PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "... BAJO EL PRINCIPIO DE COCIENTE NATURAL Y RESTO MAYOR ..." Y, COMO CONSECUENCIA, EL ARTÍCULO 122 DEL CITADO ORDENAMIENTO, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA CONTENIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL (DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2005). PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 85 BIS Y 97 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDEN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL (DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2005). PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL ARTÍCULO 85 BIS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN I, 74, 75, 85, 97, 101 Y 102 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL (DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2005).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2005. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA III LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a los días siete y ocho de enero de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil cinco, en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Alberto Lara Rivera, Gabriela Cuevas Barrón, José Espina Von Roehrich, Obdulio Ávila Mayo, Mónica Leticia Serrano Peña, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, José de Jesús López Sandoval, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, María Gabriela González Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Irma Islas León, Sofía Figueroa Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Héctor Mauricio López Velásquez, José Medel Ibarra, Martha Teresa Delgado Peralta, Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega y Gerardo Díaz Ordaz Castañón, quienes se ostentaron como diputados de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron la norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: Órgano legislativo. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en cuanto a la discusión y aprobación del decreto por el que se reforma la Ley de Participación Ciudadana de Distrito Federal. Órgano ejecutivo. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que hace a la promulgación del decreto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 57-Bis de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco. El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal en cuanto al refrendo de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana referida. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en cuanto a la publicación de la multicitada reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:
"Primero. Se viola el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la inaplicabilidad (sic) del artículo tercero transitorio de la ley impugnada, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 57-Bis, de dieciséis de mayo de dos mil cinco. El artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘... Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales ...’. La ley impugnada tiene naturaleza eminentemente electoral, y su publicación se realiza dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral del año 2005, razón por la cual es necesario que esta Suprema Corte declare su inaplicabilidad, precisamente para el referido proceso electoral. En esa inteligencia se puede sostener que para los efectos de la acción de inconstitucionalidad debe entenderse que son normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral, aquellas que establecen el régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos del poder representativo del pueblo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal. En otras palabras, la materia electoral se encuentra integrada por los derechos políticos que posibilitan la participación directa o indirecta de las personas, individual o colectivamente, en los procesos de formación de la voluntad estatal, y el acceso al gobierno; el sistema representativo que permite la participación de los ciudadanos o individuos en los asuntos públicos, bien sea directamente o mediante representantes libremente electos; el ejercicio del sufragio -ya activo, ya pasivo- en elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio del voto universal, libre, secreto y directo; el nombramiento o acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas; la asociación y petición en materia política y la defensa de la República y sus instituciones. De la interpretación jurídica, armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, 36, fracciones II, IV y V, 41, 51, 52, 56, 60, 81, 115, fracción I, 116, fracción I y 122, fracción III, de la Constitución Federal, se infiere que para los efectos de la acción de inconstitucionalidad, establecida en la fracción II del artículo 105 de dicha Carta Fundamental. Respecto a lo señalado en el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Carta Magna, las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones fundamentales. Debe entenderse, que son normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral, aquellas que establecen el régimen conforme el cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal. En el caso que nos ocupa, mediante el procedimiento estipulado en las reformas aludidas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, serán elegidos los miembros de los comités ciudadanos quienes conformarán un órgano de poder representativo del pueblo del Distrito Federal. Las reformas a la Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal impugnadas en este acto sí representan modificaciones fundamentales, ya que generan un nuevo procedimiento de elección, procedimientos que iniciarán en las unidades territoriales que determine el Instituto Electoral del Distrito Federal el próximo veinte de julio del año en curso, con la expedición de la convocatoria respectiva. Es claro que dicha ley en base a su publicación y en base a la convocatoria que deberá realizarse, no cumple con lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los noventa días de anticipación y de acuerdo a lo que contemplan los artículos de la ley impugnada que resultan relevantes para descifrar la cuestión de estudio señala. ‘Artículo 98. Los comités ciudadanos serán electos durante los días sábado y domingo de los meses de septiembre y octubre se iniciarán sus funciones el primero de diciembre del año de la elección.’. ‘Artículo 100. La organización del proceso de elección de los comités ciudadanos estará a cargo del Instituto Electoral, de acuerdo a lo que establece esta ley.’. ‘Artículo 101. La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, cuando menos cuarenta y cinco días antes del periodo en que se realice la primera asamblea ciudadana electiva y deberá contener como mínimo lo siguiente: I. El catálogo de Unidades Territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales y las secciones electorales que las integran. II. Los requisitos y plazo para el registro de planilla. III. El periodo de campaña y el calendario de asambleas ciudadanas electivas, en el IV. Que se indicará lugar, fecha y hora de su realización.’. ‘Artículo 102. La organización del proceso de elección de los órganos de representación ciudadana en cada demarcación territorial estará a cargo de las Direcciones Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal, las que se encargarán de la preparación, registro de planillas, capacitación, entrega de material y documentación electoral, cómputo y entrega de constancias de integración del comité ciudadano. Las direcciones distritales tendrán la facultad de corregir las omisiones y/o errores que se hayan cometido al registrar las planillas, únicamente en lo referente a los nombres de los integrantes y el número de registro. Estas correcciones se realizarán a petición de los interesados dentro de los cinco días siguientes al registro de las planillas.’. Por otro lado, es importante recalcar el hecho de que el artículo 113 de la actual Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal establece textualmente que: ‘Artículo 113. Las controversias que se generen con motivo de la organización del proceso de elección de los comités ciudadanos en cualquiera de sus etapas serán resueltas en primera instancia por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, y sus resoluciones serán impugnables ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal.’. Lo anterior clarifica ampliamente la naturaleza de las reformas impugnadas, ya que como es la autoridad electoral la que califica y resuelve las impugnaciones realizadas a los procesos de selección de los comités ciudadanos, es más que claro que dichas reformas entran dentro del ramo de las llamadas leyes electorales. Es menester señalar que el Tribunal Electoral local como órgano autónomo y máxima autoridad en la materia es quien resolverá las impugnaciones realizadas a los procesos de selección, haciendo hincapié en que dicha autoridad es la que tiene a su cargo las violaciones político-electorales que se puedan realizar y toda vez que dicha facultad le es implícita a un órgano de dicha naturaleza es más que claro que las reformas a la Ley de Participación Ciudadana es netamente materia electoral. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente establece lo siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, diciembre de 1995. Tesis P. CXXX/95. Página 205. ‘CONSEJEROS CIUDADANOS. LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS, FORMA PARTE DE LA MATERIA ELECTORAL.’ (transcribe y cita precedente). Es importante recalcar el objeto que el legislador buscaba al no permitir que ninguna ley electoral tuviera modificación antes de que empezara cualquier proceso electoral, dar la certeza de una elección limpia que no estará empantanada por actos anteriores a su realización, así como darle seguridad jurídica a los ciudadanos participantes. Como ya se señaló, el Instituto Electoral del Distrito Federal debe expedir la convocatoria para la elección de los comités ciudadanos cuando menos cuarenta y cinco días antes del periodo que se realice la primera asamblea ciudadana electiva, es decir, si se toma en cuenta que la primera asamblea ciudadana electiva debe realizarse el primer sábado de septiembre de dos mil cinco, luego entonces el Instituto Electoral del Distrito Federal debe expedir la convocatoria de la elección de los comités ciudadanos a más tardar el día veinte de julio de dos mil cinco. Ahora bien, toda vez que la convocatoria debe ser emitida el veinte de julio de dos mil cinco, la ley que regula la elección de la materia no debió tener modificación alguna noventa días antes, es decir, no debió sufrir reforma o adición alguna antes del veintiuno de abril del año en curso, cuestión que en el presente caso no aconteció, ya que como ha quedado precisado las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana fueron publicadas el dieciséis de mayo de dos mil cinco. Quiere decir que las reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 57-Bis, de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco, no son aplicables para el proceso electoral de participación ciudadana del año dos mil cinco. Por lo anterior y toda vez que las reformas impugnadas autorizan llevar a cabo elecciones aun contraviniendo manifiestamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ubica como una ley especial en virtud de que en ésta aplica un hecho no usual y violatorio, ninguna ley debe contener preceptos contradictorios con otras leyes en un sano ejercicio de la aplicación del derecho, y si ésta persiste, está la Corte para resolverlos y como puede apreciarse, este ordenamiento contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Violación al artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, las fracciones I y II del artículo 35 de la Ley Suprema de la Federación disponen: ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. ... Los artículos 85 Bis, 89, 112 y 122 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de mayo de dos mil cinco, violentan los dispositivos constitucionales citados, ya que no generan condiciones de certeza, legalidad y equidad entre los ciudadanos que aspiren a ser miembros del comité ciudadano, así como la incertidumbre de los electores de a quién van a elegir como miembro del comité ciudadano. En efecto, el artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadan
para el Distrito Federal mandata: ‘Artículo 75. En cada unidad territorial habrá una asamblea ciudadana, que se reunirá al menos tres veces por año, será pública y abierta y se integrará con los habitantes de la unidad territorial, los que tendrán derecho a voz, y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho a voz y voto. No se podrá impedir la participación de ningún vecino del lugar en la asamblea ciudadana sin causa justificada. En éstas podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz. En la asamblea ciudadana se elegirá un comité ciudadano por unidad territorial, cada tres años. A la asamblea ciudadana en la que se lleve a cabo el proceso de elección de comité ciudadano se le denominará asamblea ciudadana electiva.’. Por su parte, el artículo 85 Bis de la Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal estipula: ‘Artículo 85 Bis. Para que una asamblea ciudadana electiva se constituya deberá estar presente al menos el 0.5 por ciento del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de la unidad territorial respectiva. La asamblea ciudadana electiva se llevará a cabo en primera convocatoria con un quórum de 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y presenten su credencial para votar con fotografía, si no se reúne el quórum necesario, los funcionarios autorizados por el Instituto Electoral del Distrito Federal harán una segunda convocatoria a fin de constituir la asamblea ciudadana electiva respectiva a la semana siguiente de la primera convocatoria, con el número de ciudadanos que se encuentren presentes, en cuyo caso no podrá ser menor al número de integrantes del comité ciudadano. La asamblea ciudadana electiva será convocada por el Instituto Electoral del Distrito Federal en términos de lo dispuesto por el artículo 101 de la presente ley. Para constituir una asamblea ciudadana electiva los ciudadanos acudirán el día y hora señalados en la convocatoria. La asamblea ciudadana electiva se realizará en presencia del o los funcionarios acreditados para tal efecto por el Instituto Electoral del Distrito Federal, personal que certificará el quórum y llevará a cabo el procedimiento de elección. El Instituto Electoral del Distrito Federal será la autoridad responsable de validar el resultado de la elección.’. En efecto, genera incertidumbre dicho dispositivo toda vez que no se establecen horarios de inicio de la asamblea ciudadana electiva ni tampoco establece a partir de qué hora se podrá determinar la falta de quórum. Por su parte, el artículo 89 de la supracitada Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal estipula: ‘Artículo 89. El comité ciudadano se conformará por nueve integrantes electos y ningún género podrá tener una representación mayor a seis integrantes.’. La aplicación del artículo 89 in fine se contrapone con la aplicación del artículo 112 del propio ordenamiento que se combate, en virtud de que dicho numeral prevé que la integración de cada comité ciudadano será proporcional, bajo el principio de cociente natural y resto mayor. Dicho dispositivo invocado establece: ‘Artículo 112. El cómputo de la elección e integración del comité ciudadano se efectuará el martes siguiente a la fecha de la realización de la asamblea ciudadana electiva en las direcciones distritales. Concluido el cómputo se efectuará la integración proporcional de cada comité ciudadano bajo el principio de cociente natural y resto mayor.’. No obstante que se comparte el espíritu de generar mayores condiciones de equidad entre los géneros; también es menester destacar que la aplicación de la fórmula a que hace referencia el artículo 89 de la Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal y, por ende, el aseguramiento de la proporcionalidad de género no permite la aplicación de la fórmula de cociente natural y resto mayor y, en consecuencia, no podrían cumplirse los supuestos a que hace referencia el artículo 89 de la ley en cita. Tal ambigüedad genera incertidumbre y confusión en cuanto a la fórmula y elección de los números de integrantes que constituirán un comité ciudadano, tanto para los ciudadanos que aspiran a tener la honrosa responsabilidad de ser electos como miembros de un comité ciudadano, como a los propios ciudadanos que en uso de sus prerrogativas no sabrán a quién están eligiendo, ya que la ley también es omisa en señalar el orden de prelación y la manera en que será asignado el coordinador de dicho comité ciudadano, lo que atenta el principio de certeza puesto que la conformación en la integración de dichos comités depende de factores diversos a la voluntad el elector. Incluso, ni siquiera están definidas en la propia ley de la materia, generando incertidumbre sobre dicha elección. Refuerza lo anterior, las observaciones enviadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Instituto Electoral del Distrito Federal mediante oficio PGC-IEDF/355/55 de fecha dos de junio de dos mil cinco, signado por Javier Santiago Castillo y enviado al diputado Carlos Reyes Gámiz, por medio del cual envía diversas observaciones al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, publicado el dieciséis de mayo de dos mil cinco, y en la observación relativa al artículo 112 del multicitado proyecto sostiene lo siguiente: ‘Al disponer una acción afirmativa en el artículo 89 y limitar a seis los integrantes del mismo género, se presentan problemas de aplicación de las fórmulas a que se alude. Ello llevaría a que se buscara en orden descendente de la planilla a quien corresponda al género que se requiere. Pero la ley no dice tal cosa y proceder de ese modo haría recurrible la integración del comité, pues no serían dos sino tres del criterios (sic) de integración. Dicho de otra manera, la aplicación de la fórmula de cociente natural y resto mayor no asegura que se cumpla con lo establecido en el artículo 89 y a la inversa; el aseguramiento de la proporcionalidad de género no permite la aplicación de la fórmula de cociente natural y resto mayor establecida en el artículo 112. Correlacionando el artículo en comento, con el 122 el cual establece que en caso de separación, remoción o renuncia de cualquiera de los miembros del comité ciudadano, el Instituto Electoral entregará la constancia de asignación a la persona que sigue en la lista de la planilla correspondiente, se nos presenta otro problema: Suponiendo que de dos planillas contendientes la primera inscribe seis mujeres y tres hombres y la segunda tres mujeres y seis hombres, en orden de prelación, podría darse el caso de que la integración del comité ciudadano superara lo establecido en el artículo 89, en ese caso qué se haría: ¿Se escogerían a los siguientes tres, es decir a los números 4, 5, y 6?. En otra situación, en un comité ciudadano renuncian, se separan o son removidos dos integrantes. Su integración original eran seis y tres hombres o mujeres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89. Los dos ciudadanos a los que el Instituto Electoral del Distrito Federal deberá entregar la constancia son del género mayoritario; si los asigna, incumple el artículo en cuestión, ¿qué se haría?. Obviamente, establecer cuotas de género para el registro de planillas es conveniente, pero, para la integración de los comités como resultado de una elección, resulta poco conveniente y de algún modo, podría tornarse discriminatorio. En este sentido, el instituto tendrá que buscar la salida legal más aseada, para intentar solucionar esta grave inconsistencia de la ley en el registro de planillas, sin embargo, lo anterior puede ser impugnable. Respecto a la asignación de integrantes la ley omite señalar el orden en que se tomarán los ciudadanos de las planillas, pues la misma debió precisar el orden de prelación y la manera en que será asignado el coordinador. Al no estar establecido lo anterior, se generarán graves problemas que serán motivo de litigio en el Tribunal Electoral.’. Tercero. Violación al artículo 35, fracción III, de la CPEUM (sic)-De igual manera, la reforma que por esta vía se reclama es violatoria del artículo 35, fracción III, de nuestra Carta Magna, mismo que textualmente establece lo siguiente: ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: ... III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.’. Es entonces que los artículos 85 Bis y 97 con su capitulado IV, en el tema de las asambleas ciudadanas y comités ciudadanos, violan este principio de asociación individual y libre obligando a todo ciudadano a participar en temas de asociación y política en dichos órganos y si es voluntad de cualquier gobernado por lo menos los que habitan en el Distrito Federal están restringidos en sus derechos, porque de acuerdo a esta ley se deberá de entender que son asambleas ciudadanas electivas cuando se reúnan los ciudadanos en los meses de septiembre y octubre para que sean elegidos para formar parte de los comités vecinales que representarán a un determinado número de ciudadanos y muchas de estas atribuciones se arrogan a los diputados, siendo que actualmente al ciudadano si le interese (sic) acude a su representante popular para que se convierta en su gestor o su voz mediante una gestión, en esta ley se crean otras figuras de representación, dónde queda la libertad de todo habitante, si entra en acción esta ley, se termina esta facultad para actuar y tener voz ante la autoridad en forma individual, que además establece la obligatoriedad de estar inscrito en el padrón electoral del Distrito Federal y tener la credencial de elector, al constituirse dichas asambleas ciudadanas restringe al derecho individual y da un elemento para que las autoridades puedan evadir el derecho de petición, si éste se da en manera individual, por tanto, no habrá un canal directo entre el individuo y las autoridades. ‘Artículo 85 Bis.’ (transcribe nuevamente). Como se puede apreciar en el artículo 85 Bis de la reforma de la ley en comento, se aumenta de forma por demás violatoria una cuarta autoridad, es decir la asamblea ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal, da atribuciones muy especiales a estos comités ciudadanos como si fueran un nivel de gobierno nuevo que no es contemplada por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por un lado, sirven como enlace entre el particular y las autoridades, por otro, sirven como para fiscalizar, luego pareciera que tienen alguna atribución como de diputados. Por último, es importante manifestar la necesidad de que el Máximo Órgano judicial resuelva con prontitud la inconstitucionalidad de las reformas impugnadas. Lo anterior, toda vez que las elecciones para conformar los comités ciudadanos se llevarán a cabo la primera semana de septiembre, por lo que en caso de que no se resuelva el presente conflicto a la brevedad posible, dicho asunto se quedará sin materia. Cuarto. Violación al artículo 41, fracción I, párrafo segundo y 122, base cuarta, de la CPEUM. Lo constituye la violación al artículo 41, fracción I, párrafo segundo, constitucional, que establece claramente a quién le compete el derecho de promover la participación del pueblo en la vida democrática, y además el derecho de los partidos de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; sin embargo, esta Ley de Participación Ciudadana se atribuye una facultad que de acuerdo al artículo en mención es la finalidad de los partidos políticos; es decir, promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, todo esto mediante, entre otros elementos, por el sufragio universal, libre, secreto y directo. En dicha Ley de Participación Ciudadana se establece la fórmula de las elecciones de los comités ciudadanos, mediante este principio y para un fin que nuestra Constitución señala exclusivo a los partidos políticos manifiesta la infracción a la Carta Magna, que de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Participación Ciudadana. Igualmente, el artículo 88, fracción VII, de la Ley de Participación Ciudadana, es contrario a lo establecido en el artículo 122, base tercera, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece que el comité ciudadano supervisará el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la asamblea ciudadana para la unidad territorio, supervisión que evidentemente invade la competencia y atribuciones de la administración pública del Distrito Federal. Para demostrar los argumentos hechos valer en los conceptos de invalidez citados con antelación, acompañamos al presente escrito la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 57-Bis, de fecha dieciséis de mayo del dos mil cinco (anexo I); así como el oficio número PGC-IEDF/355/005, de fecha dos de junio del dos mil cinco, signado por Javier Santiago Castillo en su carácter de consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (anexo II). Por lo anteriormente expuesto, ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación con el debido respeto, atentamente solicitamos: Primero: Dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad conforme a lo establecido por los artículos 105, fracción II, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 59, 60, 61, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo: Turnar al Ministro instructor la presente demanda, a efecto de continuar con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria. Tercero: Una vez entablada la litis constitucional y agotado el procedimiento previsto para tal efecto, declarar la invalidez de la Ley de Participación Ciudadana, por existir contradicción 35, fracciones I, II y III; 41, fracción I, segundo párrafo, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 122, base tercera, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son: 35, fracciones I, II y III; 41, fracción I, segundo párrafo, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 122, base tercera, fracción I.
CUARTO. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, al que le correspondió el número 15/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de veintiuno de junio de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la acción relativa y determinó que no había lugar a tramitarse conforme a las reglas establecidas para la materia electoral, de conformidad con la tesis del Tribunal Pleno XVI/2005, de rubro: "NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTAS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", dado que la norma general impugnada no regula aspectos relativos previstos en la Constitución Federal, correspondientes a la elección de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (ambos en materia federal o local), o bien, los que integran algún Ayuntamiento; por lo que determinó que la acción se tramitara conforme al procedimiento ordinario. También ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran copia certificada de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20857-efbd79b6/participacion-ciudadana-el-articulo-112-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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