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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ, AL NO SER UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CONTEMPLADO EN LA FRACCIÓN I, INCISO L, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ACUERDO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR, EN EL QUE SE DESECHÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2016).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 30/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2016. · Registro digital (IUS): 200212
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRIBUNAL ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 30/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2016. TRIBUNAL ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Controversia Constitucional

1. Escrito inicial. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su Magistrado Presidente promovió controversia constitucional en contra de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, señalando como acto reclamado el siguiente:

• "La intromisión e intervención del Tribunal Electoral de San Luis Potosí por agentes policiacos, algunos de ellos armados, el día quince de abril de dos mil dieciséis, sin contar con un mandamiento de autoridad competente que los facultara para ello, traduciéndose lo anterior, en una irrupción y violación a la autonomía constitucional y a la independencia de las que fue dotado este Órgano Jurisdiccional a partir de su creación, vulneración que fue llevada a cabo por fuerzas policiacas adscritas a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, los cuales llegaron con uniforme táctico, chalecos antibalas y algunos de ellos armados, desconociendo cual fue el objeto de su presencia, toda vez que no se hizo referencia a delito flagrante, al igual que a ninguna circunstancia especial que ameritara la intervención de personas armadas en el Tribunal ni tampoco de las fuerzas policiacas."

En su primer concepto de invalidez adujo que para la intervención de las fuerzas armadas no bastaba una solicitud, sino que ésta debía hacerla el órgano legalmente facultado para ello. Además no se justificó la intervención de agentes policiales ya que ni a su llegada ni durante la ocupación de las instalaciones del Tribunal Electoral manifestaron que se estuviera cometiendo algún delito que ameritara su intervención urgente por flagrancia.

En su segundo concepto de invalidez citó los artículos 116, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 5, 6 y 12 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, y adujo que al ser un organismo autónomo se afectó su correcto funcionamiento y el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales, por lo que, además, se transgredieron los derechos político-electorales de la población.

En su tercer concepto de invalidez señaló que conforme a la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, el Presidente del Tribunal actor es quien está facultado para solicitar alguna intervención, mas no la Magistrada Yolanda Pedroza Reyes, quien manifestó haber autorizado la intervención.

En su cuarto concepto de invalidez sostuvo que el acto impugnado debió cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que debió respetarse el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, tanto de los empleados como de la institución conforme a los artículos 6 y 16, párrafo segundo de la Constitución.

En su quinto concepto de invalidez manifestó que existió intimidación psicológica, emocional y laboral en sus trabajadores. Por último, solicitó la suspensión del acto impugnado y suplencia de la queja.

2. Registro. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 57/2016 y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor del procedimiento.

3. Desechamiento. Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó de plano la controversia constitucional al advertir una causa de improcedencia notoria y manifiesta, de conformidad con los artículos 1, 10, fracción I y 19, fracción VIII(1) de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) toda vez que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí carece de legitimación activa.

El acuerdo determinó que según el precedente acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas, los tribunales electorales estatales carecen de las características de un órgano constitucional autónomo, aun cuando gozan de autonomía e independencia, por lo que no son sujetos legitimados para promover una controversia constitucional.

SEGUNDO. Recurso de reclamación.

1. Interposición del recurso. Por escrito depositado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, por conducto de Rigoberto Garza de Lira, Magistrado Presidente, interpuso recurso de reclamación en contra de la resolución descrita en el apartado inmediato anterior.

2. Formación, registro y turno. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró y admitió a trámite el recurso de reclamación con el número de expediente 30/2016-CA; requirió al recurrente para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México; corrió traslado a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su derecho convenga y turnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que elaborara el proyecto de resolución.

3. Certificación de terminación de plazo para impugnar el desechamiento. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo legal de cinco días hábiles para impugnar el proveído de quince de junio de dos mil dieciséis, transcurrió del jueves veintitrés al miércoles veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

4. Envío del expediente para su radicación y resolución. Una vez transcurrido el plazo para que la Procuradora General de la República manifestara lo que a su derecho conviniera, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación envió el expediente para su radicación y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal.

5. Avocamiento. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciséis la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se enviaron los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de reclamación derivado de la Controversia Constitucional 57/2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción V(4) y 11, fracción V(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se interpone en contra de un auto por el que se desechó la Controversia Constitucional 57/2016, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.(6)

SEGUNDO. Procedencia.

El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se interpone en contra del auto por el cual se desechó una demanda de controversia constitucional.

TERCERO. Oportunidad.

El recurso de reclamación fue interpuesto dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria,(7) contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído impugnado.

De las constancias que obran en autos(8) se advierte que el acuerdo recurrido de quince de junio de dos mil dieciséis fue notificado al Tribunal Electoral de San Luis Potosí por medio de oficio el martes veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por lo que surtió sus efectos al día siguiente, es decir, el miércoles veintidós del mismo mes y año conforme al artículo 6, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia.(9) Así, el plazo de cinco días transcurrió del jueves veintitrés al miércoles veintinueve de junio de dos mil dieciséis, descontándose los días sábado veinticinco y domingo veintiséis del mismo mes y año por ser inhábiles según lo establecido en los artículos 2 y 3 de la referida Ley reglamentaria(10) y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(11) luego entonces, al haberse presentado el recurso de reclamación en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de junio de dos mil dieciséis se concluye que fue interpuesto oportunamente.

CUARTO. Legitimación.

Conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(12) en las controversias constitucionales el actor, el demandado y el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

El escrito de agravios está firmado por Rigoberto Garza Lira como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, quien promovió la controversia constitucional y conforme al artículo 22, fracción I de la Ley de Justicia Electoral tiene la facultad para representar al Tribunal ante toda clase de autoridades.(13) Acreditó su carácter de magistrado presidente con copia del acta número 22 de la sesión extraordinaria del siete de octubre de dos mil quince.(14)

QUINTO. Acuerdo recurrido.

En el acuerdo impugnado de quince de junio de dos mil dieciséis el Ministro instructor desechó de plano la controversia constitucional 57/2016 al estimar que se actualizaba una causa de improcedencia notoria y manifiesta prevista en el artículo 19, fracción VIII(15) de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) toda vez que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí carece de legitimación activa.

Esto es así, pues el actor fundamenta su acción en el inciso I) de la fracción I del artículo 105 constitucional, ya que estima que se trata de un organismo constitucional autónomo. No obstante, en el precedente acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas se concluyó que los tribunales electorales estatales carecen de las características de un órgano constitucional autónomo, aun cuando gozan de autonomía e independencia. Por razones técnicas y por convivencia funcional se ha dotado de autonomía e independencia a las autoridades jurisdiccionales, pero ello no implica que se les reconozca el carácter de órganos constitucionales autónomos sino, precisamente, se les fortalezca en el ejercicio de sus funciones.

Consecuentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 1 y 10, fracción I de la referida Ley.

SEXTO. Agravios.

En su escrito de agravios el recurrente argumentó en síntesis lo siguiente:

El Tribunal Electoral de San Luis Potosí, al contar con autonomía constitucional, tiene legitimación activa para promover la controversia constitucional. Lo anterior, toda vez que debe ser considerado como un órgano constitucionalmente autónomo ya que cumple con requisitos para ello y que conforme a precedentes se ha concedido la legitimación activa para promover controversias constitucionales a otros tribunales electorales locales.

Estima que la concepción de organismo constitucional autónomo debe ser entendida de manera amplia y no restrictiva, y que la autonomía constitucional debe entenderse como un modelo o atributo inter autoritas. Cita la jurisprudencia de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. AL SER UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL"(17) y hace referencia a la Controversia Constitucional 15/2016 promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y admitida a trámite. Aduce que no es obstáculo a lo anterior lo resuelto en el precedente de acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas.

De la misma manera, la recurrente pone énfasis en la reforma constitucional en materia político electoral de dos mil catorce, la cual determinó la autonomía e independencia de los tribunales electorales locales. Asimismo, refirió la personalidad jurídica de la que goza a través de su representante, el Magistrado Presidente, conforme al artículo 22, fracción I, de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Por último, el recurrente argumenta que en el caso en concreto se está en presencia de una intromisión de una autoridad federal que atenta en contra de la autonomía y libertad de funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Que de continuar dicha circunstancia se estarían violando los artículos 41, fracción V y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución General, así como el artículo 32 de la Constitución local.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. El presente asunto se constriñe a analizar si la determinación del ministro instructor consistente en desechar la demanda de controversia constitucional fue legal o no. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que fue correcto el desechamiento de la demanda decretado por el ministro instructor mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis.

En primer término debe precisarse que conforme al artículo 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida la demanda de controversia constitucional el Presidente designará, según el turno que corresponda a un ministro instructor.(18) Además, según los artículos 25 y 26 de la citada Ley, el ministro instructor debe examinar la demanda y de no encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la admitirá a trámite, ordenando emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, dando vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.(19)

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe entenderse que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.(20)

A mayor abundamiento, por manifiesto se entiende que se advierte de forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos así como de los escritos aclaratorios, y por indudable que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso en concreto, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.(21) Esto, en atención a que por sus propias características el auto de admisión inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que se adjunten, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.(22)

Además, en tanto las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia de forma manifiesta e indudable.

El acuerdo recurrido desechó la controversia constitucional al considerar que se actualizaba una causa notoria y manifiesta de improcedencia con fundamento en los artículos 1, 10, fracción I y 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Tribunal Electoral de San Luis Potosí carece de legitimación activa. Al respecto precisó que en el precedente acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas(23) se dijo que los tribunales electorales estatales carecen de las características de un órgano constitucional autónomo, aun cuando gozan de autonomía e independencia.

Esta Primera Sala considera que es infundado el recurso de reclamación, pues conforme a lo discutido por esta Suprema Corte en el recurso de reclamación 28/2015-CA y a los precedentes, a saber, acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas y recurso de reclamación 23/2016-CA, la interposición de una controversia constitucional por un tribunal electoral local es una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En primer lugar, en la acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas, con base en la interpretación de los artículos 41, fracción V, y 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución General, se concluyó que si bien el organismo electoral local es un órgano constitucional autónomo establecido en la propia Constitución General, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca no lo es.(24)

Asimismo, en el recurso de reclamación 28/2015-CA el Tribunal Pleno sostuvo por una mayoría de siete integrantes(25) que el desechamiento por falta de legitimación de una controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el que medularmente consideraron que en el caso no es posible realizar una interpretación extensiva del inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución General, pues del trabajo legislativo de las reformas relativas al establecimiento de dicho inciso, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución sólo consideró incluir como sujetos legitimados para promover una controversia constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y al organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución General, es decir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; precisando que éstos únicamente pueden impugnar actos de otro órgano constitucional autónomo y de los poderes Ejecutivo de la Unión y del Congreso de la Unión.

Finalmente, en el recurso de reclamación 23/2016-CA(26) esta Primera Sala, por una mayoría de tres votos, confirmó el desechamiento por falta de legitimación de una controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al considerar que el Tribunal "no es una entidad, poder u órgano de gobierno de los contemplados en la fracción I del artículo 105 de la Constitución General".(27) Así, en el precedente del recurso de reclamación 23/2016-CA esta Primera Sala consideró que la autonomía y funciones del Tribunal de Justicia Administrativa previstas en el artículo 116, fracción V de la Constitución General(28) no son protegibles por medio de la controversia constitucional ya que no cuenta con legitimación para promoverla.(29)

De esta manera, conforme con los precedentes de esta Suprema Corte, no queda lugar a dudas de que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí no tiene legitimación activa para promover una controversia constitucional, aun cuando alegue la violación de su autonomía e independencia prevista en el artículo 116, fracción IV de la Constitución General,(30) pues no es una entidad, poder u órgano de gobierno de los contemplados en la fracción I del artículo 105 de la Constitución General y, por tanto, se surte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, con la sola lectura de la demanda se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se surte la causal de improcedencia, sin requerir el estudio de diversos elementos de juicio que conduzcan a esa consideración y menos aún, a una convicción diversa. Es patente para esta Primera Sala que las etapas subsecuentes del procedimiento resultarían innecesarias, ya que en modo alguno podría desvirtuar la improcedencia de la vía intentada.

Por tanto, es infundado el recurso de reclamación y se confirma el desechamiento dictado por el ministro instructor en el auto de quince de junio de dos mil dieciséis.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto.

SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido de quince de junio de dos mil dieciséis dictado en la controversia constitucional 57/2016.

Notifíquese,

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente) y José Ramón Cossío Díaz votaron en contra.

Firman la Presidenta de la Sala y el Ministro Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA:

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

MINISTRO PONENTE:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

____________________

1. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

IV. El Procurador General de la República.

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

3. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

[...] I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones. [...]

4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: [...]

V. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

5. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.

6. Acuerdo General Plenario 5/2013

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.

7. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.

8. Foja 111del Recurso de Reclamación 30/2016-CA.

9. Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas. [...]

10. Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II. Se contarán sólo los días hábiles, y

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

11. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley.

12. Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previs

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200212-dbfec104/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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