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Modo: Corpus Pro

HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. LOS DECRETOS PROMULGATORIOS POR LOS QUE SE EXPIDE Y REFORMA LA LEY GENERAL RELATIVA, FIRMADOS POR EL EJECUTIVO SIN EL REFRENDO DEL SECRETARIO DEL RAMO RESPECTIVO, VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 421/2005. · Registro digital (IUS): 19325
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTACIÓN DE SERVICIOS CIRCUITO COLONIAS, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1670.

AMPARO EN REVISIÓN 421/2005. ESTACIÓN DE SERVICIOS CIRCUITO COLONIAS, S.A DE C.V.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Resulta sustancialmente fundado el concepto de violación recién transcrito, tal como se demostrará enseguida.

En principio, conviene destacar que el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 60. Todas las iniciativas de leyes, decretos, así como los reglamentos y acuerdos que el Ejecutivo formule, promulgue o expida, para que sean obligatorios deberán estar firmados por éste y por los titulares de las dependencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin este requisito no serán válidas."

A su vez, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, establece:

"Artículo 16. La promulgación de leyes, la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos de observancia general, serán firmados por el gobernador del Estado, el secretario de Gobierno y el titular de la secretaría que corresponda. Cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados por los titulares de cada una de ellas."

El decreto 592, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de quince de mayo de dos mil cinco, cuya copia certificada, incluso obra glosada en los autos del juicio de amparo 730/2005-III, del que deriva este recurso de revisión, en lo que aquí interesa, es como sigue:

"Gobierno del Estado. Poder Ejecutivo. Decreto número 592. Ciudadano Patricio José Patrón Laviada, gobernador del Estado de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

"El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán ...

"Decreta:

"Artículo único. Se reforman los artículos 21, 25 y 50, fracción VII; a su vez, se deroga la fracción IV del artículo 63; y se adiciona un párrafo al artículo 64, quedando el actual tercero, como el cuarto párrafo, todos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en los siguientes términos: ...

"Transitorios:

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. ...

"Dado en la sede del recinto del poder legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco ...

"Y por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido cumplimiento.

"Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil cinco. (Rúbrica). C. Patricio José Patrón Laviada. El secretario general de Gobierno. (Rúbrica). Abog. Pedro Francisco Rivas Gutiérrez."

Ahora bien, tal como se afirma en el concepto de violación que se analiza, de la reproducción que precede se desprende que el decreto 592, sólo fue refrendado por el secretario general de Gobierno, no obstante que el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en relación con el 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, obligan al refrendo de leyes y decretos, además del secretario general de Gobierno, al secretario del ramo, el que dada la naturaleza hacendaria del aludido decreto, corresponde al secretario de Hacienda, conforme al artículo 33 de la citada ley orgánica, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 33. A la Secretaría de Hacienda le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"I. Cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos que el Estado tenga derecho a percibir en los términos de las leyes fiscales aplicables, así como las contribuciones y demás ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios relativos;

"II. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en las disposiciones legales de la materia, así como las federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios celebrados o que se celebren.

"III. Determinar y liquidar las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios y demás conceptos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado, y en materia federal de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa celebrados entre la Federación y el Estado. Asimismo, imponer las sanciones previstas en las disposiciones estatales y federales cuya aplicación le competa.

"IV. Ejercer la facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales que el Estado tenga derecho a percibir, así como realizar los procedimientos correspondientes para asegurar el interés fiscal;

"V. Administrar las participaciones de las contribuciones federales que le correspondan al Estado, los recursos del convenio de desarrollo social y los apoyos extraordinarios que otorgue la Federación, en los términos de las normas aplicables y los convenios relativos;

"VI. Intervenir en los actos, contratos y convenios de coordinación fiscal con la Federación;

"VII. Elaborar y mantener actualizados los padrones fiscales;

"VIII. Informar públicamente sobre el manejo de la hacienda pública;

"IX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia, y la que derive del ejercicio de las facultades conferidas en los convenios de colaboración administrativa celebrados, e igualmente representar al Estado en los juicios que se ventile ante cualquier tribunal cuando tenga interés la hacienda pública del Estado;

"X. Formular los proyectos de leyes y de otras normas fiscales y elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado;

"XI. Elaborar el presupuesto de ingresos del Estado que servirá de base para formular la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado;

"XII. Integrar y formular la cuenta pública anual del gobierno del Estado;

"XIII. Evaluar la aplicación de recursos de la transferencia de fondos a los Municipios y los diferentes sectores público, privado y social;

"XIV. Llevar la contabilidad patrimonial del Gobierno del Estado y elaborar la información financiera resultante;

"XV. Registrar y administrar la deuda pública de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

"XVI. Participar en los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, para vigilar el ejercicio del gasto público;

"XVII. Formar parte de los órganos de gobierno y administración de las entidades de la administración paraestatal del Estado que le correspondan o que estén considerados en las leyes o reglamentos;

"XVIII. Notificar los actos, acuerdos o resoluciones que emita con motivo del ejercicio de sus facultades tributarias y de las que le otorguen los convenios de colaboración administrativa, así como llevar a cabo las encomendadas por otras autoridades con motivo de acuerdos o convenios celebrados entre la Federación y el Estado y de éste con los Municipios;

"XIX. Administrar el catastro del Estado y proporcionar a los Municipios que lo soliciten, servicios de apoyo en materia catastral y de administración del impuesto predial;

"XX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos, así como la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa celebrados o que se celebren."

La transcripción que precede pone de manifiesto que el decreto 592, debió ser refrendado por el secretario de Hacienda.

Sin que pase inadvertida la jurisprudencia 3/88, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: ‘REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS.’ y ‘REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL.’. Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I, y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que en seguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: ‘Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia’. A su vez, el artículo 92 dispone: ‘Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos’. De conformidad con el primero de los numerales reseñados, el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución ‘todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente ...’, es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema."

En efecto, la jurisprudencia antes reproducida es inaplicable, en virtud de que las disposiciones relativas al refrendo en la Constitución General de la República y en la propia del Estado de Yucatán son distintas.

El artículo 92 de la Ley Fundamental del país, establece:

"Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán ser firmados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos."

En cambio, el artículo 60 de la Constitución del Estado de Yucatán, se refiere a "Todas las iniciativas de leyes, decretos, así como los reglamentos y acuerdos", lo que no admite la interpretación del precepto de la Constitución Federal, inmerso en la jurisprudencia 3/88, ya que las leyes son actos necesariamente legislativos, como los que aquí se analizan.

Por identidad jurídica, es aplicable al caso la tesis XXXIV/99, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la República, consultable en la página 18, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"HOSPEDAJE. EL DECRETO 1105 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE CREA EL IMPUESTO RELATIVO ES INCONSTITUCIONAL POR FALTA DEL REFRENDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE DICHO ESTADO. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son violados por el decreto señalado, en virtud de que no se encuentra refrendado por el secretario del ramo, como lo dispone el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. En efecto, los preceptos señalados de la Constitución Federal se encuentran transgredidos por el decreto 1105 de la Legislatura de Baja California al no haberse satisfecho uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, como lo es el refrendo del secretario de Finanzas y Administración, al que de acuerdo con los artículos 81 de la Constitución Local y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado le corresponde hacerlo."

Entonces, al ser evidente lo imperfecto o incompleto del proceso legislativo del que surgió el decreto 592, relativo a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán (cuyo artículo 21 fue reclamado en el presente juicio de garantías), es claro que en vía de consecuencia dicho decreto resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; lo que basta para, en la materia de la revisión, conceder el amparo solicitado por lo que ve a dicho numeral en vigor a partir del dieciséis de mayo de dos mil cinco; protección que debe hacerse extensiva a los actos de aplicación reclamados, así como a los de aplicación futura, ya que la situación jurídica de la quejosa por lo que hace al artículo impugnado y que como se ha visto resultó inconstitucional, se rige por la presente ejecutoria.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 346, en las páginas 400 y 401, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes:

"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."

Sirve también de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, identificable con el número 92, en la página 122, de la compilación judicial antes citada, que es del tenor literal siguiente:

"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro."

De igual forma es aplicable la jurisprudencia 188/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 470, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece:

"AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.-Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’, el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido."

Así se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver en sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco, el amparo en revisión 419/2005, interpuesto por Estación de Servicios Melchor Ocampo, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 91 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Estación de Servicios Circuito Colonias, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos que reclama del Congreso del Estado, gobernador Constitucional, secretario general de Gobierno y director del Diario Oficial, todos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad de Mérida, mismos actos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese como corresponda; anótese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Paulino López Millán, Raquel Flores García y Fernando Amorós Izaguirre, siendo ponente la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19325-70af31cd/hacienda-del-estado-de-yucatan-los-decretos-promulgatorios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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