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Modo: Corpus Pro

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2004. ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. CONSTITUYEN UN ACTO MATERIALMENTE LEGISLATIVO, PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 111/2005. · Registro digital (IUS): 18977
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE ECONOMÍA Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1663.

AMPARO EN REVISIÓN 111/2005. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y OTRO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por razón de método, se analizan en primer lugar los argumentos del único concepto de agravio expresado por el secretario de Economía.

Dicha responsable aduce que en la demanda de garantías, la quejosa le atribuyó el acto consistente en la emisión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, denominada Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, sin embargo, de la simple lectura que se haga de la norma de mérito, se podrá corroborar fácilmente que esa autoridad no intervino en su expedición, por lo que el a quo debió decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, a pesar de que la ahora inconforme haya omitido rendir su informe justificado.

Son fundadas las argumentaciones resumidas con antelación.

El artículo 11 de la ley de la materia, establece:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

En la norma combatida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, se señala en lo conducente:

"Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos ... y Considerando ... por lo que tratándose de un caso de emergencia, esta dependencia ha decidido hacer uso de la facultad prevista por el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. México, D.F., a 17 de noviembre de 2004. El director general de Normas, Miguel Aguilar Romo. Rúbrica. Índice ... Transitorios ... México, D. F., a 17 de noviembre de 2004. El director general de Normas, Miguel Aguilar Romo. Rúbrica."

Ahora bien, tal como lo hace valer la autoridad recurrente, la lectura de la norma reclamada, pone de manifiesto que únicamente fue emitida por el director general de Normas de la Secretaría de Economía, en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, y no así por el titular de esa dependencia, de ahí que sea inexistente el acto de expedición atribuido a esta última responsable, contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión, pues la presunción juris tantum originada por la falta de informe justificado, se desvirtúa con el texto mismo de la norma oficial combatida, motivo por el cual lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en esta parte del juicio respecto de los actos reclamados al secretario de Economía, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, del ordenamiento legal invocado.

A continuación, se procede a examinar los agravios formulados por el director general de Normas de la Secretaría de Economía.

En el punto I del identificado como primero, la inconforme alega que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues la norma reclamada no causa perjuicio a la quejosa por su sola vigencia, sino que requiere de un acto concreto de aplicación para lesionar su esfera de derechos; que dicha norma es de carácter heteroaplicativo, porque su entrada en vigor no trae aparejada ejecución ni la Procuraduría Federal del Consumidor (autoridad competente para verificar y vigilar su cumplimiento) la ha obligado a acatarla, como tampoco la ha aplicado en su perjuicio.

No asiste razón a la autoridad.

Antes de realizar el pronunciamiento respectivo, es pertinente establecer si la norma oficial mexicana reclamada constituye un acto materialmente legislativo, es decir, si puede considerarse una ley lato sensu, o bien si únicamente se trata de un acto administrativo, en virtud de que esta distinción generaría un criterio útil a fin de analizar temas como el interés jurídico para reclamar ese tipo de normas en amparo contra leyes; su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, la cual determina los plazos dentro de los que es oportuno promover el juicio de garantías y, sobre todo, los efectos de la protección constitucional que, en su caso, llegara a otorgarse, por citar sólo algunos ejemplos.

En ese sentido, se estima conveniente acudir a la doctrina, con el objetivo de demostrar que una norma oficial mexicana, como la combatida en este asunto, es un conjunto de reglas administrativas generales, abstractas e impersonales y, por ende, constituye un acto materialmente legislativo, en la medida en que tiende a regular, de manera desarrollada y pormenorizada, las materias de metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación, previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Al respecto, el autor Elisur Arteaga Nava, en su obra "Tratado de Derecho Constitucional" (Volumen 3, primera edición, Oxford University Press, México, 1999, páginas 1080 a 1083), señala lo siguiente:

"En el sistema jurídico mexicano la facultad reglamentaria es una actividad confiada a poderes de distinta clase y jerarquía; participan de ella, a pesar de no serlo, incluso los Ayuntamientos. No se trata de una función que sólo competa a la autoridad ejecutiva: presidente de la República y gobernadores. La Constitución y las leyes hacen que participen en su ejercicio, de una u otra manera, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, las Legislaturas de los Estados, el Pleno del Tribunal Superior de los Estados y, como se ha dicho, los Ayuntamientos. Algunos de esos órganos lo llevan a cabo en forma amplia; otros, en cambio, restringida; no obstante la diferencia que en grado y calidad se da entre uno y otros, en el fondo se trata de la misma actividad. La gestión reglamentaria se considera una actividad general, con diversas manifestaciones que puede referirse tanto a la Constitución, que contiene y regula el Pacto Federal, como a las Constituciones de los Estados, a la orgánica del Distrito Federal, lo mismo que a leyes ordinarias o secundarias, federales o locales. Justifica la existencia de tal facultad el hecho de que las Constituciones y las leyes, por sí mismas, no son aplicables en los más de los casos; esto es así porque su naturaleza es general y no entra en detalles. En los reglamentos en los que se hace la previsión necesaria con el propósito de su ejecución o aplicación. Se trata de un conjunto de principios normativos encaminados a tal fin. La Constitución se reglamenta mediante leyes orgánicas y reglamentarias propiamente dichas; las ordinarias, como los Códigos Civil y Penal tienden a cumplimentarla. Puede manifestarse, en el ámbito federal, mediante leyes reglamentarias que, con base en la Constitución, emite el Congreso de la Unión y, excepcionalmente, el presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias. Cuando lo llevan al detalle y hacen operante instituciones previstas en la Carta Magna. En el ámbito local, la facultad reglamentaria se manifiesta mediante la expedición de las Constituciones Locales y sus reformas. Éstas, en estricto derecho, reglamentan, en el nivel estatal, la general de la República. Hay otras manifestaciones adicionales de ella; una, la confiada a las Legislaturas Locales, en lo que respecta a la Constitución de una entidad y que se da mediante leyes; otra, la que se encomienda a los gobernadores, en lo que atañe a las leyes locales, y una última, la que se delega a los bandos de policía y buen gobierno, que emiten las autoridades municipales. ... De todo lo anterior se desprende que la facultad reglamentaria ha sido atribuida a diferentes autoridades: Congreso de la Unión, Legislaturas, presidente de la República, gobernadores y autoridades ejecutivas, Tribunales Jurisdiccionales cuando actúan en pleno, Consejo de la Judicatura Federal, Ayuntamientos y Concejos Municipales. Ellos lo llevan a cabo en lo que se refiere a diversos cuerpos legislativos, diferentes niveles y alcances que en algunos casos son amplios y en otros restringidos. Hasta ahora, quienes han estudiado el tema de la facultad reglamentaria lo han hecho con base en que es una de las actividades propias de la autoridad ejecutiva federal; han aludido el tema como una facultad del presidente de la República; con ese fin han establecido los principios que regulan su ejercicio. El tratamiento, aunque correcto, ha sido parcial; se ha omitido considerar la materia como una actividad en la que participan, de una u otra forma, con observancia de los mismos principios, en mayor o menor grado, todo tipo de autoridades. La facultad reglamentaria está muy lejos de ser un monopolio que exista a favor de un ente de orden público determinado. Esa es la razón por la que aquí el tema se trata como algo autónomo, tomando el término en su acepción de ser algo que, sujeto a principios propios, puede considerarse en sí, sin necesidad de referirse a una figura principal, en el caso, el presidente de la República. El tema se estudia como una de las tantas facultades que les corresponden en común tanto a los poderes federales como locales. Esa consideración es la que lleva a colocar este tema en el apartado de facultades de los poderes."

Dentro del contexto anterior es posible concluir que las normas oficiales mexicanas, emitidas por el director general de Normas de la Secretaría de Economía, son reglas generales administrativas sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado a la Secretaría de Economía la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia (si bien esa atribución fue conferida en concreto al director general de Normas de aquella dependencia), de ahí que sea válido determinar que tales cuerpos normativos constituyen un acto materialmente legislativo, pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con detalle y de manera pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como expresión de la facultad reglamentaria y, en esa medida, para efectos de su impugnación en el juicio de garantías tramitado en la vía indirecta, de conformidad con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto prevé su procedencia contra "... otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso ...", deben aplicarse las reglas inherentes al amparo contra leyes, motivo por el que a continuación se procede a examinar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la norma reclamada, considerada como una ley en sentido lato.

Es aplicable en la especie, por igualdad de razón, la tesis aislada P. XV/2002, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee:

"REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. De lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado."

También es ilustrativa la tesis aislada 2a. V/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 116 del Tomo IX, enero de 1999, Novena Época del Semanario y Gaceta antes mencionados, que es del tenor literal siguiente:

"NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA ATRIBUCIÓN CONCEDIDA AL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PARA EXPEDIRLAS, CONTENIDA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 16, 49 Y 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos 17, fracción I, del anterior reglamento interior de la secretaría mencionada y 24, fracción I, del mismo ordenamiento reglamentario en vigor (este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco), confieren a la Dirección General de Normas la atribución para formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito competencial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; esta facultad no resulta contraria a los principios de legalidad, reserva de la ley y de subordinación que prevén los artículos 16, 49 y 73, fracción X, constitucionales, ni constituye una indebida delegación de facultades legislativas en favor de una autoridad administrativa, tomando en cuenta que en los numerales 1o., 2o., 3o., 39, fracción V y 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en vigor a la fecha de expedición de tales reglamentos, el propio órgano legislativo federal otorgó a la secretaría señalada la facultad de expedir las Normas Oficiales Mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia; por tanto, al establecerse en los citados reglamentos la autoridad específica en quien recae esa atribución, ello no implica más que la debida pormenorización y desarrollo de las citadas disposiciones legales, que en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción I, constitucional, debe realizar el jefe del Ejecutivo Federal, mediante la expedición de las normas relativas al establecimiento de los órganos necesarios para la realización de las funciones previstas en la ley a cargo de una secretaría de Estado y en acatamiento, además, a lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevén que los titulares de las dependencias de la administración pública federal, para el despacho de los asuntos de su competencia, podrán auxiliarse de los funcionarios que determine el reglamento interior respectivo, en el que también deben precisarse sus atribuciones."

Una vez precisado lo anterior, enseguida se procede a analizar la causa de improcedencia planteada en el punto I del agravio primero, establecida en el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/97, consultable en la página 5 del Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", ha sostenido que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas es conveniente acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por consiguiente, el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

En ese contexto, debe decirse que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, denominada Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, es una disposición de carácter autoaplicativo, basada esta afirmación en el concepto de individualización incondicionada anteriormente resumido, en virtud de que contiene lineamientos o directrices que en forma obligatoria, desde el inicio de su vigencia, deben observarse en el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.

Por ello, para que el perjuicio se actualice, no es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor verifique e imponga alguna sanción como consecuencia del incumplimiento en que pudieran incurrir quienes enajenen gasolina u otros combustibles líquidos, toda vez que por su sola entrada en vigor, la norma de mérito impone a esos sujetos diversas obligaciones que se hallan constreñidos a observar, si quieren evitar las sanciones correspondientes; así, a guisa de ejemplos, en el punto 5, identificado con el rubro "Especificaciones", se establece el error máximo tolerado, referente a la diferencia entre la lectura dada por el sistema de medición y la medida volumétrica (punto 5.1.1.); el error de repetibilidad, entendido como la diferencia entre las lecturas máxima y mínima, obtenidas en mediciones efectuadas en un mismo gasto (punto 5.1.2.); las indicaciones mínimas que se deben encontrar en los dispositivos para medición y despacho de gasolina (punto 5.4.2.2.); los dispositivos de protección y seguridad con que han de contar los sistemas de medición (punto 5.4.4.), entre otras especificaciones, las cuales, como puede advertirse, son obligatorias para todas las personas a quienes está dirigida la norma, de modo tal que es válido concluir que desde su entrada en vigor vincula a sus destinatarios a su cumplimiento, pues crea una situación concreta de derecho, consistente en la obligación de acatar las especificaciones señaladas por la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, con los requisitos pormenorizados, sin que para ello sea necesario que se actualice condición alguna, bien sea la actuación de una autoridad administrativa, como la Procuraduría Federal del Consumidor, o del propio agraviado, razón por la que se estima que en el caso no se presenta la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, como infundadamente aduce la inconforme.

Por otra parte, en los puntos II y IV, también del primer concepto de agravio, la recurrente hace valer la diversa causa de improcedencia contenida en el numeral 73, fracción V, del mismo cuerpo legal, relativa a la falta de interés jurídico de la quejosa para ocurrir al juicio de garantías; al efecto manifiesta que la norma combatida no le ocasiona un agravio personal y directo, ya que incluso suponiendo que se tratara de una disposición autoaplicativa, no le afecta porque en ella sólo se establecen los elementos normativos para la comercialización de combustible; que los perjuicios materiales y económicos sufridos por una persona, no le dan derecho a promover el amparo, en virtud de que no puede considerarse como interés jurídico el hecho de que la expedición de la norma le provoque fuertes erogaciones monetarias; que el demérito en el patrimonio de la impetrante se traduce en un mero perjuicio económico, de ninguna manera jurídico.

Tampoco asiste razón a la autoridad.

En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que por interés jurídico debe entenderse aquel que está legalmente protegido por modo directo, identificándose la noción de interés jurídico con la de derecho subjetivo, por consiguiente, la lesión a un simple interés material o económico de un sujeto, sin tutela legal directa, es decir, sin que la ley lo proteja con vista a la situación específica en que aquél pudiera encontrarse, hace improcedente el amparo conforme al artículo 73, fracción V, de la ley de la materia.

En estas condiciones, el derecho subjetivo consiste en la facultad que la norma jurídica objetiva concede a cualquier sujeto, la cual no entraña simplemente un poder de obrar, sino una potestad de exigencia que debe ejercerse frente a otro sujeto distinto del titular de dicha facultad, obligado a cumplir las pretensiones que se reclamen a través del ejercicio de ésta, lo que significa que todo derecho subjetivo implica necesariamente una obligación correlativa correspondiente a otro sujeto.

Son de citarse al efecto, los criterios sostenidos por la Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, publicados, el primero, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, Quinta Época, página 568, y el segundo, en el mencionado Semanario, Tomo II, Primera Parte, Octava Época, página 224, que son del tenor siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." e INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados."

En el caso, la impetrante acompañó a su demanda de garantías, entre otros documentos, copia certificada del instrumento notarial número veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho (fojas 11 a 15), pasado ante la fe del notario público número cincuenta de esta ciudad, al que se insertó, en lo conducente, el texto de la escritura constitutiva de la sociedad mercantil denominada Servicio Luce, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 16 y 17), de la cual se aprecia que el objeto de dicha empresa consiste en "dedicarse a la compra venta de productos Pemex, para toda clase de vehículos. Dedicarse a la compra venta de refacciones, llantas, lubricantes, accesorios de vehículos. Dedicarse a prestar toda clase de servicios a los vehículos de transporte y reparación a los mismos ...", además de otras actividades, situación que pone de manifiesto que la empresa quejosa enajena gasolina u otros combustibles líquidos, por lo que se halla sujeta a las disposiciones que sobre el particular están contenidas en la norma oficial reclamada, lo que se estima suficiente para concluir que en el caso sí acreditó debidamente su interés jurídico para promover el presente juicio de garantías en contra de dicho acto administrativo.

En otro aspecto, dentro del punto III del primer agravio, la recurrente expresa que en este asunto se presenta la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 4o. del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que la impetrante carece de legitimación procesal activa para reclamar la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004; que la referida improcedencia consiste en que si un acto de autoridad no provoca un perjuicio, tendrá por consecuencia la falta de legitimación procesal activa del promovente para combatirlo; que la legitimación ad procesum es requisito de procedencia del juicio y para que ésta se genere, el quejoso debe ser titular de derechos afectados, sin embargo el agraviado en ningún momento demostró tal extremo.

Es infundado el motivo de improcedencia invocado.

En principio, es necesario distinguir entre la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. De acuerdo con la doctrina, la primera se suele identificar con la vinculación que existe entre quien invoca un derecho sustantivo y el derecho mismo, que hace valer ante los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; la segunda es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio.

Así, la legitimación ad causam se traduce en la afirmación que hace una parte sobre la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano jurisdiccional; en otras palabras, es la facultad de llevar, gestionar o conducir el proceso, activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho, y pasiva para aquel contra el cual éste se ha de hacer valer, por consiguiente, no es una cualidad procesal ni un requisito de validez de la demanda.

Por su parte, la legitimatio ad procesum se identifica con la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en un juicio determinado, frecuentemente en nombre y representación de otra persona.

Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 75/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351 del Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable."

También se cita la tesis aislada número VI.3o.47 C que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18977-bde3251d/norma-oficial-mexicana-de-emergencia-nom-em-011-scfi-2004-publicada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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