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Modo: Corpus Pro

I. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS (PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2015). II. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE SU NEGATIVA RESPECTO DE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS (PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2015).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 30/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2015. · Registro digital (IUS): 200128
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 30/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2015. MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS. 17 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS VOTÓ CON SALVEDADES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorena Ortega Delgado, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento 2013-2016 del municipio de Momax, Zacatecas, promovió, en representación de éste, recurso de reclamación en contra del proveído de seis de octubre de dos mil quince, dictado por el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, en los autos del incidente de suspensión de la controversia constitucional 13/2015, mediante el cual negó la suspensión solicitada.

SEGUNDO. El auto materia del presente recurso es del tenor literal siguiente:

México, Distrito Federal, a seis de octubre de dos mil quince.

Con copia certificada de las constancias que integran el expediente principal de la controversia constitucional citada al rubro, fórmese y regístrese el presente incidente de suspensión, y a efecto de proveer sobre la medida cautelar, se tiene en cuenta lo siguiente.

En su escrito inicial, el Municipio de Momax, Zacatecas, impugna lo siguiente:

"La determinación de INICIAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS, en contra de los CC. SALVADOR CABRAL MOTA, LORENA ORTEGA DELGADO Y SAÚL MAGALLANES LUNA, Presidente, Síndica y Tesorero del H. Ayuntamiento (periodo 2013-2016) del municipio de Momax, Zacatecas, así como en contra de la C. EDITH DEL CARMEN SERRANO HUIZAR, quien se desempeñó como Directora del DIF Municipal, hasta el día 18 del mes de septiembre del año dos mil trece, por considerar haberle realizado a esta última un pago improcedente de $47,700.38 M/N., por concepto de prestaciones laborales derivadas de la terminación de su relación de trabajo.

Resolución que se contiene en la determinación de conclusión del proceso revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal del año dos mil trece (2013), del municipio de Momax, Zacatecas, dictada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el día catorce de enero del año dos mil quince, visible en las consideraciones contenidas a fojas 10, 11 y 12 y conclusiones a fojas 23, 29 y 30, del informe de solventación derivado del pliego de observaciones AF-13/30-009; RESULTADO AF-07; Observación AF-05; correspondiente a la administración actual 2013-2016."

Por otra parte, el Municipio actor solicita la suspensión de los actos impugnados en los siguientes términos:

"Por este conducto, en tiempo y forma legal, en la vía incidental vengo a solicitar la SUSPENSIÓN de la ejecución de los actos reclamados y hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y se preserve los actos materia de esta Controversia Constitucional absteniéndose las autoridades demandadas de dictar sentencia en el procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria número ASE-PFRR-118/2015, instaurado en contra de SALVADOR MOTA CABRAL (Presidente), SAÚL MAGALLANES LUNA (Tesorero) y la suscrita LORENA ORTEGA DELGADO (Síndica) del H. Ayuntamiento municipal 2013-2016, y solamente por lo que concierne a los hechos que constituyen materia de esta Controversia Constitucional. ...

Consideramos procedente se conceda la suspensión solicitada en virtud de que no se ponen en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni tampoco se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. ..."

En lo que interesa destacar, del contenido de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que:

1. La suspensión procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;

2. Emana respecto de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser suspendidos en sus efectos o consecuencias;

3. No podrá otorgarse respecto de normas generales;

4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;

5. Podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

En relación con lo anterior, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia siguiente:

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. (Se transcribe)

Como se advierte de este criterio jurisprudencial, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.

Precisado lo anterior, es menester destacar que, en el caso, del estudio integral de las documentales que integran el expediente, se advierte que el Municipio de Momax, Zacatecas, solicita la medida suspensional, específicamente, para que la Auditoría Superior de Zacatecas se abstenga de dictar sentencia en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015, derivado del Pliego de Observaciones ASE-PO-30-2013-31/2014, el cual contiene las conclusiones de la revisión de la cuenta pública de Momax, Zacatecas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece.

Ahora bien, atento a las características particulares del presente asunto y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede negar la suspensión solicitada respecto a que la sentencia en los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades respectivos, toda vez que la función de fiscalización en las entidades federativas constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano, prevista en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, de conceder la suspensión pretendida, se impediría que las autoridades demandadas, en uso de sus atribuciones, puedan instruir el referido procedimiento derivado del Pliego de Observaciones ASE-PO-30-2013-31/2014.

No obstante, con el fin de preservar la materia del juicio, procede conceder la medida cautelar para que el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de Zacatecas se abstengan de aplicar las medidas tendientes a la ejecución de sentencia que, en su caso, se dicte en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias registrado con la clave ASE-PFRR-118/2015, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto.

Por tanto, la medida cautelar no puede tener por efecto que se suspenda la resolución del referido procedimiento de responsabilidades sino que, en todo caso, tanto el órgano legislativo como la Auditoría Superior locales deberán abstenerse de ejecutar la resolución que en su momento se dicte en el referido Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, instaurado contra Salvador Cabral Mota, Lorena Ortega Delgado y Saúl Magallanes Luna, Presidente, Síndica y Tesorero de Momax, Zacatecas, así como de Edith del Carmen Serrano Huizar, quien fungió como Directora del DIF en la actual administración municipal hasta el dieciocho de septiembre del año dos mil trece, hasta que este Alto Tribunal resuelva el presente medio de control constitucional.

Esto, a fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable, toda vez que de ejecutarse dicha resolución podría quedar sin materia la controversia constitucional.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en su escrito, inicial el Municipio actor impugne "la determinación de iniciar el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", así como "la determinación de conclusión del proceso de revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal del año dos mil trece", toda vez que el Ministro instructor puede decretar la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias de los actos impugnados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial siguiente:

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS. (Se transcribe)

Cabe precisar que con la medida cautelar concedida no se afecta la seguridad y economía nacionales, y tampoco las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se mantienen las cosas en el estado en que se encuentran, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se advierten elementos para considerar que el otorgamiento de la suspensión pueda afectar a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante de la medida.

ACUERDA

I. Se concede la suspensión solicitada por el Municipio de Momax, Zacatecas, para que las autoridades demandadas se abstengan de ejecutar la resolución que, en su caso, se dicte en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015, en los términos precisados en este proveído.

II. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente conforme a lo previsto por el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de la materia.

Notifíquese.

TERCERO. En contra del anterior acuerdo, la parte recurrente aduce, en síntesis, los siguientes agravios:

• Que la negativa a otorgar la suspensión en la forma en que la solicitó la recurrente y, a su vez, concederla con los efectos que precisa el acuerdo recurrido, es una actuación ilógica que lesiona el bien jurídico que la institución de la suspensión tiende a proteger. Esto es, la suspensión debe impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos en tanto se dicte la sentencia correspondiente, con el fin de preservar la materia del juicio.

• En el caso, destaca que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Tesorería municipal es la encargada de la ejecución de las sentencias que se dicten dentro de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Por tanto, aun cuando se concedió la suspensión para el efecto de que el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de Zacatecas se abstengan de aplicar las medidas tendientes a la ejecución de la sentencia que, en su caso, se dicte dentro del procedimiento correspondiente registrado con la clave ASE-PFRR-118/2015, lo cierto es que dichas autoridades no intervienen en su ejecución, es decir, su jurisdicción y competencia termina con el dictado de la sentencia.

• Por lo anterior, concluye que la forma en que se concedió la suspensión se encuentra en contradicción con lo que disponen los artículos 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 93, fracción II, IV y V, de la Ley Orgánica del Municipio, vigente en el estado de Zacatecas; 132, 134, 135, 140, 153, 161 y 167 del Código Fiscal del municipio para el estado de Zacatecas, que determinan la facultad, función y competencia del cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales, como son los que provienen por sentencia que dicte la Auditoria Superior del estado.

• Por otra parte, sostiene que al concederse la suspensión con los efectos precisados por el Ministro instructor, no se salvaguarda la materia del juicio, debido a que la sentencia que en su momento se dicte, puede ser recurrida tanto por los actores como por los demandados, lo que inclusive puede dar lugar a la existencia de sentencias contradictorias.

CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación, al que correspondió el expediente 30/2015-CA; lo admitió a trámite y ordenó correr traslado al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior, ambos de Zacatecas, así como a la Procuradora General de la República, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

En el mismo auto, ordenó remitirlo al Ministro José Fernando Franco González Salas, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo y se instruyó para que una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente se enviara a dicho ministro.

QUINTO. Ninguna de las partes formuló alegatos.

SEXTO. La Procuradora General de la República no formuló pedimento.

SÉPTIMO. Una vez integrado el expediente, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, se ordenó remitirlo para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito el Ministro José Fernando Franco González Salas, designado como ponente en este asunto.

Mediante proveído de veintiséis de noviembre siguiente, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu y tercero del Acuerdo General 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece,(3) al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. El recurso de reclamación es procedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) toda vez que se interpuso en contra del acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, mediante el cual negó la suspensión solicitada.

TERCERO. El recurso fue presentado en forma oportuna el jueves quince de octubre de dos mil quince.(5) Es así, porque el acuerdo recurrido fue notificado el martes trece de octubre del año en cita(6) y surtió sus efectos el miércoles catorce siguiente, por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la ley reglamentaria de la materia(7) para interponer el recurso de reclamación transcurrió del jueves quince al miércoles veintiuno de octubre de dos mil quince, de los cuales se deben descontar el diecisiete y dieciocho del mes y año de referencia, por corresponder a sábado y domingo, conforme a los artículo 2º y 3°, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia,(8) en relación con el artículo 163(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. El recurso fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que lo suscribe Lorena Ortega Delgado, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento 2013-2016 del municipio de Momax, Zacatecas, lo que acredita con la constancia de mayoría que obra a foja once del expediente; siendo que se trata de la parte actora en la controversia constitucional 13/2015, en términos del artículo 10, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(10)

QUINTO. Previo al estudio de los agravios planteados, esta Segunda Sala considera que a efecto de determinar si en el caso procedía o no conceder la medida cautelar solicitada, resulta pertinente precisar la naturaleza de la suspensión en las controversias constitucionales.

La suspensión, tratándose de controversias constitucionales, se encuentra regulada en la Sección II del Título II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, específicamente en los artículos del 14 al 18,(11) que establecen las características especiales de este incidente de suspensión que son:

1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.

3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacional, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

4) El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente; y,

5) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio.

Por tanto, a fin de otorgar la suspensión es necesario considerar su naturaleza como medida cautelar y los casos en que se prohíbe su otorgamiento, de acuerdo con el artículo 15 de la ley reglamentaria, de lo contrario se le privaría de eficacia jurídica.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 1a. L/2005, de la Primera Sala, de rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.;(12) así como en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno P./.J 27/2008, de rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES.(13)

Una vez precisada la naturaleza de la suspensión en las controversias constitucionales, se procede al estudio de los agravios hechos valer y que fueron sintetizados en el resultando tercero de esta resolución, los cuales a juicio de esta Segunda Sala son infundados.

En sus agravios, esencialmente, el recurrente señaló que la forma en que el Ministro instructor concedió la suspensión no evita la ejecución de la sentencia que en su momento se dicte en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015, ya que la suspensión solo se refiere a el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de Zacatecas; sin embargo, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, es la Tesorería municipal la encargada de la ejecución de dichas las sentencias. En ese sentido, sostiene que con la medida cautelar concedida no se preserva adecuadamente la materia del juicio.

No le asiste la razón al recurrente, por las consideraciones que a continuación se exponen.

En principio, debe puntualizarse que respecto al concepto de institución fundamental del Estado, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al emitir la tesis de rubro SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 'INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO' PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.,(14) determinó que por "instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano" se deben entender aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dan estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica; principios como lo son:

a) Régimen federal;

b) División de poderes;

c) Sistema representativo y democrático de gobierno;

d) Separación Iglesia-Estado;

e) Garantías individuales;

f) Justicia constitucional;

g) Dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos;

h) Rectoría económica del Estado.

En el caso, resulta importante destacar que la Constitución Federal prevé la fiscalización de las entidades federativas en los siguientes términos:

Artículo 116. ...

(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015)

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

Ahora bien, cabe recordar que la solicitud de suspensión realizada por la parte actora fue con el propósito esencial de que la Auditoría Superior de Zacatecas se abstenga de dictar sentencia en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015. En ese sentido, se determinó negar la medida cautelar, ya que a través de ésta no puede impedirse que las autoridades ejerzan las atribuciones que la ley les confiere, entre ellas las de fiscalización, al tratarse de una institución fundamental del orden jurídico nacional; sin embargo, se consideró pertinente otorgar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de dicho procedimiento, esto es, las autoridades demandadas podrán llevar a cabo el procedimiento referido, pero en ningún caso podrán ejecutar la resolución que ponga fin al procedimiento, en tanto este Tribunal resuelva en definitiva la controversia constitucional.

Asimismo, en el auto que se recurre se precisó que de no otorgarse la medida suspensional, se daría lugar a que ejecutaran y surtieran efectos los actos que se impugnan.

En consecuencia, si la cuestión de fondo la constituye precisamente determinar si el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015, derivado del Pliego de Observaciones ASE-PO-30-2013-31/2014, afecta la esfera competencial del Municipio de Momax, Zacatecas, es evidente que la medida cautelar concedida en esos términos, tiene como fin preservar la materia del juicio, pues de otra forma se permitiría la ejecución de actos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, lo que desnaturalizaría por completo la suspensión en este medio de control constitucional, en tanto medida cautelar y, por ende, la privaría de eficacia jurídica.

Por otra parte, debe señalarse que esta Segunda Sala ha interpretado que el Ministro instructor tiene facultades para decretar la suspensión no sólo de los actos impugnados, sino también de sus efectos y consecuencias, en atención a las circunstancias y características del caso, de ahí que los efectos y alcances de la medida cautelar no deben coartar la facultad fiscalizadora de las autoridades demandadas, sino constreñirse a salvaguardar la materia de los actos objeto de la controversia constitucional y que no se ejecute la resolución derivada del procedimiento cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, hasta en tanto este Tribunal se haya pronunciado al respecto. Sirve de apoyo la tesis 2a. I/2003, de rubro y texto siguientes:

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS. De lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la suspensión del acto cuya invalidez se demande en una controversia constitucional puede concederse de oficio o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor. Atento lo anterior, se concluye que el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decretar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto materia de la controversia, con independencia de que se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita, pues es deber del Ministro instructor atender a las circunstancias y características particulares del caso, lo que le permite tomar diversas determinaciones respecto a los diferentes actos materia de la controversia constitucional.(15)

En efecto, permitir que se ejecute o continúe ejecutándose un acto cuya constitucionalidad se cuestiona, en tanto se resuelve el fondo del asunto, haría nugatoria la suspensión, pues no permitiría evitar daños irreparables a la parte actora.

Por tanto, es correcto que el acuerdo recurrido otorgue la suspensión solo para el efecto de que no se ejecute la sentencia que en su momento se dice en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias ASE-PFRR-118/2015, toda vez que el procedimiento de fiscalización constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano, en cuya resolución está interesada la sociedad.

Por otra parte, el recurrente aduce que con la forma en la que se concedió la suspensión no se preserva la materia de la controversia constitucional, debido a que la ejecución de la sentencia no recae en la Legislatura estatal o la Auditoría Superior de Zacatecas.

Al efecto, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, en el Capítulo III, intitulado "Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", señala, en la parte conducente, lo siguiente:

Artículo 44.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE MAYO DE 2012)

I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia en la sede de la Auditoría Superior del Estado, haciéndoles saber en el Informe de Solventación del Pliego de Observaciones, los hechos que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, el requerimiento para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en las ciudades de Guadalupe o Zacatecas; apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluído su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo.

A la audiencia podrá asistir, según sea el caso, el representante de los Poderes del Estado, Municipios o entes públicos fiscalizados, que para tal efecto designen.

Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

(ADICIONADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2012)

Si en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de la Audiencia de Ley, la Auditoría Superior del Estado advierte que es necesaria la práctica de otras actuaciones para el desahogo de las pruebas que sean ofrecidas, acordará de oficio la suspensión de la Audiencia, quedando abierta únicamente la etapa de desahogo de pruebas, y concluida esta, procederá a la reanudación de la Audiencia a partir de la etapa de Alegatos.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE MAYO DE 2012)

II. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, y expresados los alegatos, la Auditoría Superior del Estado resolverá fundada y motivadamente dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización correspondiente, a él o los sujetos responsables, y notificará a éstos dicho pliego en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, y a falta de señalamiento, mediante lista que se fije en los Estrados de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200128-573d6c75/i-suspension-en-controversia-constitucional-validez-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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