DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA REINSTALACIÓN, LA REGLA GENERAL ES QUE NO PROCEDE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE NI LA NEGATIVA DEL PATRÓN A ACATAR EL LAUDO, SALVO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN REGLAMENTADOS EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA DE REINSTALACIÓN, Y LA INTENTE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA, OPERA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 1923/99. PETRÓLEOS MEXICANOS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 1/1997 de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que interpretó literalmente lo establecido en las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal de la República mexicana, para resolver si es o no posible, conforme lo dispuesto en las fracciones invocadas, que el patrón quede eximido de reinstalar al trabajador, mediante el pago de la indemnización y las responsabilidades, cuando fue condenado en un laudo a tal reinstalación, lo que es materia propia de la especialidad de esta Segunda Sala, determinada en el punto segundo del Acuerdo 1/1997 referido.
En lo relativo a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de un recurso de revisión cuando el Juez de Distrito, al dictar la sentencia recurrida, interpreta de modo directo una disposición constitucional, el Tribunal Pleno sustentó el criterio de que el propio Pleno y las Salas son competentes, según puede observarse de la tesis de jurisprudencia 18/2000, aprobada por el Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de febrero del año dos mil, pendiente de ser publicada, con el rubro y texto siguientes:
"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias en las que se haya efectuado la interpretación directa de un precepto constitucional. A su vez, los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indican que esa competencia corresponde a las Salas, tanto en amparo directo, como en amparo indirecto, pero tratándose del Tribunal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, sólo es competente para pronunciarse sobre dicha materia en la resolución de revisiones en amparo directo, como señala la fracción III del citado artículo 10, pero no en la revisión de amparos indirectos, toda vez que ni la fracción II del mismo precepto, ni ninguna otra disposición, le otorgan competencia expresa. Esta interpretación letrista, que cercenaría al Pleno una de las atribuciones exegéticas más importantes, de las que le son propias, no es admisible, en virtud de que rompería el sistema de control de la constitucionalidad que, en la vía judicial, se encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, la decisión de las cuestiones más trascendentes que pueden plantearse en amparo, tocándole conocer, así, del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados internacionales por estimarlos directamente violatorios de algún precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las entidades federativas a la esfera de competencia que la Constitución reserva a la Federación, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reconoce al Pleno de este Alto Tribunal el carácter de máximo intérprete de la Constitución Política, que es acorde con la intención perseguida con el actual texto del comentado artículo 107 constitucional, de que a este órgano corresponda, principalmente, el control de la constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, intención que aparece revelada en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese artículo 107, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia también tiene competencia para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que determinarse la interpretación directa de un precepto constitucional, resultando así que en esta materia pueden válidamente conocer de las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las Salas, conclusión que amplía la interpretación gramatical de los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Amparo en revisión 32/97. Luis Guillermo Bueno Ziaurizz. 21 de octubre de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.
"Amparo en revisión 3073/96. Partido Foro Democrático. 3 de marzo de 1998. Mayoría de ocho votos; unanimidad de diez votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.
"Amparo en revisión 2295/98. Cesar Daniel Ruiz Vera. 28 de septiembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 421/99. Caprefasa del Sureste, S.A. de C.V. 28 de septiembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Óscar Mauricio Maycott Morales."
SEGUNDO. En relación con la materia competencia de este Alto Tribunal, relativa al estudio de los agravios en los cuales el quejoso, ahora recurrente, pretende controvertir la interpretación literal que el Juez de Distrito del conocimiento realizó de lo dispuesto en las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, cabe destacar que la declaratoria de incompetencia pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, descansa en la circunstancia de que en el recurso interpuesto se plantean agravios que atacan las consideraciones del Juez de Distrito en las que se apoya la interpretación que realizó del artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII, de la Constitución.
En la sentencia recurrida, el a quo al ocuparse del tema de referencia, estimó que el acuerdo reclamado (14 de abril de 1999) era legal en cuanto determinó que en el caso no procedía el no acatamiento del laudo propuesto por el demandado, ahora quejoso-recurrente, en virtud de que de la transcripción de las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución, deriva que tratándose de despido injustificado, cuando se ejercen las acciones de cumplimiento de contrato o de indemnización constitucional, no es aplicable lo dispuesto en la fracción XXI citada, sin importar que se trate de un trabajador de confianza, ya que el supuesto regulado en los artículos 49, fracción III y 50 de la Ley Federal del Trabajo, no es aplicable después de tramitado el juicio y dictado el laudo que ordena la reinstalación.
Lo considerado por el Juez de Distrito permite a esta Segunda Sala ocuparse del estudio de la interpretación efectuada, pues aunque no se realizó un análisis histórico y sistemático del precepto constitucional, sí tuvo lugar una interpretación gramatical, lo que implica la interpretación directa de la Constitución como lo sostuvo la anterior Tercera Sala en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 397, bajo el rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, POR INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE SI EN LA MISMA SE REALIZA UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO, SISTEMÁTICO O JURÍDICO DEL MISMO.", lo que resulta indudable que la determinación del Juez de Distrito conlleva a fijar el sentido y alcance de las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, lo que torna necesario efectuar el estudio de los agravios.
Asimismo, esta Segunda Sala ejerce la facultad de atracción para conocer de las demás cuestiones planteadas, por economía procesal y en virtud de su estrecha vinculación con la interpretación del precepto constitucional cuyo conocimiento compete a este órgano colegiado.
TERCERO. Los agravios expresados por el recurrente, son del tenor siguiente:
"Su Señoría, en la sentencia que se recurre, determina en forma incorrecta, en su considerando segundo, lo siguiente: ‘... los actos reclamados de 14 y 19 de abril del año en curso fueron emitidos por la Junta del conocimiento y no por el presidente y el actuario (fojas 494 y 495 del expediente laboral), por lo que es de concluir la inexistencia de tales actos reclamados y, por ello, lo procedente es con fundamento en el dispositivo y ley antes invocados sobreseer por cuanto a los actos reclamados de las autoridades en comento ...’
"En la presente demanda de garantías, se señalaron como autoridades responsables: tanto a la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje (entendida esta como órgano colegiado), su presidente y actuario, por lo que no existe motivo para sobreseer el presente juicio de garantías con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciativa del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI y 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, tesis 2a./J. 57/95, página 226, la cual se encuentra transcrita después de los agravios que se formulan.
"2. Su Señoría determina de forma incorrecta interpretación directa a preceptos diversos de la Ley Federal del Trabajo, lo cual causa agravios a mi representada al establecer en el considerando cuarto de la misma, lo siguiente: ‘... el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de 14 de abril del año en curso, no es violatoria de garantías, en razón de que la Ley Federal del Trabajo no establece como él pretende en los artículos 49, 50 y 947, la posibilidad de que el patrón sea eximido de reinstalar al trabajador después de haberse seguido en todas sus partes el juicio, emitiéndose un laudo condenatorio que ha causado ejecutoria, en el que se consideró como injustificado el despido del trabajador ...’
"La anterior situación evidencia una interpretación errónea de dichos preceptos, ya que cuando el patrón se niega a acatar el laudo que lo condena a reinstalar al trabajador, la Junta responsable debe actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo e imponer las sanciones correspondientes al patrón, que el propio precepto establece.
"Asimismo, la potestad patronal para eximirse de la obligación de reinstalar al actor, que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, se traduce en la facultad para oponerse al cumplimiento de la reinstalación a que se le condena en el laudo, como lo señala el artículo 947 del citado ordenamiento, por lo cual, la oposición debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalación o al momento de ejecutarla.
"Cabe aclarar que la resolución incidental emitida por la responsable (de 14 de abril de 1999), se promovió con motivo de que con fecha 26 de octubre de 1998, se despachó auto de ejecución, por parte del presidente de la Junta responsable, con efectos de mandamiento en forma para requerir a Petróleos Mexicanos fuera reinstalada la actora Alicia Caro Eng en las labores que venía desempeñando, y por otra parte, el cumplimiento al auto de ejecución que hace el actuario a dicha resolución en fecha 11 de marzo de 1999, por lo que en ese mismo acto, el licenciado Juan Roberto Figueroa Castillo, representante legal de Petróleos Mexicanos, en uso de la palabra reiteró y ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de fecha 20 de marzo de 1998 y 23 de noviembre de 1998, presentado este último el día 24 de noviembre de 1998 ante esa Junta y por el cual diverso apoderado de Petróleos Mexicanos ante la condena de reinstalación de la demandante, ejercitó la facultad que los artículos 49, fracción III y 947 de la Ley Federal del Trabajo le confieren al patrón, por situarse la trabajadora dentro de las hipótesis contempladas en dichos artículos.
"Por tanto, al dictar dicha resolución interlocutoria, la responsable debió analizar los antecedentes que obran en el expediente laboral, siendo que el no acatamiento al laudo se promovió al ordenar la Junta responsable su ejecución y practicarse la misma.
"Razón por la cual se promovió juicio de garantías, ya que viola en perjuicio de mi representada las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque es privado de sus derechos que la Ley Federal del Trabajo establece a favor del patrón para aplicar los artículos 947, 49 y 50 de la misma, siendo, en consecuencia, molestado en su persona, porque se obliga a reinstalar a la actora, cuando la propia Ley Federal del Trabajo faculta para eximirse de la reinstalación, puesto que se trata de una trabajadora de confianza.
"3. Por otra parte, su Señoría al emitir resolución de fondo que nos ocupa, también manifiesta en el considerando cuarto que: ‘... las circunstancias de que se trata de un trabajador de confianza no implica la posibilidad que pretende el quejoso fundándose en los artículos 49, fracción III y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que tales supuestos no son aplicables después de tramitado el juicio y habiéndose emitido el correspondiente laudo condenatorio que obliga a reinstalar, mismo que en el caso causó ejecutoria ...’
"Disentimos del criterio de su Señoría, toda vez que, como ya se dijo anteriormente, la oposición al acatamiento del laudo debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalación o al momento de ejecutarla.
"La Ley Federal del Trabajo, a través de su artículo 49, reglamentado por la fracción XXII del artículo 123 constitucional, establece en cinco fracciones, los casos en que no obstante tratándose de acciones derivadas de un despido, procede tanto la insumisión al arbitraje como el incumplimiento del laudo.
"Bajo ese mismo tenor, el artículo 947 de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, determina las consecuencias tanto de la insumisión al arbitraje como de la negativa de aceptar el laudo y prerrogativas no operan en acciones derivadas del despido, la propia fracción XXII del artículo 123 constitucional, remite a la ley laboral su reglamentación de las excepciones, las cuales, en obvio de repeticiones, se consignan en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo, por lo que resulta incontrovertible la procedencia del no acatamiento del laudo.
"Sirven de fundamento los siguientes criterios jurisprudencias que se transcriben a continuación:
"‘POTESTAD PATRONAL PARA EXIMIRSE DE LA OBLIGACIÓN DE REINSTALAR AL ACTOR. MOMENTO PROCESAL PARA HACERLA VALER. La potestad patronal para eximirse de la obligación de reinstalar al actor, que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, por su naturaleza, no puede ser resuelta al momento de emitir el laudo, aun cuando se haya hecho valer al dar contestación a la demanda, pues no se trata de una excepción que tienda a destruir la acción planteada por el trabajador, derivada del despido injustificado, sino de una facultad que la ley otorga al patrón, para oponerse al cumplimiento de la reinstalación a que se le condenó en el laudo, como lo señala el artículo 947 del citado ordenamiento, por lo cual, la oposición debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalación o al momento de ejecutarla.
"‘SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.’
"‘INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO EL PATRÓN NO ACATA EL LAUDO QUE ORDENA REINSTALAR. Si se solicita el pago de la cantidad establecida en el artículo 50, fracción II de la ley laboral (20 días de salarios por cada uno de los años de servicios prestados), no es procedente su pago cuando no se esté en la situación de que el patrón pretenda eximirse de acatar el laudo que ordena reinstalación.
"‘QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.’
"‘REINSTALACIÓN. LA OPOSICIÓN DEL PATRÓN VÍA EXCEPCIÓN Y LA NEGATIVA DE ACATAR EL LAUDO QUE LO CONDENA SON SUPUESTOS DIVERSOS. Cuando el patrón se niega a acatar el laudo que lo condena a reinstalar al trabajador, la Junta responsable debe actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo e imponer las sanciones correspondientes que el propio precepto establece, siendo inexacto que ello proceda únicamente en el evento de que la patronal demuestre, durante el procedimiento laboral, la imposibilidad del desarrollo normal de la relación de trabajo en términos de la fracción II del numeral 49 del invocado ordenamiento legal, pues amén de que ninguna de las normas precisadas lo establece así, el artículo 49 contiene una disposición de carácter eminentemente procedimental referida a las excepciones oponibles contra la reinstalación reclamada por el trabajador que deben examinarse en el laudo y, en cambio, el artículo 947 contempla la hipótesis de la contumacia del patrón en acatar el laudo, esto es, se trata de situaciones totalmente diferentes. Luego, para dilucidar la falta de acatamiento de un laudo, resulta intranscendente que se hayan o no opuesto las cuestionadas excepciones durante la tramitación del juicio.
"‘SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.’
"‘JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
"‘Contradicción de tesis 13/95. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.
"‘Tesis de Jurisprudencia 57/95. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública de dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.’
"Por todo lo anterior, procede así lo solicito, se revoque la sentencia dictada y se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a mi representada para efecto de quedar eximida de reinstalar a la actora laboral, toda vez que la resolución dictada por su Señoría causa molestia y perjuicios a Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
CUARTO. Es inoperante el primero de los planteamientos aducidos, en virtud de que no combate las consideraciones de la sentencia recurrida que funda el sobreseimiento decretado en el juicio respecto de los actos reclamados del presidente y actuario de la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
En efecto, según deriva de los considerandos primero y segundo del fallo recurrido, el sobreseimiento en el juicio respecto de las autoridades anteriormente señaladas, decretado en el primer punto resolutivo de dicha sentencia, se fundó en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, en la inexistencia de los acuerdos de catorce y diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, porque fueron emitidos por la Junta.
Ahora bien, lo aducido por el recurrente en el agravio en análisis es ajeno a la anterior determinación, pues se refiere al error en el señalamiento de las autoridades responsables en el caso de las Juntas y sus presidentes, que son autoridades distintas y que no debe dar motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues al ser el presidente el representante de la Junta, tiene conocimiento del juicio y está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado, ya sea en nombre propio o como representante de la Junta, y en la sentencia recurrida, si bien el sobreseimiento se fundó en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, sólo se decretó respecto de los acuerdos reclamados del presidente y actuario porque fueron emitidos por la Junta y no por existir error en el señalamiento de la autoridad responsable, pues se tuvieron por ciertos los actos reclamados de la Junta, por lo que se está en una hipótesis diversa a la invocada por el recurrente y que es materia de análisis de esta Segunda Sala que invoca en su agravio, lo que determina su inoperancia.
Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 16/91 y 13/89 de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril 1991, página 24 y Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 277, que respectivamente señalan:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
Las anteriores tesis jurisprudenciales resultan aplicables al caso, en virtud de que en el agravio en análisis no se aduce razonamiento alguno que combata la determinación de la sentencia recurrida en torno a que los actos reclamados no fueron emitidos por el presidente y actuario de la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que se dé ninguno de los supuestos de procedencia de la suplencia de su deficiencia.
No pasa inadvertido que en la demanda de garantías no se reclamó al actuario y presidente de la Junta la emisión de los acuerdos de catorce y diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, sino los actos de ejecución, y en torno a ello, el recurrente no expone agravio alguno para combatir el error en el estudio, sin que proceda la suplencia de la queja, pues su análisis sólo es en vía de agravio.
QUINTO. En relación con la materia competencia de esta Suprema Corte de Justicia, cabe señalar que los últimos agravios mediante los cuales el quejoso controvierte la interpretación literal que el Juez del conocimiento realizó de lo dispuesto en las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, y los preceptos 49, 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo que las reglamentan, son fundados.
En primer término, debe quedar asentado que para realizar la interpretación del citado precepto constitucional, es necesario referirse a los antecedentes del caso, así como al análisis, sistemático, lógico e histórico de la Norma Constitucional, en relación con las relativas a la Ley Federal del Trabajo, materia de la sentencia recurrida. En cuanto a los antecedentes destaca:
1) Por escrito presentado el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, ante la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Alicia Caro Eng, por conducto de su apoderado, demandó, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato individual de trabajo para desempeñar las labores de ayudante administrativo en el CENDI del Hospital Central Norte de Concentración Nacional, con categoría de auxiliar administrativo "B" y su consecuente reinstalación.
2) El nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo en el juicio laboral 30/96, en el que resolvió condenar a Petróleos Mexicanos a reinstalar a la actora en las labores de ayudante administrativo del CENDI del Hospital Central Norte de Concentración Nacional, en la categoría auxiliar "D" en los mismos términos y condiciones en que venía laborando, a pagarle salarios vencidos, aguinaldo, prima vacacional y aumentos.
3) Con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se despachó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para que se requiriera a Petróleos Mexicanos la reinstalación de la actora Alicia Caro Eng y se comisionó al actuario de la Junta para que llevara a cabo la ejecución del laudo. Se levantó acta de diligencia el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el fedatario de la Junta y el representante del demandado manifestó que reproducía en sus términos el escrito presentado ante la Junta en el que ejercitó la facultad que los artículos 49, fracción III y 947 de la Ley Federal del Trabajo le confieren, por situarse la trabajadora dentro de la hipótesis contemplada en dichos artículos; asimismo, manifestó que se encuentran depositados ante la Junta los alcances económicos por lo que hace a la negativa de reinstalación, se incluye la condena líquida de $119,696.37, y posteriormente el actuario procedió a trabar formal embargo sobre la cuenta 642071.
4) El veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Junta reservó acordar la diligencia practicada por el actuario ante la solicitud del no acatamiento al laudo de la parte patronal y hasta que fuera resuelto el incidente planteado.
Por diverso proveído de la misma fecha, la autoridad responsable señaló fecha para la audiencia del incidente sobre la negativa de acatar el laudo, constituyendo esta resolución el acto que se reclama en el juicio de amparo materia de la presente revisión, en est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19903-15017148/despido-injustificado-cuando-la-accion-derivada-de-aquel · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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