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Modo: Corpus Pro

SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR SENTENCIA EN LOS ASUNTOS CUYA AUDIENCIA FUE PRESIDIDA, CONCLUIDA Y FORMALMENTE CERRADA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, POR LO QUE LA DICTADA EN ESE SUPUESTO DEBE REVOCARSE Y ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA VIOLACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 243/2006. · Registro digital (IUS): 19629
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN SALVADOR VÁZQUEZ SILVEYRA, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE BRENDA IVONNE GARCÍA PORTILLO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 2097.

AMPARO EN REVISIÓN 243/2006. JUAN SALVADOR VÁZQUEZ SILVEYRA, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE BRENDA IVONNE GARCÍA PORTILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesario transcribir y, por ende, analizar la sentencia combatida y los agravios que en su contra se hacen valer, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte la presencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo y, por ende, atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con las consideraciones que enseguida se exponen, por lo cual se debe partir del texto del artículo 91, fracción IV, que dice:

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"...

"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."

En efecto, del examen que se practica a las constancias que integran el juicio de amparo número 965/2005-II, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, se advierte que la audiencia constitucional fue iniciada a las nueve horas con siete minutos del día quince de diciembre de dos mil cinco, ante la presencia del licenciado Eduardo Ochoa Torres, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado (fojas 162 y 163 del expediente de amparo).

Por otra parte, de las actuaciones que obran a fojas 179 y 179 vuelta, consta que la sentencia correspondiente con la cual debe culminar dicha audiencia, fue suscrita por el licenciado Alejandro Tovar Álvarez, pues en la parte final de dicha resolución, textualmente dice:

"Así lo resolvió y firma el licenciado Alejandro Tovar Álvarez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 61, fracción VI, del Acuerdo General 48/1998, que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil cinco, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil seis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario que autoriza y da fe."

En la especie, la forma en que se verificó la audiencia constitucional y se pronunció la sentencia correspondiente es contraria al principio de unidad y concentración de ese acto, como se desprende del artículo 155 de la Ley de Amparo y del diverso 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dicen:

"Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

"El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto deberá notificársele la presentación de la demanda."

"Artículo 43. Cuando un Juez de Distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente.

"En las ausencias del Juez de Distrito superiores a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entre tanto se hace la designación o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva."

El artículo primeramente citado, se ha interpretado en la actualidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la audiencia constitucional es un acto procesal único y continuo, que está conformado de tres periodos como lo sostiene la tesis jurisprudencial P./J. 3/97, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUÁNDO DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI NO SE FIRMÓ EL ACTA RESPECTIVA.". Tres periodos cuyo orden cronológico y legal es el siguiente:

a) Periodo de pruebas (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas);

b) Formulación de alegatos; y,

c) Dictado de la sentencia de garantías.

Conforme a lo anterior, se ha estimado como regla general, que la sentencia de amparo indirecto debe ser dictada en la misma fecha del inicio de la celebración de la audiencia constitucional, como un acto continuo e inmediato a la conclusión del periodo de alegatos.

Sin embargo, en el trámite del juicio de garantías, la experiencia indica que en la práctica, dadas las cargas excesivas de trabajo y la complejidad de los asuntos, en no contados casos la sentencia de amparo indirecto se dicta en un momento diferente al de la celebración de la audiencia constitucional, es decir, no se cumple con la regla general.

Luego entonces, es clara la posibilidad de que por causas ajenas al juzgador no se cumpla con el ideal de que se dicte la sentencia inmediatamente después de la celebración de la audiencia, y por ello es factible que esta resolución se pronuncie posteriormente.

Cabe destacar que la Constitución Federal, es determinante al establecer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, puesto que ordena que "se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia ... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."

Esta observación se confirma plenamente en la Ley de Amparo donde, como ya se vio, el artículo 155 categóricamente establece en su primer párrafo que "abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda."

Junto con la señalada característica de la concentración, pueden descubrirse en la audiencia constitucional otros dos rasgos esenciales, que son la continuidad y la unidad, en virtud de que todos los actos se van sucediendo uno tras otro, por regla general de modo inmediato, esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas, después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, como culminación de la audiencia, se dicta la sentencia, con lo que se cierra la unidad.

En relación con los principios de concentración, continuidad y unidad de la audiencia constitucional la doctrina ha señalado lo siguiente:

"Concentración del proceso. Se lleva a cabo mediante la aplicación del principio de la concentración, que tiene por objeto evitar actuaciones separadas las unas de las otras y que tanto el debate como las pruebas se descompongan en cuestiones diversas y en cierto modo independientes en su tramitación."

Prieto Castro la explica de la siguiente manera:

"Pero el principio de concentración al que se ha aludido en este capítulo, tiene una gran finalidad, la cual es evitar la diseminación del procedimiento en una serie de actuaciones separadas, en caso de que surjan cuestiones procesales accesorias, y por lo tanto, no referente al fondo, con lo que se consigue mayor celeridad y se impide que las partes usen de tales cuestiones para burlar al contrario. En un proceso dominado por la oralidad, todas las cuestiones previas e incidentales se concentran en la vista, por regla general, sin impedir la entrada en el fondo mismo del asunto o, una vez dentro de él, no provocaría un procedimiento independiente, y el Juez resuelve sobre ellas al decidir acerca del fondo.

"En síntesis, la concentración de que se trata, se reduce a limitar en lo posible los incidentes que suspenden el curso del juicio en lo principal, haciendo que el Juez los resuelva en la definitiva y los trámites al mismo tiempo que el principal." (Diccionario de Derecho Procesal Civil, Eduardo Pallares, 23a. edición, Porrúa 1997, página 167).

El principio de concentración tiende a acelerar el proceso, eliminando trámites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más concreta de la litis. Ello supone la concesión al Juez de facultades amplias en la dirección del procedimiento, que le permita negar aquellas diligencias que considere innecesarias y dispone en cambio ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime convenientes para regular el procedimiento. (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Alsina, segunda edición, primera parte general, Ediar Soc. Anom. Editores Buenos Aires 1963, página 461).

La concentración es el carácter que el procedimiento asume cuando los actos procesales que componen la serie se aproximan en el espacio y en el tiempo, de modo que se suceden con ininterrumpida continuidad; carácter opuesto, que se puede llamar de la descentralización o del fraccionamiento, es aquel por el cual entre un acto procesal y otro, o entre grupos de ellos, pueden pasar largos intervalos de tiempo, de modo que el proceso aparezca discontinuo. También aquí, como al tratar de la oralidad, es necesario no olvidar que la concentración es solamente un ideal, la cual, en la práctica, el procedimiento puede aproximarse, pero no alcanzarlo: un proceso enteramente concentrado, en el sentido de que desde su inicio, continúe sin interrupción hasta el final, no existe en realidad, aun cuando no fue por otra cosa, por el principio de la pluralidad de las instancias, que hace posible en todo proceso varias fases distintas entre sí y que se siguen ante Jueces diversos. También la concentración es, pues, un concepto relativo: un proceso se dirá que es tanto más concentrado cuando más breves sean los términos interpuestos entre las varias fases, o entre los actos que constituyen cada fase. (Instituciones de Derecho Procesal Civil, volumen I, de Piero Calamandrei, página 331).

Por otra parte, el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, establece:

"Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

"...

"XXII. Autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de los Magistrados y los Jueces, respectivamente, en las ausencias temporales de los titulares y facultarlos para designar secretarios interinos."

Se ve de lo antes transcrito que el primero de los artículos antes mencionados establece el principio de continuidad de la audiencia, a fin de que en ésta se reciban las pruebas, los alegatos, el pedimento del agente del Ministerio Público y se dicte la resolución correspondiente y por otra parte, en el artículo 43 se regulan las hipótesis relativas a las faltas accidentales o temporales del Juez de Distrito y el último precepto establece que el Consejo de la Judicatura podrá autorizar a los secretarios para desempeñar funciones de Magistrado o Juez de Distrito.

En el expediente relativo al juicio de amparo cuya resolución se revisa, no se advierte constancia respecto de la causa por la que la audiencia constitucional fue presidida por el Juez de Distrito y la sentencia fue suscrita por el secretario en funciones de Juez, esto es, no hay certeza sobre si la sustitución operó debido a una falta accidental, temporal menor o mayor a quince días o por encontrarse en periodo de vacaciones el titular.

Lo anterior es así, a virtud de que el artículo 43 transcrito dispone, en términos generales, que cuando se ausente el Juez de Distrito, el secretario respectivo se hará cargo del despacho del juzgado, practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, bien sea la ausencia por un término menor de quince días o superior a éste, entre tanto el Consejo de la Judicatura Federal autoriza al correspondiente secretario para esa sustitución temporal (artículo 81, fracción XII, de la LOPJF).

No pasa inadvertido, que el artículo 161 de la ley mencionada, regula el periodo vacacional que deben disfrutar los Jueces y Magistrados y, al efecto, dispone que durante ese periodo el Consejo de la Judicatura Federal deberá nombrar a las personas que sustituirán a los aludidos funcionarios y que mientras esto se efectúa o no hace los nombramientos, los secretarios de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se encargarán de las oficinas respectivas en los términos que establece la ley en consulta, o sea, practicarán las diligencias y dictarán las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente.

Asimismo, la propia disposición legal dice, en su segundo párrafo, que los secretarios encargados de los Juzgados de Distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hallan señalado para los días en los que los Jueces de Distrito de que dependan, disfruten de vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley.

Lo que significa que sólo cuando el Consejo de la Judicatura Federal autorice a los secretarios a desempeñar las funciones de Juez en las ausencias temporales del titular, como son las vacaciones, entre otras, será cuando los pluricitados funcionarios encargados del despacho podrán resolver en definitiva los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado en el periodo vacacional y hayan sido celebradas por éste en el mencionado periodo, empero si la audiencia constitucional fue celebrada por el Juez de Distrito titular del juzgado antes de salir de vacaciones o de disfrutar de licencia, el secretario encargado del despacho no puede legalmente dictar sentencia definitiva, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autoriza únicamente a fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, a no ser que las mismas deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley.

Sin embargo, la ausencia de la información detallada (ausencia del titular), no impide concluir que en el caso existe una violación a las normas del procedimiento, porque de cualquier forma en ninguno de los preceptos de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o en cualquier otro aplicable, autoriza que la audiencia sea presidida por el Juez de Distrito, y la sentencia, como etapa culminante de aquélla, sea suscrita por el secretario en funciones de Juez, por lo cual aun en cualquiera de los casos el secretario encargado del despacho, no puede dictar sentencia, si la audiencia fue presidida por el Juez de Distrito.

En efecto, del contenido del artículo 155 de la Ley de Amparo se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal, y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito y que la sentencia sea dictada por el secretario encargado del despacho, pues de ser ello así significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el Juez de Distrito, y posteriormente se dicta la sentencia por el secretario en funciones de titular, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia.

Sobre el particular tiene aplicación por analogía, la tesis número 2a. II/92 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, Tomo X, agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LA CELEBRÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO, POR MINISTERIO DE LEY, LA SENTENCIA DEBE SER SUSCRITA POR ÉL. Si la audiencia constitucional ha sido celebrada por el secretario del juzgado encargado del despacho, ya sea por encontrarse autorizado o porque haya sido fijada para la fecha en que el titular se encuentre disfrutando de su periodo vacacional, la sentencia respectiva, como acto culminante de aquélla, debe ser suscrita por él, porque ni la Ley de Amparo ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizan que la audiencia se lleve a cabo por el secretario encargado del despacho y que la sentencia sea suscrita por el titular, de no ser así, existe una violación al procedimiento."

Asimismo es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que comparte este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, tesis XIX.1o. J/3, página 587, de rubro y texto:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA. SU VIOLACIÓN OBLIGA A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Si la audiencia constitucional ha sido celebrada por el Juez de Distrito y la sentencia, como etapa culminante de aquélla, fue firmada por el secretario en funciones de Juez, ello constituye una violación a las normas reguladoras del juicio constitucional contenidas en el artículo 155 de la Ley de Amparo, porque dicho precepto legal no autoriza que la audiencia sea presidida por el Juez de Distrito y la sentencia sea suscrita por el secretario, aunque diga que actúa en funciones de Juez, máxime que tal dispositivo establece el principio de continuidad de la audiencia constitucional, el cual consiste en que en ésta se reciban las pruebas, los alegatos, el pedimento del agente del Ministerio Público y se dicte la resolución correspondiente, por lo que habrá de ordenarse que se reponga el procedimiento a efecto de que se fije nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se pronuncie en ella la sentencia que corresponda."

En mérito de lo anterior, siendo evidente la violación a las normas reguladoras del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena reponer el procedimiento.

En tal virtud, atendiendo a la manera en como se efectuó la mencionada audiencia y se resolvió en definitiva, la reposición del procedimiento sólo debe referirse a la emisión de la sentencia de amparo, sin trascender a las actuaciones que no adolecen de vicio, esto es, sin trastocar lo relativo a las etapas probatoria y de alegatos, pues con tal proceder no se rompe con los principios de continuidad, unidad y concentración que rigen esta fase procesal.

Cobra aplicación, por mayoría de razón la jurisprudencia 1a./J. 183/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en la Novena Época, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 497, de rubro y texto:

"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE SÓLO RESPECTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CUANDO LA AUDIENCIA LA PRESIDIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PERO AQUÉLLA LA DICTÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL TITULAR..-El artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los secretarios encargados de los Juzgados de Distrito fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, por lo que si una audiencia fue celebrada y formalmente concluida por el Juez titular del juzgado antes de salir de vacaciones, el secretario que lo sustituya no está facultado para emitir la sentencia respectiva. Consecuentemente, el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento, por actualizarse tal supuesto, sólo implicará que se reponga el dictado de la sentencia por parte del titular del juzgado de Distrito, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos ésta se divide en tres etapas por lo que basta reponer aquella en la que se presentó la violación."

Es aplicable además el criterio jurídico sustentado en la tesis con número de clave TC046008.9AK2, aprobada por el Tribunal Pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en sesión de veinticinco de mayo de dos mil seis, bajo el rubro y texto siguientes:

"SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CARECE DE AUTORIZACIÓN PARA DICTAR SENTENCIA, SI LA AUDIENCIA FUE CELEBRADA POR EL JUEZ A QUIEN SUSTITUYE.-De conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo, puede sostenerse que la audiencia constitucional contiene dos rasgos esenciales, que son la continuidad y la unidad, en virtud de que todos los actos se van sucediendo uno tras otro, esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas, después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, como culminación de la audiencia, se dicta la sentencia, con lo que se cierra la unidad, por otra parte el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como atribución del Consejo de la Judicatura Federal el autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones propias de esos servidores públicos en sus ausencias temporales o accidentales, quienes de conformidad con el diverso 43 del ordenamiento en cita, practicarán las diligencias y las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, cuando la ausencia sea por un término menor a quince días y cuando la falta sea mayor a ese término, el secretario se encargará del despacho sin resolver en definitiva, excepto cuando se trate del periodo vacacional del titular, caso previsto en el artículo 161 de la última ley citada, en el cual quedan facultados para dictar sentencia, en los asuntos cuya audiencia se haya programado durante la sustitución del Juez o Magistrado. Sin embargo en ninguno de los preceptos de la Ley de Amparo, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación u algún otro ordenamiento aplicable, se desprende la facultad para que el secretario encargado del despacho del juzgado, pueda dictar sentencia en los asuntos cuya audiencia fue presidida, concluida y formalmente cerrada por el titular del órgano jurisdiccional, por lo que esa infracción rompe con los principios de continuidad y unidad previstos en el artículo 155 en cita. Luego con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia y ordenarse la reposición del procedimiento, mismo que solo implica el dictado de la sentencia por parte del titular del Juzgado de Distrito, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos se divide en tres etapas, periodo de pruebas (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas), formulación de alegatos; y dictado de la sentencia de garantías, por lo que basta reponer aquel en que se presentó la violación."

Similar criterio sustentó este cuerpo colegiado al resolver los amparos en revisión 150/2006, 204/2006, 144/2006 y 230/2006, fallados en sesión de veinticinco de mayo y ocho de junio de dos mil seis, por unanimidad de votos.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 91, fracción IV, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se repone el procedimiento, por las razones y para los efectos precisados en el considerando anterior.

Notifíquese;

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Eduardo López Pérez, Rodolfo R. Ríos Vázquez y Sergio Eduardo Alvarado Puente, el primero como presidente y el segundo de los mencionados como ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19629-c07c87c4/secretario-de-juzgado-en-funciones-de-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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