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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS CONSUMADOS (Acuerdo legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce por el cual se determina la terminación del encargo de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL DEL ÓRDEN JURÍDICO MEXICANO RELATIVA A LA DURACIÓN EN EL CARGO DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS Y SU NECESARIA ROTACIÓN (Acuerdo legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce por el cual se determina la terminación del encargo de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 120/2014. · Registro digital (IUS): 200028
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 120/2014. 4 DE MARZO DE 2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil quince.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el siete de enero de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tito Cervantes Zepeda, ostentándose como representante del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de dos mil catorce, negaron la suspensión solicitada por dicho Poder.

SEGUNDO. El auto, materia del presente recurso, es del tenor literal siguiente:

"México, Distrito Federal, diecinueve de diciembre de dos mil catorce.

De conformidad con los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso correspondiente al segundo período de dos mil catorce, acuerdan:

Con la copia certificada de las constancias que integran el expediente principal de la controversia constitucional indicada al rubro y como está ordenado en proveído de admisión de este día, fórmese el presente incidente de suspensión.

A efecto de proveer sobre la medida cautelar, se tiene en cuenta lo siguiente:

PRIMERO. La parte actora, en su demanda, impugnó lo siguiente:

'El Acuerdo emitido por la LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala el tres de diciembre de dos mil catorce, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y notificado al suscrito al día siguiente, el cual se sustentó en el Proyecto de Acuerdo formulado por la 'Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica de los Magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no, previa evaluación', de dos de diciembre de dos mil catorce'.

SEGUNDO. En el capítulo correspondiente de la demanda, el promovente solicita la suspensión de los actos impugnados, en los términos siguientes:

'Con fundamento en los artículos 14, 15, éste aplicado a contrario sensu, 16 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comedidamente solicito la suspensión del Acuerdo precisado en el presente escrito, en razón de que tal medida no pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta a la sociedad; por el contrario, ello daría estabilidad al Poder Judicial del Estado y certeza jurídica a quienes tienen la necesidad de acudir a los tribunales.

Esto último, porque es público y notorio que el hecho de existir incertidumbre en la representación de un Poder siempre trae aparejada zozobra en los servidores públicos que lo conforman, con menoscabo del rendimiento en sus respectivas actividades, en la especie, en perjuicio de los justiciables.

Máxime que, como ya se vio, el acto combatido resulta vulnerador de derechos humanos y discriminatorio con relación al resto de los cargos públicos, amén de que también es violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio del suscrito, situación que el Estado no debe permitir, sino poner coto de inmediato a tales arbitrariedades, para lo cual no debe haber demora.'

TERCERO. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Ministro instructor debe tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer respecto de la solicitud de suspensión de los actos impugnados.

Del estudio integral de la demanda, se advierte que el Poder Judicial actor solicita la declaración de invalidez del Acuerdo Legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce, a través del cual el Congreso del Estado de Tlaxcala determinó declarar la conclusión en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala a Tito Cervantes Zepeda, teniendo como base la causa de retiro forzoso por haber cumplido sesenta y cinco años, por lo que ordenó notificarle el retiro de su encargo y, como consecuencia de ello, ordenó se procediera a realizar el nuevo nombramiento conforme lo prevé la legislación aplicable.

Asimismo, se advierte que la medida cautelar se solicita, en esencia, para que la autoridad demandada se abstenga de ejecutar los actos previstos en el Acuerdo por el que determinó el retiro forzoso del Magistrado Tito Cervantes Zepeda.

CUARTO. La suspensión, tratándose de controversias constitucionales, se encuentra regulada en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. De dichos preceptos, se desprenden las características especiales de este incidente de suspensión, como son:

• Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva.

• No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.

• No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

• El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.

• Para su otorgamiento, deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

Apoyan lo anterior las tesis 1a. L/2005 y P./J. 27/2008, de rubros: 'SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS' y 'SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES'. De igual forma, conviene precisar que, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal y el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la Materia, las sentencias definitivas no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de la materia.

En relación con esto, la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional ha considerado que el mismo criterio tiene que aplicarse en la suspensión, debido a que si la sentencia de fondo no puede tener efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución que se dicte en el incidente cautelar.

Igualmente, consideró que si la suspensión tiene como efecto impedir que se realicen determinados actos, es claro que no puede concederse cuando dichos actos ya se han materializado.

Este criterio quedó plasmado en la tesis 2a. LXVII/2000, de rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS'.

Los anteriores elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, situación que adquiere relevancia en un medio de control constitucional y, en segundo lugar, tiende a prevenir un daño trascendente a las partes en tanto se resuelve el juicio principal.

QUINTO. Atendiendo a lo expresado, así como a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto impugnado, los Ministros que suscriben consideran que, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, ni sobre el eventual derecho que el Poder actor alega en su favor, no procede otorgar la suspensión del Acuerdo Legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, toda vez que el párrafo quinto del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala prevé que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 'sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado por faltas y omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por incapacidad física o mental, por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado o por haber cumplido sesenta y cinco años', de manera que, sin prejuzgar respecto del estudio de fondo, que será materia de la resolución que en su oportunidad se dicte, la medida cautelar tendría efectos constitutivos de derecho, al permitirse que continuara en su cargo un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local, en contravención a un precepto constitucional local.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional, con apoyo en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se acuerda:

Único. Se niega la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en los términos y para los efectos precisados en este proveído.

Notifíquese y cúmplase.

Lo proveyeron y firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza, así como los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes actúan con la Licenciada María Oswelia Kuri Murad, Secretaria de la Comisión, que da fe."

TERCERO. En contra del anterior proveído, el recurrente adujo los siguientes agravios:

En el acuerdo recurrido, se aplicó inexactamente el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues el acuerdo emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala el tres de diciembre de dos mil catorce fue resultado del procedimiento de evaluación -previsto en el artículo 79, último párrafo, de la Constitución Local- para ratificar, en su caso, a los Magistrados de plazo por cumplir -entre los que se encuentra el suscrito-, mas no de un procedimiento iniciado por haber cumplido sesenta y cinco años, pues, de haber sido ésta la causa, aquél hubiese tenido lugar hace cuatro años -en el caso del suscrito- bajo reglas distintas.

El suscrito continúa fungiendo como Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado hasta el tres de marzo de dos mil quince, fecha en que se cumplen los seis años para los que fue designado, conforme a los acuerdos emitidos por las Quincuagésima Octava y Quincuagésima Novena Legislaturas Locales, en términos de lo dispuesto por la Constitución Estatal.

Cuando el suscrito fue nombrado como Magistrado, no existía la disposición que actualmente se prevé en el artículo 79 in fine de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala para el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco años, lo cual permitió que, en sesión de uno de febrero de dos mil catorce, se le eligiera como Presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura Local por un período de dos años, de acuerdo con los artículos 79, párrafo quinto y 85, fracción I, de la Constitución del Estado.

En este sentido, el acuerdo recurrido no puede tener el alcance de revocar los acuerdos emitidos por las Quincuagésima Octava y Quincuagésima Novena Legislaturas, de los que se advierte que el suscrito fue designado como Magistrado por un plazo de seis años, el cual vence el tres de marzo de dos mil quince, fecha en la que se materializaría, en todo caso, el acuerdo emitido por la Sexagésima Primera Legislatura el tres de diciembre de dos mil catorce -acto impugnado en la controversia constitucional-.

Por lo anterior, resulta inaplicable la tesis 2a. LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS", invocada en el auto recurrido.

De esta forma, no existe impedimento para el otorgamiento de la suspensión, pues se cumple con todos los requisitos que establecen los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de la Materia. No se pone en peligro la seguridad o economía nacional, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; tampoco se afecta a la sociedad. Por el contrario, se dota de estabilidad al Poder Judicial del Estado y de certeza jurídica a los justiciables, pues la incertidumbre en la representación de un Poder genera zozobra en los servidores públicos que lo conforman, con menoscabo del rendimiento en sus actividades.

Además, de no otorgarse la suspensión y llegar al tres de marzo de dos mil quince sin haberse resuelto el fondo de la controversia constitucional, ésta quedaría sin materia; de ahí que deba hacerse un análisis anticipado del acuerdo impugnado, advirtiendo que resulta discriminatorio en relación con los demás cargos públicos y retroactivo en perjuicio del suscrito, y conceder la medida cautelar solicitada.

CUARTO. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentado al promovente con la personalidad que le fue reconocida en la controversia constitucional; admitió el recurso de reclamación que interpuso en representación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; y turnó el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Legislativo Estatal, señaló lo siguiente:

El acuerdo recurrido fue dictado de conformidad con las reglas previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria, acorde con las características de la suspensión en la controversia constitucional, pues el párrafo quinto del artículo 79 de la Constitución Política del Estado establece que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia pueden ser removidos de sus cargos por haber cumplido sesenta y cinco años y, en este sentido, el otorgamiento de la medida cautelar tendría efectos restitutorios y contravendría lo dispuesto por el artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, que prohíbe que, incluso, la sentencia de fondo tenga efectos retroactivos. Además, el objeto de la suspensión es impedir la realización de actos que no se han materializado, por lo que, en el caso, no procede su otorgamiento, en términos de la tesis 2a. LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS".

Aunado a lo anterior, de otorgarse la suspensión en contra de los efectos de la aplicación del artículo 79 de la Constitución Local, se contravendrían disposiciones de orden público que establecen el plazo máximo de duración en el cargo de Magistrado, con la finalidad de hacer eficiente la administración de justicia en el Estado, ocasionando con ello un perjuicio al interés social.

En efecto, la seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo no implica tener en propiedad el puesto que se desempeña, ni contar con el derecho público subjetivo a permanecer en él, pues tal prerrogativa no es de carácter absoluto, ni puede colocarse por encima del interés general.

Al resolver la controversia constitucional 32/2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resultaba saludable, desde un punto de vista constitucional, que en los Estados se contemplara la rotación en los cargos, para dar oportunidades de acceso a más personas, evitar la concentración de poder y favorecer la división de potestades.

En este sentido, el retiro forzoso, por haber alcanzado una edad límite, no tiene por objeto menoscabar los derechos del Magistrado que promovió la controversia constitucional en representación del Poder Judicial Estatal, sino, por el contrario, constituye un beneficio para él, al considerarse que ha llegado a un momento de su vida en el que ha demostrado su compromiso y entrega a la función jurisdiccional y en el que la conclusión del encargo no causa merma o detrimento a su carrera judicial.

De igual forma, el otorgamiento de la suspensión en el presente asunto tendría efectos constitutivos de derecho, ya que, a pesar de haberse actualizado el retiro forzoso -por rebasar el promovente la edad límite de sesenta y cinco años-, se extendería indefinidamente su nombramiento como Magistrado, lo cual no es materia del incidente de suspensión, sino de la sentencia definitiva que llegue a dictarse.

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a./J. 92/2012 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA PROPUESTA DE UN NUEVO NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA".

SEXTO. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en representación de este Poder, adujo lo siguiente:

El acuerdo recurrido fue dictado acorde con las características de la suspensión en la controversia constitucional, pues el párrafo quinto del artículo 79 de la Constitución Política del Estado establece que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia pueden ser removidos de sus cargos por haber cumplido sesenta y cinco años y, en este sentido, el otorgamiento de la medida cautelar tendría efectos constitutivos de derecho, al permitir que continuara en el cargo un Magistrado, pese a lo ordenado por un precepto constitucional local; además de que contravendría lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, que prohíbe que, incluso, la sentencia de fondo tenga efectos retroactivos.

Adicionalmente, el objeto de la suspensión es impedir la realización de actos que no se han materializado, por lo que, en el caso, no procede su otorgamiento, en términos de la tesis 2a.LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS"; resultando también aplicable, a mayor abundamiento, la tesis PC.I.A.J/28K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL".

De este modo, resultan inoperantes los agravios planteados por el recurrente, pues no se dirigen a combatir la legalidad del acuerdo recurrido, sino se vinculan con cuestiones que son materia del fondo de la controversia; además de que, en todo caso, los argumentos que expone no pueden servir de base al otorgamiento de la suspensión, pues, de ser así, la medida cautelar tendría efectos restitutorios propios de la sentencia definitiva, al haberse ya emitido un acuerdo legislativo, con fundamento en el artículo 79 in fine de la Constitución Estatal, que ordenó ipso facto su remoción en el cargo de Magistrado, por haber rebasado la edad límite establecida en ley.

SÉPTIMO. Una vez integrado el expediente, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince, se remitió al Ministro José Fernando Franco González Salas, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo, así como a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, contrario sensu y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO. El recurso de reclamación resulta procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(1) al haberse interpuesto en contra del auto por el que se negó la suspensión.

TERCERO. A continuación, procede analizar si el recurso fue promovido oportunamente.

Del sello estampado a foja ciento veintidós vuelta del expediente, se advierte que el auto por el que se negó la suspensión fue notificado al recurrente el martes veintitrés de diciembre de dos mil catorce; por lo tanto, conforme al artículo 52, en relación con los artículos 2°, 3° y 6°, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia(2) y 3° y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) el plazo para interponer el recurso transcurrió del lunes cinco al viernes nueve de enero de dos mil quince.

Al efecto, debe tenerse en cuenta que los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte, correspondiente al segundo período de dos mil catorce, habilitaron días para llevar a cabo la notificación del auto recurrido, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(4) de aplicación supletoria en términos del artículo 1º de la Ley Reglamentaria;(5) sin embargo, tal notificación no surtió efectos sino hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el viernes dos de enero de dos mil quince. De igual forma, para efectos del cómputo, deben descontarse los días tres y cuatro de enero, por tratarse de sábado y domingo, respectivamente.

De este modo, al haberse presentado el recurso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el miércoles siete de enero de dos mil quince, fue interpuesto de manera oportuna.

CUARTO. El recurso de reclamación fue interpuesto por parte legitimada, pues el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala es parte actora en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso (legitimación en la causa).

Suscribe el escrito relativo Tito Cervantes Zepeda, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal y representante legal del Poder actor, personalidad que le fue reconocida en el auto de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, dictado en el cuaderno principal de la controversia constitucional (fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho del expediente).

QUINTO. Procede analizar enseguida la legalidad del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, materia del presente recurso.

En principio, debe recordarse que la suspensión fue solicitada en contra del Acuerdo Legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual se declaró la conclusión del nombramiento de Tito Cervantes Zepeda como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que le fuera otorgado mediante el diverso Acuerdo Legislativo de once de enero de dos mil ocho, por actualizarse la causa de retiro forzoso -haber cumplido sesenta y cinco años- establecida en el artículo 79, último párrafo, de la Constitución Política del Estado. En el punto sexto del referido Acuerdo, se señaló que surtiría efectos de manera inmediata a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso Local y que se deberían realizar las acciones conducentes, de conformidad con los artículos 54, fracción XXVII, 83, párrafos segundo, tercero y cuarto y 84, párrafo primero, del citado ordenamiento(6) y 11, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal,(7) esto es, iniciar el procedimiento para la designación de un nuevo Magistrado.

En relación con dicha solicitud, la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de dos mil catorce, resolvió negar la suspensión, por estimar que el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, en el que se fundó el Acuerdo Legislativo de tres de diciembre de dos mil catorce, establecía como causa de remoción en el cargo alcanzar la edad de sesenta y cinco años, por lo que, de concederse la medida cautelar, ésta tendría efectos constitutivos de derecho, pues permitiría que Tito Cervantes Zepeda continuara en el cargo de Magistrado, en contravención a lo dispuesto en el citado precepto constitucional local.

Al respecto, esta Segunda Sala considera que debe prevalecer la negativa de la suspensión, pero por las siguientes razones:

De la lectura de los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(8) se desprenden las características de la suspensión en este medio de control constitucional:

• Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

• Se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor.

• No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiese planteado respecto de normas generales.

• No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

• El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.

• Para su otorgamiento, deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

• En el auto en que se otorgue la suspensión, deberán señalarse con precisión sus alcances y efectos, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.

Como se advierte, la suspensión constituye un instrumento provisional que tiene por objeto impedir que los actos impugnados se ejecuten, o bien, que sus efectos se produzcan o continúen, hasta en tanto se resuelve la cuestión de fondo planteada en la controversia constitucional, a efecto de preservar la materia del juicio y evitar que se causen daños o perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza del acto lo permita y no se actualice alguna de las prohibiciones establecidas en ley.

En este sentido, la suspensión no procede respecto de actos consumados, como se desprende de la siguiente tesis:

"Registro: 191,523

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Julio de 2000

Tesis: 2a. LXVII/2000

Página: 573

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS. Resulta improcedente otorgar la suspensión en una controversia constitucional en contra de actos consumados, porque equivaldría a darle a la medida cautelar efectos restitutorios que ni siquiera son propios de la sentencia de fondo, ya que por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (disposición que se reproduce en el numeral 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria del precepto constitucional citado), la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. Por tanto, si la sentencia de fondo que se dicte en ese juicio constitucional no tiene efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución que se pronuncie en el incidente cautelar, máxime que el objeto de éste es impedir la realización de ciertos actos, lo que lógicamente sólo puede evitarse cuando no se han materializado."

Asimismo, al ser la suspensión una especie del género de las medidas cautelares, resulta válido que el Ministro instructor realice un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante -sin perjuicio de que esta previa determinación pueda cambiar con el dictado de la sentencia definitiva-, anticipando los posibles resultados que pudieran conseguirse con la resolución de fondo que se dicte, cuando las particularidades del caso lleven a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y que, además, las circunstancias conduzcan a sostener que igualmente existe peligro en la demora de su concesión.

Sin que el otorgamiento de la suspensión implique propiamente una restitución, sino sólo un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales, con lo cual únicamente se interrumpe un determinado estado de cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran infundadas las pretensiones del actor, porque la apariencia del buen derecho fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurispr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200028-3593047f/i-controversia-constitucional-improcedencia-de-la-suspension-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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