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Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LA TASA DEL 0% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA Y CONEXOS REALIZADA POR EMPRESAS HOTELERAS A TURISTAS EXTRANJEROS QUE INGRESEN AL PAÍS PARA PARTICIPAR EXCLUSIVAMENTE EN CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES O FERIAS A CELEBRARSE EN MÉXICO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LA TASA DEL 0% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA Y CONEXOS REALIZADA POR EMPRESAS HOTELERAS A TURISTAS EXTRANJEROS QUE INGRESEN AL PAÍS PARA PARTICIPAR EXCLUSIVAMENTE EN CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES O FERIAS A CELEBRARSE EN MÉXICO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1463/2004. · Registro digital (IUS): 18727
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIAMOND HOTELS PLAYACAR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 333.

AMPARO EN REVISIÓN 1463/2004. DIAMOND HOTELS PLAYACAR, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La recurrente, en síntesis, planteó lo siguiente:

1. La sentencia recurrida le causa agravio debido a que el Juez de Distrito analizó de manera parcial e incorrecta el problema planteado, al considerar que es falso que se deje al arbitrio de un tercero ajeno a la relación tributaria el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la tasa preferencial, pasando por alto el a quo que el contribuyente jurídico es quien realiza el hecho generador y no el turista extranjero que ingresa al país con la finalidad de participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México.

2. En la demanda de garantías se virtieron planteamientos relativos a la violación a la garantía de equidad tributaria y no de proporcionalidad tributaria, como erróneamente lo apreció el Juez de Distrito, situación que trascendió para que el a quo no examinara en su conjunto los conceptos de violación propuestos.

3. Por otra parte, la afirmación del Juez Federal de que el precepto tildado de inconstitucional no excluye a un sector específico de empresas como lo es el hotelero, se advierte que interpretó de manera parcial el contenido de las jurisprudencias invocadas en la demanda de amparo.

4. Es errónea la conclusión a la que llega el Juez de Distrito, al expresar que la tasa del 0% se sustenta en bases objetivas, porque los impuestos indirectos se causarán en el extranjero.

5. Son infundadas las aseveraciones hechas por el a quo al analizar la Regla Miscelánea Fiscal 5.6.7, toda vez que parte de un análisis incompleto, al concluir que por incluir como sujetos a los "moteles", no se excluye a la quejosa de la tasa preferencial, ya que dice, no se excluye a la ahora recurrente de la tasa preferencial.

6. Asimismo, resulta ilegal lo resuelto por el Juez Federal, en cuanto afirma que la reforma al artículo reclamado se efectúo en diciembre de dos mil dos, para entrar en vigor precisamente en dos mil cuatro, con el propósito de permitir a las empresas prestadoras de servicios de hotelería, cumplir con toda oportunidad todos y cada uno de los requisitos que señala la ley, así como preparar los contratos y todos aquellos trámites que les permitan participar en esas actividades.

CUARTO. La recurrente en su primer agravio plantea que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 77, fracción I, 78 y 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez Federal realizó una indebida interpretación del artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, situación que llevó al juzgador a concluir que los planteamientos son infundados y que no se vulnera el principio de legalidad tributaria, ya que en opinión de la a quo es falso que se deje al arbitrio de un tercero ajeno a la relación tributaria el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la tasa del 0% para el cálculo del impuesto al valor agregado, pues quienes resienten la carga tributaria son quienes adquieren los servicios de hotelería, esto es, los turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México.

Con el propósito de estar en aptitud de analizar los planteamientos anteriores, resulta conveniente precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del principio de legalidad tributaria, ha sustentado que para respetar este principio se hace necesario que los elementos esenciales del tributo se encuentren de manera expresa en una ley formal y materialmente legislativa.

Lo anterior es así, toda vez que a través del principio de legalidad tributaria, a quien se encomienda la facultad para establecer cargas impositivas a los gobernados es precisamente al Poder Legislativo, quien conforme al artículo 73, en relación con el 31, fracción IV, constitucionales, debe establecer los elementos del tributo, a fin de que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular.

Corrobora lo anterior el criterio que se sostuvo en la Séptima Época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Primera Parte, página 173, que es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se definan con precisión todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes del impuesto.

Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada en la Séptima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Primera Parte, página 172, que es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."

De esta forma, el principio de legalidad tributaria se respeta en la medida en que los elementos esenciales de las contribuciones se encuentran especificados en ley, de modo tal que, por una parte, no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades fiscales para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular y, por la otra, que los sujetos pasivos de la relación tributaria puedan conocer con exactitud la carga y obligaciones fiscales que les correspondan en virtud de la especial situación jurídica en que se ubiquen o que presenten frente a la ley.

Con base en lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que los planteamientos en estudio son infundados, toda vez que el artículo 29, fracción VII, de Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, sí respeta el principio de legalidad tributaria.

Para demostrar lo anterior, resulta necesario acudir al texto del artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que dice:

"Artículo 29. Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

"Para los efectos de esta ley, se considera exportación de bienes o servicios:

"...

"VII. La prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, siempre que dichos extranjeros les exhiban el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera realizado por los organizadores del evento.

"Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por servicios de hotelería y conexos, los de alojamiento, la transportación de ida y vuelta del hotel a la terminal de autobuses, puertos y aeropuertos, así como los servicios complementarios que se les proporcionen dentro de los hoteles. Los servicios de alimentos y bebidas quedan comprendidos en los servicios de hotelería, cuando se proporcionen en paquetes turísticos que los integren.

"Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria y cumplir los requisitos de control que establezca el reglamento de esta ley, en el cual se podrá autorizar que el pago de los servicios se lleve a cabo desde el extranjero por otros medios. En dicho reglamento también se podrá autorizar el pago por otros medios, cuando los servicios a que se refiere esta fracción, se contraten con la intermediación de agencias de viajes."

Del precepto impugnado se advierte que:

a) Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

b) Se considera exportación de bienes o servicios cuando en la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros, se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se trate de turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México.

2. Los turistas extranjeros exhiban ante el hotel el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población.

3. Paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero.

4. La contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera realizado por los organizadores del evento.

De lo anterior se advierte que, contrariamente al planteamiento de la recurrente, el precepto impugnado no transgrede el principio de legalidad tributaria que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que los elementos esenciales del impuesto están señalados expresamente en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que se deje al arbitrio de un tercero ajeno a la relación tributaria el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la tasa del 0% para el cálculo del impuesto al valor agregado.

Al respecto, los artículos 1o., 2o. y 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecen:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"I. Enajenen bienes.

"II. Presten servicios independientes.

"III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

"IV. Importen bienes o servicios.

"El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

"El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o. A o 3o., tercer párrafo de la misma.

"El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

"El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales."

"Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

"Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 10% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

"Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa del 15%:

"Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los Municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional."

"Artículo 2o. A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

"I. La enajenación de:

"a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.

"Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.

"b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

"1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.

"2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.

"3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

"4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.

"c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su presentación sea en envases menores de diez litros.

"d) Ixtle, palma y lechuguilla.

"e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento.

"A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicará la tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos.

"f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

"g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

"h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.

"i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

"Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro.

"II. La prestación de los siguientes servicios independientes:

"a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.

"b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.

"c) Los de pasteurización de leche.

"d) Los prestados en invernaderos hidropónicos.

"e) Los de despepite de algodón en rama.

"f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral.

"g) Los de reaseguro.

"h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

"III. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la fracción I de este artículo.

"IV. La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta ley.

"Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley."

De los preceptos antes transcritos se advierten los siguientes elementos:

a) Los sujetos pasivos del impuesto son las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades tales como: enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes y servicios.

b) El objeto u hecho imponible es la realización de los actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes y servicios.

c) La base del impuesto es el valor de los actos o actividades.

d) La tasa del impuesto, según los actos o actividades, está sujeta a un 15%, 10% y 0%.

Con base en lo anterior, se estima que lo infundado del agravio se demuestra con el contenido del primer párrafo del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, pues de manera expresa establece que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

En efecto, si el numeral impugnado de manera expresa prevé que las empresas residentes en el país son las obligadas a calcular el impuesto a una tasa del 0%, es claro que a éstas se reconoce el carácter de sujetos pasivos directos.

Por otro lado, si bien es verdad que el prestador de servicios es quien realiza el hecho imponible, no menos cierto es que el consumidor final también forma parte de la relación tributaria, dado que es quien, por regla general, absorbe la carga tributaria o, en su caso, recibe el beneficio del régimen de exención o de la tasa cero; de ahí que el hecho de que este último deba cumplir con determinados requisitos a efecto de que el impuesto al valor agregado relativo al servicio de hotelería y conexos se calcule aplicando la tasa del 0%, no puede estimarse como una violación al principio de legalidad tributaria en los términos propuestos por el quejoso, máxime que el propio numeral impugnado señala cuáles son esos requisitos y la forma en que deberán acreditarse, lo que impide la actuación arbitraria de la autoridad exactora, fin primordial del principio de legalidad tributaria.

Lo anterior es así, toda vez que en el enunciado normativo del precepto impugnado al establecer que "las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios", comprende los siguientes elementos del impuesto:

1. Sujeto pasivo: empresas residentes en el país;

2. Tasa del 0%; y,

3. Objeto u hecho imponible: enajenación de bienes o prestación de servicios.

Con lo anterior se demuestra que el argumento de la recurrente en el sentido de que el precepto impugnado transgrede el principio de legalidad tributaria al introducir como elemento del tributo a un tercero ajeno a la relación tributaria, es incorrecto, ya que como se demuestra, los elementos esenciales del tributo están expresamente señalados en dicho precepto.

Ahora bien, el hecho de que el precepto impugnado establezca que se aplicará la tasa del 0% a la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, siempre que dichos extranjeros les exhiban el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la contratación de los servicios de hotelería y conexos se lleve a cabo por los organizadores del evento, no quiere decir, como erróneamente lo estima la recurrente, que se viole el principio de legalidad tributaria, toda vez que, como quedó asentado, la norma impugnada otorga a los turistas extranjeros la calidad de sujetos pasivos indirectos del impuesto, pues cuando dicho precepto se refiere a "turistas extranjeros", lo hace como consumidores finales.

En efecto, la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al disponer que la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, de ninguna manera está introduciendo un elemento ajeno a la relación tributaria, ya que cuando se refiere a turistas extranjeros, lo hace en el contexto del hecho imponible.

Así, la hipótesis de causación consiste en la prestación de servicios de hotelería por parte de las empresas residentes en el país (sujetos pasivos), quienes están obligadas a aplicar la tasa del 0% a la prestación de servicios de hotelería y conexos a turistas extranjeros; de ahí que en cuanto la norma alude al "turista extranjero", lo hace en el contexto de sujeto pasivo indirecto, en virtud de que son quienes absorben la carga tributaria, pues son quienes se ven beneficiados en la exención de la tasa del 0%.

Es importante aclarar que no basta que se trate de turistas extranjeros sino, además, para que los "turistas extranjeros" tengan derecho a la tasa del 0%, deberán exhibir el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, pagar los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y que la contratación de los servicios de hotelería y conexos se realice por los organizadores del evento.

Ahora bien, el hecho de que el Juez Federal haya señalado que quienes jurídicamente resienten la carga impositiva son los que adquieren los bienes y servicios, no debe interpretarse en el sentido de que los "turistas extranjeros" tienen la calidad de sujetos pasivos indirectos del impuesto, sino como los obligados a cumplir con los requisitos formales que exige el precepto impugnado a fin de que se actualice el hecho imponible.

Lo anterior es así, toda vez que el Juez de Distrito de manera expresa señala que "... los sujetos que jurídicamente resienten la carga impositiva son quienes ... deben cumplir con tales requisitos para la aplicación de la tasa preferencial".

Lo anterior es lógico, ya que el cumplimiento de los requisitos como: la exhibición del documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, y que el pago de los servicios se haga mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero, corresponde de manera exclusiva al "turista extranjero", mientras que la contratación de los servicios de hotelería y conexos debe ser realizada por los organizadores del evento.

QUINTO. La recurrente, en su segundo agravio, aduce que la sentencia recurrida es violatoria de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que por las consideraciones en que se sustenta, indebidamente desconoce el contenido de las jurisprudencias del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que trajo como consecuencia que no se atendieran debidamente los argumentos propuestos ni se analizaran en su contexto.

Asimismo, señala la recurrente que el Juez Federal de manera indebida estimó que la tasa preferencial del 0%, que contempla la disposición tildada de inconstitucional, se dirige a toda una categoría indeterminada de individuos dedicada a una actividad específica como es la prestación de servicios de hotelería, sin que con ello se excluya un segmento específico de empresas, situación que denota una apreciación parcial del a quo con respecto a la garantía de equidad tributaria, pues la equidad no se refiere única y exclusivamente a sujetos, sino también a situaciones objetivas, es decir, a hipótesis de causación.

Por otro lado, la recurrente estima que se viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que entre un hotel y otro, en función de las instalaciones e infraestructura con las que cuentan, pueden o no tener la capacidad para prestar servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, de manera que habrá hoteles que por su propia estructura nunca tendrán la posibilidad de prestar servicios de hotelería en las condiciones previstas en el precepto impugnado, dando con ello un trato preferencial a los grandes hoteles, en detrimento de los prestadores de servicios de hotelería a extranjeros, cuya capacidad es de menores dimensiones.

Previo al estudio de los agravios, conviene precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al principio de equidad tributari

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18727-315edafa/valor-agregado-el-articulo-29-fraccion-vii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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