EXPROPIACION. SUSPENSION, PROCEDE CONCEDERLA, CUANDO SE HA CONSUMADO LA POSESION VIRTUAL DE UN INMUEBLE, PERO NO LA POSESION MATERIAL DEL MISMO.
Para efectos de claridad de alcance de la tesis transcrita se reproducen a continuación los considerandos de la sentencia emitida así como el voto particular del señor magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor en la queja 343/91.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Circuito, es competente para conocer del recurso de queja de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, fracción XI, y 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y, 44 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. El recurso de queja es procedente únicamente por lo que hace al jefe del Departamento del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo combatido se le notificó el día diez de septiembre de mil novecientos noventa y uno, y el escrito de expresión de agravios lo presentó el mismo día, o sea dentro del término legal señalado para el efecto.
TERCERO. El presente recurso de queja resulta improcedente por lo que se respecta al presidente de la República, toda vez que del escrito de expresión de agravios se advierte que éste fue suscrito por el secretario general de gobierno del Departamento del Distrito Federal en ausencia del titular de ese Departamento y este último ostentándose como representante del presidente de la República, sin embargo, no demuestra contar con tal representación, esto es, no comprueba estar legitimando para representar en la controversia constitucional de que se trata al titular del Poder Ejecutivo, por lo que debe desecharse el presente recurso de queja intentando en nombre del presidente de la República. Además, en la resolución combatida se concedió la suspensión provisional a los quejosos, respecto a los actos de ejecución de un decreto expropiatorio, ejecución que no compete al Presidente de la República que sólo expidió el decreto expropiatorio, de conformidad con la tesis número cuatro, publicada en la página ciento cincuenta y cinco, de la tercera parte del informe de labores correspondiente a mil novecientos setenta y seis, cuyo rubro es "SUSPENSION. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO ES AUTORIDAD EJECUTORA EN MATERIA DE EXPROPIACION.".
CUARTO. El agravio que expresa la autoridad recurrente, es el siguiente: "UNICO. Se violan en perjuicio de estas autoridades administrativas, lo dispuesto por la jurisprudencia número trece, visible en la página treinta de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, en relación con la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo. La referida jurisprudencia a la letra dice: 'actos consumados, suspensión improcedente. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en amparo se pronuncie. En efecto, se causa agravio a estas autoridades recurrente, toda vez que el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, se procedió a dar cumplimiento al decreto expropiatorio de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa, a través del acta de toma de posesión y entrega del predio denominado "Mesa de los Hornos" con superficie de 32-44-99-73 hectáreas, ubicado en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, integrado por 1600 lotes, a efecto de utilizarlos para el mejoramiento del centro de población asentado en dicho inmueble, la ampliación alineamiento de calles, la construcción de calzadas o caminos para facilitar el tránsito urbano y suburbano, la construcción de parques y áreas verdes, introducción de agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica y demás obras, servicios urbanos indispensables para el mejoramiento del mismo, así como la constitución de reserva territorial. De lo anteriormente transcrito, se desprende que el a quo no causa agravio al concederle la suspensión provisional a la parte quejosa, en relación con actos consumados que ya se llevaron a cabo, pues la toma de posesión y entrega por parte de esta autoridad, fue con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, notificándole al quejoso de tales actos el día tres de diciembre del mismo año, y aún así el a quo le concedió la suspensión provisional por auto de fecha tres de septiembre del año en curso, de lo que se desprende de los actos realizados por esta autoridad ya se consumaron desde esa fecha, como se comprueba con el acta de posesión y entrega de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa. Igualmente, se viola en perjuicio de estas autoridades administrativas lo dispuesto por la fracción II del artículo 125 de la Ley de Amparo, toda vez que se violan disposiciones de orden público y se causa perjuicio al interés social. En efecto, toda vez que se persigue con la emisión y publicación del decreto expropiatorio ahora impugnado, es el beneficio de la colectividad, y que es imperante y apremiante poner fin a los desequilibrios ecológicos que amenaza la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal y de la zona conurbada, resulta evidente que al otorgarle el beneficio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, se está causando perjuicio al interés social, ya que las consecuencias se harían perjudiciales para el grueso de la población, además debe tenerse en cuenta que no puede prevalecer el interés particular sobre el interés social. En este orden de ideas, resulta evidente que se actualiza en la especie una de las hipótesis contemplada, por la fracción X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, pues pueden tomar medidas para evitar un perjuicio a colectividad. A efecto de dar una mayor claridad a este planteamiento, a continuación se transcribe, en la parte conducente el citado numeral: "Artículo 1o. Se considera de utilidad pública: X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad".
QUINTO. La autoridad recurrente manifiesta en su único agravio que la concesión de la suspensión provisional es igual porque: 1. Se trata de un acto consumado contra el cual es improcedente la medida cautelar, en virtud de que el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, se procedió a dar cumplimiento al decreto expropiatorio a través del acta de toma de posesión y entrega del predio afectado al jefe del Departamento del Distrito Federal, como lo demuestra con la copia certificada que acompaña a su escrito de agravios, y agrega, que tal acto se le notificó a los quejosos el día tres de diciembre del mismo año. 2. La suspensión provisional concedida contraviene lo dispuesto por la fracción II del artículo 124 (que por error señala como 125) la Ley de Amparo, toda vez que se violan disposiciones de orden público y se causa perjuicio al interés social, porque lo que se busca con el decreto expropiatorio es el beneficio de la colectividad y que es importante y apremiante poner fin a los desequilibrios ecológicos que amenaza a la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, además, debe tomarse en cuenta que no puede prevalecer el interés particular sobre el interés social. 3. Porque se actualiza la hipótesis contemplada, por la fracción X del artículo 1 de la Ley de Expropiación, relativa a las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad. Resultan infundados los agravios de la autoridad recurrente por las siguientes razones. En el acuerdo combatido del tres de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el juez de Distrito concedió a los quejosos la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que no se proceda a la ocupación de los bienes que defienden los quejosos como consecuencia de la ejecución del decreto expropiatorio que impugnan. La recurrente asevera que el acto por el cual se concedió la suspensión provisional es un acto consumado, porque el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa se levantó el acta de toma de posesión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la entrega del predio denominado "Mesa de los Hornos" ubicado en la delegación del Departamento del Distrito Federal, documental que obra a fojas seis y siete del toca en que se actúa y la cual literalmente dice: "acta que se levanta con motivo de la toma de posesión y entrega del predio denominado "Mesa de los Hornos", con superficie de 32-44-99-73 hectáreas ubicado en la delegación de Tlalpan, D.F. en la ciudad de México, D.F., siendo las seis horas con treinta minutos del día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, se reunieron en el inmueble citado al rubro los funcionarios que más adelante se mencionan con el objeto de llevar a cabo la diligencia que este documento se expresa. En representación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el C. lic. Nicéforo Guerrero, director general del Patrimonio Inmobiliario Federal, por el Departamento del Distrito Federal, los CC. lic. Francisco Ríos Zertuche, Delegado en Tlalpan, D.F. y lic. José Merino Castrejón, Director General de Regularización Territorial. Objeto: dar cumplimiento al decreto presidencial de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa, publicado en Diario Oficial de la Federación los días tres y cuatro de diciembre del mismo año, por el cual se expropió en favor del Departamento del Distrito Federal el predio denominado "Mesa de los Hornos", con superficie de 32-44-99-73 hectáreas integrado por 1,600 lotes, ubicado en la delegación Tlalpan, D.F., a efecto de que lo utilice para el mejoramiento del centro de población asentado en dicho inmueble. La ampliación y alineamiento de calles, la construcción de calzadas o caminos para facilitar el tránsito urbano y suburbano, la construcción de áreas verdes, introducción de agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica y demás obras y servicios urbanos indispensables para el mejoramiento del mismo. Así como la constitución de reserva territorial. HECHOS: De conformidad con lo expuesto los funcionarios que intervienen en esta diligencia procedieron a efectuar un recorrido por el inmueble objeto de la expropiación, cuya descripción poligonal se contiene en el artículo segundo del Decreto mencionado, el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertara a la letra. A continuación el C. lic. Nicéforo Guerrero Reynoso, en representación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo y Ecología, toma posesión del inmueble expropiado y en el mismo acto lo entregue al Departamento del Distrito Federal por conducto de los CC. licenciados Francisco Ríos Zertuche y José Medina Castrejón, quienes lo reciben de conformidad para los fines antes señalados. CONCLUSION: No habiendo otro asunto que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, a las siete horas con treinta minutos del mismo día en que se inició levantándose la presente acta para constancia la cual firman los que en ella intervinieron. Ahora bien, con relación a cuando se tiene por consumada la posesión de un inmueble, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en innumerables precedentes, ha sostenido el criterio de que, si la diligencia de posesión fue sólo virtual, es decir, a través de un acto que declara la posesión de un inmueble a favor de otra persona. pero sin ejecutarse materialmente, esto es, que aún no se haya llevado a cabo el desalojo o desocupación real del quejoso, no puede considerarse como un acto consumado, para los efectos de la suspensión, porque el quejoso no ha perdido la posesión material del inmueble, toda vez que los elemento constitutivos de la posesión, el animus y el corpus, se ejercitan por el quejoso, por lo tanto cuando la posesión es sólo virtual pero no material, la suspensión debe concederse, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Algunos de los precedentes en los cuales el más Alto Tribunal de la República ha sostenido este criterio son: Cía. Transcontinental de Petróleo, S.A., veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y uno, unanimidad de cinco votos; Altagracia Loaiza de Ruiz, siete de junio de mil novecientos cuarenta y tres, unanimidad de cuatro votos; José Ortiz Arellano, diecinueve de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, unanimidad de cuatro votos; "Mexican Sinclair Petroleum Co.", cuatro de mayo de mil novecientos treinta y siete, unanimidad de cuatro votos; Eutiquio García, seis de julio de mil novecientos treinta y siete, unanimidad de cuatro votos; Isauro Saucedo y co agraviados, ocho de enero de mil novecientos cuarenta, unanimidad de cuatro votos; Alejo Rosas, catorce de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, unanimidad de cuatro votos; Vicente Arellano de Sánchez, siete de octubre de mil novecientos cincuenta, unanimidad de cinco votos; "Mexican Gulf Oil Co." diecisiete de febrero de mil novecientos treinta y uno, unanimidad de cinco votos; Antonio Chena, siete de septiembre de mil novecientos treinta y cinco; Eladio Sauza, cinco de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, unanimidad de cuatro votos; Guillermo Torres, diecisiete de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, unanimidad de cinco votos; Aureliano Rangel y co agraviados, diez de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, unanimidad de cuatro votos; Natividad Cuevas y co agraviados, tres de mayo de mil novecientos cuarenta y siete, unanimidad de cuatro votos; "The Mexican Securities Co.", dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y uno, unanimidad de cuatro votos; "El Agwi", Cía. Petrolera, veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y uno, unanimidad de cuatro votos, Francisco R. Mallorga, nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, unanimidad de cuatro votos; Guadalupe Barragán J; nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, unanimidad de cuatro votos; Antonio Sánchez Raygoza, nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, unanimidad de cuatro votos; José María Busto, trece de agosto de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; "The empire pipe line of Mexico", trece de agosto de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; Cástula Alejandre viuda de Hernández, diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; P.J.Jonker, S. en C. Sucesores, veinticinco de abril de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; J.A. Brown S. en C; veinticinco de abril de mil novecientos treinta y seis; unanimidad de votos; "Utah Tropical Fruite Co.", treinta de julio de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; Benjamín F. Moats y coagraviados; diez de septiembre de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cuatro votos; Isabel Rosalía Guzmán de Prieto, veintidós de enero de mil novecientos treinta y seis, unanimidad de cinco votos; Cía. Transcontinental de Petróleo, S. A., nueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis, "Mexican Petroleum Co.", tres de julio de mil novecientos cuarenta, unanimidad de cuatro votos; Luz González Herrejón; nueve de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, unanimidad de cuatro votos; Clara García Tervel viuda de Echave, trece de mayo de mil novecientos treinta, unanimidad de cuatro votos; Ricardo Gómez Zepeda, once de enero de mil novecientos cuarenta y siete, unanimidad de cuatro votos. Los anteriores precedentes son visibles en las páginas, respectivamente, seiscientos catorce, cuatro mil ciento cuarenta y cinco, novecientos veintisiete, mil cuatrocientos diecisiete, doscientos diecinueve, noventa y nueve, seiscientos setenta y dos, doscientos sesenta y seis, mil siete, cuatro mil quinientos cuarenta y nueve, cinco mil cuatrocientos, cuatro mil doscientos trece, mil setecientos veintitrés, mil doscientos treinta y nueve, mil setecientos cuarenta y dos, mil quinientos catorce, siete mil cuatrocientos seis, siete mil cuatrocientos seis, mil diez, dos mil cuatrocientos diecinueve, mil trescientos once, mil quinientos trece, tres mil ochocientos treinta y tres, setecientos trece, dos mil cuatrocientos diecinueve, mil diecinueve, dos mil cuatro, ciento setenta y dos, tres mil doscientos cuarenta y ocho, siento ochenta y uno y doscientos ochenta y dos; de los tomos, XXXIII, LXXVI, XC, LII, LIII, LXIII, LXXXIV, CVI, XXXI, XLV, XLVI, LXXXV, LVIII, XCII, XXXI, XXXIII, LXXIV, LXXIV, XLIX, XLIX, L, XLVIII, XLIX, XLIX, XLVII, L, LXV, LVIII, XXIX y XCI, del Semanario Judicial. Pues bien, de la lectura de la acta de posesión, que en copia certificada exhibe la autoridad recurrente, se advierte de que la posesión que se trata es virtual, toda vez que en ella sólo se menciona que los funcionarios que intervinieron en la diligencia efectuaron un recorrido por el inmueble objeto de la expropiación y que a continuación se tomó posesión del mismo, sin referirse a que se haya desalojado a los ocupantes materiales de dicho inmueble por lo que no existe todavía la posesión material por parte de la autoridad recurrente, y en consecuencia, no puede considerarse la desocupación o desalojo de los quejosos como un acto consumado, siendo procedente la concesión de la suspensión solicitada. En efecto, lo que la recurrente demuestra que ya se consumó desde el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, es la toma de posesión virtual y entrega del inmueble expropiado, entrega que no fue material, porque la posesión real y directa la siguen conservando los quejosos en virtud de que no se encuentra la ocupación del predio que defienden, y aunque la primera conlleva como consecuencia la segunda, no significa que al consumarse la primera, se tenga por consumada la segunda en la misma fecha, toda vez que, son situaciones distintas, las cuales siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante haberse consumado la primera (posesión virtual), la suspensión es procedente para que no se realice la segunda (posesión material). Por consiguiente, si los quejosos al presentar su demanda de garantías (único elemento con el que cuenta el juzgador para decidir sobre la suspensión provisional) el treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno, manifiestan que hasta la fecha se encuentran en posesión del inmueble defendido, (hoja veintisiete de su demanda de amparo), y la recurrente no demuestra lo contrario, esto es, que el inmueble fue ocupado o poseído materialmente con fecha anterior, es de concluirse que el acto reclamado por el cual se otorgó la suspensión provisional no se encuentra consumado, y por lo tanto, sí es susceptible de suspenderse. Además, por lo que hace a la afirmación imprecisa de que al acto le fue notificado a los quejosos el tres de diciembre de mil novecientos noventa cabe decir que, es imposible que el acta de posesión y entrega, celebrada el día cuatro de diciembre del mismo año, se le haya notificado el día anterior, y si se refiere el decreto expropiatorio, éste debe notificarse personalmente a los afectados, de conformidad con el artículo 4o. de la Ley de Expropiación, situación que no probó la recurrente, siendo insuficiente su simple afirmación. Ahora bien, corresponde ocuparnos del segundo argumento de la autoridad recurrente, relativo a que la medida cautelar concedida contraviene la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque se violan disposiciones de orden público y de interés social. Para determinar si la suspensión procede o no, en contra del desposeimiento o desocupación derivada de un decreto expropiatorio, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe atender a los daños que el interés público puede sufrir con la demora del desposeimiento, mientras se falla el juicio, y los daños que el particular puede sufrir con la ejecución de los actos reclamados, porque en el incidente de suspensión no se va a determinar si el interés exige la expropiación o no, sino la urgencia de realizar los actos reclamados, además se debe considerar que, si bien es cierto que existe interés social en la realización de obras materiales de beneficio colectivo, también lo es que, la sociedad tiene interés en que los gobernados no puedan ser afectados en sus derechos, mediante actos que puedan resultar inconstitucionales por ser violatorios de garantías individuales. En este orden de ideas, son aplicables en la especie los razonamientos vertidos por este Tribunal Colegiado en la tesis jurisprudencial número veintisiete, visible en las páginas cuarenta y nueve y cincuenta , de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, que dice: "EXPROPIACION. SUSPENSION, PROCEDENCIA.- Si bien es verdad que conforme a la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el rubro: "EXPROPIACION. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE.", obra con el número 95 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Segunda Sala (número 389, misma Sala, del Apéndice 1917-1975), contra la aplicación de las leyes relativas a la expropiación por causa de utilidad pública, dictadas en beneficio social, no cabe la suspensión con fundamento en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin embargo, el propio Alto Tribunal en la ejecutoria pronunciada en el incidente de suspensión 5576/46/2A, Berriozábal Dolores viuda de Elcoro y coagraviados, sustentó el criterio de que dicha jurisprudencia no debe aplicarse mecánicamente, sino adecuarse al caso concreto, tomando en consideración las peculiaridades del mismo. Ahora bien, el criterio externado por dicho Alto Tribunal en la citada ejecutoria, al interpretar los artículos respectivos de la Ley de Expropiación, permite establecer que existen casos en que la ocupación de los bienes expropiados tiene el carácter de urgente e inaplazable y en ese evento debe negarse la medida cautelar, porque de concederla se afectaría el interés social, y que fuera de esa hipótesis, es decir, no tratándose de casos en los que la ocupación del bien expropiado tenga el carácter de urgente e inaplazable, sino de aquellos en los que no exista interés imperioso para proceder a la ocupación inmediata de los bienes afectados, el juzgador deberá analizar las particularidades del caso para concluir resolviendo si procede o no otorgar el beneficio, ya que, de otro modo, se llegaría al extremo de que, como se apunta en la tesis en comentario, no obstante existir la posibilidad de obtener la suspensión del decreto expropiatorio a través del recurso administrativo, tal suspensión estuviera siempre vedada en el juicio de amparo, por no permitirlo en caso alguno la tesis de referencia". Así se colige que la concesión de la suspensión deberá concederse o negarse, atendiendo a que la ocupación del bien expropiado tenga el carácter de urgente e inaplazable, en cuyo caso deberá negarse porque de concederse se afectaría el interés social, o bien, cuando no exista interés imperioso para proceder a la ocupación inmediata de los bienes afectados, si es posible conceder el beneficio de la suspensión sin afectar el interés social. De esta manera, procedemos al análisis de la ocupación del bien expropiado mediante el decreto publicado los días tres y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, denominado "Mesa de los Hornos", ubicado en la delegación Tlalpan, del Distrito Federal, para determinar si su ocupación es urgente e inaplazable, toda vez que de tal eso dependerá la legalidad de la medida suspensiva impugnada. Del decreto expropiatorio que impugna la quejosa se advierte, en primer lugar, que es de utilidad pública el mejoramiento del centro de población asentado en el predio "Mesa de los Hornos"; y en segundo lugar, que dicho decreto expropiatorio está fundado en las fracciones II, III, XI, y XII del artículo 1 de la Ley de Expropiación, para mayor claridad del caso concreto, conviene transcribir la parte medular del considerando y el artículo 1 del decreto expropiatorio impugnado, "Considerando: que en la delegación de Tlalpan, Distrito Federal, existen diversas fracciones de terreno que conforman una unidad topográfica denominada "Mesa de los Hornos", con una superficie de 32-44-99-73 hectáreas integrada por mil seiscientos lotes, en donde desde hace más de veinte años existen aproximadamente cincuenta hornos productores de tabique, propiedad de treinta familias, terrenos que paulatinamente han sido ocupados en condiciones precarias, pues además de no existir claridad jurídica sobre la propiedad de los mismos se carece, por su lejanía de la zona urbana, de todos los servicios básicos urbanos; ... que la Ley de Expropiación establece como causa de la utilidad pública la apertura, la ampliación o alineamientos de calles, el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones, la construcción de parques y jardines, así como la creación y mejoramiento de centro de población; que el crecimiento urbano de la ciudad de México ha experimentado en los últimos años, representa uno de los retos más desafiantes para el gobierno y la sociedad, ya que el crecimiento de la mancha urbana hacia el sur del Distrito Federal, ha originado un desequilibrio en los asentamientos humanos, lo que ha traído como consecuencia la disminución en los niveles de vida la población y la imposibilidad de dotar a esos asentamientos de los necesarios servicios públicos; ...". "Artículo 1o. Se declara de utilidad pública el mejoramiento del centro de población asentado en el predio denominado "Mesa de los Hornos", ubicado en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, cuya descripción se hace en el artículo 2 de este decreto; la apertura, ampliación y alineamiento de calles; la construcción de calzadas o caminos para facilitar el tránsito urbano y suburbano, así como la construcción de parques, áreas verdes, introducción de agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica y demás obras y servicios urbanos indispensables para el mejoramiento de dicho centro de población, así como la constitución de reserva territorial". También es necesario mencionar literalmente lo establecido por las fracciones II, III, XI y XII del artículo 1 de la Ley de Expropiación así como el artículo 8 del mismo ordenamiento, por encontrarse estrechamente vinculado con nuestro estudio, estos dicen: "artículo 1o. Se consideran de utilidad pública: II. La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles, para facilitar el tránsito urbano y suburbano; III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal, y de cualquiera obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; XI. La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida; XII. Los demás previstos por leyes especiales.". "Artículo 8o. En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1o de esta ley, el Ejecutivo Federal, hecha la declaratoria podrá ordenar la ocupación de los bienes objeto de la expropiación o de la ocupación temporal o imponer la ejecución inmediata de limitación de dominio, sin que la interposición del recurso administrativo de revocación suspenda la ocupación del bien o bienes de que se trata o la ejecución de las disposiciones de limitación del dominio.". De la lectura de los artículos transcritos, especialmente el 8 de la Ley de Expropiación, se advierte que el propio ordenamiento legal prevé que tratándose de los supuestos de utilidad pública establecidos en las fracciones V, VI y X del artículo 1 no se podrán suspender la ocupación del bien o bienes de que se trate o la ejecución de las disposiciones de limitación del dominio, con la interposición del recurso administrativo de revocación, lo que interpretado a contrario sensu, significa que en los casos previstos en las demás fracciones como causas de utilidad pública (entre las que se encuentran las invocadas en el decreto que nos ocupa) sí se puede suspender la ocupación del bien expropiado con la interposición de dicho recurso. Al respecto, este órgano colegiado hace suyos los razonamientos expuestos en la tesis visible en la página ciento tres, Sexta Parte del Volumen Semestral 97-102, Tribunales Colegiados, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "Expropiación. Procedencia de la suspensión. Artículo 8o., fracciones V, VI y X, de la ley de la materia. El artículo 8o. de la Ley de Expropiación dispone que en los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1o., el Ejecutivo Federal podrá ordenar la ocupación de los bienes objeto de la expropiación, entre otros casos, sin que la interposición del recurso administrativo de revocación suspenda la ocupación del bien o bienes de que se trate. La interpretación de este precepto permite aclarar que la voluntad del legislador es sólo para los casos señalados en las fracciones mencionadas porque se considera urgente e inaplazable la ocupación de los bienes expropiados y que en los demás casos no existe ese interés social, por lo que debe estimarse que no se acepta, en principio, que exista un interés social, sino en los casos expresamente señalados por la ley; de donde se infiere que si la ley misma proporciona el criterio distinguiendo los casos en que son susceptibles de suspenderse los efectos de los decretos expropiatorios y los casos en que existe un interés social para que se proceda inmediatamente a la ocupación de los bienes expropiados, este criterio debe normar la suspensión en materia de amparo, pues sería absurdo que se debieran suspender los efectos de los decretos expropiatorios en el curso ordinario y no pudieran suspenderse en el juicio de garantías, por lo que es claro que se satisface el requi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2002-0b473de7/expropiacion-suspension-procede-concederla-cuando-se-ha-consumado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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