EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. VALOR AGREGADO. EL AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE EN MATERIA DE INVERSIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY RELATIVA NO ES INCOMPRENSIBLE Y, POR TANTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. EL TRATO DIVERSO QUE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OTORGA EN MATERIA DE ACREDITAMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN INVERSIONES FRENTE A LOS QUE NO LO HAGAN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, APOYADOS EN SITUACIONES PARTICULARES O HIPOTÉTICAS, SON INOPERANTES (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EXENTAS PUEDAN ACREDITAR EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). VALOR AGREGADO. LAS EXENCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PERSIGUEN FINES EXTRAFISCALES GENÉRICOS, FRENTE A LOS ESPECÍFICOS PRETENDIDOS POR LA TASA DEL 0%. VALOR AGREGADO. LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO SUJETOS A LA TASA DEL 0% Y LOS EXENTOS, NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES JURÍDICAS SEMEJANTES PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO.
AMPARO EN REVISIÓN 1160/2006. UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 4o. (excepto su primer párrafo), 4o. A (excepto su fracción II), 4o. B y 4o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, así como del artículo 2o. A, último párrafo, de dicha ley, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cinco, en el que si bien subsiste el problema de constitucionalidad, lo cierto es que se refiere al acreditamiento del impuesto al valor agregado, tema que en sesión privada de seis de febrero del año en curso el Tribunal Pleno asignó a esta Sala para su conocimiento.
SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo legal de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia de amparo le fue notificada a la autoridad responsable el veintiocho de octubre de dos mil cinco (foja 1168 del cuaderno de amparo), surtiendo efectos ese mismo día, y el recurso fue presentado el día nueve de noviembre siguiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano (foja 1202 del cuaderno de amparo), descontándose de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de octubre y cinco y seis de noviembre del año citado, por ser inhábiles.
TERCERO. En los agravios expuestos por la autoridad recurrente se controvierte la concesión del amparo otorgado a la quejosa. En tales argumentos, medularmente, se sostiene que, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto al Valor Agregado para el ejercicio fiscal de dos mil cinco sí cumple con el requisito de legalidad, porque si bien es cierto que las leyes tributarias deben iniciarse a través de la Cámara de Diputados, en el caso no fue la excepción, toda vez que esa ley tuvo su origen en dicha Cámara y únicamente fue adicionada por la Cámara de Senadores, la cual remitió la adición y modificación a la Cámara de Origen, la que aprobó por mayoría de votos la citada adición. Por tanto, no se violenta el artículo 72, inciso h), constitucional, toda vez que el presidente de la República presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados, la que a su vez remitió la minuta al Senado de la República, que en uso de sus facultades modificó y adicionó el proyecto de ley.
Son fundados los agravios de referencia pues, en efecto, el Tribunal Pleno ha determinado que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, cumple con los requisitos previstos por el artículo 72 de la Constitución Federal, ya que dicha reforma fue discutida originalmente en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen, modificaciones y adiciones que se devolvieron a la Cámara de Diputados, la que aprobó el proyecto por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El criterio referido quedó definido a través de la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, junio de 2006
"Tesis: P./J. 78/2006
"Página: 7
"VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los proyectos de ley o decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados (inciso H), la que de aprobarlos -en todo o en parte- los turnará a la Cámara de Senadores para su discusión (incisos A y H); si ésta los desecha parcialmente, los adiciona o modifica, los regresará a aquélla para la nueva discusión que versará sobre lo desechado, adicionado o modificado, sin poder alterar los artículos aprobados, y si la Cámara de Diputados aprueba tales adiciones o modificaciones por mayoría absoluta de los votos presentes, remitirá todo el proyecto de ley o decreto al Ejecutivo para sus observaciones y, en su caso, para su publicación (inciso E). En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que el proceso legislativo que culminó con el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, cumplió con lo ordenado en el indicado artículo 72 constitucional, ya que del referido proceso legislativo se advierte que el proyecto presentado por el Presidente de la República se discutió primero en la Cámara de Diputados, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió, además, adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen; con estas modificaciones y adiciones el proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados, la que lo aprobó por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación."
De ahí que si en términos de la jurisprudencia señalada el proceso legislativo de los artículos 4o. (a excepción de su primer párrafo), 4o. A (a excepción de la fracción II), 4o. B y 4o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue acorde con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el amparo concedido a la quejosa se apoyó en la consideración contraria en el sentido de que existía una violación a dicho precepto constitucional, luego, en la materia competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta procedente revocar esa determinación.
CUARTO. Al haber sido revocado el amparo concedido, lo procedente es que esta Sala, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, realice el estudio de los conceptos de violación primero, tercero, cuarto y quinto, formulados por la quejosa en su demanda de garantías, mismos que omitió analizar el Juez de Distrito del conocimiento.
Los argumentos de mérito esencialmente señalan:
Primer concepto de violación:
Los artículos 4o., 4o. A, 4o. B y 4o. C, en relación con el artículo 2o. A, último párrafo, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vulneran las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, ya que los contribuyentes que realicen actividades gravadas a la tasa del 0% sí pueden acreditar el impuesto al valor agregado que se les traslade, en contraste con los contribuyentes exentos del impuesto que se encuentran impedidos para realizar dicho acreditamiento. Lo anterior es así, por lo siguiente:
a) Sólo aquellos sujetos que causen el impuesto al valor agregado a cualquier tasa pueden aplicar la mecánica de acreditamiento prevista por el artículo 4o.; por su parte, la quejosa es causante del impuesto al valor agregado, sólo que se le exime de enterar las cantidades a su cargo, pues los servicios que presta se encuentran exentos. En esos términos, el sujeto exento, al igual que el sujeto que sí entera el impuesto, realizan el hecho generador y, en esa medida, se encuentran en la misma situación jurídica, toda vez que ambos causan el impuesto.
b) La creación de la tasa del 0% tiene como objetivo que el consumidor final no resienta el efecto del pago del impuesto derivado de la mecánica de traslación. La exención, que pareciera que se creó con el ánimo de beneficiar al sujeto que lo causa -sin perder de vista que produce el mismo efecto que la tasa del 0%, es decir, que el consumidor final no sea quien en última instancia sufra el efecto económico del impuesto-, en realidad genera una carga tributaria a cargo del contribuyente (en beneficio del consumidor final), ya que en virtud de dicha exención es que el sujeto pasivo del impuesto no puede trasladar el impuesto al consumidor final.
Quienes realizan actos o actividades gravadas, si bien tienen el carácter de contribuyentes y, en consecuencia, se encuentran obligados al pago del tributo, no ven demeritado su patrimonio por ese motivo, ya que las cantidades que tienen que enterar al fisco federal les son cubiertas por los adquirentes de los bienes o servicios, en virtud del traslado del gravamen. Por el contrario, cuando los actos y actividades se encuentran exentos, el contribuyente no queda obligado al pago del gravamen, situación por la que no tiene derecho a efectuar el traslado respectivo a terceros. En consecuencia, quienes realizan actos o actividades exentos se convierten en consumidores finales en los que recae la incidencia del gravamen, dado que deben aceptar el traslado que les efectúen sus proveedores.
c) Los contribuyentes que realizan actos o actividades exentas, lejos de verse beneficiados con este motivo, son objeto de un trato desfavorable que el que reciben aquellos causantes que exclusivamente realizan actividades gravadas. Es así, porque por la realización de actos o actividades gravadas con la tasa del 15% al contribuyente realmente no le representa una afectación patrimonial, pues el impuesto que debe pagar lo obtiene del monto que traslada a terceros, pudiendo aplicar el resto a recuperar el importe del gravamen que le fue trasladado por sus proveedores. De igual manera, si los actos o actividades realizadas por el contribuyente estuvieran afectas a la tasa del 0%, éste tendrá derecho a acreditar la totalidad del impuesto que le fue trasladado, mismo que le representaría un saldo a favor respecto del que tendría derecho a solicitar la devolución.
Por el contrario, para los contribuyentes que realizan actos o actividades exentas no se genera una obligación de pago a su cargo. En este supuesto, el contribuyente no podrá acreditar el impuesto que se le haya trasladado y, por tanto, no podrá recuperar el monto del impuesto que le trasladaron terceros al adquirir los bienes o servicios necesarios para realizar sus actividades. Así, el contribuyente que realizó actos o actividades exentas habrá sufrido un perjuicio patrimonial al convertirse en consumidor final respecto del impuesto que le fue trasladado por terceros, situación que se traducirá en un gasto a su cargo, sin que obste la circunstancia de que pueda deducir para efectos del impuesto sobre la renta el monto que se le trasladó al no poder acreditarlo, ya que en todo caso le representará un beneficio equivalente al 34% del monto que se le trasladó, en el supuesto de que este tipo de causantes no sufriera una pérdida fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio. En tales condiciones, este tipo de contribuyente verá disminuido su patrimonio de manera efectiva con motivo de encontrarse exento para efectos del impuesto al valor agregado.
En caso de considerarse que hubiera fines extrafiscales en la distinción señalada, la quejosa es una institución educativa universitaria de nivel superior con reconocimiento de validez oficial, por lo que no resulta aceptable que la finalidad promotora pudiera excluir el desarrollo de la educación y la investigación para permitir el acreditamiento por el hecho de que no se aplique la tasa del 0% a los servicios educativos, sino una exención del impuesto.
Tercer concepto de violación:
A) El sistema para determinar el impuesto acreditable, tratándose de inversiones, contenido en los artículos 4o. y 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, viola la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por las siguientes razones:
a) El contribuyente deberá vigilar cuál es el destino de cada activo fijo, lo cual resulta absurdo e imposible de cumplir. En caso de existir un cambio en el destino de la inversión o una variación en dicho destino de más del 3%, deberá realizarse el ajuste contenido en el artículo 4o. A; este ajuste se aplicará a partir del mes siguiente a aquel en que se llevó a cabo el acreditamiento y por toda la vida útil del activo, con la complejidad, carga administrativa y de control que representará para los contribuyentes, al tener que medir las variaciones porcentuales de las proporciones de un mes a otro y estar al tanto del cambio de destino de cada una de sus inversiones.
Como se puede advertir, los actos reclamados son absurdos y de imposible cumplimiento, lo cual es un hecho notorio que no requiere prueba alguna. En estos términos y ante la presencia de actos de imposible cumplimiento, resulta que los preceptos reclamados violan la garantía de legalidad tributaria.
b) La simple lectura del procedimiento previsto en el artículo 4o. A, que prevé el ajuste que debe practicarse, lleva a una absoluta falta de comprensión e imposibilidad de aplicación: 1) No se define ni se explica de manera alguna qué debe entenderse por "reintegrar el acreditamiento", 2) La remisión a la Ley del Impuesto sobre la Renta es vaga y confusa, además de que nada tiene que ver la aplicación de un porcentaje de depreciación para efectos de dicha ley, con el impuesto al valor agregado, 3) Se establece que cierto monto debe dividirse entre doce; sin embargo, no se establece por qué entre doce y no otro número, 4) Los incisos c), d) y e) de la fracción I del artículo 4o. A, establecen una mecánica carente de sentido y de lógica, con lo que se obtiene un importe que nada tiene que ver con el factor de acreditamiento, y 5) No se define qué es destino habitual, lo que genera mayor incertidumbre.
Como se puede advertir, el procedimiento de ajuste previsto en el artículo 4o. A es incomprensible, lo que a su vez significa una carencia de certeza tributaria que atenta contra lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
c) La lectura del artículo 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado permite advertir que la mecánica de ajuste está diseñada para cuando existe una modificación en más de un 3% en la proporción a que se refiere el artículo 4o., fracción II, inciso d), numeral 3, de la citada ley, de modo que ese procedimiento está previsto sólo para aquellos casos en los que desde un inicio las inversiones tuvieron un destino habitual para la realización de actividades mixtas.
Lo anterior es así, pues para realizar el ajuste a que se refiere el artículo 4o. A es necesario que el contribuyente cuente con una proporción para de ahí determinar si hubo una modificación en más de un 3%. Sin embargo, si se trata de contribuyentes que al realizar una inversión la destinaron desde el inicio para desarrollar exclusivamente actividades gravadas o exentas, acreditando al 100% o no acreditando nada del impuesto al valor agregado trasladado por dicho motivo, según corresponda, si modifican ese destino exclusivo y comienzan a utilizar la inversión en actividades mixtas están obligados a aplicar el ajuste contemplado por el artículo 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con lo establecido por el numeral 4 del inciso d), fracción II, del artículo 4o. de la ley señalada.
No obstante dicha obligación, los contribuyentes que se ubiquen en ese supuesto se verán impedidos a realizar el ajuste correspondiente por la modificación del destino exclusivo de las inversiones, porque la mecánica de ajuste contemplada por el artículo 4o. A parte de la base de que existe una proporción (factor de acreditamiento) que sufrió una modificación de más de un 3% y, en tal caso, basta la lectura del primer párrafo del artículo 4o. A para advertir que sólo resulta aplicable a aquellos contribuyentes que realizaron inversiones que desde su origen fueron destinadas a la realización de actividades mixtas y, por tanto, tuvieron proporción o factor de acreditamiento desde un inicio.
Luego, si para el caso de que se modifique el destino exclusivo de una inversión no existe un procedimiento de ajuste que le pueda resultar aplicable, pues el procedimiento que contempla el artículo 4o. A parte de la base de que existe una proporción, y en el caso de inversiones con destino exclusivo no hay una proporción que se hubiera modificado en más de un 3%, es claro que no se atiende al principio de legalidad tributaria.
Por otra parte, la ley reclamada no prevé procedimiento alguno para realizar el ajuste correspondiente cuando una inversión que se destine a la realización de actividades mixtas (numeral 3, inciso d), fracción II del artículo 4o.) modifique su destino a la realización de actividades exclusivamente gravadas o exentas. Tampoco se prevé el procedimiento de ajuste cuando una inversión que antes se destinó exclusivamente a la realización de actividades gravadas y posteriormente cambie su destino exclusivo a actividades exentas y viceversa.
La carencia de mecanismos para realizar el ajuste conforme a lo dispuesto por los artículos 4o. y 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en los casos antes citados genera una clara violación a la garantía de legalidad tributaria.
B) Los artículos 4o. y 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resultan violatorios de la garantía de proporcionalidad tributaria, en razón de que obligan a los contribuyentes a ajustar el acreditamiento del impuesto cuando se modifique en más de un 3% la proporción calculada para determinar el impuesto al valor agregado acreditable correspondiente a las inversiones que se hubieran destinado a la realización de actividades mixtas (gravadas y exentas), o cuando se cambie el destino exclusivo de las mismas, en tanto que, conforme a la mecánica para determinar el ajuste correspondiente, el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento que resulte dependiendo si la proporción disminuyó desde el mes en que se realizó por primera vez el acreditamiento del impuesto derivado de una inversión.
En efecto, si se modifica el destino de una inversión a actividades gravadas o exentas que se derive en una variación en más de un 3% de la proporción determinada en el primer periodo por el que se realizó el acreditamiento, se deberá pagar el impuesto acreditado. Dicha modificación alcanza a todos los meses en los que se hubiera acreditado el impuesto derivado de una inversión e implica reversar los efectos del acreditamiento respectivo como si la proporción determinada en el mes de que se trate siempre hubiera sido la misma.
Lo anterior implica que el impuesto al valor agregado determinado en meses anteriores, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el 6o. del Código Fiscal de la Federación, era un impuesto definitivo y mensual, se vea modificado por una circunstancia ajena a los periodos ya determinados, como lo es una modificación en el destino de una inversión en el mes de que se trate.
Al obligar al contribuyente a reversar los efectos del acreditamiento realizado en periodos anteriores con motivo del cambio en el destino habitual de una inversión, se viola la garantía de proporcionalidad tributaria, pues por los meses en los que se realizó el acreditamiento y en los que se obligue a modificar el resultado se estaría desconociendo su verdadera capacidad contributiva reflejada en los meses anteriores, pues en su caso tendría que reintegrar el impuesto acreditado supuestamente en exceso con base en elementos y circunstancias totalmente ajenas al periodo o periodos en los que se realizó el acreditamiento del impuesto.
C) Los artículos 4o. y 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resultan violatorios de la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional, pues obligan a los contribuyentes a realizar ajustes en el impuesto al valor agregado acreditable de meses anteriores, obligándolos a reintegrar cantidades que habían sido acreditadas previamente, no obstante que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se causa mensualmente y, por tanto, los pagos que se efectúen en dichos periodos son definitivos.
Además, no sólo se genera una constante violación a la garantía de irretroactividad de la ley, sino un claro estado de inseguridad jurídica, pues el impuesto al valor agregado que enteran los contribuyentes mes a mes puede verse afectado por circunstancias posteriores generadas en periodos de causación distintos, lo que implica que el impuesto nunca tuviera el carácter de definitivo.
D) El procedimiento de ajuste a que se refieren los artículos 4o. y 4o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resulta también violatorio de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues aquellos contribuyentes que no realicen inversiones, y que realicen otro tipo de erogaciones, no se verán obligados a realizar ajuste alguno en el impuesto al valor agregado acreditable con motivo de dichas erogaciones.
En efecto, aquellos contribuyentes que no realicen inversiones de las que se refieren en la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrán la obligación de realizar ajuste alguno en el impuesto que les hubiese sido trasladado por otro tipo de erogaciones y que hubieran acreditado en meses anteriores, no obstante que tanto el contribuyente que realiza inversiones como aquel que realiza otro tipo de erogaciones se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, pues ambos son sujetos del impuesto al valor agregado y ambos realizan erogaciones para la realización de sus actividades.
Al respecto, el legislador no señaló en el procedimiento de creación de las normas reclamadas las circunstancias o motivos que justifiquen objetivamente el trato distinto establecido para el caso de contribuyentes que realicen erogaciones en inversiones, con lo que claramente se violenta la garantía de equidad tributaria.
Cuarto concepto de violación:
A) A partir del primero de enero de dos mil cinco, se establece dentro del artículo 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado una alternativa que pueden ejercer los contribuyentes para determinar el impuesto al valor agregado acreditable, en sustitución de la mecánica contenida en los artículos 4o., fracción II, incisos c) y d), numeral 3, y 4o. A de la propia ley.
Conforme a dicha alternativa, el impuesto al valor agregado correspondiente a las erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, que se utilicen indistintamente para la realización tanto de actividades gravadas como exentas, se podrá acreditar en la proporción que el valor de las actividades gravadas (tasas 15%, 10% o 0%) correspondientes al año calendario anterior, representen en el total de las actividades realizadas por el propio contribuyente en ese mismo año, incluyendo aquellas actividades que no sean objeto de la ley.
Como se puede advertir, dicha mecánica contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que la que se encontraba vigente durante dos mil tres y dos mil cuatro. Fue precisamente el hecho de que se obligaba a los contribuyentes a determinar el impuesto al valor agregado acreditable correspondiente a las erogaciones relacionadas con la realización de actividades gravadas y exentas, aplicando un factor de prorrateo o acreditamiento calculado con base en el valor de los actos o actividades realizados por el contribuyente el año de calendario inmediato anterior al mes por el cual se calcula el impuesto, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar su inconstitucionalidad por resultar desproporcional, siendo aplicable la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de ese tribunal, que dice: "VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."
Así, aunque se trata de disposiciones distintas, el artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante dos mil tres y dos mil cuatro, y el artículo 4o. B de la ley vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, contienen el mismo vicio de inconstitucionalidad, de modo que en aplicación por analogía de la jurisprudencia antes citada deberá concederse el amparo solicitado, en razón de que este último precepto resulta violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
B) El hecho de que el legislador establezca en el artículo 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado un régimen alternativo para la determinación del impuesto al valor agregado acreditable, que resulta claramente inconstitucional por ser violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria (que es esencialmente el mismo sistema que el contemplado en el artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante dos mil tres y dos mil cuatro, declarado inconstitucional), hace que todo el sistema de acreditamiento se contamine, incluido el contemplado en los artículos 4o. y 4o. A de la propia ley, quedando viciados de origen.
Esto es así, pues resulta absurdo e ilegal que el legislador establezca como alternativa a los contribuyentes la utilización de una mecánica para determinar el impuesto al valor agregado acreditable que ya ha sido declarada inconstitucional.
C) Finalmente, es importante formar convicción respecto de cuál es la auténtica intención del legislador con el establecimiento del nuevo sistema para determinar el impuesto al valor agregado acreditable.
Por una parte, el sistema de acreditamiento contenido en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el procedimiento de ajuste contenido en el 4o. A de la misma ley, resulta complejo, incomprensible, inaplicable y, por ende, inconstitucional, pues implica que los contribuyentes deberán llevar un control sobre cada una de sus inversiones que estén destinadas a la realización de actividades mixtas, para determinar si existe una modificación en su destino ya sea que se realicen con ellas mayores actividades exentas, no objeto de la ley, o mayores actividades gravadas que impliquen una modificación en más del 3% de la proporción establecida con anterioridad conforme al artículo 4o., fracción II, inciso d), numeral 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por ende, derive en la necesidad de realizar el ajuste a que se refiere el diverso 4o. A, o bien, cuando la inversión deje de destinarse exclusivamente a actividades gravadas o exentas, en los términos de la fracción II, inciso d), numeral 4, del artículo 4o.
Como se podrá advertir, la complejidad y la carga administrativa que implicará para las empresas el hecho de tener que llevar un control por cada inversión para determinar en qué proporción cada una de sus inversiones se destina a la realización de actividades gravadas o exentas, así como la imposibilidad de aplicar el procedimiento de ajuste, será tal que los contribuyentes se verán prácticamente obligados a elegir la mecánica de acreditamiento alternativa contenida en el artículo 4o. B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no obstante que la misma resulte inconstitucional, según lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal.
La complejidad y la necesidad de modificar el impuesto acreditado en periodos anteriores cada vez que exista una variación en más del 3% en la proporción a que se refiere el artículo 4o. A, la cual es una variación mínima, así como cada vez que cada inversión deje de destinarse exclusivamente a actividades gravadas o exentas, hará prácticamente imposible seguir la mecánica para determinar el impuesto acreditable conforme al nuevo sistema.
De esta forma, la intención del legislador claramente es la de orillar a los contribuyentes a elegir un régimen alternativo que, no obstante resulta inconstitucional (pues atiende a elementos ajenos al periodo por el que se determina el impuesto acreditable), resulta mucho más viable que seguir el régimen nuevo con regulación especial para las inversiones que realicen los sujetos del impuesto.
En efecto, como respuesta a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador, siguiendo una conducta reprobable, estableció como mecánica general para determinar el acreditamiento a partir del ejercicio de dos mil cinco, la que hoy se contiene en los artículos 4o. y 4o. A, que es sumamente compleja e inconstitucional, otorgando a los contribuyentes la posibilidad de elegir por seguir utilizando el régimen vigente durante dos mil tres y dos mil cuatro que fue declarado inconstitucional, pero que es infinitamente más sencillo que el nuevo régimen.
Así, al establecer como alternativa la misma mecánica para determinar el impuesto al valor agregado acreditable vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, buscaría que los contribuyentes que la ejercieran se vieran imposibilitados a reclamar su constitucionalidad, aprovechándose de algunos criterios recientes emitidos por nuestro Máximo Tribunal, que señalan que c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20013-884f575c/equidad-tributaria-criterios-para-determinar-si-el-legislador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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