REGISTROS SANITARIOS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE FEBRERO DE 2005, AL OBLIGAR A SU REVISIÓN PARA EFECTOS DE RENOVACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD. REGISTROS SANITARIOS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE FEBRERO DE 2005, AL OBLIGAR A SU REVISIÓN PARA EFECTOS DE RENOVACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA. REGISTROS SANITARIOS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE FEBRERO DE 2005, AL OBLIGAR A SU REVISIÓN PARA EFECTOS DE RENOVACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.
AMPARO EN REVISIÓN 1338/2005. MOYCO UNIÓN BROACH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
1. Conceptos de violación:
1.1. En su primer concepto de violación la quejosa señaló que los artículos 376 y tercero transitorio de la Ley General de Salud violan la garantía constitucional de irretroactividad y por consecuencia el principio de certeza y seguridad jurídica, por lo siguiente:
a) El decreto en comento cambió la vigencia ilimitada que tenían los registros sanitarios a una vigencia temporal prorrogable cada cinco años, haciendo caso omiso del derecho adquirido que tenía la quejosa, consistente en la titularidad del registro sanitario de diversos productos y dispositivos médicos.
b) El artículo tercero transitorio, al establecer que los titulares de los registros sanitarios de medicamentos y demás insumos otorgados por tiempo indeterminado deberán someterlos a revisión para obtener su renovación en un plazo de hasta cinco años, regula situaciones hacia el pasado, por lo que constituye una norma retroactiva.
c) Al condicionar el registro sanitario a su renovación cada cinco años, a pesar de que se hubieran entregado con una vigencia ilimitada, se priva a la quejosa de los derechos adquiridos de los que gozaba, máxime cuando la revisión de los productos que cuentan con los registros, pueden ser sometidos a revisión en cualquier tiempo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 380 de la Ley General de Salud y 172 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.
1.2. En su segundo concepto de violación la quejosa adujo que el decreto impugnado viola la garantía de seguridad jurídica en atención a las siguientes razones:
a) El hecho de que los artículos 376 y tercero transitorio de la Ley General de Salud, obliguen a la quejosa a someterse a revisión para obtener la renovación de los registros en un plazo de hasta cinco años, la coloca en un estado de inseguridad jurídica pues limitan sus derechos adquiridos.
b) El decreto en comento es violatorio de la garantía de legalidad y certeza jurídica, toda vez que la quejosa solicitó y obtuvo los registros sanitarios tomando en cuenta que serían indefinidos; sin embargo, a partir de la reforma debe someterlos a revisión y renovación cada cinco años, a pesar de que son derechos ya adquiridos.
1.3. En su tercer concepto de violación la empresa quejosa manifestó que el decreto impugnado viola las garantías de igualdad y de libertad de comercio establecidas en los artículos 1o. y 5o. de la Constitución y, por ende, la garantía de seguridad jurídica, por lo siguiente:
a) Al encontrarse la quejosa obligada a someter a revisión los registros de los que es titular para obtener su renovación, se limita su libertad de comercio, toda vez cambia la situación jurídica de los registros sanitarios de los productos objeto de la actividad, lo cual la coloca en un estado de incertidumbre frente al mercado comercial; y además, la coloca en una situación diferente a sus competidores que por primera vez van a solicitar registros sanitarios, pues ella ya contaba de manera indefinida con los registros.
b) Existe una clara desigualdad en contra de la quejosa, ya que los artículos impugnados pretenden que renuncie a sus derechos ya adquiridos, consistentes en el registro sanitario de diversos productos.
2. Consideraciones del Juez:
2.1. Como punto de partida, el Juez del conocimiento estableció lo que debe entenderse por retroactividad de la ley, de acuerdo con las teorías de la irretroactividad y de los componentes de la norma, posteriormente estimó que eran infundados los conceptos de violación primero y segundo, por las siguientes consideraciones:
a) Todas las reglas, regulaciones, requisitos y exigencias al tenor de las cuales la quejosa goza de determinados registros sanitarios, constituyen obligaciones impuestas por la propia Ley General de Salud y a las cuales necesariamente debe atender, por lo que es inexacto que aduzca tener un derecho adquirido (entendido como un bien ingresado a su esfera patrimonial), el cumplir siempre con las mismas obligaciones, pues el cambio o adición de éstas, ocurre bajo la tutela del orden público e interés social de las normas respectivas.
b) La seguridad jurídica, concretamente la proscripción de la retroactividad, no puede llegar al extremo de proteger un derecho o privilegio que es opuesto a lo lícito, ilegal, o contrario al orden público e interés social, puesto que el nacimiento, permanencia y vigencia de un derecho de índole particular, está determinado y regido por el contexto del entorno normativo que rija, por lo que no se puede explicar, razonablemente, la preeminencia de un individuo cuando su status afecte de manera ostensible a la sociedad o bien contravenga disposiciones emitidas en aras de conservar el orden público y proteger el interés social.
Por tanto, si resulta incorrecta la afirmación de la quejosa de que el registro sanitario por tiempo indeterminado es un derecho adquirido, es evidente que tampoco le asiste la razón al afirmar que la ley sea retroactiva y, por ende, tampoco vulnera su garantía de seguridad y legalidad jurídica.
2.2. Respeto al tercer concepto de violación el Juez del conocimiento señaló lo siguiente:
a) Los artículos impugnados no impiden que la quejosa se dedique a la actividad que desea, sino únicamente establecen limitaciones, que el Estado instituye para proteger el derecho a la salud previsto en el artículo 4o. constitucional (materia y objeto de la ley reclamada); por ende, tales medidas tutelares no constituyen un impedimento para dedicarse al comercio que desarrolla la quejosa, ni establecen una prohibición al respecto.
b) El artículo 376 de la Ley General de Salud tampoco limita la libertad de comercio, pues en su redacción vigente establece que la temporalidad del registro es de cinco años, prorrogables por periodos iguales, lo cual constituye una intervención del Estado a fin de tutelar el orden público y el interés social, específicamente el derecho a la salud, puesto que se considera que es primordial el que la autoridad cuente con el marco jurídico normativo necesario para asegurarse periódicamente de que los insumos médicos y medicamentos, cumplan con los requerimientos necesarios para su comercialización.
c) A pesar de que, como señala la quejosa, los artículos 380 de la Ley General de Salud y 172 del reglamento de dicha ley en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, facultan a las autoridades sanitarias para, en cualquier momento, revisen los registros sanitarios; sin embargo, esa facultad estaba abierta para cualquier tiempo, por lo que es evidente que al determinar la temporalidad de la renovación del registro sanitario, ya no sólo deja al arbitrio de la autoridad su revisión sino que implica, necesariamente, que revisará cada cinco años, por lo menos, que los productos utilizados para la consecución de la salud cumplen con los requerimientos necesarios para la distribución o comercialización, esto es, que son aptos para el consumo.
d) La limitación a cinco años de la vigencia de un registro sanitario, evidentemente, resulta importante para el orden público y el interés social; por tanto, esa intervención estatal se encuentra justificada y no constituye, ni remotamente, una prohibición del desarrollo de la actividad de la quejosa.
e) La distinción reclamada por la quejosa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, puesto que el legislador introduce un trato desigual con la finalidad de que la aplicación de la redacción actual del artículo 376 de la Ley General de Salud, sea igualitaria.
f) La razón de la distinción prevista en el artículo tercero transitorio del decreto reclamado radica en que se equiparen las condiciones de los registros sanitarios concedidos bajo la vigencia anterior del artículo 376 multicitado a las condiciones que surgen a raíz de la reforma. Lo anterior es así puesto que, en aras de que todos aquellos que se dediquen al comercio o distribución de medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, reciban por parte de la ley un trato igual, con independencia de si iniciaron su actividad antes o después de la reforma.
g) Con el objeto de que quienes hayan recibido la autorización por tiempo indeterminado no obtengan una ventaja sobre aquellos que lo reciban por cinco años, es un medio racional y adecuado el que el legislador establezca que los primeros, al cabo de cinco años de la publicación de la reforma, deban obtener la prórroga del mismo, ya que no impone una mayor carga que a aquel distribuidor o comerciante que inicia su actividad con la redacción vigente del artículo 376 de la Ley General de Salud, quien también al transcurrir el término de cinco años, deberá solicitar la prórroga aludida, en caso de que su intención sea continuar con su actividad.
3. Agravios:
3.1. En el primer agravio, la ahora recurrente argumenta que el a quo contraviene la garantía de irretroactividad, legalidad y seguridad jurídica al violentar el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los artículos 76, 77 y 80 de la Ley de Amparo, puesto que los artículos impugnados sí violan el principio de irretroactividad, debido a que:
a) Contrariamente a lo señalado por el Juez de Distrito, sí cuenta con un derecho adquirido que es precisamente la titularidad de los registros. Ello se debe a que la parte quejosa contaba con los diversos registros sanitarios que acreditan el derecho que entró en su patrimonio para comercializar y distribuir los productos odontológicos que amparan los mismos.
b) Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley General de Salud las disposiciones de dicha ley son de orden público y de interés social, no por esta última circunstancia puede desconocerse su derecho adquirido.
c) La consideración del Juez de Distrito es ilegal cuando sostiene que la proscripción de la retroactividad no puede llegar al extremo de proteger un derecho que es opuesto o contrario al orden público e interés social, toda vez que contrariamente a lo resuelto en la sentencia de mérito, la permanencia o vigencia indefinida de los registros sanitarios no es opuesta o contraria al orden público e interés social.
d) La citada reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, sí atenta contra la titularidad de los registros sanitarios indefinidos, pues el artículo tercero transitorio condiciona la vigencia de los registros sanitarios al hecho de que los mismos sean sometidos a revisión, ya que de lo contrario serán revocados.
e) De lo dispuesto en el artículo impugnado, se advierte que la vigencia ilimitada de los registros sanitarios no contraviene disposiciones de orden público ni de interés social; lo anterior, porque en dicho ordenamiento siempre estuvieron vigentes ciertas disposiciones en las que se establecía que los registros sanitarios estaban sujetos a la revisión de las autoridades, cuando lo estimaran necesario.
f) El orden público e interés social se encuentra salvaguardado, sin necesidad de la reforma, ya que los registros podían ser sometidos a su revisión en cualquier tiempo de conformidad con los artículos 378 y 380 de la Ley General de Salud y 172 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Esto es, al poder las autoridades decidir discrecionalmente el momento en que ordenaran las revisiones, se protege el interés social, pues tal verificación les servirá para decidir la permanencia de los registros o su revocación.
g) La intención del legislador no fue que la autoridad sanitaria cuente con el sustento jurídico que le permita revisar periódicamente la formulación de medicamentos conforme a los avances tecnológicos que garanticen su eficacia y calidad; sino que la verdadera intención, al limitar la vigencia de los registros, fue no sólo la restricción de un derecho adquirido, sino una verdadera privación a un derecho, porque se pretende llevar a cabo sin las formalidades esenciales de todo procedimiento.
h) Contrariamente a lo sostenido en la sentencia de mérito, sí se crea un requisito adicional para continuar la comercialización y distribución de los medicamentos y demás insumos para la salud, que es precisamente el renovar dichos registros sanitarios en un plazo de cinco años, lo que no existía antes de la entrada en vigor de las normas reclamadas.
3.2. En su segundo agravio la recurrente manifiesta que el Juez del conocimiento al emitir su sentencia no consideró que:
a) La actividad laboral de la quejosa es el comercio de productos dentales que requieren registro sanitario y que dichos registros fueron obtenidos mediante un procedimiento administrativo realizado por la Secretaría de Salud, por lo cual dicho comercio es lícito.
b) No se afectan derechos de terceros, toda vez que los registros fueron autorizados mediante un estricto procedimiento administrativo y de igual modo los productos que se comercializan al amparo de los mismos, pueden ser revisados en cualquier momento por la autoridad sanitaria tal y como señala el artículo 172 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; aunado a que en caso de riesgo o daño pueden ser revocados, por lo que no se afectaría el derecho de la sociedad a la salud.
c) La entrada en vigor del precepto legal impugnado, le causa a la quejosa perjuicio en su actividad, ya que la obliga nuevamente a someter a revisión el registro sanitario otorgado por tiempo indefinido, derivando lo anterior en que cada cinco años deba seguir un procedimiento administrativo de renovación.
d) El proceso administrativo de renovación constituye una limitación a la actividad comercial que realiza la quejosa, toda vez que no puede adquirir y, por tanto, comercializar el producto durante el tiempo que dura la renovación.
e) Si la justificación para la modificación del precepto jurídico impugnado es facultar a la Secretaría de Salud para poder revisar los registros sanitarios y esta facultad ya existía, entonces no existe argumento válido que sostenga la reforma al precepto jurídico combatido.
3.3. En su tercer agravio la ahora recurrente manifiesta que el Juez del conocimiento considera, de manera incorrecta, que la renovación de un registro sanitario no constituye una mayor carga, siendo que el titular del registro sanitario ya realizó un procedimiento por medio del cual obtuvo por tiempo indefinido el registro, y ahora de nueva cuenta debe someter ese derecho ya adquirido a un procedimiento de renovación cada cinco años, como si nunca hubiera hecho este trámite y nunca hubiera tenido ese derecho.
CUARTO. Fijación de la litis. La materia de la revisión consiste en determinar si la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil cinco, así como el artículo tercero transitorio de dicha ley, son o no violatorios del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional, y de las garantías de libertad de trabajo e igualdad.
QUINTO. Estudio de fondo del asunto. En primer término, resultan inoperantes los argumentos del primer agravio relativos a que el Juez de Distrito contraviene las garantías de irretroactividad, legalidad y seguridad jurídica de la aquí recurrente, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo.
Por tanto, si la quejosa interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en un juicio de garantías y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido.
Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO".(1)
Los argumentos del primer agravio relativos a que la reforma a los artículos 376 y tercero transitorio de la Ley General de Salud violan el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional son infundados en atención a lo siguiente.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia: "GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE."(2) ha señalado que la garantía de irretroactividad se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y, la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Por ello, previo a determinar si el precepto impugnado viola la garantía de irretroactividad, resulta necesario definir el concepto de derechos adquiridos, confrontándolo con el de expectativa de derechos.
El Pleno de este Alto Tribunal en la tesis: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES."(3) ha definido los conceptos anteriores, al considerar que el derecho adquirido constituye un acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.
Ahora bien, a efecto de determinar cuándo se está ante la presencia de un derecho adquirido, o bien frente a una simple expectativa de derecho, esta Primera Sala en la tesis: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO."(4) ha sostenido que es necesario realizar un estudio de cada caso concreto.
Por otra parte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."(5) ha establecido que para determinar si un precepto cumple o no con la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional, debe acudirse también a la teoría de los componentes de la norma, que parte de la existencia de un supuesto y una consecuencia, por lo que es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan, y la fecha de entrada en vigor de la nueva disposición.
En consecuencia, conforme a las teorías antes expuestas, una ley será retroactiva y, por tanto, violatoria del artículo 14 constitucional cuando modifica, altera o destruye derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias producidas al amparo de una ley anterior. En contraparte, no existirá retroactividad cuando modifica, altera o destruye simples expectativas de derecho, es decir, situaciones que aún no se han producido, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados por la norma anterior.
Precisadas las teorías que sobre irretroactividad ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a continuación se transcriben los artículos de la Ley General de Salud, que se tildan de retroactivos, así como el de vigencia anterior, para analizar si existe o no la violación alegada inscrita en el artículo 14 de la Constitución General de la República.
"Artículo 376. Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, y de curación y productos higiénicos; así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud y será por tiempo indeterminado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley." (vigente hasta el veinticuatro de febrero de dos mil cinco).
"Artículo 376. Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley, dicho registro podrá prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente. Para los efectos a que se refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo a través de la secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás productos y substancias que se mencionan en dichos párrafos."
"Tercero. Los titulares de los registros sanitarios de medicamentos y demás insumos para la salud otorgados por tiempo indeterminado deberán someterlos a revisión para obtener la renovación del registro en un plazo de hasta cinco años a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La renovación se otorgará únicamente cuando la secretaría haya constatado la seguridad y eficacia terapéutica de los insumos para la salud sometidas a revisión de conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado se entenderán como revocadas para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar."
De los preceptos antes transcritos se desprende que en el de vigencia anterior, se establecía que los medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, requerían de registro, el cual era otorgado exclusivamente por la Secretaría de Salud por tiempo indeterminado, y en los ahora vigentes, sólo se reformó la temporalidad de la vigencia de los registros a cinco años; y en la disposición transitoria, se establece la obligación de los titulares de los registros de solicitar su renovación en un plazo de cinco años, contados a partir de la publicación del decreto que los contiene.
Ahora bien, como punto de partida, es necesario precisar que el artículo 376 de la Ley General de Salud, vigente a partir del veinticinco de febrero de dos mil cinco, sólo establece que los registros que otorgue la Secretaría de Salud tendrán una vigencia de cinco años, motivo por el cual no afecta a los registros ya obtenidos por la recurrente, dado que la previsión se refiere a los que se expidan a partir de su vigencia, motivo por el cual dicho artículo en sí solo, por su literalidad, no puede considerarse retroactivo en perjuicio de la aquí recurrente.
Por otra parte, contrario a lo aducido por la parte recurrente, la anterior redacción del artículo 376 de la Ley General de Salud no otorgaba un derecho eterno o permanente, puesto que el hecho que en dicho numeral se hubiera establecido que los registros otorgados por la Secretaría de Salud serían por "tiempo indeterminado", ello no significa que estos registros se hubieran otorgado en forma perpetua o permanente, por lo siguiente:
Etimológicamente hablando, el calificativo "indeterminado" proviene de la negación in y del latín determinare, el cual denota la acción de fijar los términos de un concepto. En este sentido, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua define el concepto de "indeterminado" como un adjetivo que sirve para calificar sustantivos que no implican ni denotan determinación alguna; es decir, que describe algo que no es concreto ni definido.
En esta tesitura, las raíces etimológicas y la propia definición lingüística de la palabra nos permite concluir que, si en la literalidad del anterior artículo 376 se inscribió el término de "indeterminado" como calificativo de la temporalidad de los registros sanitarios, ello implicaba que la duración de los referidos registros no estaba delimitada a un plazo o fecha definida, por lo que la vigencia de los registros debe entenderse que serían variables (unos meses, un año, décadas, etcétera). Es decir, si en el multicitado numeral se estableció que los registros otorgados serían por un "tiempo indeterminado", ello implicaba que aquel que solicitara algún registro se vería favorecido por este acto administrativo por un periodo variable que, a última instancia, dependería de la facultad de implementación de una nueva regulación o modificación por parte del legislador, en la que podría especificar, fijar o determinar de manera cierta la vigencia o temporalidad de los referidos registros.
Expuestas las consideraciones anteriores, se procede al análisis del numeral 376 de la Ley General de Salud en conjunción con su artículo tercero transitorio. A efecto de analizarlos resulta necesario precisar que el artículo 376 de la Ley General de Salud vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, entre otras cosas, establecía que las concesiones se otorgarían por "tiempo indeterminado", sin perjuicio de que conforme a los artículos 378 y 380 de la misma ley, como 172 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, podrían ser revisados por la autoridad sanitaria correspondiente.
En este sentido, el anterior artículo 376 no establecía que la autoridad administrativa otorgaría los registros de salud a perpetuidad o permanentes, sino que la vigencia de dichos registros, no sólo estaba sujeta a la revisión de la Secretaría de Salud conforme a los artículos 378 y 380 de la misma ley y 172 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, sino que el propio concepto de "temporalidad indeterminada" implicaba que la vigencia de los registros también se encontraba sujeta a que mediante disposiciones de orden público, el legislador pudiera establecer, en una posterior regulación sobre esta materia, una fecha cierta y determinada.
Derivado de lo anterior, puede concluirse que la obtención de registros por tiempo indeterminado, no significa que hubiese adquirido el derecho a una tempor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19335-6cdcfce9/registros-sanitarios-el-articulo-tercero-transitorio-del-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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