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Modo: Corpus Pro

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, QUE PREVÉ LA FISCALIZACIÓN DE SUS RECURSOS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTIDOS POLÍTICOS. EL MANEJO DE SUS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2005. · Registro digital (IUS): 19055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 657.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2005. PARTIDO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de agosto de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones de término, el veintiocho de julio de dos mil cinco, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, José Narro Céspedes, Rubén Aguilar Jiménez y Marcos Cruz Martínez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional y como representantes del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:

a) La Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora.

b) El Gobernador Constitucional del Estado de Sonora.

Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

Capítulo VIII, "De la fiscalización del financiamiento público y privado", artículos 33, 34, 35, 36 y 37, todos del Código Electoral para el Estado de Sonora, publicado el veintinueve de junio de dos mil cinco, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO. El partido político promovente esgrimió los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

1. Que el actual Código Electoral para el Estado de Sonora demuestra un avance significativo en la vida electoral del Estado, sin embargo, sus artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 representan una intromisión en la vida interna de los partidos políticos en lo relativo a sus procesos de fiscalización, por lo siguiente:

a) Los partidos políticos reciben financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto.

b) De conformidad con el propio Código Electoral Estatal, los partidos políticos cuentan con un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado.

c) Los partidos políticos serán los responsables de administrar y registrar el financiamiento que reciban conforme a derecho, por lo que deberán rendir un informe semestral y uno anual de los gastos que realicen, a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral.

d) Que la nueva comisión denominada de "fiscalización", es precisamente a la que los partidos políticos deberán dar cuenta mediante el informe que rindan, del origen y aplicación de los recursos que reciban por transferencia de sus dirigencias nacionales, así como sobre los informes financieros anuales auditados por un contador público certificado, los que deberán entregar en febrero de cada año.

e) Que dada la importancia de la administración de los recursos proporcionados a los partidos políticos para su adecuado funcionamiento, ello debe ser objeto de una cuidadosa regulación en cada uno de los Estados miembros de la Federación.

f) Que respecto del "contador público certificado", en el código electoral no se aporta la información necesaria acerca de sus funciones, atribuciones y facultades. Además, aún no existe el reglamento de la Comisión de Fiscalización en el que se especifique todo lo competente con esta figura, situación que es una laguna significativa, ya que la Comisión de Fiscalización entrará en funciones de forma inmediata.

g) Asimismo, es preocupante que a través del reglamento se le lleguen a otorgar a la Comisión de Fiscalización, atribuciones y facultades que no sean respetuosas de la privacidad de los partidos políticos y que no cumplan con los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad e independencia.

h) Que al no especificar el código electoral cuáles son las funciones del contador público certificado, se entiende que será en el reglamento de la comisión, donde se instrumente dicha actividad.

2. Que al no estar debidamente fundamentada la figura del contador público certificado, no se cumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal. Cita como apoyo la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE."

3. Que a un mes de haber entrado en vigor el Código Electoral para el Estado de Sonora, aún no se ha expedido el reglamento que permita vislumbrar el funcionamiento ni el proceso de certificación que el contador público certificado hará al partido político.

Que además la falta del reglamento de la Comisión de Fiscalización origina una gran laguna, ya que no se sabe si el contador público certificado formará parte de la Comisión de Fiscalización, pues en caso de ser así, éste deberá cumplir con tres elementos básicos que todo funcionario público electoral debe tener: a) que el desempeño de sus funciones sea de carácter "permanente y transitoria" y que reciba una retribución a cambio; b) que el puesto que desempeñe lo haya obtenido mediante una elección, concurso, designación o nombramiento; y, c) que la prestación laboral sea de forma permanente, temporal o transitoria, según lo disponga la ley o el reglamento conducente.

4. Que de llegar a operar la figura del contador público certificado sería una grave intromisión en la vida de los partidos políticos, ya que un tercero ajeno entraría a sus estados financieros sin poder por sí solo garantizar y dar cumplimiento a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, con posibles consecuencias en el procedimiento.

Que ello es así, porque corresponde exclusivamente al Consejo Estatal Electoral, en el ejercicio de sus funciones, velar por el cumplimiento de los citados principios y, por tanto, es precisamente por ello que no se entiende cómo pretenden salvaguardar dichos principios acudiendo a un tercero ajeno -contador público certificado- para que realice funciones exclusivas del Consejo Electoral a través de su Comisión de Fiscalización.

5. Que debe ser la Comisión de Fiscalización la que realice todas las actividades jurídicas y procesales necesarias para que los informes que presenten los partidos políticos sean lo más afines a los lineamientos de fiscalización que se desean obtener.

Que esta comisión debe cumplir con los principios que rigen la actividad electoral con profesionalismo e independencia, y para ello, debe tener el dominio de las actividades que realiza, es decir, debe saber el qué, el cómo y el cuándo de éstas, para que así pueda cumplirlas de manera eficaz, justa y equitativa. Cita como apoyo la tesis de rubro: "DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 61 DE SU CÓDIGO ELECTORAL, QUE ESTABLECE LA FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD PARA CELEBRAR, A PETICIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CONVENIOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO LOGÍSTICO, VULNERA LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Que el ser profesional implica tener a las personas calificadas y cualificadas para el desempeño de las funciones encomendadas, así como también una continuidad de su desempeño.

Por su parte, la independencia implica que una comisión profesionalizada no dependa de una persona ajena en su obrar y la imparcialidad implica un actuar sin preferencias y siempre en el marco de la legalidad.

Que la figura del contador público certificado no garantiza la objetividad, pues no cumple con la neutralidad con la que cuenta una comisión, ya que ésta debe abstenerse de participar o compartir interés con alguno de los institutos políticos.

Que tampoco garantiza la certeza necesaria puesto que no depende del instituto político ni del Consejo Electoral y, por tanto, no garantiza la secrecía de la información que manejará.

Que de igual forma tampoco garantiza la legalidad puesto que a todas luces esta figura rebasa lo establecido tanto en la Constitución del Estado de Sonora como en la Constitución Federal.

Que, por tanto, el contador público certificado al no ser una persona dependiente del órgano electoral no tendría por qué hacer caso de los principios aludidos, y al no existir el reglamento conducente, no hay los elementos que refuten esta apreciación.

6. Que al incluirse la figura del contador público certificado dentro del código electoral, se transgrede la autonomía del propio Consejo Estatal Electoral establecida en el artículo 22 de la Constitución Local.

7. Que con la figura del contador público certificado se viola flagrantemente la vida interna de los partidos políticos, toda vez que éstos, de acuerdo a sus estatutos, tienen contemplado un órgano de finanzas y en el caso del Partido del Trabajo, en sus artículos 45 y 46 de sus estatutos vigentes, será la Comisión Nacional de Finanzas y Patrimonio la encargada de llevar a cabo estos informes.

Que, por tanto, al permitir que el contador público certificado sin ser parte del instituto político realice una auditoría a los informes presentados por éste, se violentan sus estatutos, además de que tendría injerencia en los informes que deba rendir ante la comisión.

8. Que la figura del contador público certificado vulnera el artículo 116, párrafo primero, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, puesto que no respeta la autonomía del instituto electoral y la vida interna del partido político.

Que ello es así, porque de conformidad con el precepto citado, a los partidos políticos se les otorga financiamiento público para realizar actividades tendentes a la obtención del voto. Que dentro de los estatutos vigentes de los partidos políticos, se prevé un órgano interno encargado de administrar el financiamiento público estatal, y a su vez, el Consejo Electoral tiene una comisión -en el caso, la de fiscalización-, encargada de la revisión y auditoría de los informes que presenten los partidos políticos.

Que, por tanto, el artículo 35, fracción II, del Código Electoral del Estado de Sonora, que dispone que cada partido político deberá entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros auditados por contador público certificado, viola lo establecido por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

9. Que en el caso, se dota al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de acciones que no corresponden con las establecidas en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, y en el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tales como: velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto, así como el de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y locales en materia electoral.

Que conforme a lo anterior, el Consejo Electoral del Estado de Sonora no tiene facultades establecidas ni en la Constitución Federal, ni en la Constitución Local, para instalar una figura como la del contador público certificado, que pueda inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos, situación que violenta la facultad de éstos para llevar a cabo la administración de sus recursos.

Que, por tanto, el exceso de atribuciones otorgadas a la autoridad electoral local es contradictorio con el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, ya que corresponde directamente a los partidos políticos rendir cuentas de los recursos que les fueron otorgados para la consecución de sus fines, a la comisión facultada para ello -en el caso a la Comisión de Fiscalización-, sin la intervención de terceros ajenos a todo órgano electoral -como lo es el contador público certificado-.

10. Que el capítulo de la Comisión de Fiscalización, rompe con el principio de separación existente entre la sociedad y gobierno, pues las facultades que otorga la Constitución Federal a los Institutos Electorales de los Estados, no deben intervenir en la vida interna de los partidos políticos, como lo es el hecho de que un tercero ajeno -contador público certificado-, audite al instituto político.

11. Que la creación de la Comisión de Fiscalización y sobre todo la figura del contador público certificado, no se encuentran debidamente fundadas y motivadas por la autoridad legislativa, ya que no se justifica la actividad del citado contador.

Cita como apoyo las tesis de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

12. Que por todo lo anterior, se violentan la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), la Constitución Local en su artículo 22 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 73, lo que demerita la vida democrática del país y el Estado constitucional de derecho.

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 40, 41, 116 y 133.

CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil cinco, la Comisión de Receso del Primer Periodo de Sesiones de este Alto Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero, fracción II, del Acuerdo Plenario 12/2005, relativo a la integración y a las atribuciones de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 19/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

QUINTO. Por auto de veintinueve de julio de dos mil cinco, la referida Comisión de Receso del Primer Periodo de Sesiones de este Alto Tribunal, integrada por los Ministros Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz, admitió la demanda y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, para que rindieran su respectivo informe, toda vez que las citadas autoridades fueron las que emitieron y promulgaron la norma impugnada; también ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión en relación con la presente acción.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Sonora, al rendir su informe, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que sostiene la constitucionalidad de los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la "Ley 160", que contiene el Código Electoral para el Estado de Sonora, y señala que estos preceptos no contravienen los artículos 14, 16, 40, 41, 116 y 133 de la Constitución Federal.

2. Que el nuevo código electoral es resultado del consenso de casi la totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, y ello se acredita con la votación unánime que se dio en el seno del Pleno del órgano legislativo estatal.

También es resultado de una consulta popular en la que participaron múltiples sectores y voces del pueblo sonorense durante las jornadas de consulta ciudadana sobre reformas al marco legal en materia electoral.

3. Que la transparencia en las instituciones públicas es un reclamo popular que alcanza a los partidos políticos, y es una exigencia que en ellos exista la claridad y certeza del origen y destino de sus recursos públicos y privados, para evitar inequidades y prácticas indebidas contrarias a la democracia.

Tales reclamos quedaron plasmados también cuando en el año dos mil dos, se reformó la Constitución Local, la que en su artículo 22 dispuso que la autoridad electoral, mediante un órgano especializado de fiscalización, vigilaría el comportamiento financiero de los partidos políticos.

4. Que el establecimiento en la norma secundaria de un dispositivo en el que se impone a los partidos políticos, el deber de exhibir anualmente sus informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal anterior debidamente auditados por contador público certificado, es un mandato congruente con lo que exige la sociedad sonorense, sustentado en la Constitución Local y, por tanto, bajo ningún concepto resulta contrario a la Constitución Federal.

5. Que el partido político promovente no impugnó el artículo 22 de la Constitución Local, que es precisamente el dispositivo que da sustento a la fiscalización prevista en el código electoral.

Que al respecto, si bien es cierto que el aludido artículo constitucional no precisa la figura del contador público certificado, tampoco la prohíbe y además deja en manos del legislador o de la autoridad reglamentaria la definición de los métodos conforme a los que deberá llevarse a cabo la fiscalización.

Que para sostener la constitucionalidad de las normas impugnadas, resulta aplicable por analogía, el precedente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15 y 16, planteadas contra la ley electoral del Estado de Quintana Roo, en la que se declaró la improcedencia de la acción por haberse consentido la Constitución del Estado en la parte que da fundamento a la disposición legal combatida.

6. Que la figura del contador público "autorizado o registrado" ya está explorada en el derecho mexicano, pues en la especie, es utilizada en la legislación federal por el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, en ambos casos, dichos profesionistas coadyuvan con los contribuyentes en el control y orden de su documentación y números, y concomitantemente sirven a la autoridad en el sistema de recaudación de impuestos.

Que en este sentido, la utilización de peritos en contabilidad, bajo ningún aspecto riñe con la Constitución Federal, como tampoco riñe con la legislación tributaria invocada.

Que en América Latina existen varios países -Argentina, Ecuador, Honduras y Guatemala- que con éxito ya han explorado estos métodos para coadyuvar en las tareas de fiscalización de los recursos que operan los partidos políticos, exigiendo al igual que en el caso del Código Electoral de Sonora, informes elaborados bajo la responsabilidad de un contador especializado y reconocido por la autoridad.

7. Que mediante la vía promovida por el partido político, únicamente se puede analizar el apego o desapego de la norma impugnada con la Constitución Federal y no así respecto de la Constitución Local del Estado.

8. Que una característica de las normas jurídicas es la generalidad y abstracción, por lo que resulta claro que cualquier norma difícilmente llegará a la regulación del detalle, ya que por ello existen dispositivos reglamentarios.

Que en este sentido, la supuesta abstención del código electoral, hecha valer por el partido político promovente, consistente en la no especificación de si el contador público certificado es un agente adscrito al servicio profesional electoral del Consejo Estatal Electoral o si se trata de un especialista en contabilidad cuyos conocimientos o especialidad en el ejercicio profesional hubiera sido objeto de una certificación, de ninguna manera convierte en inconstitucionales las normas impugnadas.

9. Que la única norma realmente impugnada por el partido político promovente es el artículo 35, en su fracción II, que es la relativa al "contador público certificado".

Que respecto de los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 que señala como violatorios de la Constitución Federal, no hace valer argumento alguno por el que estime que su contenido es contrario a la Constitución Federal, por tanto, dichas normas no pueden tenerse como auténticamente controvertidas.

Que en este sentido, no sería válido esperar que la declaración de inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 35 impugnado, que pudiera llegar a dictarse, alcanzará a las demás normas, ya que éstas tienen un ámbito regulatorio diverso al de la fracción aludida, además de que tal como se señaló, su contenido no está controvertido en ninguna parte de la demanda.

10. Que de la demanda del partido político promovente se aprecia que su molestia no es precisamente la fiscalización, sino la eventual función de un contador público certificado por estimar que en términos de la cultura electoral contemporánea, no es la figura idónea, ya que pone en tela de duda si el desempeño de éste vulneraría los principios rectores del proceso electoral.

Que al respecto debe aclararse que tanto los contadores certificados como cualquier servidor público tendrán un ámbito de desempeño que obviamente deberá ser supervisado y, en su caso, calificado por la autoridad electoral.

11. Que aun cuando un contador público certificado audite las finanzas del partido, ello no exonera ni demerita las facultades y tareas de fiscalización que realice la Comisión de Fiscalización del Consejo Electoral del Estado, sino por el contrario, coadyuva con ellas en exacta identidad a como ocurre en la materia tributaria federal en la que la circunstancia de que contadores hayan dictaminado una contabilidad, ello bajo ningún concepto limita las facultades fiscalizadoras de la autoridad, ni mucho menos tampoco exonera al contribuyente en el caso de una irregularidad.

12. Que la norma impugnada, bajo ningún aspecto vulnera ni las garantías de legalidad ni alguno de los principios rectores del proceso electoral.

En efecto, la actuación de los contadores públicos certificados no es constitutiva de violación a la Constitución Federal, por el contrario, pues con su intervención coadyuvarán con la certeza, imparcialidad, autonomía, independencia y orden en el proceso electoral.

13. Que la fiscalización jamás debe entenderse como una intromisión en la privacidad de los partidos políticos, puesto que la acción de fiscalizar es sólo una vigilancia de los recursos tanto en su origen como en su destino, con el único objetivo de constatar que se apeguen a la Constitución y a la ley, procurando lograr la equidad en las contiendas electorales en beneficio del pueblo y de los propios partidos políticos.

Así entonces, con la fiscalización no hay intromisión en la vida interna de los partidos, sino solamente hay verificación del manejo legal y honrado de sus recursos.

14. Que es infundado el argumento del partido político promovente en el que aduce que el contador público certificado, "al poder inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos, violentaría la facultad de los mismos para llevar a cabo la administración de sus recursos", porque el auditor externo es sólo eso, un revisor de la administración que cada partido realizó en el ejercicio inmediato anterior, y bajo ningún concepto se convierte en administrador ni operador en la disposición de los recursos del partido.

SÉPTIMO. El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora al formular su informe, adujo, en esencia, lo siguiente:

1. Que su actuación en el procedimiento legislativo que culminó con la publicación de la "Ley 160" expedida por el Congreso del Estado de Sonora, que contiene el Código Electoral Estatal, fue realizada con estricto apego a derecho.

2. Que la figura del contador público certificado de ninguna manera tiene el propósito de inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos, ya que el artículo 35 del Código Electoral del Estado, establece claramente que al citado profesional lo podrá seleccionar y contratar en forma autónoma el propio partido político, de lo que se desprende que éste no va a ser designado por el Consejo Estatal Electoral, tal como lo aduce el partido político promovente.

Que, además, el referido artículo 35 se sujeta a lo que establece el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y al 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que los partidos políticos son organizaciones de interés público, mediante las cuales los ciudadanos pueden acceder a los puestos de representación popular, por lo que también resulta de interés público y social, la fiscalización de los recursos públicos y privados que se les otorgan para el desarrollo de sus funciones.

4. Que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente toda vez que el partido político promovente no impugnó el artículo 22 de la Constitución Local, el cual establece también que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procesos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuente, así como que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, sean de origen privado o público.

Que lo anterior es así, porque al no haberse controvertido el artículo 22 de la Constitución Local, éste no podrá tenerse por impugnado, ni menos aún, podrán extenderse los efectos de la respectiva declaración de invalidez a lo dispuesto en éste.

5. Que en ninguna parte del artículo 116 de la Constitución Federal, se establece prohibición alguna para que las Legislaturas de los Estados incluyan en el régimen de fiscalización a los partidos políticos, el que el dictamen técnico sea elaborado por un perito en la materia.

6. Que el contador público certificado a que alude el Código Electoral Estatal, no tendrá ninguna intervención en el funcionamiento o decisiones del organismo electoral, pues su única función será auditar los informes financieros anuales de los partidos políticos.

7. Que antes de promulgar la ley impugnada, realizó un estudio de ésta y constató que se trata de una ley auténtica, ya que cumplió con las formalidades del procedimiento legislativo y fue aprobada por el Congreso Local.

Que también constató que la ley impugnada se sujeta a lo que establecen tanto el artículo 116 de la Constitución Federal, como el 22 de la Constitución Local, mismo que no fue impugnado.

8. Que no obstante que el partido político promovente manifiesta que impugna el capítulo octavo denominado "De la fiscalización del financiamiento público y privado" del Código Electoral Estatal, lo cierto es que en su demanda no realiza conceptos de invalidez respecto del contenido de los artículos 33, 34, 36 y 37, pues únicamente se concreta a impugnar la figura del contador público certificado, por lo que solicita que los aludidos preceptos se tengan por no impugnados y, por tanto, el análisis se centre exclusivamente en el contenido del artículo 35 del citado ordenamiento legal, en lo relativo a la existencia y actuación del contador público certificado.

OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestó que no emitirá opinión alguna respecto del único concepto de invalidez formulado por el partido político actor en la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que éste versa sobre cuestiones jurídicas pertenecientes al ámbito del derecho común y, por tanto, escapa al ámbito de la materia electoral.

NOVENO. El procurador general de la República, al formular su opinión respecto de la presente acción señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad; que quien la suscribe tiene legitimación para ello, y que fue presentada oportunamente.

2. Que la base de la litis del presente asunto lo constituye el artículo 35, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que lo que el partido político promovente considera violatorio de la Constitución Federal es el hecho de que la disposición impugnada no define si el contador público certificado a que alude, pertenece al Consejo Electoral Local, al propio partido político o si se trata de un auditor externo.

3. Que es inatendible el argumento del partido político en el que manifiesta que con la expedición del Reglamento del Código Electoral Local se pueden llegar a violar los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad e independencia con que debe actuar el Consejo Electoral Local a través de su Comisión de Fiscalización, porque este reglamento aún no se ha expedido, por lo que se trata de actos futuros de realización incierta y, por tanto, es incuestionable que no puede impugnarse una norma por el hecho de que se presuman los términos en que será reglamentada, sino en todo caso, por el alcance jurídico que la propia disposición impugnada contenga.

Que, en consecuencia, procede sobreseer el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los numerales 19, fracción VII, en relación con el diverso 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria del artículo 105 y, por tanto, se debe analizar el precepto impugnado a la luz de su contenido y no en la forma en que pueda ser reglamentado.

4. Que el artículo 35, fracción II, impugnado puede tener diversas interpretaciones entre las que se pueden señalar:

a) Que el contador público certificado pertenezca al partido político, ya que la auditoría que realice a los informes financieros anuales es previa a la revisión que de éstos realizará la Comisión de Fiscalización;

b) Que el contador público certificado pertenezca al Consejo Electoral Estatal, aunque ello es improbable porque si esto fuera así, entonces se estaría dando una especie de "pre-auditoría";

c) Que el contador público certificado puede ser un externo, y ello no necesariamente implicaría una violación a los principios que rigen al Consejo Electoral Local, porque la revisión del informe financiero inicia hasta que éste se ha entregado a la Comisión de Fiscalización y, por ende, la determinación que recaiga al informe será formulada por la autoridad electoral y no por el contador público certificado.

Que en este sentido, de ninguna de las interpretaciones aludidas puede considerarse que se vulneren los principios electorales que señala el partido actor,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19055-55abf927/funcion-electoral-a-cargo-de-las-autoridades-electorales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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