, consistentes en: 1. Que exista un mandamiento legítimo de autoridad; 2. Que al pronunciarse dicho mandato se aperciba al obligado que en caso de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; 3. Que se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en la ley; 4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y, 5. Que a partir de que surta efectos la notificación del auto que contiene el mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido con el mismo en el término concedido, se haga efectivo el medio de apremio al contumaz.

De acuerdo con las anteriores consideraciones no resulta ilegal el hecho de que el Juez de Distrito al imponer la multa por mil pesos no haya motivado la mala fe del infractor, pues dicha multa se impuso por desacato a un mandato de autoridad y en ese supuesto jurídico resulta inaplicable lo dispuesto por el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo.

Finalmente, con relación al telegrama que acompañó el recurrente en queja, en el cual comunica al Juez de Distrito que continúa recabando la documentación necesaria para rendir informe justificado requerido (foja 2), debe considerarse que dicho documento es ineficaz para desvirtuar su contumacia generadora de la multa en cuestión y con ello demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, ya que tal comunicado se hizo con posterioridad a la imposición de la multa mencionada, pues el telegrama es del día tres de mayo de dos mil dos fecha en la cual dicha autoridad ya había sido sancionada pues la multa se impuso por auto de fecha treinta de abril anterior.

En consecuencia, al haberse desestimado los agravios hechos valer procede declarar infundado el recurso.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja.

Notifíquese con testimonio de esta resolución al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Señores Magistrados Jorge Higuera Corona, Francisco Javier Cárdenas Ramírez y Miguel Ángel Zelonka Vela, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." citada, aparece publicada con el número 2a./J. 85/2002 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 269.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18715-66117172/multas-en-el-amparo-es-innecesario-analizar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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