ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 059 EMITIDO POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2007, AL ESTABLECER QUE LAS PERSONAS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO DECRETO, VIOLA EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL CUAL ÉSTE SE REFORMÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE JULIO DE 2007, AL EXCEDER EL PLAZO PREVISTO EN ESTE ÚLTIMO PARA IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS RELACIONADOS CON ESE DERECHO FUNDAMENTAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DECRETO 059 EMITIDO POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2007, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2008. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR F. HERNÁNDEZ BAUTISTA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de septiembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alipio Ovando Magaña, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, Adán Augusto López Hernández, Óscar Cantón Zetina, Casilda Ruiz Agustín, Crisanto Salazar Ruiz, José Alberto Pinzón Herrera, Cristóbal Javier Angulo, Rafael Acosta León, Ezequiel Ventura Baños Baños, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, Armando Narciso Correa Peña, Domingo García Vargas y Julio César Vidal Pérez, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que demandaron la invalidez de la norma general emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma impugnada:
"A. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, depositado en el honorable Congreso del Estado de Tabasco, en su Quincuagésima Novena Legislatura. Emisor del Decreto 059 que se impugna, especialmente en su artículo sexto transitorio.
"B. El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, depositado en el ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Promulgador del Decreto 059 que se impugna, especialmente en su artículo sexto transitorio, con la firma o refrendo del consejero jurídico Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco (sic).
"Norma general cuya invalidez se reclama: Decreto 059 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; especialmente el artículo sexto transitorio de dicho decreto, incluyendo la derogación del artículo quinto transitorio de la ley."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez.
"Con relación a las violaciones al procedimiento legislativo, la emisión de la norma general impugnada vulnera el contenido de los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 72, inciso f), 116, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 25, fracción VIII, 28, fracción X, 74, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 2o. y 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 6o. de Código Civil para el Estado de Tabasco, por lo siguiente:
"Los artículos 14 y 16 constitucionales establecen las garantías de legalidad, seguridad jurídica, de audiencia, del debido proceso y de exacta aplicación de la ley. El artículo 14 constitucional consagra que nadie puede ser privado de sus derechos y posesiones si no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 postula que nadie puede se molestado en su persona, papeles o posesiones sin que exista un acto de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"En virtud de ello, todo acto de molestia debe provenir de autoridad competente, constar por escrito y estar fundado y motivado, de lo que deriva que el artículo 16 en comento consagra la garantía de legalidad, a través de la cual se protege todo el sistema jurídico mexicano, desde la propia Constitución Federal hasta cualquier disposición general secundaria, incluyendo las Constituciones Locales, pues, al señalar ese numeral ‘que funde y motive la causa legal del procedimiento’, se refiere a que el acto autoritario debe no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que también ser legal, es decir, fundado y motivado en una disposición normativa.
"Luego entonces, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite en la forma y términos que la propia normatividad determine.
"Así pues, tomando en consideración que los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conformes con ésta, debe estimarse que, considerando el término ‘ley’, en sentido genérico -ley material-, esto es, en el sentido de norma o conjunto de normas jurídicas, el principio de legalidad se extiende también al Poder Legislativo, ya que éste se encuentra sujeto a normas de rango constitucional y legal -en las que generalmente se regula el procedimiento legislativo-, por lo que el órgano parlamentario, lejos de ser ilimitado, encuentra límites constitucionales que, en caso de ser vulnerados, resultarán en la invalidez de sus actos.
"Asimismo, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado reiteradamente que, tratándose de actos legislativos, no se exige que expresen de manera concreta los fundamentos y motivos en que se sustentan, dada su propia y especial naturaleza, ya que estos requisitos se satisfacen cuando el Congreso que expide la ley actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).
"Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia ciento cuarenta y seis, visible a foja ciento cuarenta y nueve, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que señala:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"Por otra parte, lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, y 116 de la Constitución Federal, reviste singular importancia, puesto que en ellos se establecen los límites dentro de los cuales los Estados de la República pueden ejercer su soberanía interna y las Legislaturas puedan ejercer la soberanía popular de la que están investidos, de acuerdo con los principios rectores que consagra la Constitución Federal. Así tenemos que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una República representativa, democrática y federal compuesta de Estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación conforme a los principios de la Ley Fundamental; que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de los Estados por lo que toca a sus regímenes interiores; que las constituciones de los Estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal; que el poder público de los Estados se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que dos o más poderes se reúnan en una sola persona o corporación, ni depositar el Legislativo en un solo individuo.
"En efecto, si bien el artículo 124 constitucional establece, por exclusión, las facultades que corresponden a los Estados, ello no se traduce en el hecho de que, dentro de sus textos normativos, puedan modificar los principios o bases del modelo federal, o bien, su forma de gobierno, o el modo de legislar, ya que nunca deben contravenir los principios rectores que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Más aún cuando los artículos 128 y 133 de la Constitución Federal obligan a todo funcionario protestar cumplir y hacer cumplir a ésta, la cual constituye la Ley Suprema de toda la Unión.
"Por tanto, todo acto autoritario, así sea legislativo, no puede ser arbitrario, sino que debe dictarse con arreglo a la Constitución Federal, a las Constituciones particulares de los Estados y a las leyes que de ellas emanen, en un orden decreciente de jerarquía normativa, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los Estados que componen la Federación Mexicana son libres y soberanos en su régimen interno, pero sus Constituciones no pueden vulnerar el Pacto Federal, al que reconocieron como Ley Suprema de la Federación. A su vez, los Poderes Legislativos Locales deben emitir leyes acordes a los preceptos de la Ley Suprema, pues al hacerlo en contravención a ella, daría lugar a ser declaradas inconstitucionales y, por ende, a ser expulsadas del sistema jurídico mexicano por la invalidez de las que están afectadas y que debe declarar mediante resolución del Poder Judicial de la Federación, ante el control concentrado de interpretación constitucional. Sirve de apoyo, en lo conducente, la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, octubre de 2004, página 264, tesis 1a./J. 80/2004, jurisprudencia. Materia(s): Constitucional.
"‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"Por ello, el poder legislativo de un Estado debe ceñir sus actuaciones con arreglo a la Ley Suprema, la que al decir de Kelsen se encuentra en la cúspide de la pirámide normativa de un sistema jurídico en particular, descendiendo en el orden jerárquico normativo, donde encontrará a la constitución particular de la entidad de que se trate, que es una ley secundaria en el sistema jurídico mexicano, proseguir descendiendo hacia las leyes locales y sus reglamentos, para fundar y motivar la causa legal del procedimiento legislativo. La Constitución Federal es la limitante al accionar legislativo en toda la nación.
"La Constitución Federal establece una limitante en la actuación del legislador, ya que previene en el inciso f) del numeral 72, que para los casos de reformas, adiciones o derogación se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Disposición que recoge el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, que rige la vida interna del Congreso emisor de la norma general impugnada.
"Conforme al procedimiento formal legislativo, previsto en los artículos 28, primer párrafo, 35, primer párrafo y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 25, fracción VIII, 28, fracción X, 74, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 2o. y 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 6o. del Código Civil para el Estado de Tabasco, con su publicación e inicio de vigencia culmina el proceso de formación de leyes y decretos legislativos, atento a lo siguiente:
"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco:
"‘Artículo 28. Toda resolución que al respecto expida el Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo, e iniciativa ante el Congreso de la Unión. Las dos primeras, cumplido el proceso legal, una vez firmadas por el presidente y el secretario se remitirán al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación.’
"‘Artículo 35. Las leyes o decretos aprobados por el Congreso se enviarán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer los promulgará inmediatamente. Se considerará aprobado por el Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su envío. Si corriendo este término, el Congreso cierra o suspende sus sesiones, la devolución deberá hacerse a más tardar el décimo día de haberse vuelto a reunir.’
"‘Artículo 51. Son facultades y obligaciones del gobernador:
"‘I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo del Estado y expedir los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.’
"Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco:
"‘Artículo 25. Son facultades y obligaciones del presidente del Congreso, las siguientes:
"‘...
"‘VIII. Firmar en unión del secretario, las actas de las sesiones luego que estén aprobadas, así como también los decretos que se envíen al Ejecutivo para su promulgación y publicación.’
"‘Artículo 28. Son obligaciones y atribuciones del secretario, las siguientes: X. Firmar en unión del presidente las leyes, decretos, y acuerdos económicos del Congreso, a fin de que se envíen los primeros al Ejecutivo para su promulgación y publicación, y se comuniquen los últimos a quien corresponda.’
"‘Artículo 74. Aprobado un dictamen, se remitirá al ejecutivo la ley o decreto correspondiente, quien si no tuviere observaciones que hacer, ordenará su promulgación y publicación.’
"‘Artículo 78. El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste ejerza funciones de colegio electoral o de jurado, lo mismo cuando se declare la procedencia de juicio político o que ha lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos o haber sido aprobadas las adiciones o reformas a la Constitución General de la República y a la del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y a su reglamento interno, tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.’
"‘Artículo 80. En la reforma, adición o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.’
"Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco:
"‘Artículo 2o. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde originalmente al gobernador del Estado quien tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas emanen, pudiendo delegar las facultades a él otorgadas en los servidores públicos subalternos, mediante acuerdo que se publicará en el Periódico Oficial, salvo aquellas que por disposición legal no sean delegables.’
"‘Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"‘...
"‘VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.’
"Código Civil para el Estado de Tabasco:
"‘Artículo 6o. Vigencia de las leyes.
"‘Las leyes, decretos, reglamentos, circulares, o cualquiera otras disposiciones de observancia general, expedidas por autoridad competente, entrarán en vigor en todo el territorio del Estado, tres días después del de la fecha de su publicación en el periódico oficial, excepto en los casos que en ellas mismas se precise el día de iniciación de su vigencia, ya que de ser así, obligarán desde el expresado día, siempre que su publicación sea anterior.’
"De conformidad con lo expuesto, para determinar si en su caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a las garantías de debido proceso y de legalidad, consagradas en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, que provoquen la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria, por no llegar a trastrocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes planteamientos.
"En una de las voces que define el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el procedimiento legislativo como proceso de formación de la ley, ‘es la serie ordenada de actos que deben realizar los órganos del gobierno facultados para ello, a fin de elaborar, probar y expedir una ley o decreto.’ A la luz del artículo 72 constitucional, plantea: ‘A pesar de algunas divergencias en la doctrina mexicana, podemos afirmar que el procedimiento legislativo está integrado por las siguientes fases: iniciativa, discusión, aprobación o rechazo, sanción, promulgación e iniciación de vigencia.’
"En cuanto a la última fase, en otra voz, el mismo diccionario especializado conceptúa en una primera acepción, que la iniciación de la vigencia de la ley es la: ‘Fase culminante del procedimiento legislativo, que marca el momento a partir del cual una ley, debidamente publicada, adquiere fuerza obligatoria para quienes quedan comprendidas dentro de su ámbito personal de validez.’ Como puede verse, para arribar a la fase culminante del procedimiento legislativo, el paso previo es la debida publicación a través de un medio oficial creado para tal efecto, que permita a la población conocer la existencia de una norma general.
"Nos expresa que la publicación de la leyes: ‘Obligación que corresponde al Poder Ejecutivo para que, una vez que la ley ha sido discutida, aprobada y sancionada, la dé a conocer a los habitantes del país, a través del órgano de difusión oficial, que en México se llama Diario Oficial, con lo que aquella adquiere fuerza obligatoria, inicia su vigencia y despliega todos sus efectos.’
"En el procedimiento legislativo no existe una rígida división de poderes, sino una relación de colaboración de poderes, ya que por regla general las iniciativas pueden provenir de los propios diputados del Poder Legislativo, pero también del titular del Poder Ejecutivo, ambos en cualquier materia. En Tabasco los Ayuntamientos y el Poder Judicial la pueden ejercer en los respectivos asuntos de su ramo. También se prevé la iniciativa popular. En la discusión, aprobación o rechazo, interviene únicamente el Poder Legislativo, quien de aprobar una ley o decreto lo envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Aquí debe colaborar el Ejecutivo para que una ley pueda llegar a nacer jurídicamente en el orden normativo.
"En la fase de sanción, el Ejecutivo puede hacer observaciones por las irregularidades que pudiera encontrar, para que el Legislativo las corrija; sin embargo en materia de reforma constitucional, el Ejecutivo está impedido para hacer observaciones, debiendo promulgar y publicar la reforma de inmediato.
"Una vez sancionada la ley por el Ejecutivo, la promulga y publica en el medio de difusión a su cargo. Cabe señalar que algunas legislaciones estatales establecen medidas para evitar el ‘veto de bolsillo’, publicando directamente sus resoluciones si en un plazo determinado no lo hiciere el Ejecutivo.
"La publicación es la condición determinante para que una ley o decreto inicie su vigencia. Así lo plantea el propio Legislativo al señalar en un artículo transitorio de la ley o decreto, el plazo o vacatio legis a partir del cual inicia su vigencia y la condición para lograr ese objeto. Esto es, que en un plazo fijado inicia la vigencia, computado a partir de la publicación en el medio oficial específicamente denominado; en Tabasco, el Periódico Oficial.
"En ese contexto y para el caso que nos ocupa, tenemos que en la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante el Decreto 036 por el que se adiciona un artículo 4o. bis con seis fracciones, el considerando quinto, en su primer párrafo primero (sic), expone: ‘Quinto. Que en un esfuerzo trascendente que implicó el consenso de varias entidades federativas, el Constituyente Permanente de la Nación, expidió el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de julio de 2007, por el que se aprobó la adición de un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar los principios y bases sobre las cuales habrá de constituirse el derecho a la información en nuestro país, particularmente aquella que se genera en el ámbito de lo público.’
"Esto es, la adición a la Constitución particular de Tabasco, con un artículo 4o. bis, obedeció a la reforma constitucional que el Poder Reformador Federal llevó a cabo para adicionar un segundo párrafo, con siete fracciones, al artículo 6o. de la Ley Suprema, vigente a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo transitorio segundo ordena a los Estados realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor del decreto.
"Esto es, el Constituyente Permanente Tabasqueño cumple en parte con esa obligación constitucional, al adecuar el marco constitucional local a dicha reforma de la Ley Suprema.
"El problema surge cuando pretendiendo hacer las modificaciones a la ley de la materia, a que se refieren las adiciones constitucionales en cuanto a transparencia y acceso a la información pública, el legislador ordinario señalado en esta promoción, se anticipó a hacer las adecuaciones, pues sin esperar a que entrara en vigor el Decreto 036 por el que se adicionó la Constitución particular de Tabasco, llevó a cabo la aprobación de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La reforma anticipada está contenida en el Decreto 059 que aprobó la Legislatura Local el 11 de diciembre de 2007, en cuyo considerando primero, copiado a la letra dice:
"‘Primero. Que en sesión de fecha 15 de noviembre del año 2007, esta Soberanía aprobó la adición del artículo 4o. bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para elevar a rango constitucional el derecho a la información y establecer los principios sobre los cuales se debe ceñir el acceso a la información pública a los gobernados. Dicha adición fue aprobada por la totalidad de los Ayuntamientos del Estado, acorde al cómputo realizado por este Congreso, en sesión de fecha 6 de diciembre de 2007.’
"Como puede apreciarse, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco obedece a la reforma constitucional local. Ésta se hizo para adecuarla a la Norma Suprema. Empero, la reforma legal se realizó sin esperar a que entrara en vigor la adición a la Constitución Local, pues el Ejecutivo del Estado sancionó y promulgó el Decreto 036 hasta el 17 de diciembre de 2007, faltando gravemente a su obligación constitucional de promulgar inmediatamente las leyes y decretos que le envíe el Legislativo, máxime cuando está impedido para hacer observaciones a las reformas de la Constitución Local.
"Cabe poner de relieve que el Ejecutivo del Estado de Tabasco efectuó la sanción de los decretos 036 y 059 el mismo día 17 de diciembre de 2007. Esto es, se sancionaron las reformas constitucionales y legales en la misma materia, el mismo día, aunque se publicaron con cuatro días de diferencia entre una y otra.
"Si bien el artículo segundo transitorio del Decreto 036 que adicionó a la Constitución Local el artículo 4o. bis, ordenó efectuar las reformas pertinentes a las disposiciones jurídicas secundarias, ello debió hacerse una vez que tal dispositivo adquiriera obligatoriedad, cuando la norma constitucional adicionada contara con eficacia normativa, cuando la reforma hubiere descargado todos sus efectos jurídicos, y no mientras se encontraba sub júdice. Al hacerlo anticipadamente, el órgano legislativo carecía de fundamentación, pues no actuó dentro de los límites de las atribuciones conferidas por la Constitución Local, pues aún no se incorporaba al texto de la misma la adición del artículo 4o. bis, ni se actualizaban los transitorios primero y segundo del Decreto 036, por lo que con base en la jurisprudencia invocada en primer lugar en este capítulo, se transgredió el sistema jurídico mexicano protegido por el principio de legalidad que enarbola el artículo 16 de la Carta Magna, rebasando los límites constitucionales de su autoridad, de su competencia y de su facultad legisladora, trastornando el procedimiento legislativo del Decreto 059.
"Al rebasar sus límites constitucionales, violentando el principio de legalidad, los actos del órgano legislativo emisor de la norma general impugnada, necesariamente derivarán en la invalidez de ésta. Más aún cuando se priva a los gobernados de su derecho fundamental a tener acceso a la información pública por más de un año, según el artículo sexto transitorio del Decreto 059, sin que se hubiesen cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, se quebrantan los principios constitucionales del debido proceso y de exacta aplicación de la ley.
"En su premura, el legislador local obstaculizó el ejercicio de una garantía individual, al restringir la facultad de lo ciudadanos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, durante un año después de la entrada en vigor del Decreto 59 esto es, se suspende la facultad de las personas para ejercer un derecho reconocido constitucionalmente, que debió iniciar el próximo 12 de febrero de 2008; ahora lo harán hasta el 30 de diciembre de 2008.
"El artículo sexto transitorio del decreto 059, expresa:
"‘Artículo sexto. Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales un año después de la entrada en vigor del presente decreto.’
"Dispositivo que contraviene el segundo transitorio del decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de julio de 2007, en el que se impone a los Estados el deber de expedir las leyes en la materia o, en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor del decreto. Por lo que si dicho decreto se publicó el día 20 de julio de 2007, su entrada en vigor se verificó el día 21 de ese mes y año; en consecuencia, el plazo de un año para realizar las modificaciones se cumple el día 21 de julio de 2008.
"Sin embargo, a pesar de las reformas constitucionales y legales, el derecho de acceso a la información pública es nugatorio para los tabasqueños, pues para el día 21 de julio de este 2008, fecha en que deberíamos contar en toda su plenitud con el derecho efectivo al acceso a la información pública, aún estará corriendo el plazo del artículo sexto transitorio del Decreto 059 que se impugna en esta vía de tutela constitucional; pues de acuerdo con la reforma legal, ese derecho sólo se podrá ejercer hasta el 30 de diciembre de 2008, ya que si el Decreto 059 se publicó el 26 de diciembre de 2007, y su entrada en vigor se dio al tercer día de su publicación, según lo dice el artículo primero transitorio, el plazo de un año después de la entrada en vigor, significa que será después del día 29 de diciembre de 2008, pues en este día se cumple un año exacto de vigencia, mas como debe ser después, estamos hablando que hasta el 30 de diciembre de 2008 podremos los tabasqueños ejercer esa garantía individual, más de cinco largos meses, si es que no se les ocurre a los legisladores locales volver a suspender por más tiempo ese derecho fundamental. En tal virtud, ante las violaciones graves al procedimiento legislativo, de carácter relevante, que trascienden de manera fundamental a la norma, desde luego provocan su invalidez y su inconstitucionalidad que deben ser estudiadas y resueltas por ese Tribunal Constitucional, estando en la oportunidad temporal para hacerlo, de acuerdo con la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 864, tesis P./J. 35/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional.
"‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"Al tratarse de violaciones procesales que tendrán un efecto de invalidación total de la norma general impugnada, debe ser estudiada previamente a los conceptos de invalidez referidos al fondo, pues a nada conduciría que habiendo declarado la invalidez del Decreto 059, por los vicios trascendentales en el procedimiento legislativo que lo llevaron a la creación como norma general, se analicen cuestiones que ya son inválidas; resultando aplicable en lo conducente la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 776, tesis P./J. 32/2007. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional.
"‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"Segundo concepto de invalidez.
"Violaciones a garantías individuales.
"En relación con las violaciones al fondo del asunto, la norma general impugnada contraviene el contenido de los artículos 1o., 6o., 14, 16, 29, 40, 41, 97, párrafo segundo, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"‘Artículo 6o.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"A su vez, el artículo 1o. constitucional, consagra:
"‘Artículo 1o.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"El artículo 29 de la Carta Magna, dispone:
"‘Artículo 29.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"El artículo 6o. de nuestra Carta Magna postula un derecho individual concebido dentro de las garantías individuales de nuestra Constitución Federal. Además de proteger una garantía de libertad, como es el de la manifestación de las ideas, también consagra el derecho al acceso a la información pública de reciente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21142-29e40671/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-sexto-transitorio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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