DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 190/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, remitió la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión número 320/2005, promovido por Francisco Javier Jiménez Olmos, de fecha veintidós de septiembre de dos mil cinco.
La ejecutoria mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"SEXTO. Para mejor comprensión del asunto, deben anotarse los antecedentes de la sentencia recurrida, mismos que derivan de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto número 202/2005, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero; siendo los siguientes: 1) El recurrente Francisco Javier Jiménez Olmos, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, de las autoridades designadas como responsables: Congreso; gobernador y secretario general de gobierno, todos del Gobierno del Estado; secretario de Administración y Finanzas y director de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta ciudad, de quienes reclamó la Ley Número 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, específicamente sus artículos 8o., 16 y 18 que establecen las tasas y bases para el cobro de dicho impuesto, así como los impuestos adicionales con fines de fomento educativo y asistencia social, y con fines de fomento turístico, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero Número 105, alcance I, el día veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro. 2) En el apartado de antecedentes de los actos reclamados, el peticionario del amparo expresó los que aparecen transcritos en el resultando primero de la presente resolución. 3) Con su demanda de amparo el quejoso exhibió copias fotostáticas simples de las liquidaciones del impuesto predial, correspondiente a los folios siguientes: a) Número 801226 de la cuenta catastral número 0420090160000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquéz (sic), lote 19, granja 90, suburbano baldío, siendo el contribuyente Francisco Javier Jiménez Olmos, por el periodo adeudado 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 21 del juicio de amparo). b) Número 801230 de la cuenta catastral número 0420090170000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquez (sic) sin número, suburbano baldío, siendo el contribuyente Jiménez Olmos Francisco Javier, por el periodo adeudado 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 22 del juicio de amparo). c) Número 801235 de la cuenta catastral número 0420090180000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquez (sic), lote 21, suburbano baldío, siendo el contribuyente Jiménez Olmos Francisco Javier, por el periodo adeudado 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 23 del juicio de amparo). d) Número 801242 de la cuenta catastral número 0420100220000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquez (sic), lote 58, granjas 90, suburbano baldío, siendo el contribuyente Jiménez Olmos Francisco Javier, por el periodo adeudado 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 24 del juicio de amparo). e) Número 801244 de la cuenta catastral número 0420100230000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquez (sic), lote 59, suburbano baldío, siendo el contribuyente Jiménez Olmos Francisco Javier, por el periodo adeudado de 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 25 del juicio de amparo). f) Número 801249 de la cuenta catastral número 0420100250000, que ampara el predio ubicado en Granjas del Marquez (sic), lotes 62 y 63, granjas 90, suburbano baldío, siendo el contribuyente Jiménez Olmos Francisco Javier, por el periodo adeudado de 6-2004 al 6-2005, por la cantidad de $3,464.41 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) (foja 26 del juicio de amparo). 4. La Juez de Distrito admitió la demanda de amparo y ordenó requerir a las autoridades designadas como responsables para que rindieran sus informes justificados. 5. El Congreso del Estado, a través del presidente de la Comisión Permanente; el gobernador constitucional y el secretario de gobierno, aceptaron los hechos que se les atribuyeron, consistentes en la promulgación, orden de publicación, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos Número 418 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, específicamente sus artículos 8o., 16 y 18 que establecen el cobro del impuesto predial y los tributos adicionales con fines de fomento educativo y asistencia social y con fines de fomento turístico (fojas 31 a 38 del juicio de amparo). Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas y la encargada de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados, consistentes en la supuesta liquidación del impuesto predial de las cuentas catastrales números 0420090160000, 0420090170000, 0420090180000, 0420100220000, 0420100230000, 0420100250000, todos de fecha dieciocho de febrero del año en curso. 6. Las autoridades responsables expresaron que las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo no fueron emitidas por ellos, lo que se podría comprobar, toda vez que las mismas carecen de la firma del funcionario facultado y del sello oficial; requisitos que, dijeron, resultaban indispensables para que los actos de autoridad que se reclaman, se revistan de autenticidad y certeza jurídica, además, objetaron las liquidaciones reclamadas; en consecuencia, se actualizan las causales de improcedencia previstas por las fracciones V y VI del citado artículo 73 de la Ley de Amparo (fojas 43 a 45 del juicio de amparo). 7. En proveído de fecha treinta de marzo del año en curso, la Juez de Distrito, dio vista al quejoso con el informe justificado de las autoridades responsables antes citadas; acuerdo que fue debidamente notificado mediante lista publicada en los estrados del juzgado a las catorce horas del día treinta y uno de marzo del presente año (fojas 50 a 52 del juicio de amparo). 8. Mediante escrito exhibido ante la Juez de Distrito el veinticuatro de marzo del presente año, la autorizada del quejoso ofreció como pruebas documentales públicas, copias certificadas de las liquidaciones del impuesto predial que solicitó a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento, con fecha dieciséis de marzo del año en curso, para lo cual adjuntó el acuse de recibo de la autoridad de referencia, sin que hasta esa fecha se le hubieran expedido, por lo que solicitó a la juzgadora federal, requiriera a dicha autoridad su expedición (fojas 46 a 49 del juicio de amparo). Las documentales requeridas, todas respecto del mismo periodo, son las siguientes: a) Periodo correspondiente a los bimestres primero al sexto del año dos mil cinco, entre otros, relativo al lote diecinueve de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090160000. b) Lote sin número, de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090170000. c) Lote veintiuno, de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090180000. d) Lote cincuenta y ocho, de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090220000. e) Lote cincuenta y nueve, de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090230000. f) Lotes sesenta y dos y sesenta y tres, de la granja número noventa, Granjas del Marqués, de esta ciudad, propiedad del quejoso, de la cuenta catastral número 0420090250000. 9. Por lo anterior, mediante proveído de fecha treinta de marzo del presente año, la Juez Federal ordenó requerir a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a la notificación del acuerdo, informara respecto a las copias certificadas a que se refería el quejoso (fojas 50 y 51 del juicio de amparo). 10. Mediante oficio número DC/JUR/365/2005, la encargada del despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, informó a la Juez de Distrito, que las copias de referencia ya estaban a disposición del interesado, las que serían notificadas en su domicilio (foja 54 del juicio de amparo). 11. Resulta pertinente anotar, que de las constancias que obran en el juicio de amparo, se estima que la citada autoridad responsable, en atención a la solicitud del peticionario del amparo y al requerimiento de la Juez de Distrito, expidió copias certificadas de las liquidaciones correspondientes a los predios registrados con los números de cuentas catastrales siguientes: 0420090160000, 0420090170000 y 0420090180000, toda vez que éstas fueron exhibidas por el propio quejoso mediante escrito de fecha veinticinco de abril del año en curso, ante la juzgadora federal, en la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, mediante escrito presentado ante la Juez Federal, el veintiséis de abril del presente año -fecha de la celebración de la audiencia constitucional- la autorizada del quejoso precisó que por un error mecanográfico involuntario, señaló los números de las cuentas prediales catastrales con números 0420090220000, 0420090230000 y 0420090250000, anotadas en los incisos d), e) y f), respectivamente, de los apartados uno y tres del capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda; siendo los números correctos los siguientes: 0420100220000, 0420100230000 y 0420100250000; por lo anterior, solicitó a la Juez de Distrito, regularizara el procedimiento y se tuviera como correctos los números de cuentas aludidos; asimismo, exhibió copias certificadas de las liquidaciones de impuesto predial de las cuentas prediales catastrales con números 0420090160000, 0420090170000 y 0420090180000, expedidas por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento (fojas 60 a 67 del juicio de amparo). En consecuencia, es evidente que las copias simples de las liquidaciones correspondientes a las cuentas catastrales números 0420100220000, 0420100230000 y 0420100250000, que amparan los lotes números 58, 59, 62 y 63 no fueron certificadas por la autoridad correspondiente, por lo que continuaron como copias simples. 12. Cabe señalar que la Juez de Distrito, en relación con lo solicitado por el recurrente, en la misma audiencia constitucional precisó que no había lugar a regularizar el procedimiento, toda vez que conforme a lo previsto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., la regularización procede cuando existe una omisión en relación a la sustanciación del procedimiento, es decir, una irregularidad procedimental, adjetiva o instrumental, como puede ser la omisión de dar vista o notificar a alguna de las partes el contenido de alguna resolución o, incluso, de proveer respecto a alguna promoción y, en la especie, el error de que se trata es precisamente atribuible a la quejosa, además, de que se refiere específicamente a una cuestión formal y no procesal. 13. La sentencia recurrida se autorizó hasta el día veintiocho de abril del año en curso, cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando segundo de la presente resolución. SÉPTIMO. Resultan infundados los agravios hechos valer por el autorizado del quejoso, atento a las siguientes consideraciones: En principio, conviene tener presente que, atendiendo a la naturaleza eminentemente administrativa del juicio de amparo en que fue pronunciada la determinación materia del presente recurso, opera en la especie el principio de estricto derecho, lo que implica considerar que el análisis de la resolución recurrida se efectuará a la luz de los motivos de disentimiento esgrimidos por la autoridad inconforme, sin que le esté permitido a este cuerpo colegiado ampliarlos o suplirlos en su deficiencia. En su primer agravio el recurrente aduce, en lo medular, que el auto dictado en la audiencia constitucional, viola lo dispuesto por los artículos 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 79 y 146 de la Ley de Amparo, toda vez que contrario a lo dicho por la a quo, sí procedía regularizar el procedimiento, en virtud de que se manifestó que se incurrió en un error en el señalamiento de los números de las cuentas prediales catastrales de los predios identificados en los incisos d), e) y f) de los apartados uno y tres del capítulo de antecedentes del escrito de demanda de amparo, siendo correcto los restantes datos de identificación de los predios descritos en los correlativos incisos; error que dice el recurrente, era notorio. Invoca para apoyar sus argumentos, la jurisprudencia número I.3o.A. J/45, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 28 del tomo 76 del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, bajo el rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA, DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.’. En su segundo agravio, el recurrente esencialmente alega que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que infringe lo dispuesto por la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, pues la Juez de Distrito consideró que en el caso no se demostraron los actos reclamados consistentes en la captura en el sistema de cómputo de administración y cobro del impuesto predial del Municipio de esta ciudad, de los cargos por concepto de impuesto predial e impuestos adicionales con fines de fomento educativo y asistencia social y con fines de fomento turístico, por los bimestres primero al sexto de dos mil cuatro y primero al sexto de dos mil cinco, así como la emisión de los estados de cuenta de los impuestos y por los periodos precisados, relativos a los predios registrados a nombre del quejoso cuya identificación y números de cuenta predial se identifican en los incisos d), e) y f) del punto uno del capítulo de antecedentes del escrito de demanda. Sin embargo, dice el revisionista, mediante escrito registrado con folio número 7005, manifestó que en la demanda de garantías se incurrió en un error numérico en el señalamiento del número de cuentas prediales catastrales de los predios señalados en los citados incisos; por lo que en el caso, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Amparo, la Juez de Distrito debió requerirla para que aclarara su demanda de amparo. Son infundados los argumentos antes reseñados, en virtud de que la decisión de la Juez de Distrito estuvo ajustada a derecho, al haber considerado que, en el caso, no procedía la regularización del procedimiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que la hipótesis a que se refiere dicho precepto, se actualiza cuando existe una omisión en relación con la sustanciación del procedimiento, es decir, una irregularidad procedimental, adjetiva o instrumental, por ejemplo, la omisión de dar vista o notificar a alguna de las partes el contenido de la resolución o, incluso, de proveer respecto a alguna promoción y, en el caso, se trata de una cuestión formal y no procesal. El precepto legal en cita, a la letra, dice: ‘Artículo 58.’ (se transcribe). Del precepto antes transcrito, es evidente lo acertado de la conclusión de la Juez de Distrito, en el sentido de que la regularización del procedimiento en el juicio de amparo, opera para subsanar alguna omisión que se advierta en la sustanciación del mismo, pero lo más importante es que es una facultad potestativa de Jueces, Magistrados y Ministros, toda vez que del precepto antes transcrito no deriva que sea una prerrogativa de los gobernados, es decir, que en el momento en que el interesado considere que amerita que se regularice el procedimiento, deba exigir al juzgador que lo haga, desde luego, a menos que se actualice alguno de los supuestos que han quedado precisados, como es alguna omisión en relación con la sustanciación del procedimiento. Ahora bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo, invocado por el recurrente, dice: ‘Artículo 146.’ (se transcribe). El numeral antes transcrito, prevé las hipótesis en las que el Juez de Distrito debe prevenir al peticionario del amparo para que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; es decir, si al analizar la demanda el Juez encontrare alguna irregularidad u omisión, se le hará saber al particular, para que una vez subsanada, su escrito quede perfectamente integrado y pueda ser admitido a trámite. Sin embargo, este tribunal federal arriba a la conclusión de que el requerimiento al promovente a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, debe hacerse cuando la demanda de amparo no reúne los requisitos a que se refiere el diverso numeral 116 del mismo ordenamiento legal, y no como lo pretende el recurrente, que el Juez de Distrito esté obligado a analizar las documentales que exhiba con su demanda de amparo, y en caso de que advierta alguna irregularidad en ellas, prevenga al quejoso para que la aclare, toda vez que esto sería obligar al juzgador federal a realizar funciones no previstas en la Ley de Amparo, pues ello se equipara a obligarlo a prevenir al quejoso a fin de que acredite su interés jurídico para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que es propio del promovente, tanto es así, que tal circunstancia se analiza hasta el dictado de la sentencia definitiva. Al respecto, el artículo 116 de la Ley de Amparo, a la letra dice: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). Asimismo, por su contenido, procede invocar la jurisprudencia número XVII.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que este similar comparte, visible en la página número 884 del Tomo XI del mes de marzo de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). No pasa desapercibido para este tribunal federal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto el Pleno como las Salas, en jurisprudencia definida, han determinado que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe examinarse en su integridad, con la finalidad de que el Juez de Distrito armonice los datos que contiene, y esto en virtud de que es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura o irregular y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor, que por error incurre en omisiones o en imprecisión y ello con el fin de prevenir al quejoso subsane (sic) alguna omisión y quede debidamente integrada para darle trámite a la misma; sin embargo, este órgano colegiado estima que dicho criterio debe atenderse cuando se trata del estudio integral de la demanda de amparo, no de las pruebas documentales que el quejoso ofreció con ésta pues, se reitera, ello sería como analizar desde la presentación de la demanda si el quejoso acredita su interés jurídico para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que es propio de la sentencia y una obligación del peticionario del amparo, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República. Al respecto, procede citar la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Tomo XI del mes de abril de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ (se transcribe). Así como la número 2a./J. 55/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227 del Tomo VIII del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.’ (se transcribe). De igual forma, por su contenido, procede invocar la jurisprudencia número 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20 del tomo 84 del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que a la letra dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.’ (se transcribe). Así las cosas, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que el Juez de Distrito no está obligado a analizar las pruebas documentales que el quejoso exhiba con su demanda de amparo, para requerirlo en caso de que advierta alguna irregularidad, a aclararla. En consecuencia, no se comparte el criterio invocado por el recurrente contenido en la jurisprudencia número I.3o.A. J/45, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 28 del tomo 76 del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que a la letra dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA, DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.’ (se transcribe). Toda vez que de atender a lo expuesto en esta tesis, se caería en el absurdo de obligar al Juez de Distrito, desde la presentación de la demanda de amparo, a examinar las pruebas documentales que el quejoso exhiba con ésta; obligación que este Tribunal Colegiado estima, no es propio de esta fase procesal, ya que el análisis de las mismas debe efectuarse en el momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda, para determinar si el peticionario del amparo demostró su interés jurídico para demandar la protección de la Justicia Federal; además, el requerimiento a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, es únicamente cuando la demanda no reúne los requisitos exigidos por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal, o es oscura o irregular. Por otra parte, resulta de especial relevancia, en el caso, que el quejoso estuvo en posibilidad de aclarar el error mecanográfico involuntario a que se refiere, como es, precisar que los números de las cuentas catastrales que aparecen en la demanda de amparo no son los que corresponden a los inmuebles materia del impuesto predial, y que los números correctos son los que aparecen en las pruebas documentales, como son, las copias simples de las liquidaciones de dicho impuesto, desde el momento en que se le dio vista con el informe justificado que rindió el secretario de Administración y Finanzas y la encargada de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, en virtud de que al rendir su informe justificado, las citadas autoridades negaron los actos reclamados, consistentes en la supuesta liquidación del impuesto predial de las cuentas catastrales números 0420100220000, 0420100230000 y 0420100250000, todas de fecha dieciocho de febrero del año en curso, de lo que se aprecia que rindieron su informe con los números correctos de las cuentas catastrales y si el quejoso se impuso del mismo, es evidente que debió advertir que no eran los mismos números que él precisó en su demanda de amparo, en tanto que dicho acuerdo le fue notificado mediante lista publicada en los estrados del juzgado desde el día treinta y uno de marzo del año en curso, y la audiencia constitucional se celebró hasta el día veintiséis de abril también del presente año. Lo anterior pone de manifiesto, que el quejoso tuvo el tiempo suficiente para haber aclarado tal irregularidad, lo cual no hizo. Lo anterior, en virtud de que no existe disposición alguna que prevea que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda, toda vez que es evidente que precluyó su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es procedente ordenar la reposición del procedimiento. Por su contenido, cabe invocar la tesis número 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Tomo IX del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.’ (se transcribe). También cabe señalar que, en el caso, no se está ante lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho precepto contempla la circunstancia de que es permitido corregir los errores numéricos cuando se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, asimismo, se podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; ello, siempre que se trate de errores numéricos o mecanográficos de poca importancia, lo cual no sucede en el presente caso, habida cuenta que los errores numéricos que refiere el quejoso corresponden a los números de cuentas prediales, respecto de las cuales demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que significa la demostración del interés jurídico. Resulta aplicable en el caso, la tesis número P. XLVIII/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69 del Tomo VII del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Así las cosas, cabe concluir que no se demuestra el acto reclamado al secretario de Administración y Finanzas y encargado de Catastro e Impuesto Predial, del Ayuntamiento Municipal, que se hizo consistir en la aplicación de las disposiciones reclamadas, mediante la captura en el sistema de cómputo de administración y cobro del impuesto predial del Municipio de Acapulco, en torno a los actos reclamados señalados, pues ante la negativa de las citadas autoridades, correspondía al quejoso demostrar su certeza y al no haberlo hecho así, es acertada la decisión de la Juez de Distrito, de decretar el sobreseimiento del juicio de amparo respecto de los mismos, al no ser una obligación de la Juez de Distrito analizar las pruebas documentales que el recurrente exhibió con su demanda de amparo y requerirlo para que aclarara la diferencia que deriva de los números de cuentas catastrales que aparecen en dicho escrito de demanda de amparo y los que se advierten en las copias simples que anexó a la misma, de ahí que debe prevalecer la negativa de las autoridades respecto del acto que se les atribuye. Resulta aplicable en el caso, el criterio sostenido por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 4a. XV/92, visible en la página 99 del Tomo IX del mes de junio de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que textualmente señala: ‘ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1443/92, promovido por Medizer, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, consideró lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Los conceptos de agravio que fueron reproducidos son fundados y suficientes para revocar el fallo recurrido y ordenar la reposición del procedimiento instaurado en primera instancia, tal como lo dispone el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ‘Artículo 91, fracción IV ...’ (se transcribe). Lo anterior, porque los suscritos Magistrados advierten que hubo una omisión por parte del Juez de Distrito que influyó en la sentencia ahora recurrida, al no haber ordenado el emplazamiento de la precisa autoridad que emitió el acto reclamado y cuya inconstitucionalidad se combatió a través del juicio de amparo. Es cierto que el particular fue imprec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19240-0d9bb237/demanda-de-amparo-al-proveer-sobre-su-admision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SUCESIÓN LEGÍTIMA EN MATERIA AGRARIA. EL DERECHO PREFERENTE EN FAVOR DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, DE LA LEY AGRARIA, NO ESTÁ CONDICIONADO A LA DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2006-SS)
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