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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 9, APARTADO C, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 096, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008, QUE ESTABLECE LA FACULTAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO LOCAL PARA DESIGNAR, EN LOS RECESOS DEL PLENO, A LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO ESTATAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 096 QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008, QUE ESTABLECE LA FIGURA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2008. · Registro digital (IUS): 21667
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 1054.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2008. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alipio Ovando Magaña, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, Adán Augusto López Hernández, Óscar Cantón Zetina, Casilda Ruiz Agustín, Crisanto Salazar Ruiz, José Alberto Pinzón Herrera, Cristóbal Javier Angulo, Rafael Acosta León, Ezequiel Ventura Baños Baños, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, Armando Narciso Correa Peña, Domingo García Vargas y Julio César Vidal Pérez, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la declaración de invalidez del Decreto 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en específico, el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso b), así como el artículo tercero transitorio del propio decreto, emitido y promulgado por el Congreso y por el gobernador del Estado de Tabasco, respectivamente, publicado el ocho de noviembre de dos mil ocho en el Periódico Oficial de la entidad.

SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la minoría legislativa promovente estima violados son el 14, 16, 41, 116, 133 y 135.

TERCERO. En sus conceptos de invalidez los promoventes argumentan que el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso b), de la Constitución del Estado de Tabasco y el artículo tercero transitorio del Decreto 096 contravienen los artículos transitorios sexto, párrafo primero y séptimo del "Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, vulnerando a su vez los artículos 14, 16, 40, 41, 116 y 135 de la Constitución General de la República.

En su opinión, la facultad de la Comisión Permanente de designar a los consejeros electorales y al presidente del organismo electoral estatal y a sus suplentes, prevista en el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso b), de la Constitución del Estado de Tabasco, así como la disposición transitoria que ordena elegir cuatro consejeros electorales e igual número de suplentes a fin de integrar el Consejo Estatal, no tienen correspondencia con el artículo 41 de la Constitución Federal, consecuentemente, la Legislatura del Estado de Tabasco no cumplió con el deber de adecuar su legislación aplicable con la reforma constitucional publicada el trece de noviembre de dos mil siete.

La contravención deriva de que el artículo 41 de la Constitución Federal no prevé que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pueda nombrar al consejero presidente ni a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, y tampoco que existan consejeros suplentes.

En este sentido explica que la reforma constitucional del párrafo tercero, base III, del artículo 41 constitucional suprimió la facultad que tenía la Comisión Permanente de elegir al consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, quedando reservada dicha facultad al voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, por dos motivos:

Primero, por la posibilidad fáctica de que los diputados sean citados y concurran en breve tiempo a una sesión extraordinaria si el caso se presenta durante el periodo de receso.

En este sentido argumenta que si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se puede reunir en un tiempo mínimo, en el que deben concurrir quinientos diputados de toda la nación, por mayoría de razón lo pueden hacer los diputados locales, máxime que el Estado de Tabasco es de los más pequeños en extensión territorial y de los más comunicados en toda la República, en el que son treinta y cinco legisladores.

Segundo, porque se busca el mayor consenso en la designación de las autoridades electorales, las que deben de gozar de autonomía e independencia en el desempeño de sus funciones y toma de decisiones, para dar certeza a las elecciones como punto intermedio de la democracia.

Además, sostiene, si se toma en cuenta que la designación de los funcionarios electorales de los órganos de dirección de las instituciones correspondientes recae únicamente en las Cámaras de Diputados, especialmente por lo que hace al Congreso de la Unión, en la que existe el bicameralismo, se puede concluir que entre mayor representación del pueblo en su derecho a votar concurra a elegir a los consejeros electorales, mayor certeza, objetividad, imparcialidad e independencia habrá en la función electoral, dado que el acuerdo implica el consenso, pues debe votarse por lo menos con las dos terceras partes de los diputados presentes, y no sólo con la mayoría absoluta, mucho menos con la relativa.

Sobre este particular señala que cuando se fija como requisito el voto de la mayoría calificada de las dos terceras partes, sea para reformar la Constitución o elegir consejeros electorales, la voluntad del Constituyente es que se recurra al consenso o al mayor "mayoritarismo" posible, que refleje la composición ideológica y política de la sociedad interesada en sus instituciones.

Por estas razones, considera que las Constituciones de los Estados deben derogar la facultad extraordinaria que gozaban las Comisiones Permanentes de cada Congreso para elegir consejeros electorales y consejero presidente, reservando de manera exclusiva esa potestad al Pleno de la Cámara de Diputados.

En relación con la supresión de los consejeros suplentes, señala que en virtud de la reforma constitucional ahora sólo se pueden elegir consejeros propietarios, y a falta de éstos, el consenso de las dos terceras partes de los diputados presentes puede elegir a quien sustituya al faltante.

Por lo expuesto, considera que la Legislatura del Estado de Tabasco no cumplió con el deber de adecuar su legislación aplicable en materia electoral con la reforma constitucional en comento, pues se negó a mantener la homogeneidad básica de las normas jurídicas aplicables en el sistema electoral mexicano, para considerarla como un conjunto armónico en sus ámbitos de validez de las reformas a los artículos 41 y 99 de la Constitución Federal, a efecto de que estas nuevas disposiciones tengan correspondencia en las Constituciones y leyes electorales de los Estados, según la exposición de motivos, en su punto sexto del artículo 116 constitucional.

Consecuentemente, al contravenirse los transitorios sexto y séptimo de la reforma constitucional, plantea una violación al artículo 135 de la Constitución Federal, puesto que no se respeta la voluntad del Constituyente Permanente, que estableció el deber de los Estados para adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Revisor de la Constitución, además de no derogar la facultad de la Comisión Permanente para elegir a los consejeros electorales.

Igualmente, plantea violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, que consagran los principios de legalidad, seguridad jurídica, del debido proceso y de fundamentación y motivación; y a los artículos 40 y 41 de la propia Constitución, puesto que se atenta contra los principios de la Ley Fundamental y se contravienen estipulaciones del Pacto Federal. Finalmente, considera que al legislarse como se hizo en la norma impugnada, se pretende estar por encima de la Ley Suprema, o por lo menos retirarse de su hegemonía jurídica.

CUARTO. Por acuerdo de primero de diciembre de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 123/2008 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de la misma fecha, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Tabasco, quienes emitieron y promulgaron la norma impugnada, respectivamente, a efecto de que rindieran sus respectivos informes; asimismo, solicitó el correspondiente pedimento del procurador general de la República y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; además, solicitó al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tabasco informara de la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.

QUINTO. El Poder Legislativo del Estado de Tabasco, al rendir su informe, señaló lo siguiente:

a) Que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en virtud de que la reforma constitucional contenida en el decreto impugnado no violenta la Constitución Política Federal, puesto que la emisión de dichas reformas, adiciones y derogaciones se ajustaron a las bases contenidas en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Que los argumentos de la parte actora son infundados, pues en el citado artículo 116, fracción IV, no se establece que las Constituciones y las leyes secundarias de los Estados en materia electoral prevean ese tipo de disposiciones o que lo deben hacer de manera análoga a la Constitución Federal.

c) Que no obstante en el artículo 41 constitucional ya no existan consejeros suplentes y no se contemple que los consejeros electorales puedan ser nombrados por la Comisión Permanente, no obliga a los Estados a contemplarlo en sus Constituciones y leyes secundarias de la misma manera.

d) Que ni la inexistencia de consejeros suplentes, ni la posibilidad de designación por parte de la Comisión Permanente, son un principio constitucional, sino una regla dirigida únicamente al Instituto Federal Electoral, al cual le resulta aplicable en exclusiva.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, al rendir su informe, señaló lo siguiente:

a) Que el Poder Ejecutivo estatal únicamente procedió a sancionar y promulgar el Decreto 096, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Tabasco, sobre la base de que se habían cumplido los requisitos formales del procedimiento legislativo previsto en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado, y que no era contrario a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el titular del Poder Ejecutivo Local no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso cuando se trate de adiciones o reformas a la Constitución Local.

b) Que el Decreto 096 se refrendó y publicó de conformidad con los artículos 35, primer párrafo y 51, fracción I, de la Constitución del Estado de Tabasco, que establecen la obligación constitucional y legal del Poder Ejecutivo del Estado de promulgar las leyes, decretos y acuerdos que le sean enviados por la Legislatura del Estado para su validez.

SÉPTIMO. En su opinión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestó lo siguiente:

1) No se advierte una abierta contradicción entre el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, considera que el argumento utilizado por las comisiones del Senado de la República que dictaminaron el proyecto de reforma a la Constitución Federal en materia electoral, para derogar la facultad extraordinaria otorgada a la Comisión Permanente para elegir a los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral en los recesos de la Cámara de Diputados, es igualmente válido para las entidades federativas -en el dictamen se señaló la pertinencia de derogar dicha facultad por considerarla innecesaria, en atención a que se estimó evidente que existe la posibilidad de citar, con un tiempo mínimo previo, a los diputados y senadores para que concurran a sesiones extraordinarias-.

Lo anterior, en atención a que el número de integrantes de las Legislaturas Locales es menor al de los diputados federales y que la demarcación territorial en la que debe ubicarse a los legisladores de las entidades federativas es significativamente más reducido en relación con el que debe atenderse a nivel federal; y que no existe razón alguna que justifique la inclusión de la participación excepcional de la Comisión Permanente del Congreso Estatal, en la elección de los consejeros electorales propietarios y suplentes en el Estado de Tabasco.

Para robustecer su opinión, considera que el hecho de que se requiera una votación calificada para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, obedece a la necesidad de contar con un mayor respaldo político y ciudadano, en atención a la naturaleza de las funciones que lleva a cabo, vinculadas con la organización y desarrollo de los procesos comiciales, consideraciones que se reproducen.

Con base en estas consideraciones justifica la decisión del legislador de suprimir la posibilidad de la Comisión Permanente de intervenir en la elección de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y acredita la conveniencia de que esta figura se repita en las legislaciones estatales, incluido el Estado de Tabasco, en el cual no se consiguen estas condiciones con la participación de seis de los treinta y cinco legisladores que establece la Constitución Local para la integración de su Comisión Permanente.

2) En relación con la inconstitucionalidad de la figura de los consejeros electorales suplentes, considera que la libertad y soberanía de los Estados, consagradas en el artículo 40 de la Constitución Federal, le confieren libertad al Congreso del Estado para determinar la configuración del órgano electoral encargado de la función estatal de organizar las elecciones, que en el caso de Tabasco incluye la designación de consejeros electorales suplentes generales.

En su opinión, la inclusión de la figura de consejeros electorales suplentes generales en la Constitución Local no trastoca los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, ni vulnera los principios de autonomía e independencia, ya que sólo se traduce en la posibilidad de contar con reservas para el caso de existir la necesidad de ocupar una vacante en caso de la ausencia de los consejeros electorales que se encuentren en el ejercicio de sus funciones; y por el contrario, estima que su regulación implica una previsión encaminada a reacciones con rapidez y certeza ante la eventual ausencia de alguno de los consejeros elegidos para integrar el Consejo General del instituto electoral, pues al contar con suplentes elegidos por el órgano competente podría ocuparse de manera inmediata la vacante que pudiera surgir y así, incluso, se eliminaría la posibilidad de que surja una situación que obstaculizaría las labores ordinarias del órgano electoral estatal.

Por lo anterior, con independencia de que la figura de los consejeros suplentes no se encuentre establecida en el caso del Instituto Federal Electoral, considera que su inclusión en la legislación de Tabasco no contraviene la armonía del sistema normativo electoral nacional, pues se trata de una medida dictada por el legislador estatal, con base en su libertad y soberanía, que otorga certeza.

OCTAVO. El procurador general de la República, al formular su opinión, señaló lo siguiente:

1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que en ella se plantea una posible contradicción entre una norma de carácter general que regula la materia electoral en el Estado de Tabasco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la demanda fue presentada en forma oportuna y quien la promueve cuenta con la legitimación necesaria para ello.

3. Que se debe reconocer la validez de las normas impugnadas porque no vulneran lo establecido en los transitorios sexto y séptimo del decreto por el que se reformó la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, ni los principios contenidos en los numerales 14, 16, 40, 41, 116, 133 y 135 de la propia Constitución, en atención a las siguientes consideraciones:

No se puede afirmar que la facultad de la Comisión Permanente de designar a los consejeros y al presidente del Instituto Electoral de la entidad, deja la decisión de nombrarlos en manos de un pequeño grupo que pugnará por sus propios intereses políticos, ya que no obstante pudiera no favorecerse el debate político entre todos los legisladores que conforman el Pleno, su designación por la citada Comisión será sólo cuando la legislatura esté en periodo de receso, y en función de las propuestas que hagan las diferentes fracciones parlamentarias, no con base en otro tipo de criterios, por lo que los preceptos impugnados en nada contravienen los principios establecidos en la Constitución Federal.

No existe obligación por parte de los Estados de seguir reglas específicas para efectos de designar a los consejeros electorales y al presidente del organismo estatal electoral, por lo que la facultad de establecerlas está conferida a las Legislaturas Estatales, las cuales sólo están obligadas a retomar los principios ya establecidos específicamente en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

La obligación estatuida en los dispositivos fundamentales se reduce a establecer que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; pero no existe disposición constitucional que imponga a las Legislaturas Locales la obligación de establecer determinados requisitos o procedimientos para la selección de las personas que ocuparán un cargo dentro de los órganos encargados de la función electoral. De tal manera que para que las Legislaturas Locales cumplan y se ajusten a los principios establecidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, es suficiente con que adopten dichos principios dentro de su sistema electoral local.

La forma de garantizar dichos principios es responsabilidad directa de los Congresos Locales, puesto que la Constitución Federal no establece lineamiento específico alguno, sino lo contrario, en el primer párrafo de la citada fracción IV del artículo 116 de la Norma Fundamental se establece únicamente que las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán esos principios.

La circunstancia de que el legislador local haya establecido en la Constitución Política de Tabasco la facultad de la Comisión Permanente de designar a los consejeros electorales y al presidente del organismo electoral estatal y a sus suplentes, de ninguna forma resulta violatorio de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de que deben estar investidos quienes ocupen un cargo en los órganos electorales; porque en todo caso, esa etapa en donde interviene la Comisión Permanente que el legislador local consideró necesaria para la selección de los aspirantes a consejeros electorales, no es ilegal, toda vez que con libertad de imperio el Pleno del Congreso Local aprueba la designación de los diputados que la van a conformar y, en ese contexto, determina otorgar a dichos legisladores las facultades inherentes a la misma.

NOVENO. El Instituto Electoral del Estado de Tabasco, mediante oficio SE./0625/2008, hizo del conocimiento de este Alto Tribunal que el próximo proceso electoral a desarrollarse en la entidad iniciará el quince de marzo de dos mil nueve.

DÉCIMO. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Constitución General de la República.

SEGUNDO. En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este precepto el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita sea publicado en el correspondiente medio oficial. Sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, y tratándose de asuntos en materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles.

Ahora, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el sábado ocho de noviembre de dos mil ocho, por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el domingo nueve siguiente y concluyó el lunes ocho de diciembre de la misma anualidad.

En el caso, según consta de la razón que obra al reverso de la foja catorce del expediente de la acción correspondiente, ésta se presentó el viernes veintiocho de noviembre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que su presentación es oportuna.

TERCERO. A continuación, resulta pertinente analizar la legitimación de los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad.

Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, establecen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano."

"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos."

Los anteriores preceptos disponen que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se promueva por integrantes de algún órgano legislativo estatal, en contra de leyes expedidas por ese órgano, el escrito inicial deberá estar firmado por cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes lo integren, es decir, deben satisfacerse los siguientes extremos:

Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal.

Que dichos promoventes representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo correspondiente y,

Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes los promoventes.

En el presente asunto, suscriben la demanda Alipio Ovando Magaña, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, Adán Augusto López Hernández, Óscar Cantón Zetina, Casilda Ruiz Agustín, Crisanto Salazar Ruiz, José Alberto Pinzón Herrera, Cristóbal Javier Angulo, Rafael Acosta León, Ezequiel Ventura Baños Baños, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, Armando Narciso Correa Peña, Domingo García Vargas y Julio César Vidal Pérez, ostentándose como diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, personalidad que acreditan con actas de las sesiones de tres de diciembre de dos mil seis y primero de enero de dos mil siete del Congreso de Estado de Tabasco, en las que se advierte que efectivamente son diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso Estatal.

Por cuanto al segundo presupuesto, el artículo 12, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Tabasco establece:

"Artículo 12. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por una Cámara de Diputados.

"El Congreso se compone por 35 representantes populares del Estado de Tabasco, de los cuales 21 diputados son electos por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación proporcional, cada tres años que constituirán, en cada caso, la legislatura correspondiente; las elecciones serán directas y se apegarán a lo que dispone la ley."

De la lectura de la disposición anterior se advierte que el Congreso Local se integra por un total de treinta y cinco diputados. En consecuencia, si son catorce los diputados que firmaron el escrito por el cual se hace valer el presente medio de control, es evidente que equivalen al cuarenta por ciento (40%) de los integrantes de dicho órgano legislativo.

Por lo anterior, es de concluirse que los diputados promoventes sobrepasan el porcentaje mínimo requerido para promover esta acción.

Finalmente, respecto del tercer presupuesto, debe precisarse que la presente acción de inconstitucionalidad se ejerce en contra de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las cuales fueron realizadas por el Congreso del Estado al que pertenecen los promoventes.

En consecuencia, en el caso se satisfacen los requisitos a que aluden los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia y, por tanto, los diputados promoventes cuentan con la legitimación necesaria para promover esta acción de inconstitucionalidad.

CUARTO. A continuación, se procede al análisis de las causas de improcedencia hechas valer en la presente acción de inconstitucionalidad, o bien las que de manera oficiosa este Alto Tribunal advierta se actualizan.

El Poder Legislativo del Estado de Tabasco considera que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, en virtud de que la reforma constitucional contenida en el decreto impugnado no violenta la Constitución Política Federal, puesto que la emisión de dichas reformas, adiciones y derogaciones se ajustaron a las bases contenidas en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Procede desestimar el anterior motivo de improcedencia, porque la determinación consistente en que el artículo impugnado efectivamente contravenga o no algún precepto de la Constitución Federal, constituye precisamente el estudio de fondo, por lo que esto no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la acción.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004, consultable en la página ochocientos sesenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente a junio de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."

Al no advertirse en autos la actualización de un motivo de improcedencia diverso al analizado, se procede a realizar el estudio de fondo del asunto.

QUINTO. A continuación se analizarán los conceptos de invalidez hechos valer por la minoría legislativa promovente, con relación a la supuesta inconstitucionalidad del artículo 9, apartado C, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Tabasco; así como del artículo tercero transitorio del Decreto 096, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ese ordenamiento local, los cuales señalan:

"Artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21667-6c6ef908/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-9-apartado-c · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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