I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO CONSISTA EN NORMAS GENERALES (LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO). II. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SU OTORGAMIENTO PODRÍA AFECTAR A LA SOCIEDAD EN MAYOR MEDIDA A LOS BENEFICIOS QUE CON ELLA PODRÍAN OBTENERSE (LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 54/2014-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2014. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de noviembre de dos mil catorce.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Iniciativa de Decreto. El veintitrés de junio de dos mil catorce, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero envió la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero al Congreso de dicho Estado(1), en la cual expuso lo siguiente:
"SÉPTIMO. En ese sentido, en la presente iniciativa de Decreto se hacen las adecuaciones atinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a efecto de prever y regular la temática que fue objeto de la reciente reforma a la Constitución del Estado y de la reforma constitucional federal de junio de 2008, en materia de justicia penal y seguridad pública, que propició la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por tanto, de alinear los contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial local a los nuevos textos de ambos cuerpos normativos referidos.
En consecuencia, a fin de dar cauce y funcionalidad a las reformas constitucionales mencionadas, se reforman los artículos 2°, para precisar los órganos que integran el Poder Judicial de la entidad, eliminar la referencia a los juzgados de apelaciones, y 4°, fracción XVIII, para establecer la nueva denominación del Instituto encargado de la defensa pública en el Estado y referir, por su nombre, a los defensores públicos de ese órgano, a quienes actualmente se les denomina como abogados.
También se reforma el artículo 5°, segundo y tercero párrafos, para precisar el número de Salas por materia con que funcionará el Tribunal Superior de Justicia, y suprimir la Sala Auxiliar por no estar contemplados los magistrados supernumerarios en la Constitución local reformada, que eran quienes las integrarían. Al respecto, de las dos Salas Civiles, que actualmente integran el Tribunal, se reduce su número a una sola, y la segunda de ellas se transforma en la Cuarta Sala Penal, con lo que se incrementa el número de éstas para hacer frente a la gran cantidad de asuntos existentes en materia penal, que contrasta con la carga de trabajo que actualmente registran las actuales Salas Civiles. Así, según datos estadísticos con que cuenta este Poder Judicial, correspondientes al periodo de mayo de 2013 a abril de 2014, por ejemplo, la Primera y Segunda Salas Penales radicaron 1,530 y 1,321 tocas, respectivamente, lo que suma la cantidad de 2,851 tocas, mientras que la primera y segunda Salas Civiles radicaron, en ese mismo lapso, 339 y 367 tocas, respectivamente, que ascienden a un total de 706 asuntos.
En este sentido, al comparar ambos universos da como resultado una diferencia de 2,145 tocas de más en la carga de trabajo de las salas penales referidas, lo que implica, en sentido inverso, que la carga de trabajo que registran las actuales salas civiles representa el 24.76% de la que conocen la Primera y Segunda Salas Penales.
Por tanto, a fin de nivelar la carga de trabajo entre los servidores judiciales que las integran, y elevar la calidad en la impartición de justicia en favor de los justiciables, se estima conveniente que la Segunda Sala Civil se convierta en la Cuarta Sala Penal, y que todos los asuntos de naturaleza civil, que deban ser materia de los tribunales de alzada, sean del conocimiento de la aún Primera Sala Civil, la que, como consecuencia de esta reforma, pasa a ser Sala Civil. Lo anterior, permitirá, además, ajustar las estructuras orgánicas de los tribunales de alzada para hacer frente a las nuevas exigencias del sistema penal acusatorio cuya implementación, en nuestra entidad, habrá de realizase en próximas fechas.
La Cuarta Sala Penal tendrá su sede en la ciudad capital del Estado y la misma competencia territorial que la Primera Sala Penal, extendiéndose ésta, para ambas, a los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, los cuales se excluyen, a su vez, de la jurisdicción de la Segunda Sala Penal; quedando, por tanto, dentro de la jurisdicción de ésta únicamente el Distrito Judicial de Tabares, de acuerdo a las reformas de los preceptos legales que más adelante se precisan.
Asimismo, se crea una Sala Penal Unitaria, con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia, a efecto de que conozca y resuelva, en segunda instancia, los recursos de apelación con motivo del nuevo sistema penal acusatorio a implementarse próximamente en los Distritos Judiciales de Aldama, Alarcón e Hidalgo; por lo que se aumenta a 23 el número mínimo de magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Además, se reforma el artículo 6°, fracciones I, II, IV y VI, -éstas dos últimas al haber un recorrimiento de fracciones, con motivo de la adición que más adelante se indica, quedando como V y VII, respectivamente, en tanto que la V pasa a ser la VI-, para incluir en la jurisdicción y competencia de la Primera Sala Penal los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca y excluir esos distritos de la jurisdicción y competencia de la Segunda Sala Penal, referirse a la existencia de una Sala Civil e incorporar en lugar de la Sala Auxiliar a las Salas de Justicia para Adolescentes, así como precisar la competencia y residencia de éstas; 7°, segundo párrafo, para suprimir lo relativo a los jueces de control, en virtud de que la jurisdicción y competencia de éstos no se circunscribe a un solo municipio; 9°, para modificar el primer párrafo, a efecto de precisar el número mínimo de magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme lo determine el Pleno del Tribunal, de acuerdo con las necesidades del servicio, y suprimir la referencia de magistrados supernumerarios, y artículo 10, a fin de establecer el mes en que el citado Presidente deberá ser electo y el mes en que entrará en funciones, así como la precisión de que podrá ser reelecto por una sola ocasión, conforme a lo establecido en la Constitución del Estado reformada. [...]"
Entre otros preceptos transitorios, la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Local propuso el siguiente punto transitorio:
"Cuarto. La Cuarta Sala Penal se integrará con los Magistrados que adscriba el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con el personal jurídico y administrativo que éste determine."
SEGUNDO. Publicación del Decreto Número 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero. El primero de agosto de dos mil catorce fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el Decreto Número 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en cuyo considerando séptimo se expuso lo siguiente:
"Séptimo [...]
También se reforma el artículo 5°, segundo y tercero párrafos, para precisar el número de Salas por materia con que funcionará el Tribunal Superior de Justicia, y suprimir la Sala Auxiliar por no estar contemplados los magistrados supernumerarios en la Constitución local reformada, que eran quienes las integrarían.
Al respecto, de las dos Salas Civiles, que actualmente integran el Tribunal, se reduce su número a una sola, y la segunda de ellas se transforma en la Cuarta Sala Penal, con lo que se incrementa el número de éstas para hacer frente a la gran cantidad de asuntos existentes en materia penal, que contrasta con la carga de trabajo que actualmente registran las actuales Salas Civiles. Así, según datos estadísticos con que cuenta este Poder Judicial, correspondientes al periodo de mayo de 2013 a abril de 2014, por ejemplo, la primera y segunda Salas Penales radicaron 1,530 y 1,321 tocas, respectivamente, lo que suma la cantidad de 2,851 tocas, mientras que la primera y segunda Salas Civiles radicaron, en ese mismo lapso, 339 y 367 tocas, respectivamente, que ascienden a un total de 706 asuntos.
En este sentido, al comparar ambos universos da como resultado una diferencia de 2,145 tocas de más en la carga de trabajo de las salas penales referidas, lo que implica, en sentido inverso, que la carga de trabajo que registran las actuales salas civiles representa el 24.76% de la que conocen la Primera y Segunda Salas Penales.
Por tanto, a fin de nivelar la carga de trabajo entre los servidores judiciales que las integran, y elevar la calidad en la impartición de justicia en favor de los justiciables, se estima conveniente que la Segunda Sala Civil se convierta en la Cuarta Sala Penal, y que todos los asuntos de naturaleza civil, que deban ser materia de los tribunales de alzada, sean del conocimiento de la aún Primera Sala Civil, la que, como consecuencia de esta reforma, pasa a ser Sala Civil. Lo anterior, permitirá, además, ajustar las estructuras orgánicas de los tribunales de alzada para hacer frente a las nuevas exigencias del sistema penal acusatorio cuya implementación, en nuestra entidad, habrá de realizarse en próximas fechas. [...]"
Luego, entre los artículos reformados de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se encuentran los siguientes:
"Artículo 5°.
[...]
Para conocer de los asuntos jurisdiccionales funcionará con cuatro Salas Penales, una Sala Civil, una Sala Familiar, una Sala Penal Unitaria del sistema penal acusatorio y dos Salas de Justicia para Adolescentes, integradas por tres magistrados cada una, con excepción de estas tres últimas, que se integrarán con un magistrado cada una.[...]."
"Artículo 6°. [...]
I. Primera Sala Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, tendrá jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende, Altamirano, Álvarez, Azueta, De los Bravo, Galeana, Guerrero, La Montaña, Montes de Oca, Morelos y Zaragoza.
II. Segunda Sala Penal, con sede en Acapulco de Juárez, tendrá jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares.[...]
IV. Cuarta Sala Penal con sede en Chilpancingo de los Bravo, tendrán la misma jurisdicción y competencia que la Primera Sala Penal.
V.- La Sala Civil tendrá su sede en la capital del estado, su jurisdicción y competencia se ejercerá en todo el territorio estatal; [...]"
"Artículo Cuarto. La Primera Sala Civil quedará integrada con los Magistrados que tengan más antigüedad en el cargo de las dos Salas Civiles que hasta hoy venían funcionando, por su derecho a la misma; y la Cuarta Sala Penal quedará conformada con los Magistrados que tengan menor antigüedad, con el personal jurídico y administrativo que en su caso tenga a su cargo cada Magistrado y demás que el Pleno designe; en la misma fecha entrarán en vigor las disposiciones contenidas en los artículos 5, tercer párrafo, y 6, fracciones I, II, IV y V, sólo por lo que respecta a la creación de la Cuarta Sala Penal, competencia de ésta, ampliación de competencia territorial de la Primera Sala Penal, restricción de competencia territorial de la Segunda Sala Penal, y la supresión de la Segunda Sala Civil. [...]
TERCERO. Presentación de la controversia constitucional. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lambertina Galeana Marín, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, promovió controversia constitucional en la que reclamó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo los siguientes actos:
"Del Congreso del Estado de Guerrero se reclama:
a) El Artículo Cuarto Transitorio, contenido en el Decreto Número 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, emitido por el Congreso del Estado de Guerrero el treinta y uno de julio de dos mil catorce; Decreto del que se tiene conocimiento de manera extraoficial fue publicado en esa misma fecha en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Al respecto, cabe destacar que el Poder Judicial que represento tuvo conocimiento del Decreto en mención a través del portal oficial de internet del Congreso del Estado de Guerrero, el día 15 de agosto del año actual, fecha en la que también el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado tuvo conocimiento del mismo y tomó la decisión de combatirlo mediante la presente controversia.
b) Los efectos y consecuencias jurídicas que derivan del acto precisado en el numeral que antecede.
Del Poder Ejecutivo del Estado se reclama:
a) La sanción, promulgación y publicación del referido Decreto Número 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el que se contiene el artículo Cuarto Transitorio impugnado, emitido por el Congreso del Estado de Guerrero el día treinta y uno de julio de dos mil catorce.
b) Los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de la sanción, promulgación y publicación del Decreto número 501 referido en el párrafo que antecede."
CUARTO. Solicitud de suspensión. En su demanda la parte actora solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban, esto es, para que no entrara en vigor el Decreto impugnado, particularmente, el Artículo Cuarto Transitorio y, por consiguiente, los artículos 5, tercer párrafo, y 6, fracciones I, II, IV, y V, relacionados con el mencionado precepto transitorio.
QUINTO. Admisión de la controversia. Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia planteada con el número 86/2014, y se determinó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Por diverso proveído de diecisiete de septiembre de dos mil catorce el Ministro Instructor, previa aclaración, admitió a trámite la controversia de que se trata; tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guerrero; ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera; y a efecto de proveer sobre la solicitud de suspensión de los actos impugnados, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
SEXTO. Auto de suspensión. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre dos mil catorce, el Ministro Instructor resolvió sobre la suspensión solicitada en los siguientes términos:
"[...] En el caso, la promovente solicita la medida cautelar para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, no entre en vigor el Artículo Cuarto Transitorio impugnado y las disposiciones jurídicas relacionadas con el mismo, consistentes en los artículos 5°, tercer párrafo, y 6°, fracciones I, II, IV y V, del Decreto Número 501, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, emitido por el Congreso de la entidad el treinta y uno de julio de dos mil catorce.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que será materia de la resolución que en su oportunidad se dicte, en la que se determinará lo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, no procede otorgar la suspensión respecto de su vigencia y efectos, en virtud de que se actualiza la prohibición contenida en el artículo 14, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de la materia, que establece:
'Artículo 14. [...]
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.'.
De conformidad con lo dispuesto en este precepto, no procede otorgar la suspensión cuando se plantea la invalidez de normas generales, por lo que tampoco es posible paralizar sus efectos, ya que la prohibición de que se trata tiene como finalidad evitar que tales normas pierdan su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica, de conformidad con la tesis 2ª. XXXII/2005, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:
'SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA PROHIBICIÓN DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERALES INCLUYE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y SUS EFECTOS.' (Se transcribe)
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de dos mil cinco, consultable en la página novecientos diez, registro 178861).
En esas condiciones, lo que puede ser materia de la suspensión en una controversia constitucional, son los efectos o consecuencias de algún acto concreto; sin embargo, la promovente no impugna actos específicos que puedan ser motivo de suspensión, sino que pretende se interrumpa la vigencia y efectos del precepto legal impugnado, lo cual es inadmisible jurídicamente.
En efecto, como la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de una medida cautelar, ésta no puede tener por efecto desconocer la vigencia, contenido y alcance de la ley, pues ello implicaría darle efectos restitutorios del derecho que pretende en el fondo del asunto, en cuanto a la ineficacia jurídica de la norma impugnada, lo cual debe ser motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte.
Por tanto, es inatendible lo manifestado por la promovente, en el sentido de que es viable la medida cautelar conforme a los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, pues como ya se vio, en el caso existe prohibición expresa de conceder la suspensión cuando la controversia constitucional se plantea respecto de normas generales.
Asimismo, la promovente refiere que es viable la suspensión por la naturaleza del artículo Cuarto Transitorio impugnado, ya que se producirían graves consecuencias al interior del Poder Judicial local, al ejecutarse la adscripción de magistrados y de personal jurídico y administrativo del Tribunal Superior de Justicia a la Primera Sala Civil y Cuarta Sala Penal, cuyos actos quedarían consumados. Sin embargo, el anterior planteamiento no lleva a considerar que sea procedente la suspensión solicitada, por lo siguiente.
El precepto legal impugnado y las disposiciones a que hace referencia la parte actora, son del tenor literal siguiente:'
'Artículo 5°. [...]
[...]
Para conocer de los asuntos jurisdiccionales funcionará con cuatro Salas Penales, una Sala Civil, una Sala Familiar, una Sala Penal Unitaria del sistema penal acusatorio y dos Salas de Justicia para Adolescentes, integradas por tres magistrados cada una, con excepción de estas tres últimas, que se integrarán con un magistrado cada una.
[...].
Artículo 6°. [...]
I.- Primera Sala Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, tendrá jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende, Altamirano, Álvarez, Azueta, De los Bravo, Galeana, Guerrero, La Montaña, Montes de Oca, Morelos y Zaragoza.
II.-Segunda Sala Penal, con sede en Acapulco de Juárez, tendrá jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares.
[...]
V.- La Sala Civil tendrá su sede en la capital del estado, su jurisdicción y competencia se ejercerá en todo el territorio estatal;
[...]
Artículo Cuarto. La Primera Sala Civil quedará integrada con los Magistrados que tengan más antigüedad en el cargo de las dos Salas Civiles que hasta hoy venían funcionando, por su derecho a la misma; y la Cuarta Sala Penal quedará conformada con los Magistrados que tengan menor antigüedad, con el personal jurídico y administrativo que en su caso tenga a su cargo cada Magistrado y demás que el Pleno designe; en la misma fecha entrarán en vigor las disposiciones contenidas en los artículos 5, tercer párrafo, y 6, fracciones I, II, IV y V, sólo por lo que respecta a la creación de la Cuarta Sala Penal, competencia de ésta, ampliación de competencia territorial de la Primera Sala Penal, restricción de competencia territorial de la Segunda Sala Penal, y la supresión de la Segunda Sala Civil. [...] .".
Tales preceptos regulan situaciones jurídicas generales y abstractas, en relación con la jurisdicción, competencia e integración de diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial local, por lo que evidentemente se trata de normas generales que participan de las características de una ley en sentido formal y material, respecto de las cuales no procede la suspensión, sin que obste la circunstancia de que su obligatoriedad implique un cambio de adscripción o de funciones de algunos titulares y de su personal jurídico y administrativo, ya que la medida cautelar no puede tener por efecto decidir situaciones jurídicas particulares que prejuzguen respecto del fondo del asunto.
Aunado a lo anterior, la posibilidad de que el mandato legal se cumpla en sus términos con la consecuente modificación de la competencia e integración de los referidos órganos jurisdiccionales, no significa que la controversia constitucional pueda quedar sin materia y que por ello deba concederse la suspensión, pues como ya se vio, en el caso existe prohibición expresa de conceder la suspensión tratándose de normas generales; y sólo los actos consumados de modo irreparable son los que podrían impedir el estudio de fondo, lo cual debe ser motivo de estudio, en su caso, en la sentencia que en su oportunidad se dicte, atento al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 78/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, página novecientos catorce, cuyo rubro señala: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS.'
[...]"
SÉPTIMO. Interposición del recurso de reclamación. Mediante oficio recibido el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delegado del Poder Judicial del Estado de Guerrero, interpuso recurso de reclamación en contra del auto recién transcrito, en la parte conducente, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 86/2014.
OCTAVO. Admisión, turno y trámite del recurso. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el presente recurso, al que le correspondió el número 54/2014-CA, ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y remitió los autos a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien fue designada como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo, por lo que una vez integrado el expediente se ordenó remitirlo a la Sala de su adscripción para su radicación y resolución.
NOVENO. Avocamiento. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto, por lo que ordenó remitir los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I(3), y 11, fracción V(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno, Punto Tercero, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno del mismo mes y año, toda vez que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación fue presentado oportunamente, en atención a lo siguiente:
a) El lunes veintidós de septiembre de dos mil catorce, se notificó a la parte actora el auto recurrido.
b) La notificación surtió efectos el martes veintitrés de septiembre, conforme a lo dispuesto en el artículo 3°, fracción I(5), de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) El plazo de cinco días previsto en el artículo 52(6) de la citada ley transcurrió del miércoles veinticuatro al martes treinta de septiembre de dos mil catorce, descontando los días veintisiete y veintiocho de septiembre por ser sábado y domingo, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º y 3º, fracciones II y III, de la ley reglamentaria de la materi(7) , en relación con los artículos 3º y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(8)
d) El recurso se interpuso oportunamente al haberse presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja veinticinco vuelta del expediente), el lunes veintinueve de septiembre de dos mil catorce, tal como se aprecia del siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. Legitimación. Suscribe el oficio de agravios Adrián Vega Cornejo, como delegado del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en términos del artículo 11, segundo párrafo, de la ley de la materia.
En el auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce se admitió la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Guerrero, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, dicho ente público se encuentra legitimado para interponer el presente recurso.
Por otra parte, también en ese auto se tuvo por designados por la parte actora a los profesionistas en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, a Adrián Vega Cornejo.
Por tanto, en términos del primer párrafo del multireferido artículo 11, se tiene por legitimado al promovente para interponer el presente recurso.
CUARTO. Procedencia de la vía. El recurso de reclamación es procedente porque se interpuso en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual el Ministro Instructor negó la suspensión solicitada, lo que actualiza el supuesto de procedencia previsto por el artículo 51, fracción IV,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
QUINTO. Agravios. El único agravio que se hace valer, en esencia, contiene los siguientes argumentos:
• La resolución recurrida es ilegal, en virtud de que es contraria a lo que establecen los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Lo anterior porque no se tomaron en cuenta los argumentos planteados por el Poder Judicial Estatal ni las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional de que se trata, en virtud de que fue negada la suspensión solicitada, al considerar que el artículo Cuarto Transitorio y los diversos numerales 5º, tercer párrafo y 6º del Decreto número 501 que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, constituyen normas generales.
• El Ministro Instructor no expuso consideración alguna acerca del porqué, en su concepto, el artículo Cuarto Transitorio del decreto en mención es una norma de carácter general, lo que ocasiona que la resolución recurrida carezca de la debida fundamentación y motivación.
• El Artículo Cuarto Transitorio del Decreto Número 501 por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero no constituye una norma de carácter general, porque si bien es cierto que la Legislatura Local emitió el referido Decreto, también lo es que lo anterior no implica que el mencionado artículo transitorio deba tenerse como norma de carácter general, pues lo que determina la naturaleza de los actos jurídicos no es su denominación o aspecto formal, sino su contenido material.
• El mencionado artículo transitorio no necesariamente debe tenerse como norma de carácter general, sino un acto específico, como lo es la adscripción de magistrados y personal jurídico y administrativo a las salas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
• Debe concederse la medida cautelar solicitada, conforme a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, pues resulta evidente y manifiesta la intromisión del Poder Legislativo a la esfera competencial del Poder Judicial, ambos del Estado de Guerrero, en tanto que la Legislatura Local determinó la forma en que se debían llevar a cabo las adscripciones de los magistrados y personal jurídico y administrativo a la Primera Sala Civil y Cuarta Sala Penal, lo cual es competencia exclusiva del Poder Judicial, situación que hace posible anticipar con mayor grado de acierto que se declarará la invalidez del acto impugnado en la controversia constitucional.
• Contrariamente a lo resuelto por el Ministro Instructor, se aduce que de ejecutarse lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio impugnado quedaría sin materia la controversia constitucional planteada, al no tener efectos retroacti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200096-d1eb2f2e/i-controversia-constitucional-no-procede-la-suspension-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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