MAGISTRADOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 224, INCISO E), TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, AL PREVER QUE SERÁ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LA QUE AUTORIZARÁ LAS LICENCIAS QUE SE OTORGUEN A AQUÉLLOS, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA QUE ESTABLECEN LOS NUMERALES 116, FRACCIÓN IV, Y 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 224, SEGUNDO PÁRRAFO, E INCISO F), DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, AL PREVER QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NOMBRARÁ AL PRESIDENTE DE ESE TRIBUNAL, ASÍ COMO AL MAGISTRADO QUE OCUPE ESE CARGO CUANDO AQUÉL SE AUSENTE DEFINITIVAMENTE, ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE OCTUBRE DE 2005, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA QUE DEBEN REGIR EN MATERIA ELECTORAL, NI LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2005. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de marzo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de noviembre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Alberto Lara Rivera, Gabriela Cuevas Barrón, José Espina Von Roehrich, Obdulio Ávila Mayo, Mónica Leticia Serrano Peña, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, José de Jesús López Sandoval, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, María Gabriela González Martínez, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Irma Islas León, Sofía Figueroa Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Héctor Mauricio López Velásquez, José Medel Ibarra, Martha Teresa Delgado Peralta, José Antonio Arévalo González, Arturo Escobar y Vega, Sara Guadalupe Figueroa Canedo y Gerardo Díaz Ordaz Castañón, quienes se ostentaron como diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tercera Legislatura, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se precisan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: 1. Órgano legislativo que emitió la norma general de la que se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general de la que se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez: jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que hace a la promulgación y publicación del decreto de reformas al Código Electoral del Distrito Federal. Norma general cuya inconstitucionalidad e invalidez se reclama y medio oficial en el que se publicó: reformas a los artículos 224 y noveno transitorio del decreto de reformas al Código Electoral del Distrito Federal, aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el día 11 de octubre de 2005, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 123 bis, con fecha 19 de octubre de 2005."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:
"Primero. Los párrafos tercero y cuarto del inciso e) del artículo 224 del Código Electoral del Distrito Federal, disposiciones que se aplicarán a los siguientes Magistrados a partir del año 2007, de acuerdo al artículo octavo transitorio del decreto de reformas al Código Electoral del Distrito Federal, deben ser declarados inconstitucionales e inválidos, pues son contrarios a los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), ambos dispositivos de la Constitución Federal. Por su parte, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno estará a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local en los términos de este artículo ... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales se sujetará a las siguientes disposiciones: A. Corresponde al Congreso de la Unión: I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. ... C. El Estatuto de Gobierno se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa en los términos del Estatuto de Gobierno tendrá las siguientes facultades: ... f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales, en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal; g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse; ...’. Ahora bien, en ejercicio de las facultades expresamente conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión atendiendo de manera especial a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), estableció al expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal las siguientes bases a las que por mandato constitucional debe atenerse la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al momento de expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en dicha entidad federativa: Título sexto. De las autoridades electorales locales y los partidos políticos. Capítulo IV. Del Tribunal Electoral del Distrito Federal. ‘Artículo 133. Los requisitos para ser Magistrado electoral no podrán ser menores a los que exigen para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y se requerirá además haberse distinguido en la materia jurídica, preferentemente en la del derecho electoral. Los Magistrados durarán ocho años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados electorales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno.’. De la apreciación a los preceptos transcritos se desprende que la Asamblea Legislativa en uso de sus atribuciones puede legislar sobre la materia electoral; sin embargo, esto debe hacerlo dentro del ámbito de su competencia y sus facultades, esto es, dentro de los límites que la propia Constitución le fija; y en el caso concreto, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que al expedir las disposiciones relativas a la materia electoral, como lo sería la reglamentación de las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, lo debe hacer apegado a lo que disponga el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y en caso contrario, estaría actuando de manera arbitraria e injustificada, y legislando de manera contraria a la Constitución, como en la especie ocurre con el precepto normativo que por esta vía se combate. En efecto, de la lectura que se haga del artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se desprende que el legislador federal, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 116, fracción IV, inciso c), contempló una serie de disposiciones para que la autoridad que resolviera las controversias en materia electoral, en el caso concreto el Tribunal Electoral del Distrito Federal, gozara de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Esta finalidad que el legislador federal estipuló de manera literal, no deja lugar a ambigüedades ni a interpretaciones y dispone de manera puntual que el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal es el único facultado para tramitar, cubrir y otorgar las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados que componen el Tribunal Electoral del Distrito Federal, facultades que de manera ilegal se pretende arrogar la Asamblea Legislativa con la reforma que por esta vía se ataca. Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto del inciso e) del artículo 224 del Código Electoral del Distrito Federal, cuya inconstitucionalidad se plantea por esta vía, disponen: ‘Artículo 224. El Tribunal Electoral del Distrito Federal funcionará en forma permanente en Tribunal Pleno y se integra por cinco Magistrados electorales uno de los cuales fungirá como su presidente. El Magistrado presidente y los Magistrados electorales del Tribunal Electoral del Distrito Federal serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Conforme al mismo procedimiento, se designarán tres Magistrados suplentes en orden de prelación quienes únicamente percibirán remuneración durante el tiempo que ejerzan las funciones de Magistrado propietario. La elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal se realizará conforme a las bases siguientes: ... e) De producirse una ausencia definitiva, el presidente llamará al Magistrado suplente que corresponda según el orden de prelación en que fueron designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que concurra a rendir la protesta de ley ante el Pleno del tribunal. En el caso de que alguno de los Magistrados suplentes no acepte el cargo, se llamará al siguiente en el orden de prelación que corresponda. Una vez que el suplente haya protestado el cargo respectivo, la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a treinta días naturales designará al nuevo suplente; en caso de encontrarse en receso legislativo, la designación se hará en el periodo de sesiones inmediato. Solamente por causa justificada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá autorizar a los Magistrados electorales titulares licencia para ausentarse del cargo hasta por 90 días naturales al año; para el caso de que al concluir el término de la licencia concedida no se presentare se reputará como ausencia definitiva. De igual forma la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinará como ausencia definitiva cuando el Magistrado titular no se presente injustificadamente a 5 sesiones consecutivas del Pleno del tribunal, o existan elementos para determinar su imposibilidad física o jurídica para el desempeño de sus funciones. No podrán otorgarse licencias a los Magistrados electorales durante los procesos electorales o de participación ciudadana, salvo por causa grave a juicio de la Asamblea Legislativa; ...’. De la simple lectura al precepto anteriormente transcrito se hace evidente la contravención al artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que es claro que existen violaciones directas entre este artículo y lo preceptuado en el texto constitucional, especialmente lo previsto en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f) y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal. Lo anterior se plantea así, ya que los dispositivos constitucionales enunciados disponen que el Tribunal Electoral del Distrito Federal tendrá garantizada su independencia y gozará de autonomía en su funcionamiento, lo cual fue recogido y expresado de manera indubitable por el legislador ordinario federal en el artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al establecer que las renuncias, licencias y ausencias de los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Distrito Federal serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno de dicho órgano electoral. De esta manera y de acuerdo con las consideraciones anteriores, la reforma que en este momento se ataca es contraria a los artículos de la Constitución y del Estatuto de Gobierno antes señalado, ya que la pretensión de que sea el órgano legislativo del Distrito Federal quien otorgue, tramite las licencias o cubra las ausencias de los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, no es más que apartarse de lo preceptuado en el artículo 133 del Estatuto de Gobierno, en contravención a las bases estipuladas por el artículo 122 de la Ley Fundamental del país, pues la Asamblea Legislativa asume una facultad que no le corresponde menoscabando la independencia y autonomía de la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral en el Distrito Federal. No obstante lo anteriormente señalado, los preceptos cuya invalidez por esta vía se reclaman, se encuentran en colisión con lo preceptuado en el inciso i), fracción II, del artículo 227 del Código Electoral, del Distrito Federal. En efecto, el inciso i), fracción II, del artículo 227 del precitado ordenamiento electoral de manera armónica y sujetándose a lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atiende a lo ordenado en el artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, estableciendo lo siguiente: ‘Artículo 227. El Tribunal Electoral del Distrito Federal tiene las atribuciones siguientes: ... II. Además el Tribunal Electoral tendrá las atribuciones siguientes: ... i) Tramitar las renuncias, cubrir las ausencias y otorgar las licencias de los Magistrados, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; ...’. En estas condiciones, resulta evidente la contradicción entre estas dos hipótesis normativas, respecto a quién se encuentra facultado para tramitar las licencias de los Magistrados que conforman el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por un lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al expedir el artículo 224 del ordenamiento electoral local, se aparta de lo dispuesto de manera expresa en el numeral 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al otorgar facultades para autorizar las renuncias, licencias y ausencias de los Magistrados electorales al propio órgano legislativo local en menoscabo del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal. En el otro extremo, apegado al texto constitucional invocado con anterioridad y en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el inciso i), fracción II, del artículo 227 del Código Electoral del Distrito Federal, faculta al Pleno del tribunal a tramitar las renuncias, cubrir las ausencias y otorgar las licencias de los Magistrados, de conformidad con lo dispuesto por el propio estatuto aludido con anterioridad. En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho, se solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declare la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del inciso e) del artículo 224 del ordenamiento electoral del Distrito Federal y, en consecuencia, la validez del inciso i), fracción II, artículo 227 del precitado ordenamiento electoral. A mayor abundamiento, el párrafo tercero del inciso e) del artículo 224 del Código Electoral del Distrito Federal, mismo que entrará en vigor una vez que se actualicen los supuestos del artículo noveno transitorio del decreto de reformas al ordenamiento electoral publicado el 19 de octubre de 2005, también es violatorio de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, en relación con los artículos 108, 109, 122, apartado A, fracción I y apartado C, base primera, fracción V, incisos f) y m), y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal. El párrafo que en este acto se impugna, establece: ‘Artículo 224. ... e) ... Solamente por causa justificada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá autorizar a los Magistrados electorales titulares licencia para ausentarse del cargo hasta por 90 días naturales al año; para el caso de que al concluir el término de la licencia concedida no se presentare se reputará como ausencia definitiva. De igual forma, la Asamblea Legislativa determinará como ausencia definitiva cuando el Magistrado titular no se presente injustificadamente a 5 sesiones consecutivas del Pleno del tribunal, o existan elementos para determinar su imposibilidad física o jurídica para el desempeño de sus funciones. ...’. Con respecto a las ausencias de los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, como se ha argumentado con anterioridad, corresponde al Pleno de dicha autoridad electoral resolver lo atinente a dicho tema, tal como lo sostiene el artículo 133 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En consecuencia, se solicita que por economía procesal se tengan como reproducidos literalmente los argumentos que se han venido haciendo valer respecto a la violación a la Constitución Federal cometida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al expedir los párrafos tercero y cuarto del inciso e) del artículo 224 del Código Electoral del Distrito Federal. Dicho precepto excede las facultades legislativas que la Constitución Federal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal han concedido a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al establecer que: ‘... para el caso de que al concluir el término de la licencia concedida no se presentare se reputará como ausencia definitiva. De igual forma la Asamblea Legislativa determinará como ausencia definitiva cuando el Magistrado titular no se presente injustificadamente a 5 sesiones consecutivas del Pleno del tribunal, o existan elementos para determinar su imposibilidad física o jurídica para el desempeño de sus funciones. ...’. No debe pasar inadvertido que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de competencia legislativa para regular causales de inhabilitación o pérdida del cargo de Magistrados electorales que esté vinculado con el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Distrito Federal. No obstante lo anterior, en la especie se advierte que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se arrogó la atribución de declarar la ausencia definitiva de un Magistrado electoral y, con base en ese motivo, determinar su imposibilidad física o jurídica para desempeñar las funciones inherentes al cargo para, consecuentemente, privarlos de aquél. Obviamente, cualquier regulación que guarde relación con el régimen aludido, carece de sustento constitucional. Más aún, esta disposición se contradice explícitamente con lo previsto por el artículo 224, inciso d), del propio código reformado, que establece: ‘Artículo 224. ... d) Los Magistrados electorales serán electos para ejercer sus funciones para un periodo de ocho años improrrogables y sólo podrán ser privados de sus puestos en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; ...’. Ahora bien, los artículos 108, 109 y 122, apartado A, fracción I y apartado C, base primera, fracción V, incisos f) y m), de la Constitución Federal, que se transgreden, establecen: ‘Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. ...’. ‘Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones; I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas; II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.’. ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional. ...’. Por su parte, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en sus artículos 15 y 131, señalan: ‘Artículo 15. Las responsabilidades de los servidores públicos de los Poderes Locales del Distrito Federal, salvo las de los servidores de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se regularán por la ley federal de la materia en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. ‘Artículo 131. La ley establecerá las normas para la administración, vigilancia, disciplina en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos servidores en materia de responsabilidades estarán sujetos al régimen establecido en la ley de la materia.’. De acuerdo con los preceptos constitucionales y del Estatuto de Gobierno transcritos, se puede establecer que el Distrito Federal cuenta con un sistema mixto para la regulación de las responsabilidades de los servidores públicos, ya que, por una parte, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos f) y m), establecen la competencia de la Asamblea Legislativa para expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común, que incluye lo concerniente a las responsabilidades en que incurren los servidores públicos de dichos órganos jurisdiccionales. El Estatuto de Gobierno establece lo atinente a las responsabilidades de los servidores públicos del propio Distrito Federal, con exclusión de aquellos integrantes de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común, los que se regularán por la ley federal de la materia en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado ‘De las responsabilidades de los servidores públicos.’. En el mismo sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al expedir las leyes que regulan la renovación de los Poderes Locales lo hará apegándose estrictamente a sus facultades conferidas sin que en ningún momento se aprecie que este órgano legislativo tenga facultades para expedir o reglamentar de manera alguna lo relativo al sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a excepción de lo consignado en el párrafo inmediato anterior. En este tenor, vale la pena considerar los argumentos esgrimidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia que recayó a la acción de inconstitucionalidad 5/99 en la parte conducente del considerando vigésimo al resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 57 y 137 del Código Electoral del Distrito Federal y que, en esencia, son los siguientes: ‘Vigésimo. ... De igual modo, es preciso aclarar que el Tribunal Electoral del Distrito Federal constituye un órgano autónomo y de máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias de la materia, como se desprende del contenido de los artículos 128 y 131 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; esto es, los servidores públicos integrantes de este órgano no forman parte de los tribunales judiciales del fuero común, ya que por su autonomía quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de que así lo disponen los artículos 128 y 131 del citado Estatuto de Gobierno, cuyo texto es: «Artículo 128. El Tribunal Electoral del Distrito Federal será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en esta materia.». «Artículo 131. La ley establecerá las normas para la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos servidores en materia de responsabilidades estarán sujetos al régimen establecido en la ley de la materia.». Con base en lo anteriormente precisado, el concepto de invalidez motivo de análisis en este considerando es ineficaz, por lo siguiente: Los artículos 3o., fracción I bis, y 51 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen: «Artículo 3o. Las autoridades competentes para aplicar la presente ley serán: ... I. bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ...». «Artículo 51. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia. Asimismo, y por lo que hace a su competencia, las autoridades jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a X del artículo 3o., determinarán los órganos y sistemas para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de sus legislaciones respectivas.». El examen detenido de los artículos 57 y 137 del Código Electoral del Distrito Federal permite arribar a la conclusión de que no regulan cuestiones propias de la materia de responsabilidades de los servidores públicos, como lo entiende el partido político actor, sino que únicamente establecen el procedimiento a través del cual podrán ser removidos el consejero presidente, los consejeros electorales del Consejo General, el secretario ejecutivo, los Magistrados, los secretarios de estudio y cuenta y demás servidores del Tribunal Electoral del Distrito Federal, una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento administrativo que contempla la Ley Federal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19451-baeca226/magistrados-electorales-del-distrito-federal-el-articulo-224 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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