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Modo: Corpus Pro

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. EL ARTÍCULO 54, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉL NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2005). PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉL, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE CERTEZA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 26 DE FEBRERO DE 2005).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2005. · Registro digital (IUS): 20469
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2117.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2005. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de septiembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Adolfo Díaz Orueta, Darvin González Ballina, Rosalinda López Hernández, Miguel Salim Nazur Rivera, Luis Federico Pérez Maldonado, José Luis Sánchez López, Pedro Sergio Grimaldo Romo, Lázaro Méndez López, Nydia Naranjo Cobián, Guadalupe González Domínguez, Heber Sánchez Alejandro, Francisco Sánchez Ramos y Jesús Selván García, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

"Órganos legislativos y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas: Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco y Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. Decreto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, aprobado en la sesión del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, celebrada el veintidós de febrero de dos mil cinco, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiséis de los mismos mes y año. ..."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:

"Primero. Violación del artículo 14, primer párrafo, de la Constitución General de la República (irretroactividad de la ley), en el artículo quinto transitorio del decreto de reformas a la ley orgánica. El artículo quinto transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, tal como fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de febrero de 2005, resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 14, primer párrafo, de la Carta Magna, en tanto que se establece de forma por demás evidente, en perjuicio de la representación popular conferida a los diputados que suscribimos el presente medio de impugnación, una aplicación retroactiva de la ley, además de imponer formas de organización al interior del Congreso del Estado, que atentan contra los principios de certeza, seguridad, equidad y legalidad que deben cumplirse para la formulación de las leyes y la integración y funcionamiento de los órganos colegiados en los Poderes Legislativos de la Federación y los Estados. Es así, que en el dictamen con proyecto de decreto producido y aprobado el 16 de febrero de 2005 por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco, bajo la equívoca pretensión de proveer a la continuidad y funcionalidad de los órganos de gobierno de la Cámara, especialmente en lo que se refiere a la nueva Junta de Coordinación Política establecida por los artículos 52 al 58 de la propia ley, se estableció un régimen transitorio, integrado originalmente por cinco artículos, por los cuales se disponía lo siguiente: a) En el artículo segundo transitorio se indicaba que la Junta de Coordinación Política sería constituida ‘inmediatamente’ a la entrada en vigor del decreto ‘integrándose por el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional como presidente y los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, como secretarios; así como por un vocal por cada fracción parlamentaria con más de un legislador.’. b) Por otro lado, en el artículo quinto transitorio del dictamen de referencia, se estableció que ‘con el propósito de armonizar los tiempos de ejercicio constitucional actuales del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y por esta única ocasión la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la actual legislatura que preside la Gran Comisión del Congreso del Estado, concluirá su función el 28 de febrero de 2005. En virtud de que la Quincuagésima Octava Legislatura está integrada por cuatro fracciones, corresponderá a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presidirla por 13 meses, del 1 de marzo de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2006. Una vez concluido este periodo, corresponderá presidir a la Junta de Coordinación Política por cinco meses a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional del 1o. de abril y hasta el 31 de agosto de 2006. Seguidamente, la responsabilidad de presidir la Junta de Coordinación Política tocará a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por el periodo de dos meses, del 1o. de septiembre hasta el 31 de octubre de 2006. Finalmente, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presidirá la Junta de Coordinación Política por el periodo de dos meses a partir del 1o. de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2006.’. Como es de verse de las dos disposiciones transitorias mencionadas, la mayoría de la comisión dictaminadora responsable pretendió, bajo el equívoco supuesto de ‘armonizar los tiempos legislativos’ establecer de manera unilateral, autoritaria y por demás arbitraria y alejada de los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad, aplicar en agravio de un conjunto de diputados, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en forma evidentemente retroactiva, una disposición que consideraba y descontaba sin razón alguna ni motivación o fundamento legal o constitucional, el tiempo en que conforme a la ley entonces aplicable ejerció de pleno derecho la titularidad de la Gran Comisión del Congreso del Estado, desde el 1o. de enero de 2004, hasta el 28 de febrero de 2005. Vale la pena, para establecer la pertinencia del concepto de violación a que nos referimos, rescatar diversas tesis que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada en materia de retroactividad: ‘RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA HIPÓTESIS EN QUE OPERA (MATERIA FISCAL). Denominarse retroactividad a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figura (retroactividad) implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio éste que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan. En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en esa época (contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor de lo que dispone el último numeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la peticionaria, al sostener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se obliga a efectuar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuando lo procedente es que para tal fin se atendiera a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del contribuyente beneficiado, acorde con la cual podía realizarse la acreditación aludida en los meses siguientes.’. ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia, retrobrando en relación a las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos verificados bajo una disposición anterior.’. ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.’. Es decir, en un acto por demás abusivo e inconstitucional, desde la elaboración del dictamen con proyecto de decreto, se proponía la aplicación en forma retroactiva de una disposición transitoria del decreto por el que se reforma la ley orgánica al imponer al grupo parlamentario del PRD en la nueva ley aprobada, consecuencias jurídicas derivadas de la anterior legislación, donde, como se ha dicho se le descontarían de su legítimo derecho a ocupar la titularidad de la nueva Junta de Coordinación Política en los plazos y tiempos que conforme al nuevo ordenamiento le correspondería, el lapso que desde la integración de la LVIII Legislatura había ocupado de pleno derecho la presidencia de la Gran Comisión durante 14 meses. En ese orden de ideas, es inaceptable que una nueva ley, que se supone debe surtir efectos hacia el futuro, pretenda descontar del nuevo ejercicio legislativo que corresponde a los diversos grupos parlamentarios, los plazos ya ejercidos por el grupo parlamentario del PRD, máxime cuando dicho ejercicio se realizó al frente de un órgano legislativo de naturaleza, diseño y funciones totalmente diferentes, es decir, la llamada Gran Comisión, del que ahora se establece, la Junta de Coordinación Política, que tiene una naturaleza totalmente diversa y con un conjunto de atribuciones y facultades igualmente diferenciados. Respecto de esta argumentación resultan por demás ilustrativas las tesis jurisprudenciales dictadas bajo los siguientes rubros: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondiente y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto, cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva-3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.’. A la luz de la teoría de los componentes de la norma jurídica adoptada por este tribunal, según la primera de las hipótesis contenidas en la tesis jurisprudencial que antecede, cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá modificarlos o suprimirlos, so pena de violar la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional. Por el contrario, si durante la vigencia de una norma jurídica, como ocurre en el caso, se realizaron el supuesto y las consecuencias en ella consignadas, resulta claro que una ley posterior no podrá, volviendo al pasado, modificar o suprimir al uno o a la otra, pero sí podrá regular, sin ser retroactiva, nuevos supuestos y las consecuencias de los mismos, así como establecer hacia el futuro una nueva regulación respecto de los destinatarios de la ley vigente que se habían encontrado regidos por la ley abrogada. En el caso, el problema de la irretroactividad radica en determinar si los artículos transitorios de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco afectan situaciones jurídicas concretas ya existentes al momento de su expedición, ya que de todo lo precedido, la interpretación al artículo 14 constitucional, obliga a los órganos legislativos a no expedir leyes con efectos retroactivos, so pena de contravenir la disposición normativa en comento, tal como aparece en las jurisprudencias siguientes: ‘GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues la intención del Constituyente en dicho precepto, fue prever de manera absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce desde el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos.’. ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS). (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN). El Código Civil de Yucatán como los demás que rigen en los diversos Estados del país, calcados del Código del Distrito Federal de mil novecientos veintiocho, ha pretendido resolver el problema de la retroactividad de la ley, mediante la siguiente fórmula: «Las disposiciones de este Código regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores a su vigencia, en cuanto con su aplicación no se violen derechos adquiridos.» (artículo 2o. transitorio). El legislador acogió en este precepto, la teoría del llamado «derecho adquirido», respecto de la cual Nicolás Coviello, en su obra «Doctrina General del Derecho Civil», dice: que no sólo es vaga e incierta en sí misma y sin sólida base científica, sino también de aplicación difícil y a menudo imposible, para resolver los casos variadísimos que se presenten; que no hay acuerdo entre los varios autores de la teoría, sobre si la intangibilidad del derecho adquirido significa respecto de su existencia únicamente, o también de las consecuencias que constituyen sus varias manifestaciones, y que hay también desacuerdo sobre el concepto mismo de «derecho adquirido», locución ésta que es defectuosa, pues si no puede haber en concreto un derecho subjetivo, sin un hecho adquisitivo, del cual derive en favor de una persona determinada un poder para con otra, lo mismo vale «derecho» a secas, que «derecho adquirido». También Roberto Ruggiero, al referirse a la noción del «derecho adquirido», en sus «instituciones de derecho civil», expresa que sus definiciones son tantas, cuantos son los escritores que las suscriben. Ante semejante desconcierto doctrinal, ha habido quien sostenga que dicha teoría debe desterrarse del campo de la ciencia jurídica, y algunos códigos modernos no la han acogido, apartándose de la antigua tradición (Código Civil Alemán). De cualquier modo, es necesario fijar la interpretación del artículo 2o. transitorio del Código Civil de Yucatán, antes transcrito, y para ello debe notarse que ese precepto excluye la aplicación de la nueva ley, respecto de los derechos que tuvieron lugar antes de su vigencia, ya que sólo habla de los efectos jurídicos de tales hechos, y excluye también los efectos realizados antes de la aparición de dicha ley, por la primordial razón que domina toda esta materia y que consiste en que «la ley no puede obligar antes de existir», pero si la ley no puede gobernar las causas que produjeron aquellos efectos, ni los efectos mismos, porque unas y otros son anteriores a su aparición, no puede decirse lo propio con respecto a los efectos jurídicos realizados después de dicha aparición, por más que resulten generados por hechos ocurridos antes; en otros términos, no cabe aplicar la nueva ley ni a los actos ni a los efectos de los mismos, que se hubieran realizado bajo el imperio de la ley anterior, sino tan sólo a los efectos que se realizaren después. Esta interpretación encuentra apoyo en la concepción romana. La célebre ley 7, título XIV, libro I, del código, se halla concebida en estos términos: «Es cosa cierta que las leyes y constituciones rigen y disciplinen negocios futuros, y no hechos pasados, salvo que expresamente hayan estatuido lo contrario, ya sea comprendiendo el tiempo pasado o bien los negocios que estén todavía pendientes». Esto quiere decir que sin una explícita declaración en contrario, del legislador, los hechos jurídicos y todas sus consecuencias legales se rigen exclusivamente por la ley que se hallaba en vigor al tiempo en que aquéllos se produjeron. La ley romana, en el silencio del legislador, admite en toda su pureza el principio de la irretroactividad, según el cual, la ley sólo dispone para lo futuro, no para lo pasado, y en éste se comprende, según el pensamiento de Pascual Fiore, no sólo el hecho de que puede depender la adquisición de un derecho, sino también los efectos legales de ese hecho, ya nacido e individualmente adquirido, «que se deben considerar como derechos accesorios de aquel derecho principal y, por tanto, sujetos a la autoridad de la misma ley vigente en el momento en que nació el derecho principal de que emanan.». (De la irretroactividad e interpretación de las leyes), Coviello, en su obra citada, expone así su teoría: «La ley nueva no es aplicable a consecuencias de hechos pasados, aun efectuados bajo su imperio, cuando su aplicación tenga como presupuesto necesario el hecho pasado, ya porque no fue conforme a la nueva ley, o bien por constituir el elemento de hecho de que surgen consecuencias jurídicas que no habrían nacido para la antigua ley; en cambio la nueva es aplicable en la hipótesis contraria ...». Más adelante, el propio autor resume así su teoría: «La máxima ley no tiene fuerza retroactiva», significa que el Juez no puede aplicarla a hechos pasados, o desconociendo las consecuencias ya realizadas, o quitando eficacia o atribuyendo una diversa a las consecuencias nuevas, sobre la base única de la apreciación del hecho pasado. Hecha esta exposición doctrinal, entremos al estudio del artículo 2o. transitorio, del Código Civil de Yucatán y observemos que este precepto impone una cortapisa a la aplicación de la nueva ley, en cuanto a los efectos jurídicos realizados después de la aparición de aquélla, cortapisa que consiste en que con tal aplicación no se violen derechos adquiridos, esto es, derechos engendrados en virtud del acto que se consumó al amparo de la ley reguladora del mismo. La Suprema Corte de Justicia, desecha toda idea, toda invocación a la doctrina inexistente del «derecho adquirido», contrapuesta a la noción de mera expectativa, y reteniendo sólo la primera noción, por tal entiende el derecho a secas, esto es, «cualquier interés jurídicamente protegido». Conviene, antes de terminar este estudio, hacer referencia a la doctrina de Ferrara. «La teoría que nosotros proponemos (dice el tratadista), es la del respeto de los hechos realizados, pero rigurosamente formulada sin restricciones ni adiciones complementarias. Se trata de una regla única y precisa que puede formularse así: Tempus regit factum. Todo hecho jurídico, ya sea un acontecimiento casual o un acto jurídico, se regula tanto en lo que mira a sus condiciones de forma como de sustancia, cuanto por lo que atañe a todos sus efectos -pasados, presentes o futuros-, por la ley del tiempo en que el hecho quedó jurídicamente realizado, salvo que la nueva ley quiera excluir en mayor o menor medida la eficacia del antiguo ordenamiento jurídico. Pero mientras esta cláusula de exclusión de la nueva ley, no resulta establecida expresa o tácitamente, rige el ordenamiento jurídico anterior que acompaña los hechos y relaciones que nacieron bajo su imperio, a través del nuevo régimen jurídico» (Tratado de Derecho Civil Italiano). La Suprema Corte de Justicia considera que la disposición transitoria del Código de Yucatán, no se ajusta exactamente ni a las doctrinas ni a la norma romana antes invocadas, si bien éstas prestan seguro apoyo a la interpretación que se ha dado a ese precepto. En resumen, hay que distinguir dos categorías de efectos: los que se produjeron con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, y los posteriores a la misma; los primeros caen bajo su régimen de la ley derogada; los segundos se gobiernan por la ley derogatoria. Lo más jurídico sería que también estos últimos se normaran por la abolida; pero esta interpretación tan radical, no puede sostenerse frente a los términos de la disposición legal de que se trata.’. Del análisis de la disposición que se combate, a la luz de los razonamientos vertidos en los textos jurisprudenciales transcritos, en un ejemplo llevado al absurdo, podría suponerse válido también que por una reforma legislativa como la que se combate, la mayoría simple del Congreso hubiese decidido que, toda vez que los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional detentaron la presidencia de la Gran Comisión desde el establecimiento de esta figura, hasta la Legislatura LVII, entonces no le correspondiese ‘para armonizar los tiempos legislativos’ volver a ocupar ningún cargo de dirección parlamentaria durante las próximas veinte legislaturas, bajo el falaz argumento de que ello resultaría en condiciones de equidad y proporcionalidad respecto de los otros grupos parlamentarios, que es lo que subyace en el fondo de los mencionados artículos segundo y quinto transitorios del dictamen. Segundo. Violación del artículo 16 de la Constitución General de la República, en los artículos segundo y quinto transitorios del decreto de reformas a la ley orgánica. No obstante las anteriores inconsistencias y evidente inconstitucionalidad de los dispositivos transitorios en comento al pretender que se aplique retroactivamente una ley en perjuicio del grupo parlamentario del PRD, el Congreso del Estado fue aún más allá y, también mediante procedimientos por completo autoritarios e ilegales aprobó posteriores modificaciones al dictamen que le fuera sometido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con lo que incurrió en mayores desatinos y violaciones a los principios de certeza y seguridad jurídica respecto de los sujetos obligados por las modificaciones y reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Efectivamente, durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados realizada el 22 de febrero de 2005, donde se sometió a consideración del órgano legislativo, previa propuesta del diputado priísta Marco Antonio Leyva Leyva, de modificar el orden del día, el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realizaron diversas modificaciones al proyecto originalmente votado y presentado por la dictaminadora, según consta en el acta de la sesión correspondiente, a propuesta del diputado del Partido Acción Nacional Antonio Lope Báez, específicamente para modificar las fracciones XVI y XVII del artículo 53, y el artículo quinto transitorio; así como para adicionar una fracción XVIII al citado artículo 53 y un artículo sexto transitorio del proyecto de decreto comentado. En términos de la propuesta de modificaciones presentada por el diputado Lope Báez, y una vez levantada la votación, se aprobó, en el aspecto que nos interesa, una nueva redacción del artículo quinto transitorio y un nuevo artículo sexto transitorio en los siguientes términos: ‘Artículo quinto. Con el propósito de armonizar los tiempos de ejercicio constitucional actuales del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y para hacer efectiva la participación de las distintas fracciones parlamentarias que integran la actual legislatura de acuerdo a su representatividad, por esta única ocasión la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la actual legislatura que preside la Gran Comisión del Congreso del Estado, concluirá su encargo al cumplir 14 meses al frente de dicho órgano colegiado, el 28 de febrero de 2005. En virtud de que la Quincuagésima Octava Legislatura está integrada por cuatro fracciones, corresponderá en primer término a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática Revolucionario Institucional (sic) presidir la Junta de Coordinación Política por el periodo de dos meses, a partir del primero de marzo y hasta el 30 de abril de 2005. Concluido este periodo, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la presidirá por trece meses, del primero de mayo de 2005 y hasta el 31 de mayo de 2006. Seguidamente, corresponderá presidir la Junta de Coordinación Política por cinco meses a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, del primero de junio y hasta el 31 de octubre de 2006. Finalmente la responsabilidad de presidir la Junta de Coordinación Política tocará a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por el periodo de 2 meses del primero de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2006.’. ‘Artículo sexto. La Junta de Coordinación Política, atendiendo a lo señalado por el artículo 53, fracción XVI, deberá crear el Comité de Evaluación cuya función será la de supervisar el ejercicio del gasto; dicho órgano estará integrado por los vocales de la Junta de Coordinación Política, su presidencia será rotativa, recayendo dicha responsabilidad en el diputado de la misma fracción que presida la Junta, excepto cuando la presidencia corresponda a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en cuyo caso será la Junta de Coordinación quien determine su titular.’. Como resulta evidente, la mayoría del Congreso del Estado no sólo refrendó, sino que agravó la inconstitucionalidad en que incurrió la comisión dictaminadora en la redacción del artículo quinto transitorio, cuando decidió por una cuestión de exclusivo cálculo e interés político modificar el orden de prelación en que correspondería a cada una de las cuatro fracciones parlamentarias presidir la junta de coordinación por lo que resta del ejercicio de la actual LVIII Legislatura, invirtiendo prácticamente el orden propuesto por la comisión dictaminadora y estableciendo ahora que bajo la ley orgánica modificada, el primer periodo de dos meses correspondería al grupo parlamentario del PRD ocupar la presidencia de la Junta; posteriormente al grupo parlamentario del PRI por trece meses; seguidamente al grupo del PAN por cinco meses; y finalmente a la fracción parlamentaria del PVEM, por dos meses, para concluir la legislatura el 31 de diciembre de 2006. A pesar de que se persistió en la retroactividad en la aplicación de la ley por vía del artículo quinto transit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20469-dc1ca933/poder-legislativo-del-estado-de-tabasco-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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