Corpus
Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL IMPEDIR QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN O DE TIEMPO COMPARTIDO SURTAN EFECTOS CONTRA EL CONSUMIDOR CUANDO EL PROVEEDOR NO LOS HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, CONTIENE UNA CAUSA DE NULIDAD RELATIVA. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LIMITAN LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD REGIDA POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 11/2005. · Registro digital (IUS): 19216
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROMA DE TORREÓN FRACCIONADORA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 581.

AMPARO EN REVISIÓN 11/2005. ROMA DE TORREÓN FRACCIONADORA, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: ROBERTO LARA CHAGOYÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La parte quejosa impugnó los artículos 36, 73, 73 bis, 73 ter, 75, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 92 ter, 92 in fine, 98 bis, 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por su parte, el Juez de Distrito que conoció del asunto resolvió, por un lado, sobreseer en el juicio respecto de los artículos 36, 92, 92 ter y 98 bis de la ley impugnada, por considerar que se trataba de normas heteroaplicativas y, por otro lado, negar el amparo por lo que respecta a los artículos 73, 73 bis, 73 ter, fracción V, 85, 86 y 87 de la misma ley, por considerar que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa resultaban infundados.

El Tribunal Colegiado que conoció del asunto determinó remitir el presente recurso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que carecía de competencia legal para conocer del mismo. En tales condiciones, la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si los agravios vertidos por la quejosa recurrente logran desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta el Juez de Distrito para negar el amparo.

QUINTO. Se procede al análisis del primer agravio que la quejosa recurrente esgrimió en su recurso de revisión, el cual a la letra dice:

"Primero. En primer lugar se debe señalar que la sentencia combatida es ilegal en virtud de que se incumplió gravemente con lo ordenado por el artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, debido a que simplemente omitió el estudio de dos de los conceptos de violación expresados al demandar. En efecto, según de mi escrito de demanda, además de los razonamientos que resumió el a quo en los incisos que lista en el ‘considerando’ cuarto, se formularon expresamente otros conceptos de agravio distintos e independientes de éstos, los cuales se expresaron en los puntos segundo y quinto, de los que se transcriben los respectivos primeros párrafos, en obvio de repeticiones: ‘Segundo. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter y 75 reformados de la Ley de Protección al Consumidor que se reclaman en este juicio son violatorios de los numerales 1o. y 13 de la Constitución Federal, en cuanto se constituyen en una ley privativa, que no respeta el principio de igualdad de los gobernados, al imponer de manera injustificada e inequitativa obligaciones individualizadas o dirigidas concretamente a un número determinado o grupo específico de personas, las que enajenan inmuebles destinados a vivienda. ... Quinto. Por último violenta el numeral 128 reformado de la Ley Federal de Protección al Consumidor en agracio (sic) de mi representada el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que establece multas excesivas a su cargo, por el eventual incumplimiento de las otras normas también reclamadas, sin que se haya creado un tipo administrativo específico, que describa las conductas sancionables con la precisión debida.’. Como se puede ver, mucho mejor si se continúa la lectura de la exposición completa de dichos conceptos de agravio, la (sic) que se deberá hacer para que sean resueltas las cuestiones que se plantearon en cada apartado, sencillamente se ignoró la existencia de argumentos orientados a demostrar que las normas que reclamé son privativas, por muy diversas razones, y también que se violentó el numeral 122 de la Constitución, sin que haya merecido ni siquiera su inclusión en los conceptos analizables. Entonces, es evidente que se incumplió lo ordenado por el artículo 79, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues no fue resuelta la cuestión efectivamente planteada, en la totalidad de sus elementos integrantes. Por ende, estimo que la sentencia recurrida deberá revocarse, para el efecto de que se analicen y resuelvan las cuestiones que fueron omitidas."

No asiste la razón a la parte quejosa cuando señala que el a quo no analizó los argumentos esgrimidos por ella en su demanda de amparo, dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de los artículos 73, 73 bis y 73 ter, pues de la lectura de la resolución recurrida se advierte que el juzgador de amparo sí valoró dichos argumentos, por ello, dicho argumento debe declararse infundado en esa parte. En cambio, tiene la razón cuando afirma que el Juez de Distrito no analizó los conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 75 y 128 de la ley impugnada, pues de la lectura del fallo recurrido se desprende que, efectivamente, el juzgador de amparo nada señaló con respecto a tales artículos, por lo que en esa parte debe considerarse como fundado el agravio que se analiza.

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a analizar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito.

SEXTO. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se desprende que la quejosa impugnó, además de los referidos artículos 75 y 128, los preceptos 75, 82, 91, 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

1. Por cuestión de orden, se procederá, en primer lugar, a decretar el sobreseimiento por lo que respecta a los artículos 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 antes referidos, habida cuenta de que se trata de normas de naturaleza heteroaplicativa que por su mera entrada en vigor no afectan la esfera jurídica de la quejosa pues, para que así fuera, es menester que exista un acto de aplicación, lo cual, en el presente caso, no acontece.

Es de explorado derecho que cuando una norma que se reclama por su sola vigencia y se observa que la obligación que de ella surge no se actualiza de manera automática, sino que requiere de diverso acto para que la obligación se torne exigible y sancionable para el caso de incumplimiento, entonces el juicio de amparo será improcedente, con fundamento en la analizada fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues se entiende que esa norma sólo admite impugnación hasta que surja el evento que materialice sus efectos y consecuencias en perjuicio del gobernado.

Así, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, reformada y adicionada mediante decreto del veintisiete de enero de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero del mismo año, que la quejosa reclama por su sola entrada en vigor, no tienen las características que los ubiquen como normas de carácter autoaplicativo y, por ende, el juicio de amparo contra dichos preceptos, por su sola vigencia, es improcedente.

El contenido de las disposiciones reclamadas es el siguiente:

"Artículo 100. Las reclamaciones podrán desahogarse a elección del reclamante, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación; en el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual o en el de su residencia.

"En caso de no existir una unidad de la procuraduría en el lugar que solicite el consumidor, aquélla hará de su conocimiento el lugar o forma en que será atendida su reclamación."

"Artículo 114. El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuraduría le confiere la ley. Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe.

"El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, podrá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual.

"En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, dentro de los quince días siguientes, donde en su caso, hará del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podrán formular durante la audiencia observaciones al mismo.

"La procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen a que se refieren los párrafos anteriores, que constituirá título ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

"De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa.

"Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a que se refiere el presente capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles."

"Artículo 114 bis. El dictamen a que se refiere el artículo anterior se efectuará en base a las siguientes consideraciones:

"I. Se calculará el monto de la obligación contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por las partes;

"II. Se analizará el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con relación a la obligación objeto del procedimiento;

"III. Con los datos antes señalados, se estimará la obligación incumplida y, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 92 ter, y

"IV. La bonificación señalada en la fracción anterior, se calculará conforme al siguiente criterio:

"a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 30% del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen;

"b) Cuando el consumidor hubiere entregado más del 50% de la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 25% del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen;

"c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 20% del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen, y

"d) En los demás casos, la bonificación correspondiente será del 20% del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen.

"Las bonificaciones señaladas con anterioridad, se fijarán sin perjuicio de las sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modificadas por la autoridad judicial."

"Artículo 114 ter. El dictamen emitido deberá contener lo siguiente:

"I. Lugar y fecha de emisión;

"II. Identificación de quien emite el dictamen;

"III. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

"IV. La obligación contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

"V. El monto original de la operación y materia de la reclamación;

"VI. La determinación del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

"VII. La cuantificación líquida de la bonificación al consumidor.

"La determinación del importe consignado en el dictamen, para efectos de ejecución se actualizará por el transcurso del tiempo desde el momento en que se emitió hasta el momento en que se pague, tomando en consideración los cambios de precios en el país, de conformidad con el factor de actualización que arroje el Índice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente dé a conocer el Banco de México.

"La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión."

"Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7o., 8o., 10, 12, 44, 63, 63 bis, 63 ter, 63 quintus, 65, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 76 bis, 80, 86 bis, 87, 87 ter, 92, 92 ter, 98 bis y 121 serán sancionadas con multa de $465.60 a $1'821,026.22."

Conviene precisar que los artículos 100, 114, 114 bis y 114 ter forman parte del capítulo XIII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, titulado "Procedimientos"; mientras que el artículo 128 forma parte del capítulo XIV de la misma ley, titulado "Sanciones".

La quejosa no acreditó en modo alguno que estuviera sujeta a algún procedimiento de reclamación (artículo 100), o conciliatorio (artículos 114, 114 bis y 114 ter), ni tampoco que se le hubiera impuesto la sanción referida en el artículo 128, por alguno de los supuestos ahí indicados.

De este modo, es claro que cada uno de dichos artículos carecen por sí mismos de un carácter autoaplicativo, pues para su actualización y aplicación requieren de un acto posterior que origine la afectación de la esfera jurídica de los gobernados, por lo que, en relación con la quejosa, sólo constituyen normas abstractas y simples expectativas de una obligación a su cargo, lo cual resulta insuficiente para hacer procedente la acción constitucional.

2. Por otra parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, con fundamento en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo con respecto al artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque el mismo no sufrió reforma alguna mediante el decreto de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, que fue impugnado por la quejosa. En tales condiciones, es claro que la quejosa consintió el acto reclamado consistente en la presunta inconstitucionalidad del referido artículo, por lo que la demanda, respecto del mismo, debe tenerse por extemporánea.

3. A continuación, se procede al análisis de los argumentos planteados por la quejosa dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 75 y 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El texto de los mismos es el siguiente:

"Artículo 75. En los contratos de adhesión relacionados con inmuebles se estipulará la información requerida en el capítulo VII, fecha de entrega, especificaciones, plazos y demás elementos que individualicen el bien, así como la información requerida en el artículo 73 ter. Los proveedores no podrán recibir pago alguno hasta que conste por escrito la relación contractual, excepto el relativo a gastos de investigación."

"Artículo 82. El consumidor puede optar por pedir la restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable. Cuando el consumidor opte por la rescisión, el proveedor tiene la obligación de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.

"La bonificación o compensación a que se refiere el párrafo anterior se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 92 ter de esta ley.

"Lo anterior sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios."

Tal como se desprende de los conceptos de violación que quedaron transcritos en el resultando primero del presente fallo, con respecto a dichos artículos, la quejosa alega esencialmente que los artículos 75 y 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor son normas privativas y que vulneran la libertad de comercio.

A) En cuanto al argumento relativo a que se trata de normas privativas, la quejosa señala esencialmente que los preceptos impugnados violan los artículos 1o. y 13 de la Constitución Federal, porque no respetan el principio de igualdad de los gobernados, al imponer de manera injustificada e inequitativa obligaciones individualizadas o dirigidas concretamente a un número determinado o grupo específico de personas, las que enajenan inmuebles destinados a vivienda.

El concepto de violación referido resulta infundado, por las siguientes razones:

El artículo 13 de la Constitución Federal establece:

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."

Esto es, el artículo 13 constitucional citado prohíbe a las autoridades juzgar a los justiciables bajo leyes privativas y tribunales especiales; asimismo, prohíbe a las personas o corporaciones tener fuero o gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley, subsistiendo el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; el que no puede extenderse sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CXXXV/97, de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, cuyo contenido es:

"IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS. De la interpretación histórica del artículo 13 constitucional, y particularmente del debate que suscitó el mismo precepto de la Constitución de 1857, se desprende que la teleología de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones más evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tribunales especiales y los fueros; de lo que se sigue que la igualdad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto específico: el de la jurisdicción. Así, el artículo 13 constitucional proscribe la aplicación de ‘leyes’ que no sean generales, abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la ley con competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de su situación social."

En ese sentido, es infundado lo considerado por la quejosa al estimar que la ley en estudio es un ordenamiento privativo que establece un fuero especial en favor de los consumidores.

Lo anterior es así, pues de la lectura de los artículos 75 y 82 (que son los que se analizan), en relación con el 73, 73 bis, 73 ter, 85, 86, último párrafo y 87 (mismos que la quejosa impugna y que serán materia del análisis de los agravios en esta misma resolución), no se advierte que sean disposiciones que formen un sistema privativo en detrimento de la promovente, pues no se dirigen a ella en forma específica, esto es, no regulan sólo los actos de la empresa quejosa, sino que sus dispositivos se dirigen a un sector indeterminado de proveedores, siendo esa indeterminación lo que le da el carácter de ley general y abstracta.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número P./J. 18/98, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la página 7, que a la letra dice:

"LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontrándose prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jurídica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas, sí se encuentran investidas de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional."

Aunado a que no constituyen ningún fuero o privilegio en favor de los consumidores, ya que no pueden considerarse como prerrogativas prohibidas por la Constitución las protecciones que ella misma ordena en su artículo 28 y que pormenoriza la Ley Federal de Protección al Consumidor, la que, además, no erige a la Procuraduría Federal del Consumidor como un tribunal especial, pues no es creado exprofeso y con posterioridad a determinados hechos para juzgarlos, ni desaparece una vez dictado el fallo correspondiente; por el contrario, dicha institución se define como un organismo del Poder Ejecutivo Federal con facultades para dirimir en la vía administrativa las controversias relativas a esta materia suscitadas con posterioridad a la vigencia de la ley, sea como conciliador o como árbitro, y esto último siempre que las partes así lo convengan.

En ese contexto, contrariamente a lo señalado por la quejosa, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular los numerales 73, 73 bis, 73 ter, 75, 82 86, último párrafo y 87 (aunque ahora el análisis se constriñe a los artículos 75 y 82, lo cierto es que el resto de los preceptos también son impugnados y el estudio de constitucionalidad subsiste en la presente instancia), no establecen privilegios ni fuero especial en favor de los consumidores ni constituyen un tribunal especial, de donde resulta infundado el concepto de violación que se analiza.

B) Por otra parte, la quejosa afirma, también en sus conceptos de violación, que los artículos 75 y 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor resultan violatorios de la libertad de comercio, porque, a su juicio, limitan la posibilidad de negociar la celebración de contratos con los particulares.

Resulta infundado el argumento relativo a que los dispositivos reclamados de la Ley Federal de Protección al Consumidor infringen la garantía de libertad de comercio que consagra el artículo 5o. constitucional, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos.

El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en lo que interesa:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad."

De lo transcrito se deduce lo siguiente:

• Que la libertad contenida en el precepto constitucional es permisiva, esto es, que la actividad esté permitida por la ley;

• Que el ejercicio de esta libertad permisiva sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se afecten los derechos de tercero; y,

• Que dicha libertad también podrá vedarse por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

En ese orden de ideas, es inconcuso que los preceptos reclamados no vulneran en forma alguna la garantía que consagra el artículo 5o. constitucional, en virtud de que este dispositivo garantiza la libertad de comercio al señalar que a nadie podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode y que el ejercicio concreto de esta libertad sólo puede limitarse por las tres razones antes precisadas, por tanto, teniendo en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la obligación de los gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales que si bien pueden representar una carga administrativa, ello no coarta la libertad de comercio, ya que no les impide que se dediquen a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado.

En razón de lo anterior, se concluye que la circunstancia de que los artículos reclamados establezcan que las empresas que tengan el carácter de proveedores cuyo objeto social sea la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, tendrán la obligación de insertar determinadas cláusulas en sus contratos de adhesión y que éstos deben ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor so pena de que el incumplimiento de esto conllevará a que no surta efectos el contrato contra el consumidor, no quebranta la garantía constitucional citada, pues el establecimiento de dichas obligaciones administrativas no implica un obstáculo para la realización de las actividades en él comprendidas, por el contrario, conlleva implícita una certeza jurídica y un provecho al regular en favor de proveedores y consumidores una forma de evitar problemas de interpretación o conflicto por la celebración y efectos de tales contratos, pues no debe perderse de vista que el artículo 5o. constitucional establece, en primer término, una garantía de igualdad que se traduce en que todos los gobernados puedan elegir la profesión, comercio o trabajo que deseen.

Cabe destacar que si bien es cierto que conforme a la ley reclamada se impone a los proveedores que se dedican a la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación una serie de obligaciones que no se exigen, en general, a los que, sin resultar proveedores, venden inmuebles, también es verdad que con este trato diferente no se viola la garantía de igualdad, puesto que, como se pone de manifiesto en otros considerandos, los proveedores no se hallan en plan de identidad en cuanto a sus actividades, que un vendedor esporádico de inmuebles.

Resulta aplicable en la especie la tesis sostenida por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número P. XC/2000, a foja 26 del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que establece:

"GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. El análisis del primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que establece: ‘A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. ...’, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante de la garantía de libertad de comercio, ya que el artículo 5o. constitucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el interés público, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualización del principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado, que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estará en función de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5o. constitucional prevé sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la industria que les acomode, con las únicas salvedades de que éstos sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad."

De lo hasta aquí expuesto se colige que no puede considerarse que con la implantación de obligaciones administrativas la empresa quejosa se vea privada del producto de su actividad comercial, por lo que las normas impugnadas no transgreden las garantías individuales de la recurrente consagradas en el artículo 5o. constitucional, máxime si se considera que el legislador, en los preceptos reclamados, no estableció limitantes para el lícito ejercicio de la actividad de los sujetos de la norma, sino sólo normas de orden público que, en concordancia con el artículo 28 constitucional, protegen a los consumidores.

Resulta ilustrativa al respecto la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada con el número P./J. 26/92, en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 57, correspondiente al mes de septiembre de 1992, página 12, cuyo contenido es el siguiente:

"FRACCIONAMIENTOS. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE, EN DETERMINADOS CASOS, P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19216-615f81c9/proteccion-al-consumidor-el-articulo-87-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.