I. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. SU INTEGRACIÓN DEBE SER CON UN NÚMERO IMPAR DE MAGISTRADOS (POR UN LADO, VALIDEZ DEL ARTÍCULO 135, APARTADO D, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEXTO Y SÉPTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LOS MAGISTRADOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONES SEGUIRÁN EN EL CARGO HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON NOMBRADOS", DEL REFERIDO DECRETO Y, POR OTRO LADO, INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO SÉPTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT SERÁ DE CUATRO MAGISTRADOS", DE DICHO DECRETO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO SÉPTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT SERÁ DE CUATRO MAGISTRADOS", DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 142/2019. PARTIDO DEL TRABAJO. 1 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de diciembre de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 142/2019, promovida por el partido político del Trabajo en contra de una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, varios integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se modificó la Constitución de dicha entidad federativa en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral. En particular, se cuestionó la regularidad constitucional del artículo 135, apartado D, párrafo cuarto, de la Constitución Local y de los numerales transitorios sexto y séptimo de dicho decreto.
2. Conceptos de invalidez. En la demanda se sostiene que con la modificación impugnada se violan los artículos 1o., 14, 16, 17, 35, fracción IV, 41, 105, fracción II, inciso i), penúltimo párrafo, 116, fracción IV, inciso c), numeral 5 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), así como los numerales 23.1, inciso c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello, se planteó un único apartado de conceptos de invalidez, en el que se encuentran los siguientes razonamientos:
a) Único. La reforma al párrafo cuarto del apartado D del artículo 135 de la Constitución de Nayarit consistió en reducir la conformación del Tribunal Electoral Local de cinco a tres integrantes. Por su parte, los artículos sexto y séptimo transitorios ordenan que la integración de tres Magistrados surtirá sus efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones seguirán en el cargo hasta la conclusión de su periodo; siendo que del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve al dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el tribunal se conformará por cuatro Magistrados.
b) Bajo ese entendido, se argumenta que dichos contenidos normativos resultan contrarios a la Constitución Federal, en primer lugar, porque el primer precepto constituye una ley privativa que transgrede lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, numeral 5, constitucional, que explícitamente señala que las autoridades electorales jurisdiccionales de las entidades federativas se integrarán por un número impar de Magistrados. Por su parte, las normas transitorias impugnadas son inválidas, porque ocasionan que por cierto tiempo el tribunal se conforme por un número par de integrantes, sin que la Constitución Federal permita tal escenario, incluso, de manera temporal.
c) Además, los artículos transitorios imposibilitan que el Senado de la República pueda elegir a un nuevo Magistrado, vedando por un tiempo determinado (dos años) la facultad del Senado para elegir a dichos juzgadores, la cual se prevé de manera expresa en el citado artículo 116 de la Constitución Federal. El Senado tiene la facultad y obligación de nombrar a un nuevo integrante del Tribunal Electoral cuando exista una vacante.
d) En ese sentido, la veda que contienen las normas reclamadas respecto a la facultad que tiene el Senado genera una violación directa al artículo 116 y también una afectación a los principios de igualdad y no discriminación y el derecho que tiene todo ciudadano a ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, de conformidad con los artículos 1o. y 35, fracción VI, constitucionales y 23.1, inciso c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se ocasiona una intromisión indebida en el proceso de designación de los Magistrados, que trastoca los principios de imparcialidad e independencia de la Judicatura y en materia electoral.
3. Ampliación de los conceptos de invalidez. En complemento de lo anterior, mediante diverso escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos integrantes –del escrito inicial– de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo presentaron un nuevo escrito para reiterar sus razonamientos de inconstitucionalidad y plantear un nuevo concepto de invalidez.
4. Al respecto, se manifiesta que se genera una violación a los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 35, fracción VI, 41, segundo párrafo, 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos b) y c), numeral 5 y 133 de la Constitución Federal; 1, 2, 8.1, 23.1, inciso c), 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 2 y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello, a la luz de las siguientes consideraciones expuestas en varios subapartados:
a) Primero. Se reitera en su totalidad el concepto de invalidez señalado en el escrito inicial.
b) Segundo. El decreto reclamado en materia de integración del Tribunal Electoral Local y, en concreto, el artículo 135, apartado D, cuarto párrafo, de la Constitución de Nayarit (que reduce de cinco a tres Magistrados su integración) vulnera los principios de renovación escalonada, periódica y de paridad de género, así como los principios electorales de certeza y objetividad, seguridad jurídica, fundamentación, motivación, funcionamiento colegiado, no regresividad de los derechos fundamentales colectivos, derecho a la tutela judicial efectiva, razonabilidad y los derechos políticos de los ciudadanos nayaritas elegibles (dada la mayor espera para ejercer su derecho de acceso al cargo).
c) A saber, la reducción de los integrantes del tribunal, sin hacer la previa interpretación conforme ni el debido contraste de constitucionalidad y convencionalidad, implica incumplimiento del mandato de optimización al derecho fundamental de los ciudadanos a contar con órganos jurisdiccionales autónomos dotados de mayores recursos. También la reducción de Magistrados conculca la garantía de aplicabilidad del principio de paridad de género y alternancia, pues no se previó el cumplimiento de dichos principios, a pesar de implementarse un modelo impar de integrantes (de manera que, si en una integración del tribunal hay un hombre más, en la siguiente, debería haber mayor número de mujeres).
d) Asimismo, la reducción de integrantes es una medida regresiva para garantizar una correcta impartición de justicia (derecho no tanto de los Magistrados, sino de los justiciables, en términos de la Constitución y la Convención Americana). Esta invalidez se evidencia aun cuando esté previsto en el dictamen que la reforma impugnada tiene fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo artículo 106.1 señala que las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco Magistrados. Ello es así, pues originalmente el legislador local estimó necesario garantizar a los justiciables un mejor funcionamiento de dicho órgano jurisdiccional con cinco integrantes; de manera que no se motiva el decreto acerca de por qué es dable mejorar la impartición de justicia electoral con tal reducción de Magistrados.
e) No es lo mismo que de cada cien asuntos de conocimiento de un tribunal, en promedio correspondan veinte a cada Magistrado (como estuvo previsto en la norma antes de su reforma), que el distribuir de cada cien unos treinta y tres asuntos a cada uno de los Magistrados que lo integrarán que reduce de cinco a tres el número de sus integrantes. Lo cual, en el proceso electoral, puede complicar su desempeño, pudiendo incumplir con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad que, en términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben regir el funcionamiento de un Tribunal Electoral Local.
f) Por otro lado, sin soslayar lo previsto en la ley general respecto del número de integrantes de cada Tribunal Electoral Local, se advierte que el parámetro de validez es la Constitución Federal y, en el caso, es lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), punto 5o, e inciso I), de la Constitución Federal. De estos preceptos se desprende que: a) si bien, prima facie, basta que el número de integrantes de las autoridades jurisdiccionales electorales sea "impar" y ello debe estar garantizado en la Constitución Local; b) se caracteriza a esos Tribunales Electorales como órganos colegiados, no sólo en su conformación, pero medularmente en su funcionamiento y actuación; c) dicho modelo de integración de las autoridades jurisdiccionales electorales es una condición necesaria, por lo que debe ser adecuadamente regulada en las normas estatales para dar efectividad a la garantía de "autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones"; d) la finalidad de esa garantías es que los justiciables cuenten con autoridades jurisdiccionales locales que, en materia electoral, impartan justicia pronta, completa y expedita; y, e) todo sistema de medios de impugnación tiene por objeto que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; por lo que las normas sobre la integración de los Tribunales Electorales Locales deben leerse en conexión con otras normas del sistema y del ordenamiento jurídico, tales como los artículos 1o. y 17 constitucionales y 1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
g) Así las cosas, la Constitución Federal únicamente dispone que la autoridad jurisdiccional de cada Estado se ha de integrar por un número impar de Magistrados; lo cual, prima facie, si bien confiere a las Legislaturas la potestad de precisar cuál es el número adecuado de integrantes que conformarán su respectivo Tribunal Electoral, excluye la posibilidad de que sea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el ordenamiento que distribuya esa competencia. Es ese precepto 116 y los demás preceptos constitucionales y convencionales invocados el parámetro de validez aplicable. Por ende, el condicionamiento de la ley general a que se designe un número determinado sólo entre dos opciones es inaplicable por incompetencia del legislador federal.
h) Sin que sea óbice para concluir lo anterior la referida ley general expedida en dos mil catorce. Se considera, por una parte, que ninguna de sus disposiciones autoriza al Congreso de la Unión a prever en dicha ley general, ni expresa ni implícitamente, el número de Magistrados con el que los Estados pueden configurar su Tribunal Electoral. Tampoco es óbice para tal consideración que en el acápite de la fracción IV del artículo 116 constitucional se vincule a las Constituciones de los Estados a garantizar la correcta conformación de la autoridad jurisdiccional electoral, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y en las leyes generales. Ello, pues es la propia Constitución la que exige que los Tribunales Electorales Locales se integren de manera impar.
i) Consecuentemente, más que una mera verificación respecto a lo que señala la ley general, el análisis de regularidad constitucional debe centrarse en saber si la reducción de cinco a tres Magistrados comporta un numero impar que sea razonable y adecuado, inclusive, en términos de no regresividad, a fin de garantizar la impartición de justicia electoral. Siendo que la competencia de la Legislatura Local para determinar el número impar de integrantes no es residual, en términos del artículo 124 constitucional, sino que debe apegarse a lo dispuesto en el citado artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 5.
j) Motivos suficientes para declarar la invalidez del decreto impugnado por falta de fundamentación legislativa y que opere la reviviscencia de la redacción anterior a la reforma local, en el entendido de que, en interpretación conforme al artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Federal, debería integrarse el Tribunal Electoral Local observando el principio de paridad de género.
k) Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prescribe, en su artículo 109, la forma de proceder o la remisión a las leyes locales en la materia, en caso de presentarse alguna vacante temporal o definitiva de Magistrados. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit no sólo no prevé válidamente la forma de suplir las vacantes temporales, sino también porque su artículo 7 alude a que las sesiones del Pleno del Tribunal Electoral Local serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes entre los que deberá estar su presidente.
l) Además, si se atiende a que el artículo 46, fracción II, de dicha ley local, el quórum legal se formaría con dos Magistrados, en tanto que la fracción III del mismo artículo dispone que las resoluciones se toman por unanimidad o por mayoría de votos. Es así como, cumpliendo con la reforma de la Constitución Local cuya invalidez se plantea, es que siendo tres los integrantes del Pleno eventualmente bastaría que asista la mayoría de los Magistrados para que la sesión sea válida y para que las resoluciones tengan validez.
m) De tal manera que el artículo impugnado no puede tener fundamento ni es funcionalmente conforme a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), punto 5o., constitucional, pues aun cuando un tribunal de tres Magistrados cumple el requisito literal de estar integrado por un número impar de Magistrados, lo cierto es que, en determinadas condiciones, no sería impar ni colegiado en su funcionamiento a la hora de votar, sesionar y al resolver los asuntos de su competencia, sin que esto sea subsanable si no se completa con los Magistrados nombrados por el Senado.
n) Ahora bien, con independencia de integrantes del Tribunal Electoral, el artículo 135, apartado D, cuarto párrafo, de la Constitución de Nayarit es inconstitucional y vulnera por deficiente regulación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 41 constitucional en materia de paridad de género, reformado mediante decreto de seis de junio de dos mil diecinueve, así como el articulado transitorio de tal decreto de reforma constitucional, pues en los numerales tercero y cuarto transitorio se ordena a las Legislaturas Estatales que realicen las reformas correspondientes, a fin de procurar la observancia del principio de paridad de género; explicitándose que por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas integraciones de conformidad con la ley.
o) Visto desde otra perspectiva, la norma impugnada actualiza una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, al no detallar cuál sería la forma de procurar el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración del Tribunal Electoral Local. Ello, en el contexto de la renovación escalonada y alternada, el carácter colegiado y las demás bases normativas que, bajo reglas democráticas, sean consistentes con las garantías de autonomía y de independencia judicial.
p) Por tanto, se solicita la declaración de invalidez de la porción normativa que dice "tres", para declarar la reviviscencia del precepto anterior, con la orden de armonizar tal contenido con el principio de paridad de género establecido en la Constitución Federal.
q) Finalmente, el artículo 135, apartado D, cuarto párrafo, de la Constitución Política de Nayarit es inconstitucional, al vulnerar los derechos políticos de acceso ciudadano al desempeño de cargos públicos, reconocido en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, así como del artículo 23.1, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La vulneración de tales derechos se ocasiona por diferir por dos años más la renovación de vacantes del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y, en lo sucesivo, porque las posibilidades de acceso a dicho cargo público disminuirán.
r) Concluyéndose que debe declararse fundada la acción de inconstitucionalidad presentada, llevando a la invalidez del artículo 135, apartado D, párrafo cuarto, en la parte que reduce el número de Magistrados, sin perjuicio de declarar, en su caso, la existencia de la omisión legislativa planteada.
5. Admisión y trámite. Atendiendo a estos escritos, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso correspondiente al segundo periodo de dos mil diecinueve de esta Suprema Corte tuvieron por presentada la acción de inconstitucionalidad y su ampliación, admitiéndola a trámite y registrándola bajo el número 142/2019.
6. Consecuentemente, tuvieron como autoridades responsables a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit(1) y, entre otras cuestiones, se le dio vista al fiscal general de la República y al consejero jurídico del Gobierno Federal para la formulación del pedimento correspondiente; se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión, y se pidió a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral.
7. Siendo que, días más tarde y por acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte, por razón de turno, designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.
8. Trámite e informe sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, en el que, entre otras cuestiones, se tuvo por desahogados los documentos enviados por las autoridades requeridas; entre los que destacan el de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, quien informó que el próximo proceso electoral en la entidad, en el que se elegirían al gobernador, diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos del Estado, dará inicio el siete de enero del año dos mil veintiuno, en términos del artículo 117, segundo párrafo, de la Ley Electoral Local.
9. Asimismo, se tuvieron por presentados los informes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace a las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente:
10. Informe del Poder Legislativo. A través de un escrito depositado el quince de enero del presente año en la Oficina de Correos de la ciudad de Tepic, Nayarit(2) (recibido el treinta siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación), el presidente de la Legislatura del Estado rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación (no aludió a alguna causal de improcedencia):
a) En cuanto a los conceptos de invalidez, señala que cuando la Constitución Federal no establece un derecho político en forma expresa, ni implícitamente se deduce de otros en forma directa; por lo que el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración normativa para diseñar la manera conforme a la cual han de ser decididas las diversas incidencias que pudieran acontecer dentro de los procesos electorales.
b) De acuerdo al artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que las autoridades electorales jurisdiccionales de los Estados se compondrán de tres o cinco Magistrados, quienes actuarán de forma colegiada, de conformidad con lo que establezca la Constitución Local. Así, cada entidad federativa tiene la facultad de elegir de manera libre y autónoma el número de Magistrados. Cita la jurisprudencia, de rubro: "LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS."
c) Por su parte, se alega que los artículos transitorios forman parte del ordenamiento jurídico, pues en ellos se precisan, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir lo relativo a su aplicación; por lo que también son de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal. Cita en apoyo la tesis, de rubro: "ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA.". Bajo ese tenor, se argumenta que, contrario a lo sostenido por el partido político accionante, los artículos sexto y séptimo transitorios no quebrantan el orden constitucional, en virtud de que las disposiciones que se regulan en la reforma impugnada suponen una medida excepcional y transitoria y, por tanto, no permanente. Lo anterior significa que una vez que llegue el plazo y condición para los cuales fueron creados, dichos artículos transitorios quedarán sin efectos jurídicos.
d) En cuanto al artículo sexto transitorio, menciona que no es contrario al orden constitucional, ya que, siguiendo a la Constitución y a la ley general, el Tribunal Estatal Electoral se compondrá por tres Magistrados designados por el Senado de la República. A saber, se estableció que la nueva integración surtirá efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en razón de que, previo a la reforma impugnada, la integración de dicho tribunal era de cinco Magistrados. Por tal motivo, en esa fecha en la que surta sus efectos seguirán en el cargo dos Magistrados Electorales (previamente nombrados hasta el quince de diciembre de dos mil veintitrés) y habrá una magistratura vacante, que es la que deberá ser designada por la Cámara de Senadores. Lo que resulta acorde al parámetro de regularidad, al respetarse la temporalidad en el cargo de los actuales Magistrados y al conformar el Tribunal Electoral con tres integrantes nombrando a un solo Magistrado el quince de diciembre de dos mil veintiuno.
e) Por lo que hace al artículo séptimo transitorio, señala que se estableció con el objeto de mantener la función de cuatro Magistrados del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve al dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de no vulnerar la conformación actual y de no vulnerar el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Ello, toda vez que el pasado quince de diciembre de dos mil diecinueve culminó el periodo de un Magistrado electoral. Así, en aras de garantizar la actual integración del Tribunal Electoral de Nayarit, se determinó que durante dos años se encuentre integrado con cuatro Magistrados Electorales, otorgando, en caso de empate, el voto de calidad a favor del Magistrado presidente.
f) Lo anterior, siendo que en la norma general impugnada se ordenó comunicar al Senado de la República dicha reforma, a efecto de que no se nombre la magistratura vacante y así cumplir con la Constitución Local. Por lo que, lejos de violarse el mecanismo de designación por parte del Senado, se acata su potestad que deberá ser ejercida en toda su plenitud, una vez que transcurra el término previsto en el decreto legislativo de referencia.
g) Finalmente, solicita el otorgamiento de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de las normas impugnadas en relación con la suspensión del procedimiento que se lleva a cabo en la Cámara de Senadores, en cuanto a la designación del Magistrado electoral de Nayarit, toda vez que la vigencia plena de las normas impugnadas conllevaría consecuencias materiales perniciosas de muy difícil o, inclusive, imposible reparación.
11. Informe del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por escrito depositado el nueve de enero del presente año en la Oficina de Correos de la ciudad de Tepic, Nayarit (recibido el veintiuno siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación), rindió informe en representación de dicho poder, en el que no expuso causas de improcedencia y defendió la validez de las normas reclamadas con razonamientos similares materialmente a los expuestos previamente; poniéndose énfasis en lo siguiente:
a) Es infundado el concepto de invalidez, en razón de que, con el texto de la reforma impugnada, no se incumple con el texto constitucional y legal de mantener en Nayarit la integración impar, al proponerse una conformación del órgano jurisdiccional estatal local por tres Magistrados Electorales. De igual manera, la intención de reducir la integración de dicho tribunal obedece a criterios de racionabilidad y equilibrio presupuestal de las finanzas públicas, a partir de la consideración de que, si bien su función debe ser y es permanente, el volumen de trabajo con incidencia en el número de Magistrados sólo se incrementa durante los procesos electorales.
b) De acuerdo al tabulador de sueldos dos mil dieciocho, cada Magistrado goza de un sueldo anual de $1'520,400.00 (un millón quinientos veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Por lo que, a partir del ejercicio fiscal del dos mil veintidós, Nayarit ahorrará la cantidad de $3'040,800.00, lo cual servirá para mejorar la condición de la población nayarita.
c) Por su parte, se precisa que la mayoría de las entidades federativas del país tienen tres Magistrados y que la actividad jurisdiccional realizada por los Magistrados Electorales del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit es baja en proporción a su número de integrantes. Siendo inoperante el argumento relativo a que la reforma pudiera resultar regresiva en cuanto al derecho humano a la impartición de justicia (por la reducción en el número de Magistrados y la afectación al rendimiento y su productividad en las decisiones respectivas del órgano electoral local). Dicho razonamiento es una mera exposición subjetiva y dogmática, puesto que para justificar su aseveración, debió precisar los razonamientos numéricos reales generados en la estadística de su producción jurídica, incluso, aspectos comparativos en otras entidades de la República.
d) Asimismo, resulta infundado el argumento, por cuanto señala que la reducción en los Magistrados Electorales atenta contra la hipótesis de integración mayoritaria del Pleno del Tribunal y que, eventualmente, bastaría que asista la mayoría de los Magistrados para que la sesión sea válida y para que, en principio, las resoluciones tengan también validez. Las manifestaciones en donde involucra posibles escenarios de decisiones no colegiadas, en realidad, no atañen al contenido implícito de la reforma impugnada, sino a la propia disposición legal contenida en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), punto 5o., de la Constitución Federal, en lo concerniente a la constitucionalidad de la designación de tres Magistrados, por ser éste un número impar, cuyo análisis no puede ser planteado por este medio, por encontrarse contenido en un precepto de la Constitución Federal.
e) De igual manera, resulta inoperante el concepto de invalidez concerniente a la presunta violación al principio de paridad de género. La paridad sólo sería numéricamente posible en tratándose de una integración par del Tribunal Electoral, lo que de origen resulta imposible por existir disposición expresa de la Constitución de que su número sea impar. Además, es inoperante la determinación en torno a la designación de una persona de sexo masculino o femenino al cargo de Magistrado, no compete a la Legislatura Local con un sustento en una norma interna, sino que por disposición expresa del artículo 116 de la Constitución Federal su nombramiento debe ser hecho por el Senado de la República; de tal suerte que la distribución mayoritaria de una u otra magistratura corresponde a dicho órgano legislativo, quien deberá acatar lo dispuesto por el artículo 41 constitucional.
12. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, al rendir la opinión solicitada, la referida Sala Superior expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:
a) El planteamiento de inconstitucionalidad del partido político sobre el régimen transitorio que establece una integración por un número par de magistraturas es esencialmente fundado, ya que vulnera el modelo constitucional establecido para la integración de las autoridades jurisdiccionales electorales de los Estados.
b) Con la reforma de dos mil catorce, el artículo 116 constitucional estableció un nuevo paradigma en la conformación de dichas autoridades jurisdiccionales, que acotó la amplia libertad de configuración legislativa con que contaban los Congresos Locales y estableció reglas sobre la integración de los Tribunales Electorales Locales y la designación de las magistraturas. Por ello, se determinó que debían conformarse por un número impar de Magistrados y que fueran designados por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.
c) Respecto al artículo transitorio reclamado que prevé, durante dos años, que el Tribunal Electoral de Nayarit estará conformado con cuatro Magistrados, se estima que contraviene el mandato constitucional que establece que los órganos jurisdiccionales electorales locales estén conformados por un número impar de Magistrados, pues plantea una integración con un número de juzgadores durante un lapso de dos años. Ello, porque una integración de dicho tribunal por un número par de Magistrados puede generar una afectación al principio de certeza, al incrementar la posibilidad de que en la toma de decisiones se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29796-787874af/i-tribunales-electorales-locales-su-integracion-debe-ser · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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