COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS LABORALES SUSCITADAS ENTRE LA PROCURADURÍA AGRARIA Y SUS TRABAJADORES. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
AMPARO EN REVISIÓN 16/2006. PROCURADURÍA AGRARIA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios propuestos por la recurrente conducen a determinar lo siguiente.
En su primer agravio la recurrente sostiene que la sentencia dictada por la Juez de Distrito no cumple con los requisitos previstos en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, al determinar que la autoridad responsable actuó correctamente al aplicar una jurisprudencia en términos del artículo 192 de la ley de la materia, siendo que, en el caso, la responsable no tenía facultades para determinar la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la ley burocrática, con base en la jurisprudencia intitulada: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", y con posterioridad declararse competente para conocer del juicio laboral, ya que a su consideración, ello implicó darle efectos erga omnes a una resolución de amparo sin que el promovente del juicio laboral hubiera impugnado la inconstitucionalidad del citado numeral y sin que la litis versara sobre dicha cuestión, sino que únicamente se refirió a la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda laboral, por lo que el artículo 1o. de la ley burocrática se encuentra vigente y debe surtir sus efectos respecto de la relación laboral entre el tercero perjudicado y la Procuraduría Agraria.
La jurisprudencia citada por el recurrente en su primer agravio es la P./J. 1/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente:
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional."
Por su parte, los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria establecen:
"Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria."
"Artículo 135. La procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley."
En tanto el numeral 192 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas.
"También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."
Ahora bien, contrariamente a lo considerado por la recurrente en su primer agravio, la Juez de Distrito no determinó que la Junta responsable hubiera resuelto un problema de inconstitucionalidad, sino que únicamente estaba acatando lo dispuesto en una jurisprudencia al considerarla aplicable al caso concreto, sin que con ello invalidara la ley o declarara su inaplicabilidad absoluta, tal y como se desprende de la siguiente transcripción:
"... son infundados los conceptos de violación pues, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas, en tratándose de las que decrete el Pleno, así como para los Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, para los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, es de observancia obligatoria para éstos, conforme a lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que no le asiste la razón al impetrante al aducir que sólo produce efectos entre las partes que promovieron los juicios de los cuales surgió la jurisprudencia en la que se apoyó la Junta para determinar la improcedencia del incidente de incompetencia planteado. En efecto, la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a los órganos jurisdiccionales a acatarla cuando les resulta aplicable al caso concreto, sin que sea dable manifestar que ésta violenta el principio de relatividad de las sentencias establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, toda vez que al aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Además, la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional señalado en el artículo 133 de la Carta Fundamental, por el que no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. Es aplicable a lo anterior la tesis que dice: ‘JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.’ (La transcribe y cita datos de localización). Es igualmente aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J. 38/2002, que señala: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’ (La transcribe y cita datos de localización). Apoya también la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2005, que ordena: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY PUEDE TENER APLICACIÓN A CASOS SIMILARES A LOS QUE MOTIVARON SU EMISIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES.’ (La transcribe y cita datos de localización)." (fojas 63 y 64 del expediente de amparo indirecto).
Es correcto lo así determinado por la Juez de Amparo, ya que la aplicación de una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley a un asunto particular por un tribunal constreñido a acatarla, como ocurre en el presente caso, no implica el pronunciamiento de éste sobre el tema jurídico en torno al cual versa la jurisprudencia, como en la especie lo es la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que la autoridad responsable no estudió el problema de constitucionalidad, porque quien lo hizo fue la Suprema Corte al establecer la jurisprudencia citada con antelación, dentro de sus altas funciones de interpretar la ley y dar a conocer su interpretación a fin de que sea observada por las autoridades jurisdiccionales.
Efectivamente, una de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la de interpretar y custodiar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una de sus fórmulas para hacerlo lo constituye la jurisprudencia que emite, que es la expresión en forma abstracta y sintética del criterio judicial que interpreta, integra, precisa o interrelaciona normas jurídicas, y que se integra por cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas, constituyendo también jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.
Por sus características, algunos autores encuentran el origen de nuestra jurisprudencia en los Binding precedents o precedentes obligatorios y los Persuasive precedents o precedentes persuasivos del Common law, siendo los primeros, aquellas decisiones revestidas de fuerza legal para ser observadas obligatoriamente en lo futuro y que en nuestro sistema podríamos identificarlas con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria por disposición constitucional y legal; en tanto que las segundas, son las decisiones que no tienen esa potestad de obligatoriedad y que podrían asemejarse a nuestras tesis aisladas, carentes de fuerza jurídica pero orientadoras del criterio jurídico.
Por tanto, al examinar la cuestión de competencia, si bien es cierto que conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, podría decidirse la controversia de competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, verdad también resulta que al aplicar la autoridad laboral la jurisprudencia P./J. 1/96, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que declara la inconstitucional de ese numeral, actuó correctamente al sostener su competencia para conocer de dicho asunto, sin que ello signifique que dicha autoridad laboral se pronunciara sobre la inconstitucionalidad del citado precepto, toda vez que sólo aplicó dicha jurisprudencia al considerarla ajustada al caso concreto.
Lo anterior es así, ya que el tribunal laboral sólo ejerció su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que la llevaron a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que sustenta dicha jurisprudencia, sin que ello implique una contravención al principio de relatividad de las sentencias como lo pretende el agraviado, ya que independientemente de lo correcto de dicho principio, dado que el fin natural de toda sentencia es regir como norma individualizada, la interpretación de la ley que pueden realizar los órganos jurisdiccionales al emitir sus resoluciones, implica desentrañar su sentido, y lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus jurisprudencias es una forma de interpretación judicial, la de mayor importancia, ya que tiene fuerza obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo; máxime que dicha obligatoriedad responde a la finalidad de garantizar el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, sobre cualquier interés particular, por lo que no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrarios a la Constitución Federal, pues la jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, siendo ineludible su observancia para todos los órganos jurisdiccionales de la República, siempre y cuando se actualice la hipótesis en ella contemplada; de ahí que resulte infundado el primer agravio formulado por la ahora recurrente.
Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 64/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY PUEDE TENER APLICACIÓN A CASOS SIMILARES A LOS QUE MOTIVARON SU EMISIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES. La suplencia prevista en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se refiere a los conceptos de violación y a las omisiones en que incurra el quejoso al promover su demanda de garantías contra actos fundados en una ley inconstitucional. Ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda tener aplicación a casos similares a los que motivaron su emisión, aun cuando no se haya invocado por el quejoso, en atención al mandato contenido en el precepto legal citado y a la observancia obligatoria determinada en el artículo 192 de la propia ley, sin que tal actuación signifique dar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá su inaplicación a los casos concretos que se controviertan."
De igual forma es de citarse la tesis aislada 2a. V/2003, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 327, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto a la letra rezan: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta."
En una parte de su segundo agravio la ahora recurrente indica que la Juez de amparo no consideró su concepto de violación esgrimido en su demanda de garantías en el sentido de la diferencia existente entre lo que es una empresa administrada en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y lo que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, como lo es la Procuraduría Agraria.
Dicho argumento resulta infundado, toda vez que en la resolución recurrida la Juez de amparo se ocupó de analizar dicho concepto de violación al establecer en su sentencia lo siguiente:
"... son igualmente infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos b) y c), los cuales de igual manera se analizarán de manera conjunta por la íntima relación que guardan entre sí, y en los que el organismo quejoso alega que la responsable, para declarar la improcedencia del incidente de incompetencia planteado, consideró incorrectamente a la Procuraduría Agraria como una unidad económica de producción y servicios, y que independientemente de que sea un organismo público, es parte integrante de la administración pública federal, y sus relaciones laborales deben regirse por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los órganos que forman parte de la administración pública federal, sean centralizados o paraestatales, se ubican en la esfera del Poder Ejecutivo Federal, por lo cual le es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Lo anterior se considera incorrecto, toda vez que del análisis integral de la resolución impugnada no se desprende que la responsable hubiera tomado en consideración que la Procuraduría Agraria fuera una empresa en el sentido que le da la quejosa, como una unidad económica de producción y servicios, pues en la misma refirió, en su parte conducente, lo siguiente: ‘... que el demandado es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, como se prevé en el artículo 134 de la Ley Agraria; por ende, las relaciones con sus trabajadores se rigen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, constitucional; así como con la tesis 2a. CVII, que al rubro dice: ‘COMPETENCIA LABORAL, CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDE A EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL.’ ... A mayor abundamiento, también es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ (Cita datos de localización). Por todo lo anterior ... se declara improcedente el incidente de incompetencia planteado.’. Como puede apreciarse, la responsable no consideró al decretar la improcedencia del incidente planteado y determinar que la relación del organismo quejoso con sus trabajadores se encontraba regulado por el apartado A del artículo 123 constitucional, fuera porque se trataba de una empresa ... porque, contrariamente a lo manifestado, la Junta expresamente se refirió al quejoso como un ‘organismo descentralizado de la administración pública federal’, por lo que resulta incorrecta su apreciación en ese sentido."
Apoyó su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 47/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, intitulada: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL." y la diversa P./J. 1/96, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL."
Tal consideración se estima ajustada a derecho, toda vez que en la primera de las jurisprudencias citadas la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el subinciso 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A del artículo 123 constitucional, se empleó el término "empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal", que no corresponde a un concepto jurídico definido, sin embargo, concluyó que en dicha expresión quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal vinculados con el Gobierno Federal, en la medida que son integrantes de la administración pública paraestatal, por lo que en ambos supuestos se surte la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos laborales; en tanto que en la segunda de las jurisprudencias citadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció de manera expresa la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto a que las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, por lo que la a quo consideró correcto lo determinado por la Junta responsable al considerar improcedente el incidente de incompetencia planteado y, por ende, infundados los conceptos de violación enderezados en ese sentido por la ahora recurrente; por lo que sí existió pronunciamiento de la Juez de amparo respecto a dicho concepto y, por ello, su argumento enderezado en ese sentido resulta infundado.
Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia P./J. 1/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", cuyo contenido quedó transcrito al analizar el primer agravio esgrimido por la ahora recurrente.
Así como la jurisprudencia 2a./J. 47/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, Tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL.-En la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 constitucional, al delimitar las esferas de competencia local y federal, el Poder Revisor de la Constitución tomó en cuenta, fundamentalmente, dos criterios generales, a saber: la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o tipo de las empresas. Al incluir la referida fracción, en el inciso b), subinciso 1, como sujetas a la jurisdicción federal, a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, consideró el segundo de los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin embargo, aunque la expresión ‘empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal’, no corresponde a un concepto jurídico definido, puede concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal vinculados con el Gobierno Federal, en la medida en que éstas son integrantes de la administración pública paraestatal. Por tanto, en el supuesto previsto en la citada disposición constitucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal de carácter federal, de acuerdo con una interpretación integral del cuerpo normativo fundante, que en su artículo 90 señala a las entidades paraestatales como integrantes de la Administración Pública Federal; en consecuencia, para la aplicación de las leyes del trabajo se surte la competencia de las autoridades federales."
Así como la tesis aislada I.6o.T.230 L, sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en la página 1740, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto a la letra dicen: "COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE EN FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A LA PROCURADURÍA AGRARIA.-Siendo la Procuraduría Agraria un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo establece el artículo 134 de la Ley Agraria, no forma parte de la administración pública centralizada ni del Poder Ejecutivo Federal, sino que pertenece a la administración pública paraestatal. En tal virtud, las relaciones de trabajo entre la referida procuraduría y sus trabajadores, se rigen por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1o., constitucional, en razón de su carácter de organismo público descentralizado que participa de todas las características inherentes a las entidades de esa naturaleza; sin que obste a lo anterior, que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contemple en su régimen a los organismos descentralizados que tengan a su cargo función de servicio público, en virtud de que esa disposición contraría el Pacto Fundamental, según lo declaró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al redactar la jurisprudencia 1/96, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’; de ahí que la competencia para conocer de la controversia surgida entre un trabajador y la Procuraduría Agraria se surte en favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser específica la aptitud legal, según lo establecido en el artículo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo."
En otro apartado de su segundo agravio aduce la recurrente que la Juez de amparo al analizar lo infundado de sus conceptos de violación y la aplicabilidad de lo dispuesto en el punto 1, inciso b), de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tomó en consideración que la quejosa no tiene el carácter de una empresa administrada en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, ya que éstas tienen una connotación totalmente distinta a la que tiene la Procuraduría Agraria, y no pueden considerarse como sinónimos conceptos tales como empresas y organismos, por lo que las relaciones laborales de dicha procuraduría con sus trabajadores deben estar regidas por la legislación burocrática, y para apoyar su argumento citó lo manifestado por el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al formular su voto particular en el amparo en revisión 1893/94, en el que estableció que en los subincisos 1, 2 y 3 del inciso b), fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna, se hace notar tres tipos de empresas, sin que en ninguna de ellas se haga referencia a los organismos descentralizados, pues si bien en el subinciso 1 se habla de que las empresas oficiales pueden ser administradas en forma directa o descentralizada, no existe razón para interpretar que la forma de administración descentralizada de las empresas comprenda o se refiera a los organismos descentralizados.
Este argumento resulta inoperante, en virtud de que como ya quedó precisado en párrafos que anteceden, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en jurisprudencia definida que el numeral 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado resulta inconstitucional, en cuanto a que las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna; y de igual forma en la jurisprudencia 2a./J. 47/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, se consideró que en la expresión "empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal", contemplada en el subinciso 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A del artículo 123 constitucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal vinculados con el Gobierno Federal, en la medida que son integrantes de la administración pública paraestatal, por lo que, en todo caso, con la aplicación de dichas jurisprudencias se da respuesta integral al tema planteado por la recurrente en su agravio, ya que el mismo fue estudiado y resuelto por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país.
Al caso se cita la jurisprudencia 1a./J. 14/97, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Sin que obste a lo anterior el contenido del voto particular emitido en el amparo en revisión 1893/94, y que a la postre constituyó uno de los antecedentes de la citada jurisprudencia P./J. 1/96, intitulada: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue transcrita anteriormente, toda vez que dicho voto no tiene efectos vinculatorios al no regir el sentido del fallo, ya que como lo establecen los numerales 7o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19553-050ce149/competencia-para-conocer-de-las-controversias-laborales-suscitadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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