FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL QUE SE APROBÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO 17, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES ADVERTIDAS NO TIENEN UN IMPACTO INVALIDANTE DE AQUÉLLA. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2005. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y ROBERTO LARA CHAGOYÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de junio de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Madrazo Pintado, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:
a) La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.
b) El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
c) El secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:
Decreto número 34 del Congreso del Estado de Aguascalientes mediante el cual se reforma el artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo único transitorio del mencionado decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil cinco.
SEGUNDO. El partido político promovente señaló como antecedentes de la norma impugnada los que a continuación se sintetizan:
1. El treinta de julio de dos mil dos, el diputado Alfredo Cervantes García del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa de reformas al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
2. El trece de enero de dos mil cinco, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura presentó iniciativa de reformas al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
3. El tres de febrero de dos mil cinco, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa de reformas al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
4. El quince de febrero de dos mil cinco se reunió la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Aguascalientes, integrada por los diputados Rubén Camarillo Ortega, Armando Guel Serna, Gabriela Martín Morones, José de Jesús Santana García, Francisco Díaz Alvarado y David Ángeles Castañeda; y en dicha reunión se aprobó el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el jueves diecisiete a partir de las once horas en el salón de sesiones del Palacio Legislativo.
Cabe precisar que en la citada orden del día aprobada, no se agendó el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las iniciativas de reforma al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
5. El dieciséis de febrero de dos mil cinco, el diputado Armando Guel Serna fue citado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a sesión de trabajo a efectuarse a partir de las dieciocho horas, en el salón Aquiles Elourdy, ubicado en el Palacio Legislativo, y con el voto de los tres miembros del Partido Acción Nacional y del diputado del Partido Convergencia por la Democracia, fue aprobado el dictamen presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, ante lo cual el diputado Armando Guel Serna presentó voto particular.
6. El diecisiete de febrero de dos mil cinco, a las diez horas con veintiséis minutos, la secretaria del diputado Armando Guel Serna, recibió oficio firmado por el secretario general del Congreso, por el cual se le citaba al mencionado diputado para que asistiera a una sesión de trabajo de la Comisión de Gobierno a celebrarse ese mismo día (diecisiete de febrero) en la Sala de Juntas del Congreso del Estado, la cual se llevaría a cabo cuatro minutos después de recibido el oficio, es decir, a las diez treinta horas; asimismo, también le fue fijado citatorio para asistir a la misma reunión a los diputados Francisco Díaz Alvarado y Gabriela Martín Morones, todos ellos miembros de la Comisión de Gobierno.
Cabe mencionar que a partir de las once horas del mismo día (diecisiete de febrero), daba inicio la sesión ordinaria del Congreso, -sesión ordinaria que de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes se celebra los jueves de cada semana-; por lo que resultaba obvio que los tres diputados miembros de la Comisión de Gobierno convocados con escasos minutos de anticipación, no asistieron a la reunión de la Comisión de Gobierno, convocada en forma tan abrupta, sin embargo, los tres diputados del Partido Acción Nacional, también miembros de la Comisión de Gobierno, Rubén Camarillo Ortega, José de Jesús Santana García y David Ángeles Castañeda, sin contar con el quórum necesario, dieron por celebrada la sesión, anotando indebidamente la asistencia de la diputada Gabriela Martín Morones, hecho totalmente falso, ya que la mencionada diputada no estuvo presente y mucho menos analizó, discutió y en su caso aprobó lo acordado en dicha sesión, y tampoco firmó el acta respectiva.
El acuerdo tomado en dicha sesión consistió en incluir dentro del orden del día de la sesión a celebrarse ese mismo día (diecisiete de febrero de dos mil cinco), el dictamen de las iniciativas de reforma al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es decir, se modificó la diversa orden del día que ya había sido previamente aprobada por la propia comisión en quince de febrero de dos mil cinco.
7. Que derivado de lo anterior, al momento de iniciar la sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Gobierno solicitó al presidente de la mesa directiva, la inclusión en el orden del día del dictamen de las iniciativas de reforma al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, precisándose que hasta ese momento, dicho dictamen solamente era conocido por los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes.
8. El diputado Armando Guel Serna, en su calidad de secretario de la Comisión de Gobierno, manifestó que el orden del día a seguirse debía ser el aprobado por la Comisión de Gobierno en la sesión de quince de febrero, y no el que indebidamente aprobó dicha comisión en la sesión del diecisiete de febrero a escasos minutos de iniciar la sesión del Pleno del Congreso del Estado de ese mismo día.
9. El diputado presidente de la mesa directiva alegó que en términos del artículo 50, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, era su facultad someter a consideración del Pleno el orden del día, sin embargo, el diputado Armando Guel Serna insistió en que se debería someter a consideración el orden del día aprobado por la Comisión de Gobierno el quince de febrero siguiente, ya que el artículo 156 de la citada ley, dispone que un dictamen no puede ser puesto a debate y votación del Pleno del Congreso, si no fue entregado a los diputados, con cinco días hábiles de anticipación al día de la sesión, situación que en el caso no se presentó y, por tanto, no podía incluirse en el orden del día. Que además también se viola el artículo 155 del mismo ordenamiento legal, porque el dictamen debe ser entregado a la mesa directiva en turno para que sea programado para su discusión en la sesión inmediata siguiente, por lo que en el supuesto de que minutos antes de la sesión del jueves diecisiete de febrero de dos mil cinco, se le hubiera entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes -situación que no sucedió-, este dictamen debió haber sido programado para su discusión en la próxima sesión inmediata a celebrarse el jueves veinticuatro de febrero del año en curso.
10. Que de todo lo anterior se desprende que hubo violaciones flagrantes al procedimiento legislativo, ya que se transgredieron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tales como: a) el artículo 69, fracción VII, en el sentido de que es facultad de la Comisión de Gobierno proponer el orden del día de las sesiones del Congreso; b) el artículo 101, en el sentido de que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros, situación que, en el caso, no se dió, incluso ni siquiera la sesión se debió haber llevado a cabo, en virtud de no contar con el quórum de asistencia; c) el artículo 155, en virtud de que en el supuesto caso de que el dictamen hubiere sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, el asunto se debió haber discutido en la sesión inmediata siguiente, es decir, en la sesión del jueves veinticuatro de febrero de dos mil cinco; d) el artículo 156, toda vez que el dictamen que fue sometido al conocimiento del Pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes, no fue entregado a los diputados con cinco días hábiles de anticipación.
11. Que aunado a lo anterior, también se violó el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en virtud de que aun tratándose de un caso urgente -que no lo era-, dicho precepto establece que, sin omitir ningún trámite, las resoluciones sobre las iniciativas se darán en razón de la premura indicada, y que en el caso se violaron los trámites del procedimiento legislativo.
12. Que no obstante lo anterior, el diecisiete de febrero de dos mil cinco, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Aguascalientes, aprobó el dictamen por el cual se reforma el artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y el mismo día, la mesa directiva de dicho órgano legislativo envió el Decreto Número 34 al gobernador del Estado para su promulgación y publicación, el que apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintiuno de marzo de dos mil cinco.
TERCERO. El promovente esgrimió los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan.
A) En su primer concepto de invalidez se arguye violación indirecta de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en síntesis, por lo siguiente:
1. Que en la sesión de diecisiete de febrero de dos mil cinco celebrada por la Comisión de Gobierno, no existió el quórum de ley necesario para llegar al acuerdo que se tomó, consistente en modificar el orden del día previamente aprobado por la citada comisión en la sesión de quince de febrero de dos mil cinco, para proponer al presidente de la Mesa Directiva del Congreso se incluyera dentro del citado orden del día, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el cual resuelve las iniciativas de reforma al artículo 17 de la Constitución del Estado.
Que dicho acuerdo modificatorio fue tomado solamente por los diputados Rubén Camarillo Ortega, José de Jesús Santana García y David Ángeles Castañeda, que fueron los tres asistentes de los seis miembros que integran la citada Comisión de Gobierno, y que coincidentemente son los tres diputados del Partido Acción Nacional.
Que ello transgrede lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que señala que: "Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros y su presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. ...", de lo que se desprende que los acuerdos se deben tomar por mayoría de los miembros que integran la comisión y no por la mayoría de los que asistan.
2. Que la acción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso consistente en someter a la consideración del Pleno un orden del día que violaba lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, viola las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad, pues en términos de la fracción VI del artículo 50 del mismo ordenamiento legal, el presidente de la mesa directiva tiene, entre otras atribuciones, la de: "Someter a la consideración de la asamblea el orden del día, estableciendo el orden que corresponda a los asuntos que se presenten en las sesiones, ...", por lo que en el caso, debió someter a consideración el orden del día aprobado por la Comisión de Gobierno en la sesión del quince de febrero de dos mil cinco.
Que de igual forma la acción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, viola el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que señala: "Entregado un dictamen a la mesa directiva en turno, será programado para su discusión en la sesión inmediata siguiente.", ya que no existe documento alguno que pruebe que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al artículo 17 de la Constitución del Estado, haya sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Que esto se corrobora además con la manifestación del secretario de la mesa directiva, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que dicho dictamen no fue entregado a la mesa directiva.
3. Que la acción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, de someter a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emitido el dieciséis de febrero de dos mil cinco, en el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al artículo 17 de la Constitución Local, contraviene el artículo 156, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que establece: "Ningún asunto será puesto a debate y votación si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco días hábiles de anticipación.", ya que no se cumplió con el término de cinco días hábiles de anticipación de la entrega de un dictamen para que éste sea conocido por el Pleno, y ello causa perjuicio, ya que los diputados integrantes del Pleno del Congreso no tuvieron el tiempo necesario para analizar los dictámenes que se sometieron a su consideración y, por tanto, se le privó del derecho de emitir un voto con conocimiento de causa.
4. Que la decisión tomada por los diputados del Partido Acción Nacional, que son mayoría en el Pleno, al aprobar el orden del día de diecisiete de febrero propuesto por la Comisión de Gobierno, contraviene los artículos 50, fracción VI, 155 y 156, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, por tanto, se violan las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, así como el de la debida fundamentación.
5. Que conforme al título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el procedimiento legislativo debe seguir varias etapas (la iniciativa, artículo 129 y siguientes; la lectura de la iniciativa ante el Pleno, artículo 133; el turno a la comisión correspondiente, artículo 140; la revisión y análisis por la comisión, artículos 143 y 144; el dictamen, artículos 144 al 154; la entrega del dictamen a la mesa directiva para su programación a discusión en la sesión inmediata siguiente, artículo 155; el debate y votación del asunto, artículo 156 y siguientes; y la aprobación y remisión del decreto al Poder Ejecutivo, artículo 170), las cuales no fueron respetadas ni cumplidas, por lo que existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
B) Por otra parte, en el segundo concepto de invalidez el promovente señala que con la reforma al artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, se violan los artículos 52, 53, 54 y 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se mantiene la proporción del sesenta por ciento de mayoría relativa y cuarenta por ciento de representación proporcional en la integración del Congreso del Estado de Aguascalientes, provocando así una sobrerrepresentación de un partido político. Que ello es así por lo siguiente:
1. Que en el artículo 54 de la Constitución Federal, se instituyen las bases generales del principio de representación proporcional en el sistema jurídico mexicano, de cuyo análisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, más que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad de la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo a la vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.
Que sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al emitir la tesis cuyo rubro es: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL."
2. Que el Constituyente nacional establece mecanismos para evitar la hegemonía de los partidos políticos en los órganos legislativos, previendo reglas básicas de votación para garantizar la participación plural de los representantes populares, situación que el Constituyente Permanente del Estado de Aguascalientes no observó, al dejar la misma proporción existente desde el año de mil novecientos noventa y tres, de dieciocho diputados de mayoría relativa por nueve de representación proporcional, estando integrado el Congreso del Estado de Aguascalientes por veintisiete diputados.
Que en este sentido, el Congreso Local al no reformar la parte relativa al número de diputados por el principio de representación proporcional, dejando el número de nueve, cuando lo debió modificar pero para aumentar el número de diputados de representación proporcional a once miembros, para evitar que un partido político tenga por sí mismo, por ambos principios, dieciocho diputados, lo cual implica tener una mayoría calificada, pero sobre todo una sobrerrepresentación política dentro del Congreso Local, violenta el principio de representación proporcional, máxime que el artículo 231 del Código Electoral vigente en el Estado de Aguascalientes señala que: "Todo partido político que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales, no tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Ningún partido podrá tener más de dieciocho diputados asignados por ambos principios."
3. Que el principio de representación proporcional que refieren los artículos 230 y 231 del Código Electoral del Estado y el artículo 116, fracción II, en relación con los artículos 52, 53, 54 y demás relativos de la Constitución Federal, resultaría incongruente de mantenerse el número de nueve diputados de representación proporcional dentro de la Legislatura del Estado de Aguascalientes, y el no haber incrementado dicho número, violenta la pluralidad que debe prevalecer según los principios democráticos consignados en nuestra Constitución Federal, que se traducen en evitar que un solo partido político tenga por sí sólo la mayoría calificada, hecho que provocaría que los consensos se polaricen y se lleven a cabo acciones de origen unilateral por parte del partido mayoritario en el Congreso, dejando de lado la posibilidad de que se vean reflejadas las opiniones de las minorías en dicho órgano de representación popular.
Para ilustrar lo anterior, citó la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES)."
4. Que la "no reforma" al número de diputados por el principio de representación proporcional dentro del Congreso del Estado de Aguascalientes, incumple los requisitos primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo de las bases generales del principio de representación proporcional que deben de prevalecer en todos y en cada uno de los Estados que conforman el Pacto Federal, y que han sido señalados en la tesis de este Alto Tribunal, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL."
Esto es, que la no reforma incumple con: Primero. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa, en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segundo. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercero. Asignación de diputados independientes y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarto. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinto. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido. Sexto. Establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación. Séptimo. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación.
Que de igual forma, la actual integración del Congreso del Estado, -el cual se conforma por veintisiete diputados, de los que el Partido Acción Nacional cuenta con dieciséis diputados de mayoría relativa y dos de representación proporcional, para tener en totalidad dieciocho diputados por ambos principios-, atenta contra el diverso requisito sexto que limita la sobrerrepresentación, puesto que permite al Partido Acción Nacional estar sobrerrepresentado al obtener la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la integración del Congreso del Estado, y que, por tanto, no necesite del consenso de las fuerzas políticas minoritarias para la apropiación de los asuntos inherentes y de interés público que exige la sociedad de Aguascalientes.
Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE VEINTITRÉS DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y SÓLO CUATRO POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO)."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 41, 52, 53, 54 y 116, fracción II, último párrafo.
QUINTO. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil cinco, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 9/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
SEXTO. Por auto de veintiuno de abril de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó dar vista únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, no así al secretario general de Gobierno de la entidad, toda vez que las citadas autoridades fueron las que emitieron y promulgaron la norma impugnada; también ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión en relación con la presente acción.
SÉPTIMO. El Congreso del Estado de Aguascalientes al rendir su informe señaló sustancialmente lo siguiente:
1. Que la reforma al artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, se llevó a cabo con sujeción estricta a lo establecido en el "capítulo IX" denominado "De la iniciativa y formación de las leyes" de la propia Constitución Local, así como a lo dispuesto en el "título cuarto" denominado "Del proceso legislativo" de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
2. Que el aludido procedimiento legislativo tenía que concluirse a la brevedad posible, con el fin de que el Congreso del Estado diera atención oportuna a los diversos requerimientos formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el recurso de queja derivado de la acción de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, promovidas respectivamente por diversos integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
3. Que tanto el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, relativo a las iniciativas de reforma al artículo 17 de la Constitución Local, así como el voto particular en contra de éste suscrito por el diputado Armando Guel Serna, se sometieron a discusión del Pleno del Congreso en la sesión ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil cinco.
Que una vez debatidos tanto el dictamen como el voto particular en la citada sesión, se sometieron a votación, resultando aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por mayoría calificada, con un total de veintidós votos a favor y cinco votos en contra, registrándose cinco votos a favor del voto particular.
Que con motivo de lo anterior, el presidente de la mesa directiva instruyó a los diputados secretarios para que procedieran en los términos del artículo 94 de la Constitución Local, es decir, para que se turnara a los Ayuntamientos del Estado para su discusión y en su caso aprobación.
Que en atención a lo anterior, lo alegado por el partido político promovente en el sentido de que se vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal es totalmente inoperante, máxime que de conformidad con el artículo 34 de la Constitución Local, en casos urgentes a juicio del Congreso, sin omitir ningún trámite, las resoluciones sobre las iniciativas se darán en razón de la premura indicada, supuesto que en el caso se actualizó.
4. Que la reforma al artículo 17 de la Constitución Local es plenamente válida por haberse sustentado en el procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."
5. Que en lo que se refiere al segundo concepto de invalidez, éste es improcedente por lo desacertado de los argumentos hechos valer por el partido político promovente ya que la integración del Congreso del Estado, como lo prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Local, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, pues el número de representantes es proporcional al número de habitantes del Estado de Aguascalientes.
Que la conformación del Congreso de dieciocho diputados electos por el principio de mayoría relativa y hasta nueve diputados electos por el principio de representación proporcional, además de atender a lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, cumple con lo ordenado por la Suprema Corte, pues no se aleja significativamente el porcentaje de representación de mayoría relativa y de representación proporcional. Que además, para cumplir con el criterio poblacional se eliminó la predeterminación del número de distritos que corresponde a cada Municipio.
Que por lo anterior no existe violación alguna a lo previsto en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal.
6. Que la supuesta violación aducida a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Federal es inexistente, porque dichos preceptos no son aplicables a los Congresos Estatales, pues regulan lo relativo a la integración del Congreso Federal.
OCTAVO. El gobernador del Estado de Aguascalientes al formular su informe adujo, en esencia, lo siguiente:
1. Que es cierto que promulgó y publicó el Decreto Número 34 emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, a través del cual se reformó el artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, y que dicha publicación la hizo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la propia Constitución Local, que señala que es facultad y obligación del gobernador, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado.
2. Que la simple publicación "en nada conculca los derechos o garantías del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mientras que no se dé el acto de aplicación de la norma que se impugna". Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."
3. Que procede declarar la improcedencia de la acción por cuanto al gobernador del Estado se refiere, porque de los conceptos de invalidez hechos valer por el partido político promovente ninguno le es imputable, ya que todos se refieren al contenido de la reforma al artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Local, así como el artículo único transitorio del Decreto 34, y dicho decreto fue emitido en su totalidad por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado.
4. Que de conformidad con el artículo 67 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, desde este momento formula alegatos y ratifica como tales los argumentos señalados en el presente informe.
NOVENO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19362-d0e142db/formalidades-del-procedimiento-legislativo-principios-que-rigen-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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