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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROPORCIONAR UN EXPERTO EN DETERMINADA RAMA PARA QUE RINDA EL DICTAMEN REQUERIDO, AUN CUANDO RECONOCE CONTAR CON PERSONAL QUE CUBRE EL PERFIL SOLICITADO, SIN EXPONER RAZONAMIENTOS FUNDADOS DEL IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO, NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR FEDERAL DEBA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL 37/2001 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA NOMBRAR UN PERITO.

Tipo de asunto: QUEJA 27/2008. · Registro digital (IUS): 21044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1837.

QUEJA 27/2008. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios, en atención a las consideraciones siguientes:

El recurrente argumenta que la Juez de Distrito no se ajustó a los procedimientos previstos por el artículo 81, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a las disposiciones contenidas en los Acuerdos Generales 37/2001 y 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días tres de julio de dos mil uno y veintiuno de mayo de dos mil cuatro, respectivamente, referidos a las formalidades para el nombramiento de peritos ante los órganos jurisdiccionales, según los cuales y después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcione un perito en forma gratuita, corresponderá a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal decidir y resolver lo conducente, máxime si se toma en cuenta que en cumplimiento a dichos acuerdos, el treinta de noviembre de dos mil siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de personas que pueden fungir como peritos en materia de economía ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil ocho.

De las constancias que integran el expediente que se formó con motivo del presente recurso de queja (fojas 439 y 440), se advierte que la Juez de Distrito, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil ocho requirió al director general de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para que proporcionara al Juzgado de Distrito una terna de peritos en materia de economía, y de entre ellos, se designara al perito de ese órgano jurisdiccional, o bien, se manifestara el impedimento legal para ello, formulando el apercibimiento respectivo.

El director general de la coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República contestó el requerimiento manifestando que no cuenta dentro de su plantilla activa con peritos en la especialidad que solicita, por lo que no es posible brindar el apoyo requerido (folio 450).

En consecuencia, la Juez Federal en un primer acuerdo de tres de marzo del año en curso, requirió a los titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, para que proporcionaran un perito en materia de economía para que fuera designado por ese órgano jurisdiccional, o bien, manifestaran el impedimento legal que tuvieran para ello, formulándoles el correspondiente apercibimiento (fojas 451 y 452).

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio DGAJ/SAJ/1556/2008, fechado el cinco de marzo del citado año, señaló que esa casa de estudios se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento al requerimiento, en virtud de que los profesionales que prestan sus servicios para la institución, imparten cátedra de acuerdo con los fines propios de la universidad, que son los de proporcionar educación superior para formar profesionales, por lo que no podían ser obligados a desarrollar funciones fuera de las contratadas, además de no contar con un cuerpo integrado de peritos para los efectos solicitados (folio 455).

Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional, por oficio DAJ-DSL-02-08/211, de fecha seis de marzo de dos mil ocho, comunicó que dicho instituto, como institución educativa del Estado, se auxilia de profesionales contratados laboralmente para la realización de actividades de docencia, investigación científica y desarrollo tecnológico y de difusión de la cultura a su servicio, sin que pueda obligárseles a prestar servicios distintos ni en lugares diversos a los que les corresponden de acuerdo a sus nombramientos y funciones, máxime cuando el desarrollo de dichas actividades puede afectar el cumplimiento de su quehacer académico, por lo que existe imposibilidad para poder atender favorablemente lo solicitado (folios 457 y 458).

La Juez de Distrito dictó un segundo acuerdo de fecha diez de marzo siguiente, requiriendo al director general del Instituto Politécnico Nacional, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, proporcionara a ese órgano jurisdiccional un perito en materia de economía para fungir como perito designado de ese juzgado, apercibiéndole que de no cumplir con lo anterior se le aplicaría una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (fojas 459 y 460).

El abogado general del Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número AG-01-08/089, de catorce de marzo del presente año, manifestó nuevamente que dicho instituto, como institución educativa del Estado, se auxilia de profesionales que si bien pudieran cubrir el perfil profesional solicitado, fueron contratados laboralmente para la realización de actividades académicas o de investigación, y no para el desarrollo de funciones periciales, por lo que no puede obligárseles a prestar servicios distintos ni en lugares diversos a los que les corresponden de acuerdo a sus nombramientos y funciones, máxime cuando el desarrollo de dichas actividades puede afectar el cumplimiento de su quehacer académico y de investigación; asimismo, expuso que en cumplimiento al Acuerdo General 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil siete, se publicó la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil ocho, por lo que solicita se deje sin efectos el apercibimiento declarado en autos (fojas 464 a 467).

De ahí que la Juez de Distrito requirió mediante un tercer acuerdo de fecha tres de marzo del presente año a los titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional en los términos siguientes:

"... para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, proporcionen un perito en materia de economía, para que sea designado como perito de este órgano jurisdiccional, o bien manifiesten el impedimento legal que les asista para ello, apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa equivalente a veinticinco días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3o. Bis, de la Ley de Amparo ..." (el subrayado es de este tribunal).

A lo cual, el encargado del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional, desahogó el requerimiento manifestando el impedimento que le asistía para cumplir con el mismo, según se ha señalado, y posteriormente se volvió a requerir al titular del instituto, para los mismos efectos, esto es, que proporcionara un perito en la materia señalada, para que fungiera como designado por el juzgado, señalándole que dicho instituto, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, está obligado (por disposición constitucional) a coadyuvar con el juzgado en el ejercicio de la impartición de justicia. En respuesta, la institución requerida reiteró los argumentos expuestos como imposibilidad para aportar el perito solicitado.

Ahora bien, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para cumplir con ese mandato constitucional es necesario que los órganos jurisdiccionales cuenten con los apoyos técnicos y profesionales suficientes para garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita.

Partiendo de ello, lo dispuesto en los artículos 4o., 54, 59, 79, 80 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, lleva a considerar que, por una parte, las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas tienen en el procedimiento judicial, en cualquier forma que intervengan, los mismos derechos y obligaciones que las otras partes; y, por otra, que los Jueces, Magistrados y Ministros tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos y sancionarán cualquier acto en contrario. Paralelamente, para el conocimiento de la verdad el juzgador puede valerse de toda persona, sea parte o tercero, pudiendo decretar en todo tiempo la práctica de cualquier diligencia probatoria que estime necesaria y conducente para ello, mientras esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos y no afecte a las partes y, por último, que los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad; teniendo éstos la facultad y el deber de compeler a aquéllos con los medios de apremio más eficaces para que cumplan con esa obligación y en caso de oposición oirán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 81, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene entre sus atribuciones el formar anualmente una lista con nombres de personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y, congruente con ello, los Acuerdos Generales 37/2001 y 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días tres de julio de dos mil uno y veintiuno de mayo de dos mil cuatro, respectivamente, señalan las formalidades para el nombramiento de peritos ante los órganos jurisdiccionales precisando que los titulares de los órganos jurisdiccionales que dentro de los procedimientos de su competencia pretendan nombrar como perito a alguno de los señalados en la lista correspondiente, una vez recabada la cotización de honorarios, deberán solicitar la autorización respectiva a la comisión, acreditando en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable.

El citado Acuerdo General 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil cuatro, en lo conducente establece:

"... ACUERDO

"ÚNICO.-Se modifican los artículos 20, 26, 27 y 29, y se deroga el 21, todos del Acuerdo General 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para formar anualmente la lista de personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, las formalidades para su nombramiento, así como sus derechos y obligaciones, para quedar en los siguientes términos:

"‘Artículo 20. Formalidades. La designación del perito en los órganos jurisdiccionales, se ajustará a las siguientes formalidades:

"‘a) Los titulares de los órganos jurisdiccionales, que dentro de los procedimientos de su competencia, pretendan nombrar como perito a alguno de los señalados en la lista, una vez recabada la cotización de honorarios correspondiente, deberán solicitar la autorización respectiva de la Comisión, acreditando en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable. El perito propuesto deberá pertenecer al circuito dentro del cual se encuentra el órgano jurisdiccional, cuyo titular es el funcionario que solicita la autorización.

"‘b) ...

"‘c) ...

"‘d) ...

"‘En el caso de que los titulares de los órganos jurisdiccionales necesiten designar un perito, en una especialidad que no se encuentre prevista para el circuito de su adscripción, en la lista definitiva de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, podrán designar un profesionista en la materia requerida, siempre y cuando verifiquen y cumplan lo siguiente:

"‘1) El profesionista en la materia requerida, radique en el circuito del órgano jurisdiccional de que se trate;

"‘2) El perito reúna los requisitos que se enumeran en el artículo 7 de este acuerdo; y,

"‘3) Se envíe la cotización de honorarios correspondiente, junto con la solicitud de autorización.’

"...

"‘Artículo 26. Requisitos para el pago. Una vez que haya sido presentado y ratificado el dictamen pericial ante el órgano jurisdiccional o área administrativa y previo aviso de esta circunstancia por parte del titular respectivo a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas, ésta recabará los siguientes documentos:

"‘I. Carta de aprobación de la Comisión, respecto de la cotización que presentó inicialmente; y,

"‘II. Recibo de honorarios, que cumpla los requisitos fiscales vigentes.’ ...".

Por tanto, es dable considerar que las determinaciones del código adjetivo federal a que se hizo referencia con antelación, constituyen los trámites cuya realización necesaria señalan dichos acuerdos, mismos que deben gestionarse por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas, de suerte que, previo a solicitar a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal lo conducente, el juzgador deberá agotar las atribuciones y facultades que la ley le concede para lograr le sea proporcionado el especialista de que se trate en forma gratuita, haciendo uso de los medios de apremio más eficaces para que las instituciones involucradas cumplan con las determinaciones que dicte, en aras de la debida impartición de justicia pronta, expedita y gratuita y, en caso de oposición por parte de la requerida, habrá de resolver sin ulterior recurso lo procedente, atendiendo a los razonamientos y fundamentos expuestos al efecto.

Máxime que en términos de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, como institución educativa del Estado, creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, teniendo entre sus finalidades la de contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad para lograr la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad, así como participar en la planeación y el desarrollo interinstitucional de la educación técnica, y realizar la función rectora de ese tipo de educación en el país, coordinándose con las demás instituciones que integran el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica en los términos previstos por la ley; además, dentro de las atribuciones de ese instituto se señala la de prestar servicios de asesoría a los sectores público, social y privado, Estados y Municipios que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica para la solución de problemas específicos.

Consecuentemente, en la especie, es inexacta la apreciación del recurrente en el sentido de que la Juez de Distrito no se ajustó a los procedimientos previstos por el artículo 81, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a las disposiciones contenidas en los mencionados Acuerdos Generales 37/2001 y 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días tres de julio de dos mil uno y veintiuno de mayo de dos mil cuatro, pues de las constancias de autos se advierte que el requerimiento que se formuló al referido instituto, fue para que proporcionara un perito en materia de economía, a efecto de que fungiera como designado por el juzgado de los autos, o bien manifestara el impedimento legal que le asistiera para ello, a lo cual, si bien manifestó las causas que estimó le asistían para no proporcionarlo, no expuso razonamiento fundado del impedimento legal que impere y que pueda ser materia de análisis por la juzgadora, máxime que reconoció contar con profesionales que pudieran cubrir el perfil solicitado.

A mayor abundamiento, los argumentos expresados por el ahora recurrente ante el juzgado, podrían hacerse valer por cualquier otra institución que fuera requerida, lo que provocaría que, a pesar de no existir impedimento legal, se admitiera la negativa a prestar el auxilio a la impartición de justicia, lo cual resulta inaceptable por las razones expuestas.

Finalmente, resulta inoperante el agravio relativo a la multa impuesta, habida cuenta que se hace depender de la estimada improcedencia del requerimiento antes citado.

En tales condiciones, al resultar en una parte infundados, y en otra inoperantes los agravios propuestos, debe declararse infundado este recurso de queja.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 95, fracción VI y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por José Enrique Villa Rivera, por su propio derecho y en su carácter de director general del Instituto Politécnico Nacional, contra el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil ocho, dictado por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número J.A.-265/2008.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por mayoría de votos, del Magistrado Alberto Pérez Dayán y la licenciada Aurora del Carmen Muñoz García, secretaria de este órgano jurisdiccional autorizada para que desempeñe las funciones de Magistrada, del catorce al diecisiete de mayo de dos mil ocho, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal CCJ/ST/1949/2008, de veintinueve de abril del año en curso, en contra del voto particular del Magistrado F. Javier Mijangos Navarro (presidente en funciones, en términos del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicado por analogía, con motivo de la licencia concedida a la Magistrada Adela Domínguez Salazar), lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Encargándose del engrose de mayoría el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21044-542e5d21/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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